Acción urgente: nuevo mensaje amenazante contra organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia

EL DESPROPÓSITO MEDIÁTICO DEL RÉGIMEN COLOMBIANO CUÁL ES EL VALOR DE LA SOBERANIA DEL PUEBLO AL INTERIOR DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA?...

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-Seccional Valle del Cauca –CSPP-, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE-Capítulo Valle del Cauca, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia-SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali y La Asociación ECATE denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas contra las organizaciones sociales y de derechos Humanos de la región. Estas se han venido presentando de manera constante, señalando y estigmatizando la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.

Los comunicados han sido proferidos por grupos paramilitares que hacen presencia en la zona del Valle del Cauca y Cauca; estas han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se hallen los responsables.

Hechos:

El día 10 de Abril del presente año, siendo las 7: 01  de la noche llega a los celulares personales de MARTHA GIRALDO, Secretaria Técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el Valle del Cauca y al celular personal de LUZ MARINA PALACIOS, de la organización ECATE;  un mensaje de texto donde se profieren amenazas en contra de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos; esta amenaza enviada desde el número de celular 321. 754. 77. 53.

“Mueren uniformados o de civil muerte a marina palacios, Walter agredo, milciades sanchez, martha jiraldo, cut, sintraunicol, acimm, presos políticos, Comandos urbanos los rastrojos”

Expresamos que esta amenaza hace parte de una campaña de señalamientos e intimidaciones que vienen profiriendo grupos paramilitares en la región desde hace ya algún tiempo, sin que hasta el momento las autoridades, DAS, Policía Nacional, SIJIN,


Fiscalía y en general organismos de seguridad del estado hayan mostrado resultados de las investigaciones realizadas; de igual forma queremos manifestar que al igual que en esta denuncia, desde las organizaciones víctimas del señalamiento y las amenazas, se han entregado los números abonados desde donde han hecho llegar las amenazas, sin que, al parecer este dato que para nosotros es importante, haya tenido mayor relevancia para las autoridades, quienes en reuniones con las organizaciones sociales y de derechos humanos han manifestado celeridad en las investigaciones, mas no resultados eficaces para encontrar los autores materiales e intelectuales de estas.

Solicitudes:

· Solicitamos se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones.

· Solicitamos a todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las organizaciones amenazadas.

· Solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en la zona.

· Exigimos el respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos; que a los compañeros y compañeras amenazadas se les respeten sus derechos fundamentales tal como reza en la Constitución Política de Colombia.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP MOVICE- Capitulo Valle del Cauca Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC, SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia- nodo Valle del Cauca.

Santiago de Cali, Abril 10  del año 2013.

http://www.movimientodevictimas.org/pronunciamientos/denuncias-publicas/item/3130-acci%C3%B3n-urgente-nuevo-mensaje-amenazante-contra-organizaciones-sociales-y-de-derechos-humanos-de-colombia.html

HEROES O CRIMINALES: Policía Descarga Su Arma- Asesina a Joven en Cali (17 de Noviembre)

Policia ASESINA a joven en Cali No queremos herir susceptibilidades con el siguiente vídeo. Las imágenes son demasiado fuertes y es necesario compartir.
Estos hechos ocurrieron hacia la 1:30 pm el día de hoy en la ciudad de Cali, a 1:30 p.m. en la cancha de fútbol contigua a la estación de Policía de La Buitrera y al Colegio Arquidiocesano Divino Niño, cuando por lo menos 30 personas, la mayoría de ellos niños, presenciaban un partido de fútbol entre dos equipos de mujeres y un policía le disparó al joven de 19 años Clisman Eduardo Túquerres Coque. Policía Nacional de los Colombianos ¡Que Vergüenza!
“El niño estaba molestando con un grupito de jóvenes. Entonces dijeron algo que a un policía no le gustó y vino y le dio un golpe en la cabeza. Ahí llegó otro policía y cogieron al niño y se lo iban dizque a llevar preso. Ahí fue cuando Eduardo se metió y entró en disputa con los policías”, relató un habitante del sector.
“El policía se agachó, le puso el proveedor a la pistola y cogió al muchacho a la fuerza y le pegó el tiro, a quemarropa y por la parte de abajo de cabeza”, dijo un habitante de la zona de los hechos.

Colombia: El ESMAD: Instrumento De Represión Hacia Las Comunidades Que Luchan Por Sus Derechos

Comunidades Indígenas, Afro – descendientes y Campesinos  en situación de desplazamiento Forzado asentadas en el Municipio de Jamundi – Valle del Cauca fueron brutalmente agredidas 
 En el Municipio de Jamundi – Valle del Cauca- el día 20 de Julio, en el marco de conmemoración del grito de Independencia y a un año más de incumplimiento por parte del gobierno de la Ley 387 del 1997, indígenas, afrodescendientes y campesinos en situación de desplazamiento forzado, cansados de hacer solicitudes a la administraciones municipal, departamental y nacional para la adjudicación de terrenos en extinción de dominio con el fin de trabajar la tierra  y sacar adelante sus familias realizaron una marcha  y posteriormente   decidieron tomar posesión en los terrenos del Country; en donde pasaron la noche.
 La petición de solicitud de dichas comunidades reclamando la presencia del Alcalde Jhon Fredy Pimentel no fue posible, pero sí, un  Escuadrón de la policía de Cali procedió de forma brutal con todo su arsenal a dar tratamiento de guerra al conflicto social tratándolos como de “orden público” realizando el desalojo aproximadamente a las 6 de la mañana del día 21 de Julio,  donde resultaron heridas 20 personas, entre ellos 6 menores de edad y 3 adultos mayores, lo que obligó a las personas a trasladarse a centros de salud para hacerse valoración médica del impacto de laceraciones, golpes y asfixia.
 Líderes sociales del municipio denunciaron este acto ante la Defensoría del Pueblo, pues, naturalmente reclaman por sus derechos y todo lo estaban realizando pacíficamente.
 Posteriormente a estos hechos a través de un mensaje de texto llegó una amenaza a los teléfonos celulares de varios líderes y lideresas; lo cual se ha judicializado ante los respectivos entes de control.    
 Reiteramos la violación a derechos fundamentales de libertad de expresión, a la integridad física y la vida.
 Exigimos a las autoridades esclarecimiento de los hechos y garantías para  el ejercicio de las libertades públicas.

