COLOMBIA, RESISTENCIA INDIGENA EN 5 NOTAS PERIODISTICAS

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Cuando las cartas que proponen paz se responden con gases

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Guardia indígena nasa - Foto: PlaxyPor: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012
En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.
El contenido de las cartas enviadas al presidente Santos y al comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), Timoleón Jiménez, se traduce en una referencia intachable a los argumentos de las poblaciones indígenas sobre su política de resistencia civil y pacífica frente a todos los ejércitos enfrentados en el conflicto colombiano. Son comunicaciones públicas y directas, sin intermediarios ni sofismas que desorienten a los lectores.
“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ‘Cxhab Wala Kiwe’ (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su posición de “paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz”.
En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, retomando en su justificación varios instrumentos jurídicos internacionales, aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.
Recalcan los indígenas que sus peticiones de autonomía molestan tanto al Estado como a la insurgencia “pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros”, por eso, concluyen, “la estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Los indígenas asumen el conflicto armado como “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda suerte de estrategias militares, fallidas en su totalidad.
La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la población y a las organizaciones indígenas de proteger a la guerrilla, desconociendo, de esta manera, a todos los indígenas integrantes de las comunidades que han resultado víctimas dentro de las comunidades asesinados en medio del conflicto: más de 60 muertos en los últimos tres años y casi 600 damnificados son el saldo dejado por un conflicto que no es de ellos. “Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta.
Una de las propuestas presentadas por los indígenas al Gobierno Nacional es el “respeto a los diálogos humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados”. Esta propuesta surge de propia experiencia de los pueblos indígenas, que les ha demostrado que las operaciones militares desplegadas por diferentes gobiernos no han servido para proteger su vida e integridad sino que han terminado vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que para ellos resulta más efectivo adelantar conversaciones directamente con los actores armados que operan en sus territorios. Las principales exigencias que hacen a todos los actores armados –Fuerza Pública, guerrilla, paramilitares y crimen organizado– son: no reclutar menores; no ejercer violencia sexual contra las mujeres; no utilizar armas de efecto indiscriminado, tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena las organizaciones indígenas y sus formas propias de gobierno y justicia.
Concluyen su comunicación a Juan Manuel Santos recordándole que en 2011 pidieron al gobierno que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono “fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar”. A pesar de la claridad de esta petición, importantes zonas de estas poblaciones siguen destruidas o bajo constante intervención militar en la cotidianidad civil, creando un ambiente de riesgo para los habitantes de esos municipios. “La respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional”, afirman los indígenas.
Sobre el conflicto armado, la interpretación hecha por las autoridades indígenas es contundente: “resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.
“No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros”
Las autoridades indígenas del norte del Cauca también enviaron una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y que sus acciones son cuidadosas para no darle ninguna ventaja militar a ninguno de los actores armados. Así, los indígenas garantizan su estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.
De la misma manera, le recuerdan al comandante de las FARC que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, las organizaciones indígenas afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas. “No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la Conquista española nos las han venido robando”.
La presencia de las fuerzas guerrilleras es considerada como un factor innecesario que, además, genera intranquilidad e inseguridad para la comunidad pues “la guerrilla no nos protege de los atropellos de la Fuerza Pública: cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales, [pues] para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”.
Las peticiones son claras: “salgan de los territorios indígenas del Cauca, aléjense de los sitios poblados y de vivienda, no ataquen más a la población civil, no realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar sólo a la Fuerza Pública, no usen armas de efecto indiscriminado como los llamados tatucos o las minas antipersonales, no se atrincheren en las casas, díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.
Concluyen esta comunicación de la misma manera en que lo hicieron en la carta enviada a Juan Manuel Santos: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.
 

