En Medellin -SEXTA CARAVANA DE DENUNCIA EN CONTRA DE LAS MULTINACIONALES

Compañeros

Reciban un fraternal saludo, deseando éxitos en sus luchas diarias en defensa de los derechos de los trabajadores.

Como es del conocimiento del movimiento sindical, EL  COMITÉ DE SINDICATOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES  (COSEMCUT) estamos convocando a que se unan a esta lucha que nos compete a todos los obreros y pueblo en general, explotados de este país, creemos que es necesario tomar conciencia y responsabilidad por parte de la dirigencia sindical, estudiantil, popular y campesina para poder confrontar el capitalismo salvaje, representado con la presencia en nuestro territorio de las empresas multinacionales. De hecho  todas las organizaciones sindicales somos víctimas de políticas sistemáticas que emplean estas multinacionales, ya que violentan  derechos laborales y constitucionales que atentan contra la estabilidad laboral y crean desplazamiento forzado dejando miseria y hambre en el territorio colombiano.

Por medio de la presente solicitamos de ustedes la solidaridad económica para poder llevar a cabo la SEXTA CARAVANA DE DENUNCIA EN CONTRA DE LAS MULTINACIONALES, actividad que se realizara el 23 de julio del año en curso, esperamos también contar con la presencia masiva de las organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y campesinas. También estamos convocando a todas las organizaciones sindicales a nivel nacional para que nos acompañen del  22 al 24  de julio en esta gran jornada de denuncia por la ciudad de Medellín. 

Agradeciendo por su atención y en espera de una respuesta positiva nos despedimos con saludos fraternales.

Fraternalmente

COMITÉ COORDINADOR COSEM CUT-ANTIOQUIA

 

Ofelia María Arias Restrepo <pueblosunios>

Colombia es uno de los peores países para trabajar


En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores y, aunque existen leyes, en la práctica no se cumplen, por lo cual los empleados están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas. A esa conclusión llegó la Confederación Sindical Internacional (CSI o ITUC, por su sigla en inglés), una alianza de las confederaciones regionales de comercio que aboga por los derechos laborales en todo el mundo
La CSI presentó esta semana su Índice Global de Derechos con información de 139 países, publicado en el diario The Washington Post. La calificación mide cuánto se protegen los derechos de los trabajadores de 1 (el mejor) a 5 (el peor).

La organización utiliza 97 indicadores diferentes para compilar el índice en relación a la capacidad de los trabajadores para afiliarse a sindicatos, ganar derechos en negociaciones colectivas y tener acceso al debido proceso y al amparo legal. Los países en tonos de rojo más oscuros son los que menos respetan o protegen esas normas internacionales. 

Colombia es el único en Suramérica con una calificación de 5, mientras que en América Latina lo acompaña Guatemala. Haití y Angola, que han clasificado como de los pocos países con más desigualdad social que Colombia, obtuvieron 4 y 2, respectivamente.

En los países con una puntuación de 5, reza el informe, “no se garantizan los derechos y son los peores en el mundo para trabajar. Aunque la legislación especifique ciertos derechos, los trabajadores, en la realidad, no tienen acceso a ellos y están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas”.

El reporte señala que esta calificación predomina en naciones grandes como India y China, que tienen una regulación laboral pobre y desigual.

A países cuyo orden interno ha sido minado por el conflicto –como República Centroafricana, Libia o Siria–, la CSI los calificó con un 5+, es decir, peor que 5.
El caso de Uruguay

En la encuesta general del informe de la situación laboral en el mundo, la CSI también reportó lo siguiente:

En los últimos 12 meses, los gobiernos de por lo menos 35 países han arrestado o encarcelado a trabajadores como una táctica para resistir las demandas por los derechos democráticos, salarios decentes, condiciones y puestos de trabajo más seguros. En al menos nueve países, se utilizaron el asesinato y la desaparición de los trabajadores como una práctica común con el fin de intimidar.

