Colombia: El ESMAD: Instrumento De Represión Hacia Las Comunidades Que Luchan Por Sus Derechos

Comunidades Indígenas, Afro – descendientes y Campesinos  en situación de desplazamiento Forzado asentadas en el Municipio de Jamundi – Valle del Cauca fueron brutalmente agredidas 
 En el Municipio de Jamundi – Valle del Cauca- el día 20 de Julio, en el marco de conmemoración del grito de Independencia y a un año más de incumplimiento por parte del gobierno de la Ley 387 del 1997, indígenas, afrodescendientes y campesinos en situación de desplazamiento forzado, cansados de hacer solicitudes a la administraciones municipal, departamental y nacional para la adjudicación de terrenos en extinción de dominio con el fin de trabajar la tierra  y sacar adelante sus familias realizaron una marcha  y posteriormente   decidieron tomar posesión en los terrenos del Country; en donde pasaron la noche.
 La petición de solicitud de dichas comunidades reclamando la presencia del Alcalde Jhon Fredy Pimentel no fue posible, pero sí, un  Escuadrón de la policía de Cali procedió de forma brutal con todo su arsenal a dar tratamiento de guerra al conflicto social tratándolos como de “orden público” realizando el desalojo aproximadamente a las 6 de la mañana del día 21 de Julio,  donde resultaron heridas 20 personas, entre ellos 6 menores de edad y 3 adultos mayores, lo que obligó a las personas a trasladarse a centros de salud para hacerse valoración médica del impacto de laceraciones, golpes y asfixia.
 Líderes sociales del municipio denunciaron este acto ante la Defensoría del Pueblo, pues, naturalmente reclaman por sus derechos y todo lo estaban realizando pacíficamente.
 Posteriormente a estos hechos a través de un mensaje de texto llegó una amenaza a los teléfonos celulares de varios líderes y lideresas; lo cual se ha judicializado ante los respectivos entes de control.    
 Reiteramos la violación a derechos fundamentales de libertad de expresión, a la integridad física y la vida.
 Exigimos a las autoridades esclarecimiento de los hechos y garantías para  el ejercicio de las libertades públicas.

COLOMBIA, DE REFORMAS, INJUSTICIAS Y AMENAZAS


Por: Javier Lopez B
 nos han llegado via-email estas dos noticias, las que seguramente  si no fueran porque aterrizan por  este medio  nunca tendríamos la oportunidad de leer.
de un lado  el comité de solidaridad de la CUT (central unitaria de trabajadores) nos reenvía esta denuncia del Movimiento  por la Defensa de los Derechos del Pueblo, las amenazas contra el compañero FREDDY GOMEZ de la ciudad de Pereira,  de otro lado continuan las reacciones de rechazo a la reforma a la justicia que aprobó el congreso neoliberal, un concepto, una opinion de Diego Escobar, de alternativa Judicial, (movimiento obrero al interior de Asonal Judicial-trabajadores de la rama judicial) y para rematar también vía e-mail un afiche con las caritas de algunos de los Honorable (así se hacen llamar) senadores que votaron el esperpento de la reforma a la justicia.
de todo como en botica ¡
– Mensaje reenviado ———-
De: RODOLFO NIETO <ronigi@yahoo.com>
Fecha: 27 de junio de 2012 09:15
Asunto: Rv: [modep] ACCIÓN URGENTE: amenazado compañero de SINALTRAINAL


Junio 22 de 2012

Pereira – Risaralda, Colombia
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
ACCIÓN URGENTE
 El Comité de Derechos Humanos Ignacio Torres Giraldo, perteneciente alMovimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –MODEP-, denuncia las reiteradas amenazas de muerte y señalamientos contra el compañero FREDDY GÓMEZ, activista del MODEP, sindicalista afiliado al Sindicato del Sistema Nacional Agroalimentario (SINALTRAINAL Dosquebradas – Risaralda), segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Risaralda y trabajador de la Multinacional Nestle, en su planta de Dosquebradas (Comestibles la Rosa).
HECHOS
1. El día jueves 14 de junio del 2012, siendo aproximadamente las 9:00 a.m., el compañero FREDDY GÓMEZ recibió una llamada en su casa en la cual le decían que él era otra de las personas que estaban en la lista de los que iban a desaparecer de Pereira.  Al preguntarles de qué hablaban le respondieron que él sabía lo que le decían y acto seguido lo insultaron.
2. El mismo día, siendo aproximadamente las 11:00 a.m., recibió otra llamada en la cual le dijeron que “dejara de estar jodiendo, guerrillero camuflado de sindicalista”.
ANTECEDENTES
1. Desde el año 2004 el compañero ha sido víctima de amenazas recibidas tanto por vía telefónica como personalmente y ha sido víctima de seguimientos en varias oportunidades. 
2. En el año  2008 fue víctima de un atentado en contra de su vida y la de su familia cuando desconocidos le dispararon al carro en el cual se transportaba con sus hijos y esposa, atentado del cual resultaron ilesos. 
3. Hace dos o tres años aparecieron en los baños de la empresa COMESTIBLES LA ROSA varios señalamientos y amenazas en su contra, algunos de los cuales están firmados por el grupo paramilitar “Bloque Cacique Calarcá”.
Todos estos antecedentes y hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.
Por todo lo anterior,
EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO  
1. Adelantar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad física y psicológica del compañero FREDDY GÓMEZ y de su familia.  
2. Dar cumplimiento a las recomendaciones de la OACNUDH y de la defensoría del pueblo frente a la protección de los y las defensoras de derechos humanos del país y de los sindicalistas.
3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “(…) individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos” (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “…la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2) 
Finalmente, solicitamos a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, gremiales y de derechos humanos a rodear al compañero FREDDY GÓMEZ y pronunciarse en contra de las amenazas proferidas en su contra.
Los invitamos a que se solidaricen dirigiendo sus pronunciamientos a las siguientes instituciones:
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26;
Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 562 9300
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente De La República De Colombia
Carrera 8a No.7-57.
Teléfonos (57 1) 444 2120, 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tel: 091 – 2871960
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Carrera 5ª nro. 15 – 60 (Bogotá)
PBX: (571) 5878750
LUIS CARLOS LEAL
Defensor del Pueblo regional Risaralda
Dirección: Calle 25 No. 7-48 Pisos 11 y 12 (Pereira – Risaralda)
Teléfono: (57) (6) 3240165 – 3240378
Fax: (57) (6) 3240221
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS –OACNUDH-
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