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Campesinos de Miranda: ejemplo de resistencia a la guerra

Jornada de solidaridad con 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca- Foto Ernesto Che Mercado Jones
Por: Luis Alfonso Mena S. * Julio 12 de 2012
La defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, lideró el jueves 28 de junio una nutrida y emotiva jornada de solidaridad con los 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca, que exigen el retiro de tropas del ejército ubicadas en el cerro Calandaima, al considerar que su presencia pone en riesgo las vidas de los pobladores de áreas agrícolas cercanas afectadas por la guerra que se libra en la zona.
Más de 500 personas procedentes del Valle, Bogotá y el Cauca llegaron hasta el sitio con víveres y ayuda para la comunidad, en el marco de la Caravana por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz, promovida por el Movimiento Político Marcha Patriótica.
Al intervenir en la masiva asamblea llevada a cabo en lo alto de la montaña, donde los campesinos resisten desde el 23 de mayo y obligaron al repliegue de las tropas, Piedad Córdoba anunció que la Marcha Patriótica seguirá solidaria con los labriegos y las comunidades indígenas en el norte del Cauca, el sur del Valle y en todo el país.
“Este territorio lo vamos defender cueste lo que cueste, porque esta es la voz del pueblo, no vamos a dejar que lo ocupen, vamos a resistir”, dijo la dirigente popular. “Tenemos la fuerza moral, y nos van a tener que oír. Si nos toca venir a dormir aquí, lo vamos hacer: que se enfrenten con el poder del pueblo”, agregó.
Según Piedad Córdoba, “estamos en resistencia contra la locomotora de la muerte, no vamos a permitir que se sigan robando el territorio. Está en firme el plan de consolidación popular con Marcha Patriótica”.
De igual manera, reveló que este movimiento lanzará una gran campaña por la revocatoria del Congreso de la República, como mecanismo para enfrentar de manera radical la crisis de esta desprestigiada institución.
Asimismo, señaló que Marcha Patriótica avanza en acercamientos con otros movimientos sociales, como Congreso de los Pueblos y Minga Indígena, en la perspectiva de desarrollar jornadas conjuntas de luchas populares.
La jornada, cumplida con pleno éxito, contó con la presencia de dirigentes populares del norte del departamento del Cauca y de líderes estudiantiles, sindicales, campesinos, culturales y sociales de diferentes regiones del país.
“No aceptamos el plan de guerra”
Cristóbal Guamanga, coordinador del Comité Departamental de Organizaciones Populares del Cauca, explicó ante los presente en la asamblea la lucha de la población de la región y dijo en tono enfático: “Rechazamos el plan de consolidación del gobierno por ser lesivo para las comunidades, no aceptamos ese plan de guerra”.
El dirigente campesino sostuvo igualmente que sólo “cuando la zona quede libre de militares la gente podrá volver tranquila a sus parcelas”, al tiempo que denunció que los labriegos son objeto de hostigamientos. “No más guerra aquí, una base militar es muy peligrosa”, agregó.
Guamanga destacó la solidaridad recibida de las alcaldías de los municipios de la zona y puntalizó: “No aflojaremos, porque si lo hacemos no solo perdemos aquí sino que pierde todo el país”.
Por su parte, un vocero de la Red de Derechos Humanos, Isaías Gutiérrez, denunció el asesinato del líder popular de Caloto, Gustavo Londoño, en tanto que un dirigente del Sindicato Unitario de Educadores del Cauca, Sutec, reveló que desde hace quince días los 3.500 estudiantes del colegio Fernández Guerra soportan la presencia de 300 agentes policiales acantonados en el establecimiento educativo.
Un vocero de la comunidad de Pradera recordó que son siete los municipios de la llamada zona de consolidación decretada por el gobierno de Juan Manuel Santos en su guerra contra la insurgencia, y reclamó la desmilitarización del área, que incluye los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Padilla, Toribio, Florida, y Pradera.
Carlos Cuadros, otro de los líderes sociales presentes, aseveró: “La guerra no puede ser nuestro futuro, la paz no es una concesión de la oligarquía sino una construcción de nuestra lucha. El Cauca no está solo. Forjaremos la paz con más pueblo”.
En similares términos se pronunciaron voceros de las comunidades de Florida y Caloto, mientras que un portavoz de la Asociación Indígena Avelino Ul de Toribio, reveló que desde hace tres semanas a diario hay confrontaciones armadas en el casco urbano de su municipio, con el agravante de que los militares se atrincheran en el colegio y en la escuela del municipio.
Durante la masiva asamblea hicieron uso de la palabra para expresar su solidaridad con los campesinos de Calandaima y denunciar las vicisitudes que afrontan Fredy Chate, presidente de la Asociación Campesina de Miranda, una dirigente viviendista de Popayán y un vocero de Sintraimey.
La presencia estudiantil y juvenil
Fue destacada la presencia de un numeroso grupo de estudiantes de Bogotá, el Cauca y Valle del Cauca pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, la Universidad del Valle y el Proceso de Unidad del Sur Occidente Colombiano.
Con cánticos, alegría y un solidario aporte económico recaudado entre el estudiantado expresaron su respaldo a la lucha de los pobladores de Calandaima.
A lo largo de la jornada, una brigada de salud del Movimiento Marcha Patriótica otorgó asistencia médica a los pobladores del cerro, de manera especial a los niños.
Al final, la Compañía El Teatro Vive brindó un acto cultural, un grupo musical de la región interpretó varias canciones y los asistentes disfrutaron de una gran olla comunitaria.
La jornada, iniciada a las 8:00 a.m., culminó poco antes de las 5:00 p.m., cuando los participantes de la caravana descendieron del pico de la montaña para retornar en las ‘chivas’ y buses en que se habían transportado.
En Calandaima, entre tanto, la comunidad continúa resistiendo, dando un ejemplo inédito de rechazo a la guerra, ejemplo que toda Colombia debe conocer, por encima del silencio de los grandes medios de comunicación.
¡Compartir también es crear un mundo nuevo!
 