Uruguay recibió un distinguido 1 (al igual que Alemania, Suecia o Finlandia, entre otros) lo cual, según el informe, implica que “los derechos laborales colectivos, en general, están garantizados. Los trabajadores pueden asociarse libremente y defender sus derechos ante el gobierno y/o las compañías, (además de) mejorar sus condiciones laborales por medio de negociaciones. Las violaciones contra los trabajadores no están ausentes, pero no son la norma”.

Por otro lado, la CSI señala a los magnates del petróleo del Golfo Pérsico, donde una gran proporción de la fuerza de trabajo está conformada por inmigrantes, quienes, a veces, “son mantenidos en un estado de esclavitud feudal por sus empleadores y las empresas de contratación que bloquean incluso su capacidad de irse a otros lugares”.

“En países como Qatar o Arabia Saudita -dice el informe-, la exclusión de los trabajadores migrantes de los derechos colectivos de trabajo significa que, efectivamente, más del 90 % de la fuerza laboral no puede tener acceso a sus derechos, lo que lleva a prácticas de trabajo forzoso en ambos países, apoyados por leyes arcaicas de patronaje”.

El informe le otorga a EE. UU. un diciente 4 como señal de “violaciones sistemáticas”: los derechos de negociación colectiva son desiguales a lo largo del país y los sindicatos son mucho más débiles que algunas de sus contrapartes en el norte de Europa.

“Países como Dinamarca y Uruguay abrieron el camino a través de sus fuertes leyes laborales, pero, tal vez, sorprendentemente, otros como Grecia, EE. UU. y Hong Kong se quedaron atrás”, dijo el secretario general de la CSI, Sharan Burrow, en un comunicado de prensa.

“El nivel de desarrollo de un país demostró ser un mal indicador de si se respetan los derechos básicos de negociación colectiva, las huelgas por condiciones dignas (de trabajo), o simplemente para unirse a un sindicato”, agregó.

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-uno-de-los-peores-paises-para-ser-trabajador/388902-3

COLOMBIA: “Nuevos desafíos de los medios de comunicación popular”

¿Cuáles son los encuentros y desencuentros entre los medios de comunicación alternativos y los medios privados, al momento de representar la realidad del Paro Agrario y la movilización campesina de 2013?

Colombia Informa: La relación entre los medios de comunicación alternativos (o populares, o como elijamos llamarlos) y los medios privados, está marcada por un “desencuentro” estructural. Es el mismo desencuentro que se da entre un terrateniente y un pequeño campesino: la existencia del primero implica la condena del segundo. Por ejemplo: está naturalizado que los grandes medios de comunicación privados sean los propietarios absolutos del espectro radioeléctrico que regula las frecuencias de radio y televisión, mientras a las FM vinculadas a las organizaciones populares se las persigue e ilegaliza, y no hay contemplación jurídica para la existencia de proyectos de comunicación popular. El Estado es cómplice y funcional a esta concentración de las vías de comunicación social en mano de los intereses privados.

Pero además de esta correlación de fuerzas brutalmente desproporcional en el plano material, tan importante como eso es el desencuentro entre ambos tipos de comunicación desde el punto de vista político, es decir, del lugar en la sociedad que cada uno ocupa y los intereses que representa. La incidencia ideológica, propagandística y cultural que generan los medios de comunicación en la actualidad es demasiado importante como para subestimar el debate sobre los intereses a los que responde cada medio de comunicación, cada comunicador social o formador de opinión. De la misma forma, consideramos importante desmitificar ideas sobre la “objetividad” de la información e “independencia” de los periodistas. Son nociones mentirosas propaladas por una burguesía que, como clase dominante, se atribuye un rol de supuesta representación de los intereses de toda la sociedad, pretendiendo diluir las contradicciones de clase estructurales en las sociedades capitalistas.