MUCHOS INDIOS

Ese es el título que le da un portal de internet a la noticia sobre cómo la guardia indígena sacó antier al Ejército Nacional a empujones de su territorio.
Una expresión coloquial en un país donde “indio” es un insulto y “mona” un cumplido, donde “indio” significa feo, salvaje, ordinario, exótico, y donde a las comunidades indígenas sólo las quieren los turistas —siempre y cuando vistan trajes autóctonos—.
Los paeces tienen toda la razón para estar furiosos con un Estado que nunca les ha dado garantías sociales y cuya presencia ha sido sobre todo militar, y es natural que desconfíen de un ejército que no parece estar ahí para cuidarlos a ellos sino a unas antenas de telefonía celular. Tienen que sentirse excluidos si Santos realiza en su territorio un Consejo de Gobierno y no los invita, y poco le deben a un Estado que olvida sus intereses y en cambio mueve la cola como un perro entusiasta ante lo que digan las multinacionales que explotan nuestros recursos con el eufemismo de “invertir”.
Ante ese panorama es apenas natural que los paeces quieran sacar al Ejército y a la guerrilla de sus tierras, incluso con violencia. No justifica la agresión de ninguna manera, pero la explica, y la pregunta para el Estado no debería ser cómo controlarlos, sino cómo reparar el daño y volver a ganar la confianza de una comunidad a la que ha dejado en el olvido.
Sin embargo, para que nadie diga que le tiembla la mano, ayer en la mañana Juan Manuel Santos dijo por Twitter: “Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares”. ¿Se percató el presidente de que muchos, si no todos, los soldados del Ejército deben tener ascendencia indígena? ¿Se da cuenta de que acatar a pie juntillas su orden implicaría casi desalojar las bases? Su tweet evidencia por qué los paeces están tan jodidos: porque son los otros, una masa parda y bajita de jerga ininteligible con la que la mayoría de los colombianos, racistas y acomplejados, no se reconoce. Algunos, mejor intencionados pero igualmente racistas, creen que los miembros de las comunidades indígenas son todos seres de luz en comunión con la naturaleza. En ninguno de los casos se los considera como colombianos y por eso decimos que el Ejército somos nosotros, y las lágrimas de un soldado despiertan patriotismo, pero el asesinato de un indígena se considera un daño colateral.
Pero resulta que los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por los actores armados o por el olvido del Estado, es también un colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar.
Reporta La Silla Vacía que ayer un paez ajeno a los hechos de Toribio fue asesinado en Caldono, en un retén en Laguna Siberia. Los soldados le ordenaron detenerse, y como no atendió el llamado le dispararon. Así es como ese discurso racista vuelve a cobrar vidas y nos hace olvidar que cada indígena es un individuo y que cada individuo en Colombia es un indígena. El Gobierno sólo reafirma ese imaginario al resolver el problema amparado en el monopolio de la fuerza, en vez de aprovechar la ocasión para realmente desarrollar una política que le dé sentido real al principio pluralista y multicultural de la Constitución, que escuche las voces locales y no confunda a la sociedad civil con los actores del conflicto.
La guerra en Colombia no se resolverá pensando en dicotomías. No es el Ejército contra la guerrilla, la guerrilla contra los indígenas o los indígenas contra el Ejército: somos los colombianos contra los colombianos, y sí, somos muchos indios, porque los indios somos todos.
@Catalinapordios .Catalina Ruiz-Navarro | Elespectador.com
Vistas: 5

EL DERECHO A LA SALUD DEL PUEBLO COLOMBIANO, TODA UNA ODISEA + VIDEO

Por: Javier Lopez

Un vídeo presentado por el Concejal del movimiento MIRA, Doctor  Juan Carlos Olaya Ciro, demuestra el calvario que debe pasar el pueblo caleño en su búsqueda por  conseguir una cita medica, y los que mas sufren son las personas de la tercer edad y los niños.
en el vídeo se puede observar como  muchas personas deben madrugar a las 2  o 3 de la mañana exponiéndose a ser asaltadas y agredidas, en muchos de estos casos cuando  logran llegar a la porteria,  las fichas  con las que se controla la entrega de citas  han sido entregadas en su totalidad.
lo que pasa con la salud en Cali, es un fiel reflejo de los problemas de la prestación de los servicios de las salud en Colombia, y es el triste resultado después de 25 años de neoliberalismo en el que las salud es vista por los gobernantes  neoliberales y los capitalistas como un negocio y no como un derecho  humano, con lo que se  muestra en el video, esta mas que dicho, por algo dicen que una imagen vale mas que mil palabras, …juzguen ustedes

Colombia, año 2011, triste liderato del ranking de sindicalistas asesinados

 En octubre se celebrarán las elecciones presidenciales venezolanas, y los noticieros burgueses nos recordarán machaconamente que se hace necesario enviar observadores internacionales y acompañantes acreditados para la supervisión de los comicios, que “corren peligro de ser amañados y ensuciados por el oficialismo/chavismo”. Una nación rebelde, antiimperialista y posneoliberal paga por su “osadía” el precio de no continuar subida al carro de los malhechores con credenciales “modernas y democráticas”.
Esto explica que con Colombia se tienda a hacer la vista gorda cada dos por tres, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos que en se país se cometen, casi como si de una cancerosa tradición nacional se tratase. Los pueblos no son malvados. Determinados gobiernos o políticas concretas de los mismos sí lo son.
El régimen colombiano no es el único en la región que parece en ella una muela cariada. Lo que pasa es que destaca en su especie como un carnicero “natural”, que porta en una mano los principios del Estado de Derecho, y la jeringa con solución letal en la otra. Contra las reivindicaciones populares todo vale, según el sistema oligarconarcoterrorista. Y por vías expeditivas, es más fácil y rápido. 
¿Hasta cuándo señoreará en este contexto la impunidad prácticamente plena o la insuficiente represión y prevención de las truculencias?
 La coordinadora del texto sobre violaciones de los derechos sindicales de la CSI, Sara Hammerton, señaló que con 56 sindicalistas asesinados el año pasado Latinoamerica es “región más peligrosa para los líderes de los trabajadores”.
Hammerton agregó que 29 muertes ocurrieron en Colombia y otras 10 en Guatemala, con respecto a 76 asesinatos de sindicalistas registradas en todo el mundo el año pasado.
Acotó que en 2011 se reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano, a través de un fallo judicial, en la muerte de un sindicalista, hecho ocurrido en 2004.
En tal sentido, Sara Hammerton subrayó que los homicidios son extremadamente grave y recordó que 184 fueron los líderes sindicales asesinados en el país suramericano en 2001.
Resaltó que el segundo caso latinoamericano que más preocupa a la Confederación Sindical Internacional es el de Guatemala, que “sigue a Colombia de cerca y se convierte también en un país muy peligroso para los sindicalistas”.
“Cuando hay un sindicalista que es asesinado no hay ninguna investigación para encontrar al responsable y determinar cómo ocurrió. Este es un gran problema en Guatemala”, manifestó la coordinadora del informe.
Por su parte, la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, indicó que el grupo más vulnerable de trabajadores lo constituyen cerca de 100 millones de trabajadores y trabajadoras que apenas conocen sus derechos y no disponen de ningún medio para defenderlos.
De acuerdo con un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es uno de las naciones con peores índices tanto de libertad sindical, como de derechos laborales.
Realizadores de la investigación contabilizaron más de 2.800 homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados entre 1984 y 2011.
Nos informaron AFP y TeleSur.

Tribunal Mundial de Libertad Sindical, “Sindicatos de Colombia contra R. de Colombia s/ Violación Principio de Libertad Sindical” (Causa No. 001/ 2012.),

Tribunal Mundial de Libertad Sindical

COLOMBIA

Bogotá  D.C.,  veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).