Comité de Derechos Humanos
Ignacio Torres Giraldo -ITG MODEP-
NOTI – JUDICIAL
ORGANO INFORMATIVO DE ALTERNATIVA JUDICIAL
EXPRESION DE RESISTENCIA OBRERO – POPULAR
AL INTERIOR DE LA RAMA JUDICAL DE CALI
Mayo de 2012
Boletín Extraordinario No. 004
LA REFORMA A LA JUSTICIA
Estamos definitivamente a un Estado que constitucional y legalmente se aparta de su concepcion filofosofica contenida en el preambulo y articulo inicial de la carta politica de 1991.
No es un Estado Social de Derecho, y lo podemos refrendar con las constantes afrentas desde el Ejecutivo y el Legislativo Nacional, en temas tan deversos y complejos como en los que la historia politica y social del país, resulta tan afectada, como evidentemente lo esta con la aprobación de la REFORMA A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, porque lo único que se hizo, es legislar en contra del pueblo colombiano al privatizar el aparato judicial, somos concientes que al interior del mismo hay problemas serios y mayusculos, que lamentablemente son ocasionados por la desidia y negligencia del mismo Estado, para suministrar mejoras sustanciales en el modelo de administración de justicia actual, no hay recursos econòmicos para recuperar y reconstruir el palacio de justicia de Cali, “Pedro Elias Serrano Abadia” y el traslado de los despachos y servidores judiciales sigue siendo incierto, mientras tanto, los contratos de arrendamiento de los edificios seguira desangrando el escueto presupuesto asignado.
Edificaciones que están a cargo de la Direccion Nacional de Estupefacientes, porque le fueron incautados a personajes o bandas delincuenciales, esta dependencia se los entrega a particulares, y el Estado tiene que contratar con terceros, es un beneficio para el lucro individual de estos particulares, pues a la administración judicial de cali, le toca pagar arriendo, servicios públicos y reparaciones locativas de tales construcciones incomodas para el funcionamiento de oficina y de recepción de grandes flujos de usuarios que padecen igualmente de las incomodidades tales como: espacios confinados, sin iluminación ni ventilación, con ascensores obsoletos, procesos en las cocinas de los apartadespachos judiciales, con fugas de gas domiciliario y olores de comidas en otros.
Pero el tema es la reforma y sobre este hay mucho de donde informarse en esta edición les comparto algunos documentos que me han llamado la atenciòn y que considero pertinente reproducirlos en el ánimo de poder sensibilizar no solo a la base de asonal judicial, misión que me compete por ser el fiscal de la organizaciòn sindical en la localidad, sino a los usuarios (abogados y público en general) que tenga la oportunidad de leer estos documentos.
NO es posible que la oligarquia nacional, representada en los padres de la patria Ministros, Congresistas dicten leyes que los excluyen de investigaciones penales por sus actuaciones contrarias a la ley,  en el texto de la actual acto legislativo son 170 los congresistas que se beneficiaran de tal norma, y quienes siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por su participación y nexos con los paramilitares, por entregar licencias mineras de manera fraudulenta, por robarse el dinero destinado al pequeño campesinado (Ahorro Ingreso Seguro), por favorecer la reelección de Alvaro Uribe Velez (yidispolítica) y otras conductas oprobiosas en contra del pueblo colombiano.
Esos son los padres de la patria, los que salen cada 4 años a engañar al pueblo colombiano prometiendo bienestar, trabajo, vivienda, salud, educación, pero que cuando llegan a sus confortables sillas del Congreso de la REpública, se olvidan de todo lo prometido y comienza a vender la soberania nacional, a hipotecar la malla vial al capital privado, a privatizar los servicios públicos como educación, salud y hoy justicia.
Seremos los colombianos de bien, convencidos de la instauración de una verdadera democracia, capaces de movilizar a la nación no solo para oponernos de manera coyuntural frente al adefecio de la reforma a la justicia, si no que por el contrario, avancemos en términos de luchar incansablemente por los cambios estructurales que requiere el país, por derrocar este régimen de despojo y desolación?.
La respuesta desde mi punto de vista, es que SI, y es hora de arrancar con esta propuesta, colmemos los salones, auditorios, universidades, fábricas, salgamos a las calles a construir de manera colectiva el nuevo rumbo de los y las colombianas.
Abrazo revolucionario,
 DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Afiliado a Asonal Judicial
Ejecutivo CUT – Valle del Cauca
Dpto. Lucha Contra ETN’s y Solidaridad

 

IN MEMORIAN: JAIRO MARTINEZ – MISION DE LA OEA CONDENA SU ASESINATO

El campesino Jairo Martínez, quien fue asesinado el pasado viernes en Sucre, era líder de quienes reclaman la restitución de tierras en los Montes de María.

La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó el asesinato del reclamante de tierras Jairo Mejía Martínez.
“Mejía Martínez, estaba participando como reclamante en los procesos de restitución de tierras casi desde el inicio de la Ley 1448, y ya había sido víctima de un atentado hace casi un año atrás”, señala el comunicado de prensa.
Para la OEA, las amenazas y asesinatos de reclamantes de tierras, son hechos graves que dificultan seriamente el proceso de buscar la reparación integral de las víctimas del conflicto en Colombia.
“Nos sumamos al llamado del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que el Estado ponga todos los recursos a su disposición que permitan esclarecer los hechos, investigar y juzgar a las los responsables” , señala un aparte de la comunicación.
Por su parte, Marcelo Álvarez, jefe de la misión de la OEA en Colombia, expresó su apoyo a los seres queridos de la víctima y su interés en seguir luchando por las personas afectadas por el desplazamiento.
“Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia del señor Mejía y reiteramos ante estos hechos que con más empeño y trabajo daremos todo nuestro apoyo para acompañar a la sociedad y al Estado colombiano en sus esfuerzos por restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado, y por reparar integralmente a las comunidades afectadas del país”, puntualizó Álvarez.
El crimen de Mejía Martínez, de 46 años, ocurrió el viernes por la noche en una finca en una zona rural de Montería, en el departamento de Córdoba. Dos hombres llegaron en una moto a la finca, buscaron a Mejía y le dispararon tres tiros, dijo este domingo el comandante de la policía en Córdoba, coronel Jaime Ávila.
Agregó que la víctima no había reportado amenazas en Montería y que trabajaba como obrero en la finca, que no era del lote que reclamaba.
Las tierras que exigía estaban aparentemente en la zona de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, en donde el 10 de marzo de 2010 había sido detenido por la policía, unidades de la Armada y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General, por una orden pendiente por rebelión por ser presuntamente parte de las Farc, dijo el jefe policial.
Miembros del no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, que colabora con campesinos en sus reclamos de tierras despojadas por grupos armados ilegales, dijeron que de momento carecían de datos sobre la víctima y qué tierras reclamaba exactamente, pero que estaban averiguando en Carmen de Bolívar con sus parientes.