Lo que sucede con los medios de producción en el plano económico también sucede con los medios de comunicación, que no son otra cosa que medios de producción de sentido: los medios hegemónicos son propiedad de esos mismos sectores dominantes, defienden sus intereses, pero predican un discurso que pretende otorgarle al periodismo un lugar neutro, de “obejtividad”. La objetividad no existe de por sí, y menos aún puede existir en una sociedad de clases. Lo que se construye desde los medios (cualquiera que sean) son miradas sobre la realidad, y nuestra responsabilidad es que esas miradas sean honestas, fidedignas, rigurosas… pero nunca “objetivas”, ya que, si esa fuera nuestra propuesta, estaríamos reproduciendo una matriz ideológica de pretendida universalidad e incuestionabilidad de nuestra mirada del mundo, criterios que, o son falsos como sucede en las sociedades burguesas, o conducen a totalitarismos como sucedió en los regímenes (burgueses o no) que se pretendieron portadores de una verdad universal, inamobible, y por lo tanto, inopinable. Nada más lejano de nuestra concepción ideológica de la comunicación. Por eso creemos que, desde el campo popular, también toca reconocer el lugar específico que ocupamos los medios populares de comunicación. No somos neutros, ni “objetivos” ni “independientes” (sí podríamos decir: independientes de los sectores del poder, pero no independientes en sí mismos), porque nuestros medios son parte de un proyecto popular y una ideología popular que busca responder a los intereses de las mayorías oprimidas. He allí el principal antagonismo con los medios privados de comunicación.

Jerarquizar el debate sobre la democratización de la comunicación

En los últimos años, ambos debates: sobre la propiedad material de los espacios y recursos comunicacionales (derechos sobre el espectro radioeléctrico, subsidios o condiciones que debe brindar el Estado para la existencia de medios comunitarios), y por otro lado, el debate sobre el lugar que ocupa la comunicación y la información en la sociedad (como un derecho de los pueblos y no como una mercancía más en manos de intereses privados), se condensaron en proyectos de regulación e intervención estatal a través de Leyes de Radiodifusión o Ley de Medios en algunos países de la región. En Argentina, Ecuador, Uruguay, avanzaron proyectos que, aún con resultados escasos respecto a los derechos de la comunicación popular, sí lograron instalar en la agenda pública masiva estos debates, generando un plano de legitimación y mejores condiciones para la acción de los medios populares. En Venezuela y Bolivia los cambios fueron más profundos, de la mano de gobiernos más decididos en el avance de políticas integrales de empoderamiento popular. En Colombia sería erróneo pensar que, en el corto plazo, el parlamento pudiera asumir una legislación que altere las condiciones actuales de propiedad de los medios. Pero aún así la sola elaboración de un proyecto de Ley de Medios, promovido por las experiencias de comunicación popular y las organizaciones sociales, generaría una corriente de debate y opinión favorable a jerarquizar una temática con la que estamos en deuda desde el campo popular.

Las experiencias a las que hicimos mención permiten algunas enseñanzas: será necesaria una mayor articulación política y organizativa de los proyectos actuales, un mayor empoderamiento popular en el plano específico de la comunicación -que deberá desarrollarse de la mano de la acumulación de fuerzas de otros sectores populares-, antes de esperar que sean los sectores políticos tradicionales quienes den lugar a un debate de estas características. En Venezuela, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos -AMNCLA- se conformó una década antes de que el gobierno diera espacio al debate sobre una Ley de Medios. Lo mismo sucedió en Argentina, donde la Red Nacional de Medios Alternativos -RNMA- nació 15 años antes de que se pusiera en discusión la problemática de la comunicación de cara al conjunto social. En Colombia tal vez haga falta construir ese camino previo de articulación nacional de los proyectos de comunicación popular.

La tarea de jerarquizar el debate público sobre el rol de la comunicación desde el punto de vista de los intereses populares deberá interpelar, además de a los medios comunitarios, a periodistas que trabajan en los medios privados y que aún así manifiestan su disconformidad con el actual estado de las cosas. Esa relación entre medios comunitarios y periodistas profesionales es estratégica, también, a la hora de buscar quebrar cercos informativos que aíslen la protesta social.

Los medios de comunicación popular hoy en Colombia se asumen -nos asumimos- como herramientas al servicio de los procesos sociales, alimentando las estrategias de comunicación de los movimientos campesinos, urbanos, estudiantiles o indígenas. Eso está muy bien. Pero nos debemos aún la tarea de articularnos como sujetos específicos dentro del campo popular, como actores con peso propio de una de las reivindicaciones imprescindibles que el conjunto del campo popular debe abordar, como es la democratización de la comunicación y la información. Asumir ese desafío necesario y urgente será el primer paso para convocarnos, y convocar, a transformar estas condiciones injustas que hacen que las voces de nuestro pueblo tengan dificultades para hacerse oír ante el conjunto de la sociedad.