El Tribunal Mundial de Libertad Sindical  integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado  “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente

 sentencia

 I.-objeto de la controversia

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012.

 

En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la República de Colombia, alegándose que los trabajadores de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de 1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno”.

 Dice la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.”

 Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

 II.- Competencia

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales  de diferentes países, ajenos a la controversia planteada.

 Decíamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical.

 Es un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia sobre la degradación  de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país. Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

 El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen.

 Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

 

Cuando la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

 III.- Trámite ante el Tribunal

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y  pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa.

 Paralelamente, se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

 IV.- El marco normativo

Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25, 39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical.

 También se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

 Por último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros” (02/02/2001) y “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).

 El Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del “ius cogens” o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

 V.- La libertad sindical

Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrática. Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

 La función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

 La libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I.T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.

 Las normas constitucionales y la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en Colombia. Pero lo  verdaderamente esencial es el grado de aplicación efectiva de esa normativa. Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad.

 

Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación colectiva es un burdo simulacro. Pero la más grave violación de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una  evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.      

 La O.I.T ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios núms. 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida”.

 (Véase Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306.º informe, caso núm. 1903, párrafo 489, 331. Informe, casos núms. 1937 y 2027, párrafo 106; 327.º informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268, párrafo 755.) 

 La experiencia indica, que el ejercicio de la libertad sindical está claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la protección de los sindicatos.

 En un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

 Estrechamente vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima de impunidad e inseguridad  existentes.

 Las restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

 

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad.

 

VI.- Sobre los hechos comprobados

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando mas allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas.

 Está demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la formación de nuevos sindicatos. En 1970 había una sindicalización del 14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por la negociación colectiva.

 Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado. Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados.

 La violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes. Otro fenómeno similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible sindicalización.

 Este Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.

 Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado  colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

 El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que actúa según sus propios intereses.

 Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial.

 Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

 En Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueño ignora.

 

La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos. El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

 Es lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo. El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrática y moderna.

 En este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables.

 Tales condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría.

 

La protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

 

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la actividad sindical en el país es de alto riesgo”.

 

VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA

1.   Aún está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.

2.    Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.

3.  Frente a más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva
es prácticamente marginal.

La negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los 19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo 124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo. 

5. La Ley 1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposición.

6.    El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.

7.  El Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación”  se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, lo  procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

 VIII- Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de asociación y negociación colectiva,  persecución sindical, criminalización de actividad sindical.

Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.

 

IX. En mérito  de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada,  El Tribunal Mundial de Libertad Sindical,

RESUELVE:

 

1.    Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.

2.    Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.

3.    Exigir al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.

4.    Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigirá a la casa matriz.

5.    Poner en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para realizar los trámites de notificación.

6.    Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.

7.    Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.

8.    Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad Sindical en Colombia.

 

Redactado en español, en Bogotá, el 25 de mayo de 2012

 Notifíquese y cúmplase

Firmados,

 Luis Enrique Ramírez                           Lydia Guevara Ramírez

Presidente                                             Secretario

 Luiz Salvador           Oscal Alzaga            Gretel Hernández Oliva

Magistrado                Magistrado                Magistrado

 José Luis Contreras Montes                    Sebastian Viscuso

Magistrado                                                 Magistrado

Mariana Muñoz Marín

                                        Secretaria Adjunta

NUESTRO PRIMERO, EN RESISTENCIA… SEGUIR LUCHANDO. …(ENTREVISTA A WILSON ARIAS EN RADIO MUNDIAL Y SALUDOS DE CENTRALES OBRERAS)

entrevista a Wilson Arias en radio mundial fm

 