Colombia, año 2011, triste liderato del ranking de sindicalistas asesinados

 En octubre se celebrarán las elecciones presidenciales venezolanas, y los noticieros burgueses nos recordarán machaconamente que se hace necesario enviar observadores internacionales y acompañantes acreditados para la supervisión de los comicios, que “corren peligro de ser amañados y ensuciados por el oficialismo/chavismo”. Una nación rebelde, antiimperialista y posneoliberal paga por su “osadía” el precio de no continuar subida al carro de los malhechores con credenciales “modernas y democráticas”.
Esto explica que con Colombia se tienda a hacer la vista gorda cada dos por tres, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos que en se país se cometen, casi como si de una cancerosa tradición nacional se tratase. Los pueblos no son malvados. Determinados gobiernos o políticas concretas de los mismos sí lo son.
El régimen colombiano no es el único en la región que parece en ella una muela cariada. Lo que pasa es que destaca en su especie como un carnicero “natural”, que porta en una mano los principios del Estado de Derecho, y la jeringa con solución letal en la otra. Contra las reivindicaciones populares todo vale, según el sistema oligarconarcoterrorista. Y por vías expeditivas, es más fácil y rápido. 
¿Hasta cuándo señoreará en este contexto la impunidad prácticamente plena o la insuficiente represión y prevención de las truculencias?
 La coordinadora del texto sobre violaciones de los derechos sindicales de la CSI, Sara Hammerton, señaló que con 56 sindicalistas asesinados el año pasado Latinoamerica es “región más peligrosa para los líderes de los trabajadores”.
Hammerton agregó que 29 muertes ocurrieron en Colombia y otras 10 en Guatemala, con respecto a 76 asesinatos de sindicalistas registradas en todo el mundo el año pasado.
Acotó que en 2011 se reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano, a través de un fallo judicial, en la muerte de un sindicalista, hecho ocurrido en 2004.
En tal sentido, Sara Hammerton subrayó que los homicidios son extremadamente grave y recordó que 184 fueron los líderes sindicales asesinados en el país suramericano en 2001.
Resaltó que el segundo caso latinoamericano que más preocupa a la Confederación Sindical Internacional es el de Guatemala, que “sigue a Colombia de cerca y se convierte también en un país muy peligroso para los sindicalistas”.
“Cuando hay un sindicalista que es asesinado no hay ninguna investigación para encontrar al responsable y determinar cómo ocurrió. Este es un gran problema en Guatemala”, manifestó la coordinadora del informe.
Por su parte, la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, indicó que el grupo más vulnerable de trabajadores lo constituyen cerca de 100 millones de trabajadores y trabajadoras que apenas conocen sus derechos y no disponen de ningún medio para defenderlos.
De acuerdo con un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es uno de las naciones con peores índices tanto de libertad sindical, como de derechos laborales.
Realizadores de la investigación contabilizaron más de 2.800 homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados entre 1984 y 2011.
Nos informaron AFP y TeleSur.

CONVIVIENDO ENTRE YUPPIES , EL ASISTENCIALISMO Y EL NO FUTURO

foto:blog.cdelrio.com

Introduccion: Javier Lopez B.

encontré por casualidad el articulo que a continuación compartimos con ustedes, estaba en un blog  Mexicano, http://doscabezasunmundo.blogspot.com   y aunque la fecha de publicación es del 13 de noviembre de 2010, no hay que negar su vigencia, porque entre otras cosas  los yuppies no solo los encontramos en México, no, están en la mayoría de los paises  latinoamericanos y sus gobiernos neoliberales dependientes de las potencias económicas, los capitalistas y  la banca internacional,  con excepción de Venezuela, nicaragua,ecuador,cuba en donde gobiernos populares le han cerrado la puerta en las narices al neoliberalismo.
hay sin embargo algo preocupante, en la medida  en que el modelo empobrece  la sociedad, en la que los problemas sociales crecen y se desbordan, las élites recurren  al aumento de la represión  y el enajenamiento  de la sociedad, la gente del común parece tener menos fuerzas para luchar y se habitúa a la queja permanente, pero sin comprometerse con la lucha, que si la situación esta dura, que si la corrupción, que si la politiquería, etc, ademas las personas de mas bajos recursos  están a la espera de la migaja tirada desde la mesa del festín, terminan dependiendo del existencialismo y no les importa dar su voto a cambio de un mercado o X cantidad de dinero, así vean comprometido con ello el futuro de sus hijos, ejemplo concreto lo podemos ver en  el programa impulsado en el gobierno del uberrimo en Colombia , con sus familias en acción, las Características de este programa son: Cada familia que cuente con hijos menores de siete años recibe cada dos meses, un solo auxilio de nutrición. Cuando la familia tiene hijos cursando primaria o secundaria recibe auxilios cada dos meses por cada uno de ellos.

la Entidad ejecutora es la  Presidencia de la República  y la oficina de Acción Social( dependiente de la presidencia).el resultado final, muchos de estos dineros o son utilizados no para la alimentación  y educación de los niños, sino  para la compra de artículos suntuosos o terminan en manos de los mas vivos, padres y madres abusadoras, mientras los niños recurren a la venta callejera o la mendicidad ( que para el caso es lo mismo), de todas maneras este programa es utilizado como fortín electoral, ver: 

Familias en Acción: más subsidios, más votos, http://www.lasillavacia.com/historia/16024?page=4  mucho se a advertido que gran cantidad de los votos obtenidos por Uribe  y por su sucesor  Santos proviene de ahí, es por lo tanto también un nido de corrupción y politiquería barata.

es entonces un reto para los movimientos sociales y partidos de izquierda buscar alternativas que les permitan llegar a estas personas y hacerles entender que estos yuppies neoliberales  en vez de ayudarlos, los están es condenando a la miseria eterna  a ellos y a sus hijos,  o como en la película colombiana al No Futuro ( Rodrigo D No futuro) .

titulo original del articulo:

Conviviendo entre yuppies.