Colombia: Resistencia indígena, “Que se vayan a hacer su guerra a otra parte”

Guardia indígena - Foto: Simone BrunoPor: Omar Vera – julio 18 de 2012
Rafael Coicué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), explica las razones que llevaron a las comunidades indígenas a movilizarse exigir la salida de los actores armados de sus territorios y a desmontar el puesto de avanzada militar del cerro de las torres de la vereda Berlín del municipio de Toribío (Cauca). Asegura que su intención no es crear una ‘república paralela’, ‘agredir a la Fuerza Pública’ o servir a los propósitos de la guerrilla, como aseguran de forma malintencionada el presidente Santos y el ministro de Defensa, sino el respeto por la Constitución y los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas, que exigen que sus territorios ancestrales no sean objeto de operativos militares y que la instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte del Estado cuente con consulta previa. Llamó a los colombianos a no condenar los procesos de los indígenas sin concer la verdad sobre lo que ocurre con los pueblos que habitan el departamento y a solidarizarse ante unas acciones gubernamentales que pueden desencadenar una violencia sin precedentes en su contra.
 

Colombia: resistencia indigena, ¿Qué es lo que más te indigna?

Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012
Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.
Como es sabido, los pueblos indígenas sólo portamos bastones de mando, que representan nuestra autoridad y resistencia civil, siendo totalmente desproporcionada la acción de la Fuerza Pública, que nos ataca con fusiles, granadas de gas y explosivos, siendo obvia la inexistencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada legítima defensa.
Como consecuencia de las órdenes del gobierno colombiano, hombres de la Brigada XXIX del Ejército Nacional, el día 18 de julio de 2012 en horas de la mañana, asesinaron al comunero Eduar Fabián Guetio Basto, perteneciente al Cabildo Indígena de la Laguna Siberia, cuando transitaba por su territorio cerca a su residencia en la vereda Crucero El Rosario.
Con indignación y dolor, vemos como en los medios de comunicación se publican, de manera insistente, imágenes de un militar llorando indignado por que le echaron tierra y lo empujaron, pero no se muestra el rostro desfigurado del comunero asesinado por el Ejército colombiano ni, mucho menos, el dolor de su familia y de su comunidad por la magnitud de este hecho repudiable.
El accionar legitimo de los pueblos indígenas del Cauca está soportado por las leyes nacionales e internacionales; por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991; por la sentencia T-025 y el Auto 004 de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, que reconocen los derechos que el gobierno pretende desconocer, con lo cual existe un estado de necesidad total que obliga a las comunidades indígenas a salvaguardar la vida y la pervivencia como pueblos.
 