SALUDOS DE REBELDÍA Y RESISTENCIA POPULAR
PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO.
Por: Diego Escobar Cuellar
Dpto. Lucha Contra ETN’s y Solidaridad
Subdirectiva CUT – Valle del Cauca – Colombia.
Este primero de mayo de 2012, tuvo un significado muy especial para la clase trabajadora en el Valle del Cauca, ubicado en el sur occidente colombiano, pues a pesar del luto por el recién asesinato del compañero Daniel Aguirre de Sinalcorteros, también fue una jornada colmada de gritos de denuncia, de llamado a la unidad de la clase popular, de rebeldía, de periodistas libres que no venden su conciencia al amo del medio de comunicación y que expresan sus miradas en las paredes, puede ser el preludio de grandes eventos unitarios de movilización, de preparación del paro nacional en contra de todas las políticas neoliberales impuestas a raja tabla por la rancia oligarquía nacional y sus aliados los inversionistas nacionales y extranjeros.
A lo largo del recorrido con un colorido de atuendos, pancartas, pasacalles y banderas, fuimos un caudal de inconformes que nos negamos a ser esclavos del sistema capitalista y que antes por el contrario estamos dispuestos a sensibilizar, organizar, preparar mayores jornadas en el sur occidente colombiano.
Nos permitimos recordarles a los que no salieron, a los que se apostaron a lado y lado de la marcha con una actitud desprevenida, o de silencio indiferente, que en Colombia como al igual que en la mayoría de los países del mundo en donde se aplica el modelo neoliberal y su fase globalizante de mercados. “Que los derechos de los trabajadores desde hace ya 126 años de lucha decida obrera en las calles, no han sido otorgados por la benevolencia de los patrones o gobiernos, sino que por el contrario han sido arrebatados y conquistados a través de la lucha, de la negociación colectiva, de la huelga, y del paro cívico”.
Que tales logros, se deben justamente, a luchas arduas y multitudinarias de alianza obrero, popular y campesina, que durante años de sufrimiento, dolor, persecución y muerte de quienes se han atrevido a mantener su frente altiva, su voz de denuncia, su pensamiento libertario y sobre todo de convocatorias enmarcadas por la unidad de la clase –del proletariado- que desde la lucha de clases, han conservado su ideología y lucha a favor de la desigualdad, del marginamiento, la exclusión, de los altos costos de la canasta familiar, el déficit de vivienda, en contra de la privatización de las empresas rentables del Estado, de la mercantilización de la educción y la salud, de los elevados costos de la gasolina como detonante de la carrera alcista y arancelaria en el país, en contra de los atropellos de los empresarios y gobierno frente a los trabajadores privados y públicos, por la defensa de la soberanía nacional, por una verdadera reforma agraria que dignifique al campo y al campesinado colombiano, por la eliminación efectiva de la subcontratación laboral y por la contratación laboral directa, por la nacionalización de los hidrocarburos, el agua y las riquezas minerales, por la preservación del medio ambiente, el respeto de las culturas ancestrales y milenarias.
El trabajo, cualquiera que sea la forma, otorga al ser humano una condición digna de vida, estimula la creación y fortifica el espíritu solidario del individuo, por ello fue catalogado como un derecho fundamental por el constituyente de 1991; la falta de estabilidad laboral producto de la tercerización, los pactos colectivos y contratos sindicales, mala remuneración, la polifuncionalidad, la persecución sindical, el desempleo, falta de seguridad social y en fin, las condiciones infrahumanas de trabajo auspiciadas por empresarios y gobiernos, van en detrimento de la Constitución Política de Colombia, y de la dignidad del trabajador y su núcleo familiar.
Los Vallecaucanos a través de la historia, nos hemos vistos obligados a trasegar por varias de estas condiciones adversas; la historia obrera regional está signada por la esclavitud en las jornadas de trabajo como se evidencia en el corte manual de caña, los operarios del Puerto de Buenaventura, los mineros de Jamundí, Vijes, el ejercito de desempleados que llega a más de 700.000 y que deambulan por andes, calles y semáforos del departamento. En virtud de ello, cabe la oportunidad para que cada organización sindical, reconstruya su historia, sus luchas, las conquistas y su dirigencia.
El Estado, llámese presidentes, ministros y congresistas, han burlado a los trabajadores colombianos de manera sistemática y recurrente, pues desde 1.991, en la Carta Política quedó plasmado en el artículo 53 el Estatuto del Trabajo, y justamente por los compromisos y claudicaciones con los mal llamados inversionistas, no han legislado frente a la estabilidad laboral de los trabajadores –contratación directa, eliminación de la subcontratación, su efectiva, pronta y actualización del salario, la aplicabilidad del mínimo vital y móvil, la jornada laboral, condiciones en el sitio del trabajo, la protección a la mujer cabeza de hogar, a la trabajadora embarazada, eliminación del trabajo infantil, el pago oportuno y con el debido poder adquisitivo de las mesadas para los más de 7 millones de jubilados y pensionados que tiene el país.
Por tanto, nos corresponde a los trabajadores sindicalizados o no, jóvenes que serán las futuras generaciones de dependientes, los jubilados y pensionados, construir nuestras propias reivindicaciones en esta materia, por lo que se continua en la propuesta de convocar a un “Referendo Popular Constitucional” para que previa las discusiones propias del estatuto del trabajador, salgamos a recolectar más de 4 millones de firmas y le demos una lección de democracia a aquellos que la quebrantan a diario, pero que se jactan de ser los gobernantes y candidatos del pueblo.
Nosotros quienes estamos temporalmente al frente de la conducción obrera y del movimiento sindical, recordamos con honor a los hombres y mujeres que dejaron marcada su lucha en la memoria colectiva del pueblo trabajador – Camilo Torres Restrepo, Jorge Ortega, Jorge Eliecer Oviedo, María Antonieta Mercury, Jaime Pardo Leal, Fidel Castro, Dionisio Hernán Calderón, Henry Cuenca, Jesús Orlando Crespo Cárdenas, Héctor Daniel Useche, Daniel Aguirre, entre muchos otros; quienes nos enseñaron con su ejemplo vivo, que los derechos de los trabajadores son indelegables e irrenunciables y que quienes osen quebrar éste legado, deberán ser tildados y expulsados como traidores de la clase obrera y del movimiento sindical y popular.
De igual manera, nos permitimos elevar la siguiente proclama:
Saludar a todos los trabajadores de todo el mundo que libran intensas luchas por que se respeten sus derechos y dignidad, situación que los coloca en la mira de los eternos enemigos de la clase trabajadora, quienes en su afán de amasar fortuna violan los elementales derechos de los trabajadores en complicidad con gobiernos corruptos y entreguistas.
Declaramos nuestra vocación unitaria, solidaria y clasista con las diversas expresiones obreras en el país, reafirmando nuestro compromiso de luchar en contra de las violaciones a los derechos y dignidad de los trabajadores y expresamos nuestra convicción de seguir contribuyendo en la construcción de una patria libre, democrática, soberana y colmada de bienestar general, en paz, con justicia social y por el hermanamiento de los pueblos del mundo.
Reiteramos que en Colombia no hay respeto por los derechos laborales de los trabajadores, se criminaliza y sataniza el derecho de Asociación Sindical, la Negociación Colectiva, y la Huelga como expresiones de inconformismo y exigibilidad propias de la clase obrera.
En materia de Derechos Humanos, Colombia sigue ocupando los primeros lugares en el mundo en desplazamiento interno, los falsos positivos, delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado, en fosas comunes, e impunidad judicial frente a los responsables de tan repugnantes hechos.
Rechazamos el paquetazo legislativo de Santos Calderón de implementar reformas para golpear y reprimir más al pueblo Colombiano en materia Laboral, Fiscal, Prensión, Salud y Seguridad Ciudadana.
Luego de casi 100 días de gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, el clima de desigualdad, exclusión y marginalidad social y política en que vivimos los colombianos en nada se diferencia con el anterior gobierno de Uribe Vélez, aunque los medios masivos de comunicación afines, se empeñan en ocultar la realidad nacional que no es otra que la infiltración en la política pública del Estado de las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo, y ahora los inversionistas extranjeros, el fenómeno de la corrupción, el clientelismo, la demagogia gubernamental de unidad nacional, lejos de buenas intenciones por satisfacer las más sentidas necesidades del pueblo, lo que hace es profundizar la brecha que agencia el conflicto social y armado en nuestro país.
Expresamos nuestro hermanamiento y solidaridad con los pueblos de Cuba, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Afganistán, Siria, Libia y Palestina, en su lucha por el pleno ejercicio de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, el derecho a sostener relaciones bilaterales con otros pueblos, y por la nacionalización de sus riquezas naturales.
Igualmente nuestro abrazo solidario y de clase, a los miles indignados de Europa y EEUU que luchan por cambios profundos en las políticas sociales de sus países.
Felicitamos por su asistencia y compromiso social y político con esta gran gesta obrera popular a nuestras organizaciones sindicales filiales: Anebre, Sintraincapla, Sintraicollantas, Sintramunicipio Cali, Jamundí y Yumbo, Sugov, Sintracolpa, Sintranore, Pequeños Comerciantes, Sutev, Asonal Judicial, Sintraemcali, Sintraunicol, Sinalserpub, Sinservim, Ascontrol, Sintrahospiclinicas, Sintradian, Uneb, Sintracarcol, Sutimac, Sintraelecol, Sinaltrainal, Sinalcorteros, Unimotor, Sindicons, Sindesena, Sintraquim, Anthoc, Sindimedilegal, Sinties, Sintraime, Sintracihobi, Ases, Sintraiss, Sintramienergetica, Sintramasivo, Sintradit, Sintrafe, Sintrabancol, Asdecol, Aseconcali, Sintrahoincol. A las organizaciones hermanas filiales de las centrales CGT, CTC, a la CPC, colectivos estudiantiles de secundaria y universitarios, los espacios de convergencia: Comando Departamental Unitario de Paro, Movice, Pastoral del Trabajo, Minga Valle, Gran Marcha Patriótica, Usuarios de SSPP, Galería de la Memoria Tiberio Fernández, FCSPP, sectores populares, indígenas, CPDH, los grupos culturales y comparsas, entre muchos otros.
Santiago de Cali, Mayo 2 de 2.012.
 