En México, el término yuppie designa a los jóvenes de la élite de hijos de ricos que estudian en universidades privadas y a los cuáles les forman en una ideología llena de prejuicios y menosprecio hacia las clases bajas del país. Han sido un factor clave en la propagación de la ideología neoliberal en México como intento de contrarrestar cualquier posibilidad de un pensamiento libertario distributivo y democrático. La principal tara que tenemos en las elites y las clases medias altas es precisamente la imposibilidad de encarar los problemas nacionales.

La ideología de los yuppies ha sido destructiva pues ha reforzado en la elite la idea de que sin estado, con el puro mercado y su dinámica existe una posibilidad de desarrollo nacional. Tres décadas de fracasos y la caída del crecimiento económico han sido insuficientes para que estos jóvenes formados en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anahuac, el ITAM, la Escuela Libre de Derecho puedan rebelarse contra las taras mentales que les enseñan y en un esfuerzo nacionalista se resuelvan a la defensa del país. Estos yuppies son incapaces de tener un razonamiento crítico acorde a la necesidad y la emergencia nacional.

El resultado de su visión inspirada en Milton Friedman, en Hayek y en una derecha recalcitrante y neoliberal tiene ya consecuencias claras contra ellos mismos. La visión de que es el mercado y no el fortalecimiento del Estado ha terminado en dos problemas centrales en el México de hoy. Por una parte, la informalización económica trae en consecuencia que la mayor expresión del mercado sin  trabas se de en el narcotráfico. Allí tienen como el mercado llevado a sus límites de la desregulación puede terminar con la legalidad y el debilitamiento del Estado.

Se lamenta mucho que jóvenes de Monterrey mueran en la acción del ejército contra narcotraficantes, pero esto es consecuencia de dos cosas. La debilidad de un Estado y sus instituciones para aislar una actividad ilícita que evidentemente ha penetrado no sólo la clase política sino a los empresarios de la elite y por ende teje redes de contratación de las generaciones jóvenes en este país.

La ideología política y económica neoliberal no ha traído en México el fortalecimiento del empleo legal, sino del desempleo y la actividad informal ilegal. Esto ya debería ser suficiente como para que empezaramos a desecharla y los profesionales de estas instituciones comenzáramos a pensar en una salida conjunta, tanto de profesionales egresados de estas universidades, como de universidades públicas.

He sido compañero de profesionales del TEC y del ITAM en la última fase de mi colaboración en una dependencia del gobierno federal, después he sido docente de universidades privadas que mantienen esta ideología. No me parece que polarizar a las clases sea una buena salida y mucho menos menospreciar a los de abajo. El país es uno solo y si se hunde, nos hundimos todos, no me gustaría jamás verme lejos de mi país, autoexiliado porque naufragó definitivamente.

El problema que tienen es que además de toda esa ideología falsa de dizque liderazgo e iniciativa empresarial, se encuentra una curricula oculta de menosprecio y esa produce el odio de los de abajo contra los de arriba.

Hace muchos años, en Monterrey, por ejemplo, se fue testigo, a inicios del siglo XX, de los experimientos de bienestar social, mucho antes de que al PRI se les ocurrieran. La estabilidad laboral y el empleo bien remunerado derivan en el acrecentamiento de la productividad y no en la volatilidad de la mano de obra. Un pensamiento que plantea que sin defensa de derechos y sin organización legal y equilibrada de los trabajadores, es posible la productividad, se convierte en enemigos dogmáticos de las asociaciones laborales y por lo tanto en enemigos de la propia productividad en favor de la inestabilidad social.

Hoy requerimos un esfuerzo mayúsculo para dar educación a millones de jóvenes sin empleo y sin escuela, un bono demográfico que tiene que redundar en el aumento de la productividad del país. Los que no pueden pagar educación requieren más escuelas públicas y quienes pueden pagarla requieren más escuelas privadas. Se requiere absorver a los millones de jóvenes que año con año se quedan sin escuela en la educación media superior y en las universidades.

La pirámide poblacional se invierte, como ya se observa en el cierre de los turnos vespertinos de las escuelas básicas, quiere decir que la oleada de jóvenes no durará mucho y que posteriormente esta mano de obra laboral será mucho menos numerosa. La inversión educativa requiere aumentar la capacidad de la educación media y superior.

La generación actual educada en el desprecio a las universidades públicas y creyente ferrea de que sin Estado y con absoluto mercado es una generación cuya ideología es muy destructiva. Las escuelas privadas sin abandonar su visión empresarial y de productividad, tienen que comenzar a revalorar el papel de la reconstrucción del Estado y de la visión de un país realmente democrático. Una enseñanza que no crea la percepción de que un país gobernado por una oligarquía no es un país democrático y por el contrario, defiende a nuestra oligarquía y a la cleptocracia nacional como la quinta esencia del desarrollo, es una educación inútil. Yo tengo por allí varios ejemplos de esta visión retrógrada, obtusa y peligrosa para el país.

No tenemos porqué confrontarnos con los profesionales de las universidades como el Tec de Monterrey, es hora de trabajar conjuntamente. No queremos más muertos de jóvenes que requiere el país

Tribunal Mundial de Libertad Sindical, “Sindicatos de Colombia contra R. de Colombia s/ Violación Principio de Libertad Sindical” (Causa No. 001/ 2012.),

Tribunal Mundial de Libertad Sindical

COLOMBIA

Bogotá  D.C.,  veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).

El Tribunal Mundial de Libertad Sindical  integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado  “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente

 sentencia

 I.-objeto de la controversia

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012.

 

En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la República de Colombia, alegándose que los trabajadores de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de 1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno”.

 Dice la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.”

 Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

 II.- Competencia

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales  de diferentes países, ajenos a la controversia planteada.

 Decíamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical – Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical.

 Es un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia sobre la degradación  de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país. Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

 El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen.

 Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

 

Cuando la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

 III.- Trámite ante el Tribunal

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y  pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa.

 Paralelamente, se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

 IV.- El marco normativo

Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25, 39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y 154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical.

 También se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

 Por último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros” (02/02/2001) y “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).

 El Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del “ius cogens” o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

 V.- La libertad sindical

Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrática. Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

 La función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

 La libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I.T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.

 Las normas constitucionales y la ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en Colombia. Pero lo  verdaderamente esencial es el grado de aplicación efectiva de esa normativa. Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad.

 

Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación colectiva es un burdo simulacro. Pero la más grave violación de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una  evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor aún, cómplice.