RESISTENCIA INDIGENA: “Cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”

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Las comunidades indígenas del norte del Cauca exigen la salida de los actores armados de sus territorios y plantean diálogos regionales de paz para preservar la vida de las comunidades y su integridad cultural - Foto: Omar VeraPor: Christian Peñuela – julio 25 de 2012
Los indígenas del norte del Cauca, agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hicieron un llamado al país para que acompañe su exigencia de que los actores armados salgan de sus territorios, pues su presencia y la instalación de bases y campamentos no sólo los pone en riesgo permanente sino que vulnera su autonomía y va en contra del Derecho Internacional Humanitario.
Los pueblos indígenas resisten a la guerra
Actualmente, el Cauca cuenta con el patrullaje constante de aproximadamente 14.000 militares y un número desconocido de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que han concentrado su confrontación en los municipios del norte del departamento. Luego de los combates en Toribío; del desmonte de una base militar en Miranda, a manos de campesinos, y de otra en Toribío, por parte de la guardia indígena; y del asesinato de tres jóvenes indígenas por disparos de fusil al parecer provenientes de los militares, un sinnúmero de periodistas nacionales y extranjeros está a la expectativa del desenlace de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y manifestada por la resistencia indígena en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldono, Caloto y Miranda.
Las organizaciones indígenas expresaron su rechazo por el asesinato del comunero indígena Eduar Fabián Guetio Bastos, joven de 20 años que fue víctima de disparos originados en un retén del Ejército Nacional ubicado en cercanías del resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, el pasado 18 de julio en horas de madrugada. Esta situación motivó a la comunidad y a la guardia indígena a retener a 36 militares, los cuales fueron conducidos desde el lugar de los hechos hasta la plaza central de Caldono, donde los familiares de la víctima y las autoridades indígenas realizaronun acto simbólico de castigo a los soldados, y finalmente los entregaron a la Defensoría del Pueblo del Cauca.
De igual manera, los líderes indígenas insistieron en que la posición que han asumido las comunidades es de neutralidad en la confrontación armada y que miente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que los indígenas del norte del Cauca han desalojado a los militares de la base de Berlín en Toribío para colaborar con las acciones armadas de la insurgencia. En este sentido, destacaron el desalojo de guerrilleros en varios puntos del territorio indígena por parte de la guardia y el proceso, según su justicia tradicional, en contra de tres milicianos retenidos en el marco de la jurisdicción especial indígena, en la vereda Belén del municipio de Tacueyó, a quienes se aplicaron castigos de cepo y fuete en público por realizar actividades militares en sus territorios.
Respecto al anuncio del gobierno y de la Fiscalía sobre su intención de abrir procesos penales contra varios líderes indígenas, Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que “le queremos decir a la sociedad colombiana que un acto de judicialización arbitraria contra los dirigentes indígenas del norte del Cauca es un acto ilegal y, por supuesto, de discriminación institucional en cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente […] cuando la guardia indígena hace control territorial está contribuyendo a la construcción de un Estado democrático por la vía civil”.