QUE VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
POR EL ESTATUTO DEL TRABAJADOR
POR EL SINDICALISMO DE INDUSTRIA
QUE VIVA EL 1º DE MAYO
UNITARIO Y REVOLUCIONARIO
DECLARACION CONJUNTA 1° DE MAYO DE 2012
Saludamos en nombre de las Centrales Obreras y el Comando Departamental Unitario de Paro, a todas y todos los presentes, a las Organizaciones y Movimientos Sociales de la región, del país y del mundo entero, que han salido hoy masivamente a las calles de las principales ciudades, para conmemorar el 1° Mayo y exigir mejores condiciones laborales y salariales para la clase trabajadora.
Saludamos de manera especial al movimiento estudiantil MANE, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la Cumbre de los Pueblos y la Marcha Patriótica, procesos que con su trabajo contribuyen a la unidad y fortalecimiento de la movilización y la protesta social como parte de las acciones para confrontar el modelo neoliberal en Colombia.
En un día como este recordamos el sacrificio valeroso de los “Mártires de Chicago” ajusticiados en 1.886 por su participación en la “Revuelta de la Plaza de Haymarket” en la brega por bajar las extenuantes jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, y lograr lo que se denominó los tres ochos (8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estudio), desde entonces se conmemora esta fecha en la mayoría de países, porque estos acontecimientos siguen teniendo gran significado para la clase trabajadora y los pueblos del mundo en sus luchas actuales.
Cada vez son más los países donde sus pueblos se levantan, para expresar la inconformidad que existe con el Sistema Capitalista Mundial, en un hecho sin precedentes que mantiene en vilo a las grandes potencias, una prueba del malestar general es lo ocurrido en países como Libia, Siria, Portugal, Egipto y España entre otros, donde la clase trabajadora y diversos sectores sociales vienen levantándose mediante diferentes formas de rechazo a la opresión y a la intervención imperialista, exigiendo respeto por la soberanía y el derecho a su autodeterminación.
El Capitalismo implementa políticas que favorecen de manera exclusiva, a un pequeño grupo de multinacionales que en la actualidad concentran casi toda la riqueza del planeta, situación mucho más acentuada durante la fase imperialista, que con su vigencia aceleró la explotación indiscriminada a los recursos del planeta e implemento como una política, la violación a los derechos de las comunidades y de la clase trabajadora en todo sentido, dejando a su paso desplazamiento, muerte, hambre y destrucción.
El gobierno colombiano por su parte manipula las verdaderas cifras sobre la realidad social y laboral del país, ocultando los altos índices de desempleo, informalidad y tercerización laboral, llevando a una condición de esclavitud moderna a la clase trabajadora. En el caso de los trabajadores informales, los elevó a la categoría de empleados, incluyéndolos como parte de la población económicamente activa, que goza de protección social, con un salario fijo y las demás garantías laborales de Ley, lo cual no es cierto. Pero mientras los salarios se bajan y la calidad del empleo se deteriora, el gobierno impone nuevos impuestos, alzas en los precios de la gasolina, el transporte, los alimentos y el costo de vida en general, llevando al pueblo colombiano a mayores niveles de miseria y de pobreza.
Pero la actual situación en el caso del Valle puede agudizarse aun más como consecuencia de la disputa por el poder, entre la clase política tradicional y un sector del narcotráfico enquistado en el gobierno, disputa que ha conllevado a una crisis en el control de las instituciones públicas, como también a mayores índices de corrupción y clientelismo. Realidad que sumada a la revaluación del peso respecto al dólar por la alta inversión extranjera, puede desestabilizar en cualquier momento la economía regional y nacional, dejando al país en una evidente banca rota, solo con el retiro masivo de dichos capitales.
Nuestra lucha busca erradicar estas nefastas políticas capitalistas y globalizadoras que solo han generando más dependencia y mayores niveles de sometimiento, alcanzando cifras de pobreza y desempleo sin precedentes, donde se degradan las condiciones laborales mediante la tercerización laboral, contratos de prestación de servicios y otras formas de sub contratación, además se cierran empresas para acabar con los sindicatos y sus conquistas laborales obtenidas durante décadas, forzando a los despedidos a recurrir al rebusque en las calles, engrosando las filas de la informalidad, tal es el caso en el Valle del Cauca con empresas como EMSIRVA, SIDELPA, SACOS DE COLOMBIA, KRAFT FOODS y LADRILLERA LA CANDELARIA, que entre otras, fueron cerradas por la intransigencia patronal y las políticas neoliberales de empresarios y gobierno.
Parte de la estrategia de saqueo se ha dado también, mediante la instalación en territorio nacional de bases militares norteamericanas, vulnerando la soberanía y convirtiendo a nuestro territorio en parte táctica de su guerra, orientada a garantizar el control del hemisferio sur del continente, y lograr sin contratiempos la depredación de los recursos naturales, con el amparo del servil gobierno de Santos y su política de las cinco locomotoras.
E.E.U.U. en su afán de superar la actual crisis de superproducción que vive, ha pretendido imponer a toda costa, sus políticas de Libre Comercio, forzando a suscribir tratados en desigualdad de condiciones, creando falsas expectativas a los pequeños empresarios, trabajadores y consumidores colombianos, pero que en realidad busca reventar la economía interna, degradar aun más las condiciones laborales y aumentar nuestra dependencia Agrícola, Industrial y Comercial. En ese sentido desde organismos internacionales como el FMI y el B.M. influenciados por estados Unidos, se direccionan reformas laborales, pensiónales, tributarias, a la educación y justicia entre otras, para aplicar en los países emergentes o mal llamados en vía de desarrollo, entre los que se encuentra Colombia donde actualmente enfrentamos la arremetida de un paquetazo legislativo, inclusive más nefasto que los implementados durante el gobierno de Uribe. Pero la lucha de la clase trabajadora contra estas lesivas reformas, se fortalece cada día y se extiende por muchos países del mundo en un claro despertar de los pueblos para la erradicación definitiva del modelo neoliberal.
Por su parte los movimientos sociales en América no se detienen, tal es el caso de los indignados, los sin tierras, los destechados, las luchas estudiantiles en Chile y Colombia con la MANE y sus avances históricos, además de los brotes de resistencia social en varias naciones del mundo, que van presagiando mejores tiempos para los trabajadores y la humanidad, pero también van evidenciando cada vez más la terrible crisis que vive el capitalismo y las desesperadas salidas que pretenden implementar para no colapsar.
En ese sentido tenemos el reto de luchar contra los efectos de los TLCs ya impuestos y los que se están cocinando con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía e Israel entre otros, acuerdos con los que se busca aumentar nuestra dependencia económica, industrial y comercial, pero sobre todo desestimular la producción interna propiciando el cierre de más empresas y la pérdida de más empleos.
Debemos enfrentar y derrotar las regresivas reformas propuestas por el gobierno al Sistema de Justicia y a la Educación Superior, como también desde ahora salirle al paso a las anunciadas reformas tributaria y pensional, la primera que busca encarecer más el costo de vida de los colombianos y la segunda pretende eliminar el sagrado derecho a la pensión de vejez, desmontar el régimen de prima media, aumentar la edad de pensión y número de semanas de cotización, e incluir el termino de indemnización en vez de pensión, para reconocer a los próximos pensionados, mesadas por debajo del salario mínimo legal. Igualmente rechazamos la decisión del gobierno de liquidar el Seguro Social Pensiones, para entregarle estos recursos al
sector financiero convirtiendo a COLPENSIONES en una entidad lucrativa para sus dueños pero nefasta para sus afiliados.
Rechazamos la negativa del gobierno a reconocerle el justo incremento salarial al magisterio colombiano y respaldamos el paro nacional de 24 horas en el mes de mayo. Exigimos al gobierno nacional la implementación y reglamentación del ESTATUTO DEL TRABAJO, aprobado en la Constitución de 1991. Ratificamos nuestro compromiso de lucha por la defensa del Agua, de la Salud y la Educación pública estatal, como derechos fundamentales que deben garantizarse a todos los colombianos. Exigimos justicia y reparación para las víctimas de la violencia en Colombia, una verdadera restitución de las tierras arrebatas a los campesinos, que se ponga fin a la tercerización y sub contratación laboral, que se reconozca el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos, y se respete el derecho a la huelga, que se efectúe una verdadera reparación colectiva al movimiento sindical por el magnicidio en su contra.
Exigimos el cese de despidos a empleados provisionales y el cumplimiento a los Convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. en especial el 87 y 98, que hacen referencia a los Derechos de Asociación Sindical y de Negociación Colectiva, vulnerados de manera permanente tanto por el gobierno como por los empresarios, alcanzando la escandalosa cifra de casi 40 dirigentes sindicales despedidos en el Valle, desconociéndose la garantía del fuero sindical. En ese sentido rechazamos la candidatura de Angelino Garzón a la OIT por ser el representante del gobierno y de los empresarios, más no de los trabajadores.
Rechazamos la política del gobierno de fomentar la informalidad, y promover la tercerización en todos los sectores de la economía, especialmente el caso de los estatales, corteros de caña, trabajadores de la construcción, salud y portuarios donde existen los mayores índices de sobre explotación laboral. Rechazamos la política de privatización contra las entidades estatales, como ocurre en el Valle con los casos de ACUAVALLE, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, esta última amenazada por una posible escisión en los componente de energía y telecomunicaciones, desconociéndose su viabilidad y rentabilidad como empresa industrial y comercial del estado.
Rechazamos la nefasta Ley de Seguridad Ciudadana, que atenta contra el derecho a la movilización y la protesta social, denunciamos los altos índices de impunidad frente a los crímenes a sindicalistas y exigimos una verdadera erradicación del paramilitarismo en Colombia, actualmente reencauchados mediante la figura de BACRIMs cuyo accionar sigue cobrando víctimas siendo ya 7 los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido del 2012, 4 de ellos en el Valle del Cauca convirtiéndonos en la región más peligrosa del mundo para el ejercicio de la actividad sindical.
Hacemos un llamado a la unidad de acción de los diferentes sectores sociales, para que juntemos nuestras luchas hacia un gran PARO CIVICO NACIONAL, donde la clase explotada alcance la fuerza para lograr las reivindicaciones más sentidas de las masas trabajadoras, derrotemos las fracasadas políticas neoliberales y logremos un país en Paz con Justicia Social, Soberano y Autónomo. Exigimos una salida política y negociada al conflicto interno y el respeto a los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas. Exigimos castigo para los responsables de las víctimas del movimiento sindical y los movimientos sociales, de los cuales más del 90% siguen en la impunidad.
VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA
Y EL PUEBLO COLOMBIANO