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.      

 La O.I.T ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios núms. 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida”.

 (Véase Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306.º informe, caso núm. 1903, párrafo 489, 331. Informe, casos núms. 1937 y 2027, párrafo 106; 327.º informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268, párrafo 755.) 

 La experiencia indica, que el ejercicio de la libertad sindical está claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la protección de los sindicatos.

 En un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

 Estrechamente vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima de impunidad e inseguridad  existentes.

 Las restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

 

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad.

 

VI.- Sobre los hechos comprobados

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando mas allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas.

 Está demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la formación de nuevos sindicatos. En 1970 había una sindicalización del 14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por la negociación colectiva.

 Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado. Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados.

 La violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes. Otro fenómeno similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible sindicalización.

 Este Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.

 Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado  colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

 El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que actúa según sus propios intereses.

 Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial.

 Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

 En Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueño ignora.

 

La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos. El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

 Es lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo. El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrática y moderna.

 En este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables.

 Tales condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría.

 

La protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

 

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la actividad sindical en el país es de alto riesgo”.

 

VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA

1.   Aún está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.

2.    Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.

3.  Frente a más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva
es prácticamente marginal.

La negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los 19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo 124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo. 

5. La Ley 1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposición.

6.    El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.

7.  El Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación”  se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, lo  procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

 VIII- Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de asociación y negociación colectiva,  persecución sindical, criminalización de actividad sindical.

Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.

 

IX. En mérito  de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada,  El Tribunal Mundial de Libertad Sindical,

RESUELVE:

 

1.    Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.

2.    Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.

3.    Exigir al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.

4.    Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigirá a la casa matriz.

5.    Poner en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para realizar los trámites de notificación.

6.    Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.

7.    Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.

8.    Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad Sindical en Colombia.

 

Redactado en español, en Bogotá, el 25 de mayo de 2012

 Notifíquese y cúmplase

Firmados,

 Luis Enrique Ramírez                           Lydia Guevara Ramírez

Presidente                                             Secretario

 Luiz Salvador           Oscal Alzaga            Gretel Hernández Oliva

Magistrado                Magistrado                Magistrado

 José Luis Contreras Montes                    Sebastian Viscuso

Magistrado                                                 Magistrado

Mariana Muñoz Marín

                                        Secretaria Adjunta

NUESTRO PRIMERO, EN RESISTENCIA… SEGUIR LUCHANDO. …(ENTREVISTA A WILSON ARIAS EN RADIO MUNDIAL Y SALUDOS DE CENTRALES OBRERAS)

entrevista a Wilson Arias en radio mundial fm

 