El contexto del Paro Agrario de 2013, pero sobre todo el contexto de la actual etapa de movilización social en Colombia, brinda excelentes condiciones para avanzar en esos desafíos.

 

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http://colombiainforma.info/index.php/cultura/162-medios-de-comunicacion/1413-nuevos-desafios-de-los-medios-de-comunicacion-popular

EL DILEMA DE LA IZQUIERDA EN COLOMBIA: LO IMPORTANTE ES LA UNIDAD (2)

por javier lopez

LOS COLOMBIANOS ESTAMOS EN UN VERDADERO DILEMA, TENER QUE ESCOGER DE PRESIDENTE ENTRE LOS DOS PEORES CANDIDATOS, APATRIDAS NEOLIBERALES Y MUY COMPROMETIDOS CON LA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, DESAPARICIONES, FALSOS POSITIVOS, FOSAS COMUNES, ROBO DE TIERRAS, DESPLAZAMIENTOS, ENTREGA DE LA SOBERANIA ECONOMICA Y TERRITORIAL, CORUPCION Y LARGOS ETCETERAS.

SIN EMBARGO HAY ALGO QUE TAMBIEN ES MUY CIERTO, DEL LADO DEL CANDIDATO DE LA MAS EXTREMAS DE LAS EXTREMAS DERECHAS, SE AGLUTINAN LOS FACISTAS, LOS RACISTAS, EL NARCOTRAFICO, LA EXTREMA CORRUPCION, EL HOSTIGAMIENTO NO SOLO A LA OPOSICION TRADICIONAL DE IZQUIERDA Y CENTRO, SINO TAMBIEN LAS CHUZADAS A LOS PARTIDOS DEL ESTABLECIMIENTO Y SOBRE TODO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION INCLUSO SUS ALIADOS.
VOTAR POR SANTOS, SIN SER SANTO DE NUESTRA DEVOCION Y CONCIENTES DE QUE ES UN NEOLIBERAL APATRIDA MAS, ES SALVAR AL PAIS DE CAER EN MANOS DE UN CARTEL CON GENTE DE LA PEOR CALAÑA, REPRESENTADOS EN URIBE Y SU TITERE,
ESPEREMOS QUE LOS ACUERDOS CON LAS GUERRILLAS SE CONCRETE Y QUE OJALA SANTOS EN ESTE SEGUNDO PERIODO REPLANTEE AUNQUE SEA UN POCO SU MODELO ECONOMICO, SINO CORRESPONDE A JUAN PUEBLO ASUMIR LA TAREA DE MOVILIZARSE POR SUS DERECHOS

QUE DIOS PROTEJA AL PAÍS DE CAER EN MANOS DEL FASCISMO Y EL NAZISMO…VOTEMOS POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

EL DILEMA DE LA IZQUIERDA EN COLOMBIA: LO IMPORTANTE ES LA UNIDAD

Por; Javier Lopez49dc6-424154_178229018953378_525886252_n

 

COMPAÑEROS
mucho se ha discutido al interior de la izquierda, en todos sus matices, corrientes, la conveniencia o no de votar por X ó Y candidato, votar en blanco o abstenerse,  ya mucho se ha dicho al respecto, por ello nuestra invitación hoy es a que, independientemente de la decisión que tome cada compañero, equivocado o no, la respetemos y asumamos el compromiso, de que independientemente de quien quede presidente, continuemos la lucha contra el modelo económico, contra la injusticia social, contra la corrupción, pero sobre todo, que persistamos en fortalecer la UNIDAD DE LA IZQUIERDA, de la verdadera izquierda, la revolucionaria, la clasista, la que no se vende, la que no renuncia a cambiar esta nación
Tenemos además un compromiso con todos nuestros mártires, que a lo largo de los años han caído asesinados por el régimen y a los que desafortunadamente solemos olvidar.
Y con las nuevas generaciones, para dejarle los cimientos de la nueva Colombia, transfiriéndoles nuestros conocimientos
No permitamos que unos pocos nos dividan, la unidad por encima de todo