 

SEGUIR LUCHANDO

Con luto e indignación se conmemora Día de los Trabajadores en Cali, Colombia

En lo que corre del año 2012 en Colombia han sido asesinados siete líderes de organizaciones sindicales y de trabajadores, cuatro de ellos en el Valle del Cauca. El caso más reciente ocurrido el pasado fin de semana fue el de Daniel Aguirre secretario general de Sinalcorteros, organización que agremia a trabajadores del corte de caña del Valle Geográfico del Río Cauca.
Daniel había sido amenazado y hostigado, así como varios de sus compañeros integrantes del Movimiento 14 de Junio también de Corteros de Caña.
Este repudiable crimen se suma a otras amenazas y persecuciones contra los líderes sindicales y sociales, así como a las arremetidas legislativas y administrativas del gobierno colombiano contra el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de Colombia principalmente en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos.
“Es una absoluta desgracia que por ejemplo en estos momentos que se habla de redención del país con el TLC, nos anuncian la salida de 70.000 trabajadoras, madres comunitarias”, protesta Wilson Arias Castillo Líder Político y Congresista del Polo Democrático Alternativo, quien analizó en entrevista con Radio Mundo Real en el marco del 1º de mayo la situación actual de la clase trabajadora de Colombia. Arias destaca la arremetida contra las condiciones de trabajo y también y en paralelo la amenaza contra el derecho a la vida de los trabajadores sindicalizados.
Vastos sectores de trabajadores, estudiantes, padres de familia, amas de casa, desempleados, campesinos e indígenas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia, reclamando garantías laborales y sociales, y rechazando las políticas entreguistas y privatizadoras del gobierno de Juan Manuel Santos.
Asimismo, dialogamos con Jorge Eliécer Aguirre, dirigente de Sinalcorteros, quien valoró el duro golpe que significó el asesinato de Aguirre en el marco del enfrentamiento de los trabajadores con los empresarios propietarios de los ingenios sucro-alcoholeros.
Fotos: Don Palabras
(2012) Radio Mundo Real

Paramilitares les envían una invitación a sindicalistas a su propio funeral





AMENAZAN DE MUERTE A DIRECTIVOS DE SINTRAEMCALI


El Sindicado de las Empresas Municipales de Cali, SINTRAEMCALI, rechaza categóricamente las amenazas de muerte en contra del presidente Jorge Iván Vélez Calvo y el vicepresidente Albert Quintero Collazos. 


En esta oportunidad la amenaza se realizo a través de una caja que contenía un sufragio, flores, proyectiles de fusil con un panfleto, que hicieron llegar a las instalaciones de la organización sindical, el sábado 21 de abril en horas de la mañana. 


Esta nueva amenaza en contra de los dos dirigentes sindicales, se realiza en momentos en los que SINTRAEMCALI, ha denunciado internacionalmente la violación sistemática de los derechos humanos, la actividad laboral, muerte a sindicalistas, cooperativas de trabajo, que se presenta en Colombia. en EMCALI, anti-gestión operativa, contratación paralela, además del incumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT que ha solicitado al Gobierno Nacional el reintegro de los 51 trabajadores que fueron despedidos de EMCALI. EICE. ESP, de manera anti sindical e ilegal. 