SALUDOS DE REBELDÍA Y RESISTENCIA POPULAR
PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO.
Por: Diego Escobar Cuellar
Dpto. Lucha Contra ETN’s y Solidaridad
Subdirectiva CUT – Valle del Cauca – Colombia.
Este primero de mayo de 2012, tuvo un significado muy especial para la clase trabajadora en el Valle del Cauca, ubicado en el sur occidente colombiano, pues a pesar del luto por el recién asesinato del compañero Daniel Aguirre de Sinalcorteros, también fue una jornada colmada de gritos de denuncia, de llamado a la unidad de la clase popular, de rebeldía, de periodistas libres que no venden su conciencia al amo del medio de comunicación y que expresan sus miradas en las paredes, puede ser el preludio de grandes eventos unitarios de movilización, de preparación del paro nacional en contra de todas las políticas neoliberales impuestas a raja tabla por la rancia oligarquía nacional y sus aliados los inversionistas nacionales y extranjeros.
A lo largo del recorrido con un colorido de atuendos, pancartas, pasacalles y banderas, fuimos un caudal de inconformes que nos negamos a ser esclavos del sistema capitalista y que antes por el contrario estamos dispuestos a sensibilizar, organizar, preparar mayores jornadas en el sur occidente colombiano.
Nos permitimos recordarles a los que no salieron, a los que se apostaron a lado y lado de la marcha con una actitud desprevenida, o de silencio indiferente, que en Colombia como al igual que en la mayoría de los países del mundo en donde se aplica el modelo neoliberal y su fase globalizante de mercados. “Que los derechos de los trabajadores desde hace ya 126 años de lucha decida obrera en las calles, no han sido otorgados por la benevolencia de los patrones o gobiernos, sino que por el contrario han sido arrebatados y conquistados a través de la lucha, de la negociación colectiva, de la huelga, y del paro cívico”.
Que tales logros, se deben justamente, a luchas arduas y multitudinarias de alianza obrero, popular y campesina, que durante años de sufrimiento, dolor, persecución y muerte de quienes se han atrevido a mantener su frente altiva, su voz de denuncia, su pensamiento libertario y sobre todo de convocatorias enmarcadas por la unidad de la clase –del proletariado- que desde la lucha de clases, han conservado su ideología y lucha a favor de la desigualdad, del marginamiento, la exclusión, de los altos costos de la canasta familiar, el déficit de vivienda, en contra de la privatización de las empresas rentables del Estado, de la mercantilización de la educción y la salud, de los elevados costos de la gasolina como detonante de la carrera alcista y arancelaria en el país, en contra de los atropellos de los empresarios y gobierno frente a los trabajadores privados y públicos, por la defensa de la soberanía nacional, por una verdadera reforma agraria que dignifique al campo y al campesinado colombiano, por la eliminación efectiva de la subcontratación laboral y por la contratación laboral directa, por la nacionalización de los hidrocarburos, el agua y las riquezas minerales, por la preservación del medio ambiente, el respeto de las culturas ancestrales y milenarias.
El trabajo, cualquiera que sea la forma, otorga al ser humano una condición digna de vida, estimula la creación y fortifica el espíritu solidario del individuo, por ello fue catalogado como un derecho fundamental por el constituyente de 1991; la falta de estabilidad laboral producto de la tercerización, los pactos colectivos y contratos sindicales, mala remuneración, la polifuncionalidad, la persecución sindical, el desempleo, falta de seguridad social y en fin, las condiciones infrahumanas de trabajo auspiciadas por empresarios y gobiernos, van en detrimento de la Constitución Política de Colombia, y de la dignidad del trabajador y su núcleo familiar.
Los Vallecaucanos a través de la historia, nos hemos vistos obligados a trasegar por varias de estas condiciones adversas; la historia obrera regional está signada por la esclavitud en las jornadas de trabajo como se evidencia en el corte manual de caña, los operarios del Puerto de Buenaventura, los mineros de Jamundí, Vijes, el ejercito de desempleados que llega a más de 700.000 y que deambulan por andes, calles y semáforos del departamento. En virtud de ello, cabe la oportunidad para que cada organización sindical, reconstruya su historia, sus luchas, las conquistas y su dirigencia.
El Estado, llámese presidentes, ministros y congresistas, han burlado a los trabajadores colombianos de manera sistemática y recurrente, pues desde 1.991, en la Carta Política quedó plasmado en el artículo 53 el Estatuto del Trabajo, y justamente por los compromisos y claudicaciones con los mal llamados inversionistas, no han legislado frente a la estabilidad laboral de los trabajadores –contratación directa, eliminación de la subcontratación, su efectiva, pronta y actualización del salario, la aplicabilidad del mínimo vital y móvil, la jornada laboral, condiciones en el sitio del trabajo, la protección a la mujer cabeza de hogar, a la trabajadora embarazada, eliminación del trabajo infantil, el pago oportuno y con el debido poder adquisitivo de las mesadas para los más de 7 millones de jubilados y pensionados que tiene el país.
Por tanto, nos corresponde a los trabajadores sindicalizados o no, jóvenes que serán las futuras generaciones de dependientes, los jubilados y pensionados, construir nuestras propias reivindicaciones en esta materia, por lo que se continua en la propuesta de convocar a un “Referendo Popular Constitucional” para que previa las discusiones propias del estatuto del trabajador, salgamos a recolectar más de 4 millones de firmas y le demos una lección de democracia a aquellos que la quebrantan a diario, pero que se jactan de ser los gobernantes y candidatos del pueblo.
Nosotros quienes estamos temporalmente al frente de la conducción obrera y del movimiento sindical, recordamos con honor a los hombres y mujeres que dejaron marcada su lucha en la memoria colectiva del pueblo trabajador – Camilo Torres Restrepo, Jorge Ortega, Jorge Eliecer Oviedo, María Antonieta Mercury, Jaime Pardo Leal, Fidel Castro, Dionisio Hernán Calderón, Henry Cuenca, Jesús Orlando Crespo Cárdenas, Héctor Daniel Useche, Daniel Aguirre, entre muchos otros; quienes nos enseñaron con su ejemplo vivo, que los derechos de los trabajadores son indelegables e irrenunciables y que quienes osen quebrar éste legado, deberán ser tildados y expulsados como traidores de la clase obrera y del movimiento sindical y popular.
De igual manera, nos permitimos elevar la siguiente proclama:
Saludar a todos los trabajadores de todo el mundo que libran intensas luchas por que se respeten sus derechos y dignidad, situación que los coloca en la mira de los eternos enemigos de la clase trabajadora, quienes en su afán de amasar fortuna violan los elementales derechos de los trabajadores en complicidad con gobiernos corruptos y entreguistas.
Declaramos nuestra vocación unitaria, solidaria y clasista con las diversas expresiones obreras en el país, reafirmando nuestro compromiso de luchar en contra de las violaciones a los derechos y dignidad de los trabajadores y expresamos nuestra convicción de seguir contribuyendo en la construcción de una patria libre, democrática, soberana y colmada de bienestar general, en paz, con justicia social y por el hermanamiento de los pueblos del mundo.
Reiteramos que en Colombia no hay respeto por los derechos laborales de los trabajadores, se criminaliza y sataniza el derecho de Asociación Sindical, la Negociación Colectiva, y la Huelga como expresiones de inconformismo y exigibilidad propias de la clase obrera.
En materia de Derechos Humanos, Colombia sigue ocupando los primeros lugares en el mundo en desplazamiento interno, los falsos positivos, delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado, en fosas comunes, e impunidad judicial frente a los responsables de tan repugnantes hechos.
Rechazamos el paquetazo legislativo de Santos Calderón de implementar reformas para golpear y reprimir más al pueblo Colombiano en materia Laboral, Fiscal, Prensión, Salud y Seguridad Ciudadana.
Luego de casi 100 días de gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, el clima de desigualdad, exclusión y marginalidad social y política en que vivimos los colombianos en nada se diferencia con el anterior gobierno de Uribe Vélez, aunque los medios masivos de comunicación afines, se empeñan en ocultar la realidad nacional que no es otra que la infiltración en la política pública del Estado de las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo, y ahora los inversionistas extranjeros, el fenómeno de la corrupción, el clientelismo, la demagogia gubernamental de unidad nacional, lejos de buenas intenciones por satisfacer las más sentidas necesidades del pueblo, lo que hace es profundizar la brecha que agencia el conflicto social y armado en nuestro país.
Expresamos nuestro hermanamiento y solidaridad con los pueblos de Cuba, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Afganistán, Siria, Libia y Palestina, en su lucha por el pleno ejercicio de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, el derecho a sostener relaciones bilaterales con otros pueblos, y por la nacionalización de sus riquezas naturales.
Igualmente nuestro abrazo solidario y de clase, a los miles indignados de Europa y EEUU que luchan por cambios profundos en las políticas sociales de sus países.
Felicitamos por su asistencia y compromiso social y político con esta gran gesta obrera popular a nuestras organizaciones sindicales filiales: Anebre, Sintraincapla, Sintraicollantas, Sintramunicipio Cali, Jamundí y Yumbo, Sugov, Sintracolpa, Sintranore, Pequeños Comerciantes, Sutev, Asonal Judicial, Sintraemcali, Sintraunicol, Sinalserpub, Sinservim, Ascontrol, Sintrahospiclinicas, Sintradian, Uneb, Sintracarcol, Sutimac, Sintraelecol, Sinaltrainal, Sinalcorteros, Unimotor, Sindicons, Sindesena, Sintraquim, Anthoc, Sindimedilegal, Sinties, Sintraime, Sintracihobi, Ases, Sintraiss, Sintramienergetica, Sintramasivo, Sintradit, Sintrafe, Sintrabancol, Asdecol, Aseconcali, Sintrahoincol. A las organizaciones hermanas filiales de las centrales CGT, CTC, a la CPC, colectivos estudiantiles de secundaria y universitarios, los espacios de convergencia: Comando Departamental Unitario de Paro, Movice, Pastoral del Trabajo, Minga Valle, Gran Marcha Patriótica, Usuarios de SSPP, Galería de la Memoria Tiberio Fernández, FCSPP, sectores populares, indígenas, CPDH, los grupos culturales y comparsas, entre muchos otros.
Santiago de Cali, Mayo 2 de 2.012.
 