CON LA FAMILIA, CON LA RAZON O SIN ELLA

j.l

COLOMBIA: DECLARACIÓN POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO SOBRE LAS ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO

 
“El próximo 15 de junio de 2014 deberán decidir por quién votar, en blanco o abstención. Es de la autonomía y conciencia de cada elector tomar su decisión, en el entendido de que el Polo es y será opositor al programa de los dos candidatos en competencia, los señores Santos y Zuluaga; y que el Polo aboga por la construcción de una paz estable y duradera, cimentada en la democracia, la justicia social y los derechos de todos los colombianos y colombianas”.
 
DECLARACIÓN POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO SOBRE LAS ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO
 
Dos millones de Colombianos y Colombianas votaron el pasado 25 de mayo por la propuesta de un programa que se denominó “Colombia por un buen camino”, que incluyó propuestas e iniciativas con reformas sociales, económicas y políticas que profundizan la democracia, el respeto por la Soberanía Nacional y la integración regional y, por supuesto, reafirmó la exigencia de la negociación del conflicto interno armado con la insurgencia, con la representación de las víctimas y con un cese al fuego que evite mayor desangre del país.  
Los excelentes resultados electorales derrotaron las pretensiones de los enemigos de las fuerzas alternativas que pretenden desaparecer la izquierda democrática del panorama político nacional. Si bien no alcanzamos los votos para competir por la Presidencia de la República en segunda vuelta, seguiremos defendiendo y promoviendo nuestro programa que no coincide con el de los dos candidatos que se disputarán la Presidencia el próximo 15 de junio de 2014, y que sigue teniendo vigencia y apoyo popular.  
El Polo al expresar su profunda satisfacción y reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron nuestro programa, los invita a continuar trabajando juntos por construir un país diferente y con profundos cambios que le resuelvan los sueños de las mayorías nacionales que creen que el país va por mal camino.  
Quienes votaron por nuestra propuesta lo hicieron convencidos de que estaban apoyando un cambio de rumbo y que eran contrarios a las propuestas de los otros cuatro candidatos en disputa. El próximo 15 de junio de 2014 deberán decidir por quién votar, en blanco o abstención. Es de la autonomía y conciencia de cada elector tomar su decisión, en el entendido de que el Polo es y será opositor al programa de los dos candidatos en competencia, los señores Santos y Zuluaga; y que el Polo aboga por la construcción de una paz estable y duradera, cimentada en la democracia, la justicia social y los derechos de todos los colombianos y colombianas. 
Aprobado unánimemente, 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO  
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Presidenta
GUSTAVO TRIANA SUÁREZ
Secretario General

La impunidad que ronda al exterminio de la UP

La impunidad que  ronda al exterminio de la UPManuel Cepeda, asesinado en 1994, Bernardo Jaramillo, asesinado en 1990, Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987. / Archivo José Antequera, asesinado en 1989. / ‘Semana’