Estos hechos se constituyen en un hostigamiento que pretende obstaculizar el ejercicio sindical consecuente, ratificando que nuestro país, continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en condiciones dignas, donde el 60 % de las muerte a sindicalistas en el mundo corresponde a Colombia, situación que genera zozobra entre todos los trabajadores que hacen parte esta organización. 


SINTRAEMCALI, rechaza este tipo de hechos y hace un llamado vehemente a las autoridades competentes para que se proteja de forma efectiva la vida e integridad física de los compañeros, rodeándolos de las garantías necesarias para que continúen ejerciendo su actividad sindical. 

Jorge Iván Vélez
Presidente Junta Directiva
SINTRAEMCALI
www.facebook.com/sintraemcali

http://www.wola.org/es/comentario/paramilitares_les_envian_una_invitacion_a_sindicalistas_a_su_propio_funeral

El grupo paramilitar de las Águilas Negras les envió una amenaza de muerte muy preocupantea los líderes de Sintraemcali, un sindicato en Valle del Cauca, Colombia, el 21 de abril. Jorge Iván Vélez y Albert Quintero, el presidente y el vicepresidente de Sintraemcali, fueron los blancos de la amenaza que les invitó a su propio funeral. El sindicato recibió la amenaza una semana después de que el Presidente Obama anunció que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia se implementará a partir del 15 de mayo de 2012, y la amenaza destaca la situación precaria de los derechos laborales en el país y los peligros enfrentados por la gente que defiende esos derechos.
Además de la amenaza firmada por el grupo paramilitar de las Águilas Negras, el paquete (foto) consistió de dos balas, dos rosas, y un libro religioso (foto) indicando que sus muertes se darán “muy pronto“. Esta amenaza es extremamente preocupante porque demuestra que los paramilitares han llevado a cabo operaciones de vigilancia en contra de miembros de Sintraemcali.
El texto de la amenaza de muerte se encuentra aquí.
WOLA ha trabajado de cerca con Sintraemcali por muchos años para asegurar su protección y la reintegración de 51 miembros del sindicato que fueron despedidos ilegalmente en 2004. El presidente de Sintraemcali participó en una delegación auspiciada por WOLA en enero de 2012. La delegación se reunió con miembros del Congreso EE.UU., el Departamento de Trabajo y el Departamento de Estado para explicar la situación grave de su sindicato (ver la carta que la delegación envió al Congreso EE.UU.) En una entrevista por teléfono con WOLA, el Sr. Vélez dijo que recibió la amenaza “por levantar el perfil de Sintraemcali internacionalmente y en Colombia”.
De hecho, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se ha pronunciado a favor de Sintraemcali en varias ocasiones (Caso 2356 de la OIT ), y miembros del Congreso EE.UU. han presionado al gobierno colombiano a proteger a Sintraemcali. Sin embargo, el gobierno colombiano no ha cumplido con las recomendaciones de la OIT de reintegrar los 51 trabajadores que fueron despedidos injustamente, lo cual llevó a una huelga de hambre por Sintraemcali por dos meses en una plaza pública de Cali. Miembros de Sintraemcali son frecuentemente sujetos a amenazas, ataques y estigmatizaciones mientras que el gobierno se niega de implementar las recomendaciones de la OIT.
Esta amenaza del grupo paramilitar de las Águilas Negras demuestra que sindicalistas y activistas laborales son sujetos a amenazas precisamente porque defienden los derechos laborales básicos. Para efectivamente proteger a los defensores de derechos laborales y demostrar que la violencia y la intimidación en contra de este grupo no será tolerada ni aprobada, los gobiernos de EE.UU. y Colombia tienen que tomar acción inmediata y decisiva para investigar esta amenaza y enjuiciar los autores materiales e intelectuales de este crimen tal como indica el Plan de Acción Laboral de EE.UU. y Colombia. Impunidad para casos de violencia e intimidación contra defensores de derechos laborales ha permitido que esta práctica florezca y ha impedido esfuerzos a defender los derechos laborales. Como indicado en la amenaza de muerte, la protección física no es suficiente—los paramilitares y sus benefactores tienen que ser enjuiciados.