QUE VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
POR EL ESTATUTO DEL TRABAJADOR
POR EL SINDICALISMO DE INDUSTRIA
QUE VIVA EL 1º DE MAYO
UNITARIO Y REVOLUCIONARIO
DECLARACION CONJUNTA 1° DE MAYO DE 2012
Saludamos en nombre de las Centrales Obreras y el Comando Departamental Unitario de Paro, a todas y todos los presentes, a las Organizaciones y Movimientos Sociales de la región, del país y del mundo entero, que han salido hoy masivamente a las calles de las principales ciudades, para conmemorar el 1° Mayo y exigir mejores condiciones laborales y salariales para la clase trabajadora.
Saludamos de manera especial al movimiento estudiantil MANE, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la Cumbre de los Pueblos y la Marcha Patriótica, procesos que con su trabajo contribuyen a la unidad y fortalecimiento de la movilización y la protesta social como parte de las acciones para confrontar el modelo neoliberal en Colombia.
En un día como este recordamos el sacrificio valeroso de los “Mártires de Chicago” ajusticiados en 1.886 por su participación en la “Revuelta de la Plaza de Haymarket” en la brega por bajar las extenuantes jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, y lograr lo que se denominó los tres ochos (8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estudio), desde entonces se conmemora esta fecha en la mayoría de países, porque estos acontecimientos siguen teniendo gran significado para la clase trabajadora y los pueblos del mundo en sus luchas actuales.
Cada vez son más los países donde sus pueblos se levantan, para expresar la inconformidad que existe con el Sistema Capitalista Mundial, en un hecho sin precedentes que mantiene en vilo a las grandes potencias, una prueba del malestar general es lo ocurrido en países como Libia, Siria, Portugal, Egipto y España entre otros, donde la clase trabajadora y diversos sectores sociales vienen levantándose mediante diferentes formas de rechazo a la opresión y a la intervención imperialista, exigiendo respeto por la soberanía y el derecho a su autodeterminación.
El Capitalismo implementa políticas que favorecen de manera exclusiva, a un pequeño grupo de multinacionales que en la actualidad concentran casi toda la riqueza del planeta, situación mucho más acentuada durante la fase imperialista, que con su vigencia aceleró la explotación indiscriminada a los recursos del planeta e implemento como una política, la violación a los derechos de las comunidades y de la clase trabajadora en todo sentido, dejando a su paso desplazamiento, muerte, hambre y destrucción.
El gobierno colombiano por su parte manipula las verdaderas cifras sobre la realidad social y laboral del país, ocultando los altos índices de desempleo, informalidad y tercerización laboral, llevando a una condición de esclavitud moderna a la clase trabajadora. En el caso de los trabajadores informales, los elevó a la categoría de empleados, incluyéndolos como parte de la población económicamente activa, que goza de protección social, con un salario fijo y las demás garantías laborales de Ley, lo cual no es cierto. Pero mientras los salarios se bajan y la calidad del empleo se deteriora, el gobierno impone nuevos impuestos, alzas en los precios de la gasolina, el transporte, los alimentos y el costo de vida en general, llevando al pueblo colombiano a mayores niveles de miseria y de pobreza.
Pero la actual situación en el caso del Valle puede agudizarse aun más como consecuencia de la disputa por el poder, entre la clase política tradicional y un sector del narcotráfico enquistado en el gobierno, disputa que ha conllevado a una crisis en el control de las instituciones públicas, como también a mayores índices de corrupción y clientelismo. Realidad que sumada a la revaluación del peso respecto al dólar por la alta inversión extranjera, puede desestabilizar en cualquier momento la economía regional y nacional, dejando al país en una evidente banca rota, solo con el retiro masivo de dichos capitales.
Nuestra lucha busca erradicar estas nefastas políticas capitalistas y globalizadoras que solo han generando más dependencia y mayores niveles de sometimiento, alcanzando cifras de pobreza y desempleo sin precedentes, donde se degradan las condiciones laborales mediante la tercerización laboral, contratos de prestación de servicios y otras formas de sub contratación, además se cierran empresas para acabar con los sindicatos y sus conquistas laborales obtenidas durante décadas, forzando a los despedidos a recurrir al rebusque en las calles, engrosando las filas de la informalidad, tal es el caso en el Valle del Cauca con empresas como EMSIRVA, SIDELPA, SACOS DE COLOMBIA, KRAFT FOODS y LADRILLERA LA CANDELARIA, que entre otras, fueron cerradas por la intransigencia patronal y las políticas neoliberales de empresarios y gobierno.
Parte de la estrategia de saqueo se ha dado también, mediante la instalación en territorio nacional de bases militares norteamericanas, vulnerando la soberanía y convirtiendo a nuestro territorio en parte táctica de su guerra, orientada a garantizar el control del hemisferio sur del continente, y lograr sin contratiempos la depredación de los recursos naturales, con el amparo del servil gobierno de Santos y su política de las cinco locomotoras.
E.E.U.U. en su afán de superar la actual crisis de superproducción que vive, ha pretendido imponer a toda costa, sus políticas de Libre Comercio, forzando a suscribir tratados en desigualdad de condiciones, creando falsas expectativas a los pequeños empresarios, trabajadores y consumidores colombianos, pero que en realidad busca reventar la economía interna, degradar aun más las condiciones laborales y aumentar nuestra dependencia Agrícola, Industrial y Comercial. En ese sentido desde organismos internacionales como el FMI y el B.M. influenciados por estados Unidos, se direccionan reformas laborales, pensiónales, tributarias, a la educación y justicia entre otras, para aplicar en los países emergentes o mal llamados en vía de desarrollo, entre los que se encuentra Colombia donde actualmente enfrentamos la arremetida de un paquetazo legislativo, inclusive más nefasto que los implementados durante el gobierno de Uribe. Pero la lucha de la clase trabajadora contra estas lesivas reformas, se fortalece cada día y se extiende por muchos países del mundo en un claro despertar de los pueblos para la erradicación definitiva del modelo neoliberal.
Por su parte los movimientos sociales en América no se detienen, tal es el caso de los indignados, los sin tierras, los destechados, las luchas estudiantiles en Chile y Colombia con la MANE y sus avances históricos, además de los brotes de resistencia social en varias naciones del mundo, que van presagiando mejores tiempos para los trabajadores y la humanidad, pero también van evidenciando cada vez más la terrible crisis que vive el capitalismo y las desesperadas salidas que pretenden implementar para no colapsar.
En ese sentido tenemos el reto de luchar contra los efectos de los TLCs ya impuestos y los que se están cocinando con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía e Israel entre otros, acuerdos con los que se busca aumentar nuestra dependencia económica, industrial y comercial, pero sobre todo desestimular la producción interna propiciando el cierre de más empresas y la pérdida de más empleos.
Debemos enfrentar y derrotar las regresivas reformas propuestas por el gobierno al Sistema de Justicia y a la Educación Superior, como también desde ahora salirle al paso a las anunciadas reformas tributaria y pensional, la primera que busca encarecer más el costo de vida de los colombianos y la segunda pretende eliminar el sagrado derecho a la pensión de vejez, desmontar el régimen de prima media, aumentar la edad de pensión y número de semanas de cotización, e incluir el termino de indemnización en vez de pensión, para reconocer a los próximos pensionados, mesadas por debajo del salario mínimo legal. Igualmente rechazamos la decisión del gobierno de liquidar el Seguro Social Pensiones, para entregarle estos recursos al
sector financiero convirtiendo a COLPENSIONES en una entidad lucrativa para sus dueños pero nefasta para sus afiliados.
Rechazamos la negativa del gobierno a reconocerle el justo incremento salarial al magisterio colombiano y respaldamos el paro nacional de 24 horas en el mes de mayo. Exigimos al gobierno nacional la implementación y reglamentación del ESTATUTO DEL TRABAJO, aprobado en la Constitución de 1991. Ratificamos nuestro compromiso de lucha por la defensa del Agua, de la Salud y la Educación pública estatal, como derechos fundamentales que deben garantizarse a todos los colombianos. Exigimos justicia y reparación para las víctimas de la violencia en Colombia, una verdadera restitución de las tierras arrebatas a los campesinos, que se ponga fin a la tercerización y sub contratación laboral, que se reconozca el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos, y se respete el derecho a la huelga, que se efectúe una verdadera reparación colectiva al movimiento sindical por el magnicidio en su contra.
Exigimos el cese de despidos a empleados provisionales y el cumplimiento a los Convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. en especial el 87 y 98, que hacen referencia a los Derechos de Asociación Sindical y de Negociación Colectiva, vulnerados de manera permanente tanto por el gobierno como por los empresarios, alcanzando la escandalosa cifra de casi 40 dirigentes sindicales despedidos en el Valle, desconociéndose la garantía del fuero sindical. En ese sentido rechazamos la candidatura de Angelino Garzón a la OIT por ser el representante del gobierno y de los empresarios, más no de los trabajadores.
Rechazamos la política del gobierno de fomentar la informalidad, y promover la tercerización en todos los sectores de la economía, especialmente el caso de los estatales, corteros de caña, trabajadores de la construcción, salud y portuarios donde existen los mayores índices de sobre explotación laboral. Rechazamos la política de privatización contra las entidades estatales, como ocurre en el Valle con los casos de ACUAVALLE, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, esta última amenazada por una posible escisión en los componente de energía y telecomunicaciones, desconociéndose su viabilidad y rentabilidad como empresa industrial y comercial del estado.
Rechazamos la nefasta Ley de Seguridad Ciudadana, que atenta contra el derecho a la movilización y la protesta social, denunciamos los altos índices de impunidad frente a los crímenes a sindicalistas y exigimos una verdadera erradicación del paramilitarismo en Colombia, actualmente reencauchados mediante la figura de BACRIMs cuyo accionar sigue cobrando víctimas siendo ya 7 los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido del 2012, 4 de ellos en el Valle del Cauca convirtiéndonos en la región más peligrosa del mundo para el ejercicio de la actividad sindical.
Hacemos un llamado a la unidad de acción de los diferentes sectores sociales, para que juntemos nuestras luchas hacia un gran PARO CIVICO NACIONAL, donde la clase explotada alcance la fuerza para lograr las reivindicaciones más sentidas de las masas trabajadoras, derrotemos las fracasadas políticas neoliberales y logremos un país en Paz con Justicia Social, Soberano y Autónomo. Exigimos una salida política y negociada al conflicto interno y el respeto a los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas. Exigimos castigo para los responsables de las víctimas del movimiento sindical y los movimientos sociales, de los cuales más del 90% siguen en la impunidad.
VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA
Y EL PUEBLO COLOMBIANO