En este sentido, las organizaciones indígenas aseguran que el gobierno viene incumpliendo las leyes nacionales e internacionales al desconocer la legitimidad propia de la autonomía indígena en sus territorios. Para las comunidades, se viene haciendo caso omiso de que el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional advirtió claramente que el conflicto armado en Colombia ha promovido el exterminio físico y cultural de los 87 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, de los cuales 34 están en riesgo de extinción étnica. Siete de los pueblos indígenas en mayor peligro se encuentran en el departamento del Cauca.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional consideró indispensable la realización inmediata de planes de salvaguarda y protección por parte del Estado dirigidos a estas comunidades indígenas, lo cual no ha sido implementado hasta la fecha. De acuerdo con Armando Valbuena, expresidente de la ONIC, “detrás de la agudización del conflicto armado están los intereses económicos de [empresas] multinacionales, agentes nacionales y grupos ilegales […] porque la minería se ha convertido en uno de los combustibles de los actores del conflicto armado”.
De igual forma, el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo… exige que se consulte a las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar en sus territorios, lo que nunca se ha hecho con los nasa del norte del Cauca.
Por estas razones, las organizaciones indígenas exigen una visita extraordinaria del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que la crisis humanitaria del Cauca pueda ser verificada directamente por el ente internacional. Adicionalmente, exigen una audiencia extraordinaria para la evaluación e implementación de lo dispuesto en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Crisis humanitaria y propuestas de paz
Según un estimado de la Consejería Mayor del CRIC, en tan sólo 18 meses se han presenciado 600 acciones armadas en territorios indígenas del norte del Cauca, cobrando la vida de centenares de indígenas entre las aproximadamente 2.500 víctimas civiles.
Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, afirma que es entendible la postura de los indígenas, dada la situación de los municipios del norte del Cauca, y que las comunidades en Toribío han presenciado más de 400 combates durante los últimos diez años y que, por esto, “deben sentir que no es eficaz la acción de la Fuerza Pública y que el Estado no los está defendiendo”.
Por su parte, Ana Deida Secué, gobernadora del resguardo Huellas de Caloto, afirma que la confrontación entre actores armados en los territorios indígenas ha puesto en grave riesgo a las comunidades. En este sentido, relata que “tenemos unos sitios de asamblea permanente dentro de las comunidades, como son las escuelas y los puestos de salud, y es ahí donde caen explosivos, como sucedió con la misión médica de la IPS en Toribío, con una enfermera y 12 niños heridos”, indicando en que en esta zona del departamento del Cauca la guerra “está desplazando en tan sólo un día a más de 300 familias y están dejando de ir a clases más de 4.500 niños, los cuales pierden una semana de clases por enfrentamiento”.
Debido a la situación de extremo riesgo que afrontan las comunidades indígenas por la intensificación del conflicto armado, diferentes organizaciones han asumido la necesidad de buscar a los distintos actores armados e impulsar diálogos regionales de paz, a pesar de que actualmente la Ley establezca que el presidente de la República es el único con autoridad para implementar procesos de negociación. La emergencia impuesta por los combates en Toribío del 7 de  julio, que llevaron a que la enfermera de la IPS indígena perdiera una de sus piernas, dejaron 14 heridos, 40 viviendas afectadas y unos 800 desplazados, llevó a que la ACIN enviara una nueva carta a la guerrilla de las FARC, exigiendo la salida de sus combatientes de los territorios ancestrales, y a que la guardia indígenase lanzara al desalojo de campamentos guerrilleros y de puestos de avanzada militares ubicados en las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios
Ambas acciones de resistencia se sustentan en la búsqueda de pactos locales que permitan mantener a la población civil, a los no combatientes, fuera de la confrontación de los actores armados para defender la vida e integridad de las comunidades. A pesar de los señalamientos por parte del gobierno y de la fuerte represión que la Policía y el Ejército han desatado en el norte del Cauca, las organizaciones indígenas recuerdan a quienes se enfrentan en sus territorios que no son bienvenidos allí y que, como afirma Ana Deida Secué afirma, “cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”.
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