A la oligarquía colombiana no le interesa la paz

El conflicto armado en Colombia no existe porque a un grupo de campesinos forajidos se les haya ocurrido, de buenas a primeras, organizarse y armarse para atacar al Estado. Eso es lo que quiere hacernos creer la élite económica y política, reproduciéndolo cada vez de forma más impúdica en sus cajas de resonancia: los medios masivos de comunicación. A lo que le apuestan definitivamente es al embotamiento de la memoria. Por eso una obligación, de los medios de comunicación popular y de todos los escenarios políticos construidos por los sectores populares, es la preservación de esta memoria. De ello depende la paz del futuro.
El conflicto armado en Colombia se fraguó por el ataque persistente de esta élite económica y política contra los sectores populares, y desde el principio supo combinar todas las formas de lucha (militar, paramilitar, legislativa, propagandística, doctrinaria), la misma que todo el tiempo le critica a la izquierda. Así han arrinconado permanentemente a los pobres obligándolos en diversas ocasiones a organizarse para defenderse. No se puede perder de vista que todas las guerrillas en Colombia nacieron como grupos de autodefensas: recuérdense el origen del Quintin Lame, de las guerrillas liberales y de las Farc, por mencionar apenas algunas.
Y la confrontación armada entre Estado y guerrillas en Colombia no ha perdurado durante más de cincuenta años porque las guerrillas simplemente sean tozudas, porque se hayan corrompido con los dineros del narcotráfico y hayan devenido en organizaciones terroristas. Esto es pura propaganda repetida hasta el cansancio en los medios de comunicación masiva. En dicha propaganda ponen siempre a jugar de forma amañada las estadísticas, horrorizándose de los actos de la guerrilla, pero condescendiendo con los del Estado y sus instituciones. Es cierto que el secuestro es horrendo, pero no menos horrenda es la desaparición forzada y los crímenes de Estado que ha practicado recurrentemente el establecimiento contra sus opositores. Muchas marchas ha promovido esta élite contra el secuestro, contra la desaparición forzada y los falsos positivos, ninguna. La insensibilidad encostrada en el alma de esta mal llamada “sociedad civil”, cultivada por los medios masivos de comunicación, ha llegado hasta el extremo no sólo de elegir presidente a uno con claros vínculos con el paramilitarismo, sino al propio Santos, que como ministro de defensa legalizó prácticamente la pena de muerte (recuérdese el aberrante caso del asesinato de alias Iván Ríos y el muñón que su asesino entregó como trofeo al propio ministro para cobrar su recompensa) y promovió las ejecuciones extrajudiciales para inflar las cifras de guerrilleros “dados de baja”. Y sobra mencionar el número de masacres perpetradas por las fuerzas militares o los paramilitares con participación o connivencia de los primeros.
Voluntad de paz es lo que no ha tenido nunca esta élite colombiana, que además fue quien creó el estado de cosas intolerables que llevaron a ciertos grupos de los sectores populares a armarse. Y hasta ahora no han hecho más que profundizar tal estado de cosas. Ello puede evidenciarse con la respuesta del establecimiento a cada intento de desmovilización y de inserción a la vida civil de algunos grupos guerrilleros: se mide, por ejemplo, en el número de guerrilleros asesinados después de cada desarme. Entre los casos emblemáticos se destacan, en la desmovilización de las guerrillas liberales al final de los años 50, el  asesinato de Guadalupe Salcedo, líder legendario de las guerrillas del Llano; entre los desmovilizados del M19 a principios de los 90, el asesinato de Carlos Pizarro. Y una herida abierta en la historia de Colombia que nunca terminará de cicatrizarse: el exterminio de la Unión Patriótica, partido político a través del cual las Farc se proponían integrarse a la política institucional, a partir de los acuerdos establecidos entre el gobierno de Belisario Betancourt y este grupo insurgente. Más de cinco mil integrantes de esta organización política fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia en la campaña de 1990: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa.
Cabe destacar que fue justamente la respuesta del establecimiento ante las desmovilizaciones de un sector de la guerrilla liberal la que dio origen a las Farc: el desalojo violento, ordenado por el gobierno de Guillermo León Valencia, a estos grupos que se habían asentado en Marquetalia, el Pato, Riochiquito y Guayabero y se habían organizado en torno a una propuesta de economía campesina autogestionada.
Pero lo que más presente debemos tener hoy es que el conflicto armado es apenas una de las manifestaciones de un conflicto político más complejo, sólo la punta del iceberg. La guerra no es entre el Estado y la guerrilla; se trata más bien de una guerra no declarada pero cada vez más aguda de la élite económica y política, parapetada en todas las instituciones del Estado, contra los sectores populares. Y esta guerra se materializa en las estrategias de represión, persecución y asesinato, y, sobre todo, en una legislación que hunde cada vez más a los pobres en la miseria, mientras concentra la riqueza en manos de esta élite y del capital extranjero.
En este sentido, la paz no puede entenderse como el resultado de unas negociaciones entre el gobierno y las guerrillas, en donde estas últimas abandonan las armas. Al contrario, sólo la transformación real de las condiciones de injusticia económica, social y política que promovieron el surgimiento de las guerrillas puede conducir a un clima de paz efectivo que haga definitivamente innecesaria y anacrónica la confrontación armada. Pero en este respecto es en donde menos voluntad política ha tenido la élite enquistada en el Estado. Por ejemplo, las aproximaciones entre el gobierno de Uribe y la guerrilla del ELN, que debían conducir a un diálogo (que en términos de esta guerrilla debía ser con toda la sociedad civil y conducir a una convención nacional) se truncaron porque el gobierno se negó a negociar los puntos que el ELN ponía como prerrequisito y tenían que ver con la atención a la crisis humanitaria en diferentes regiones y dimensiones sociales, ocasionada por las políticas neoliberales. Pero eso no lo dijeron los medios masivos, más bien se empeñaron en convencernos de que el proceso se había frustrado por falta de voluntad de la guerrilla.
Los medios de comunicación masiva, por ejemplo, se le echaron encima al gobierno de Pastrana porque negociaba con una guerrilla, las Farc, que supuestamente no daba señas de ninguna voluntad para el diálogo. Pero jamás exigieron estos mismos medios una voluntad real del gobierno para alcanzar una verdadera paz. Ninguno cuestionó el hecho, por ejemplo, de que mientras Pastrana simulaba dialogar con la guerrilla, implementaba el Plan Colombia para fortalecer las fuerzas militares en su cruzada contra los campesinos que aún defendían sus tierras. Tampoco criticaron que en este mismo tiempo hiciera un recorte ostensible a las transferencias que la nación debía girarle a los entes territoriales para invertir en salud y educación; ni que se inventara la reforma a la educación superior, que la privatizaba definitivamente. Nada de esto era para los grandes medios una estrategia de guerra. Lo único que les importaba era sabotear la posibilidad de diálogo.
Eso mismo hacen hoy, cuando la guerrilla de las Farc empieza a dar algunos pasos definitivos que la acerquen a un diálogo con el gobierno. Después de la más reciente entrega de policías y militares que las Farc mantenía retenidos desde hacía varios años, los medios levantaron su voz en coro, no para dar cuenta de las posibilidades de diálogo que estas acciones de la guerrilla abrían, sino para insistir de forma insidiosa en que no era suficiente. Según los medios  masivos la única posibilidad de paz es que las Farc liberen de una vez a todos los secuestrados, suelten las armas y se entreguen a la justicia colombiana. El Estado (es decir, la élite), según estos medios, no tiene por qué hacer ninguna concesión. La insistencia ha ido tan lejos que Julio Sánchez Cristo y Alberto Casas Santamaría, representantes de la godarria jurásica, en una entrevista realizada al respecto en la W a Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial de la Paz, insistían en que el gobierno no tenía que responder al gesto de las Farc con la liberación de algunos presos políticos, porque en Colombia no existe el delito político. Ver http://www.wradio.com.co/buscar/entrevista%20con%20socorro.aspx.
No cabe en estos grandes medios, por ejemplo, la idea de que la locomotora minero-energética es una estrategia de guerra que aniquila y desplaza campesinos, negros e indígenas, al tiempo que arrasa con los recursos de nuestro territorio. No se les ha ocurrido que la reforma a la educación superior que propone el gobierno, siguiendo el camino de Pastrana, es también una estrategia de guerra que cierra la universidad a los hijos de los pobres. Ni conciben como una estrategia de guerra la propuesta de reforma a la justicia, en donde, entre otros adefesios, se propone que de nuevo los crímenes innumerables cometidos por los militares en esta guerra sin cuartel contra los sectores populares sean juzgados por la justicia militar. Descononocen justamente que dicha jurisdicción se pasó a la justicia ordinaria por la desvergonzada impunidad y olvido a los que el espíritu de cuerpo de la justicia militar relegaba estos crímenes.
Así las cosas, debe ser claro para nosotros que las posibilidades de una paz real en Colombia está hoy tan o más lejos que en la década de los sesenta, cuando emergieron las principales guerrillas de la segunda mitad del siglo pasado. Debe ser claro también que la paz no se negocia entre el Estado y la guerrilla, es resultado de un proceso de transformación social que elimine los privilegios que concede la explotación capitalista y todas las formas de dominación que en torno a ella se estructuran hoy. Ante la falta de voluntad de los poderosos de este país – títeres además del imperialismo-, la paz no puede ser otra cosa que el resultado de la construcción desde los sectores populares organizados de una fuerza tan grande que sea capaz de articular los diversos proyectos y planes de vida gestados por las propias comunidades y materializados a pesar o por encima de la voluntad de quienes hoy se consideran invencibles. Ello sólo será posible si las grandes plataformas de articulación de los movimientos populares que avanzan hoy de manera separada encuentran el camino de coordinación y construcción colectiva, sin vanidad ni dogmatismo. Esa es la tarea que hoy nos asiste.