 

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Con luto e indignación se conmemora Día de los Trabajadores en Cali, Colombia

En lo que corre del año 2012 en Colombia han sido asesinados siete líderes de organizaciones sindicales y de trabajadores, cuatro de ellos en el Valle del Cauca. El caso más reciente ocurrido el pasado fin de semana fue el de Daniel Aguirre secretario general de Sinalcorteros, organización que agremia a trabajadores del corte de caña del Valle Geográfico del Río Cauca.
Daniel había sido amenazado y hostigado, así como varios de sus compañeros integrantes del Movimiento 14 de Junio también de Corteros de Caña.
Este repudiable crimen se suma a otras amenazas y persecuciones contra los líderes sindicales y sociales, así como a las arremetidas legislativas y administrativas del gobierno colombiano contra el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de Colombia principalmente en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos.
“Es una absoluta desgracia que por ejemplo en estos momentos que se habla de redención del país con el TLC, nos anuncian la salida de 70.000 trabajadoras, madres comunitarias”, protesta Wilson Arias Castillo Líder Político y Congresista del Polo Democrático Alternativo, quien analizó en entrevista con Radio Mundo Real en el marco del 1º de mayo la situación actual de la clase trabajadora de Colombia. Arias destaca la arremetida contra las condiciones de trabajo y también y en paralelo la amenaza contra el derecho a la vida de los trabajadores sindicalizados.
Vastos sectores de trabajadores, estudiantes, padres de familia, amas de casa, desempleados, campesinos e indígenas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia, reclamando garantías laborales y sociales, y rechazando las políticas entreguistas y privatizadoras del gobierno de Juan Manuel Santos.
Asimismo, dialogamos con Jorge Eliécer Aguirre, dirigente de Sinalcorteros, quien valoró el duro golpe que significó el asesinato de Aguirre en el marco del enfrentamiento de los trabajadores con los empresarios propietarios de los ingenios sucro-alcoholeros.
Fotos: Don Palabras
(2012) Radio Mundo Real