En 1993 la Corporación Reiniciar demandó al Estado ante la CIDH por más de mil crímenes cometidos en esta sangrienta persecución política. Luego de años de fracasos para buscar una “solución amistosa”, las víctimas esperan que la corporación internacional haga justicia.
Esta semana se declaró delito de lesa humanidad el asesinato del excongresista Manuel Cepeda Vargas
Por: Santiago Martínez Hernández
Tras la decisión de la Fiscalía de declarar el homicidio del exdirigente político de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas como delito de lesa humanidad, revivió la esperanza de que los otros 1.554 crímenes que terminaron por exterminar a este partido político de izquierda salgan de la impunidad. El principal argumento para tomar tal determinación fue la sistematicidad de los ataques que se produjeron contra la UP entre los años 80 y 90. Ad portas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre una demanda contra el Estado interpuesta en 1993 por las víctimas de esta sangrienta persecución política, aún es un misterio qué sucederá con los miles de expedientes que rodean esta triste historia.
El crimen de Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, se consideró el último asesinato de un senador de la UP. Cabe recordar que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Colombia en junio de 2010 por la acción u omisión de los funcionarios públicos que participaron en el homicidio. Esta ha sido considerada una de las principales victorias de la UP, ya que permitió develar el plan criminal gestado entre las autoridades y los paramilitares para exterminar al partido político. Sin embargo, aún queda por pelear la principal batalla: que la CIDH reconozca la responsabilidad del Estado en este “genocidio político” de 1.163 asesinatos, 123 desaparecidos, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados.
La historia de la UP ante las autoridades internacionales comenzó el 16 de diciembre de 1993, cuando la Corporación Reiniciar radicó su demanda en la CIDH. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el 12 de marzo de 1997 para que la corporación la admitiera. Ante la inmensa cantidad de pruebas que responsabilizaban al Estado, en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se intentó encontrar una “solución amistosa”.
Todo parecía ir por buen camino, ya que se había logrado crear una comisión para defender los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las 6.528 víctimas que se han acreditado. Pero en junio de 2006 los intentos por buscar la solución amistosa se fueron a pique, ya que la Corporación Reiniciar y diferentes víctimas manifestaron que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no tenía intenciones de cumplir con lo pactado, pues, supuestamente, se había dedicado a perseguirlos y estigmatizarlos. Según los reportes de los miembros de la UP, durante el mandato de Uribe se produjeron 136 homicidios de sobrevivientes de este partido político, 38 casos de desaparición forzada y 28 intentos de homicidios, montajes judiciales y desplazamientos forzados.
Fue entonces que, en marzo de 2007, después de siete años de intentos fallidos, la Corporación Reiniciar presentó los alegatos de fondo ante la CIDH. El Gobierno hizo lo propio un año después. Cabe recordar que en 2005 el hoy senador electo Iván Cepeda solicitó que el caso de su padre, Manuel Cepeda Vargas, fuera retirado de la demanda conjunta que había hecho la UP. La razón era que, al presentar el expediente por separado, la CIDH tendría un trámite más rápido. Resultados que se vieron efectivamente cinco años después, cuando el Estado fue condenado por este crimen.
Después de que se emitieran 12 fallos administrativos en Colombia a favor de las víctimas y varias sentencias penales en las que se reconoce el exterminio político de la UP, hoy la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía tiene un grupo dedicado a la investigación de los miles de expedientes que aún están en la impunidad. Son varios los casos representativos que dejó esta sangrienta guerra contra la UP, pero entre los más recordados están los asesinatos de dos candidatos presidenciales y nueve congresistas.
El primer crimen perpetrado contra un alto dirigente político se produjo el 30 de agosto de 1986, cuando las balas silenciaron al representante a la Cámara Leonardo Posada, quien murió a manos de un sicario en Barrancabermeja (Santander). Pero el luto de este homicidio no duró más de una semana, ya que el 1º de septiembre de ese mismo año el senador Pedro Nel Jiménez fue acribillado por militares —según lo demostró la investigación— en Villavicencio. En diciembre de ese violento 1986, Octavio Gómez Acosta, otro congresista, fue asesinado. Estos crímenes marcaron el rumbo de lo que sería ese un exterminio político.
Las muertes de dos candidatos presidenciales dejaron ver que nadie se salvaba de la persecución. El 11 de octubre de 1987, mientras regresaba con su familia de una finca ubicada en La Mesa (Cundinamarca), Jaime Pardo Leal fue ultimado por un grupo de sicarios. Bernardo Jaramillo, cuyo magnicidio es investigado por un grupo especial de la Fiscalía, fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990, en una escena que parecía más ficción que realidad. Otro de los crímenes imborrables para las víctimas de la UP fue el del líder José Antequera, cometido en marzo de 1989, quien recibió 24 tiros mientras esperaba su vuelo en el mismo aeropuerto donde sería asesinado Jaramillo años después.
La puerta para que estos miles de casos que marcaron la historia política colombiana salgan de la impunidad está más abierta que nunca. A la espera de la decisión de la CIDH, que lo más probable es que sea a favor de las víctimas, la Fiscalía continúa armando el rompecabezas de esta fatídica guerra para dar con el paradero de los máximos responsables del exterminio de la UP.
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