Amenazada de muerte líderesa de grupo de víctimas desaparecidas

 
 
Al teléfono de Leidy Amparo Guzmán Muñoz, familiar de desaparecidos en Argelia, Cauca, han llegado reiteradas amenaza de muerte por parte de grupos paramilitares, Leidy ha denunciado las estructuras paramilitares participes en la desaparición de sus familiares.
“Sabes. Piroba. Porque no te has largado te doy horas para que no seas la próxima victima. ja ja ja”, este es el mensaje de texto enviado desde el número celular 3114995018 a Leidy Amparo Guzmán Muñoz sobrina de los desaparecidos en noviembre de 2009 Over Herney Muñoz y Jesús Oleiver Álvarado, en el día de ayer.
La amenaza de muerte contra esta familiar de los desaparecidos ocurre semanas después que esta lideresa haya continuado exigiendo verdad y justicia. Tres años después del desplazamiento no existe una acción eficaz para sancionar a los responsables de las estructuras paramilitares responsables de este crimen de lesa humanidad.
Leidy fue amenazada cuando se dirigía a la sede de nuestra organización en Popayán para documentar con nuevos elementos el caso de sus familiares y el desplazamiento forzado del que ha sido víctima.
No es la primera vez que Leidy es amenazada y hostigada. El pasado 26 de octubre recibió un mensaje de texto donde le advertían amenazantemente que se largara o se “moría”; el 7 de noviembre a las tres de la mañana constató que un hombre intentaba entrar a su residencia por la fuerza; el 15 de noviembre recibió otro mensaje de texto en el que le decían que “”dejara de ser sapa” y que agradeciera que estaba acompañada.
La Fiscalía 9 de la ciudad de Pasto, Unidad de desplazamiento y desaparición forzada, desde el mes de agosto del año 2011 inició la investigación por la desaparición forzada de Over Herney, Jesús Oleiver, y también de Elder Daza, Gerardo Hoyos, Armando Cerón y Henry Gaviria estos últimos desaparecidos en junio de 2008 en el corregimiento de san Juan de la Guadua municipio de Argelia Cauca.
Una primera diligencia de exhumación en el caserío Nuevo Horizonte en mayo de 2012 arrojo el reconocimiento de tres restos de campesinos, presumiblemente dos corresponden a los restos de Over Herney y Jesús Oleiver.
Leidy Amparo Guzmán, es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los hechos denunciados se encuentran en impunidad y sin ninguna respuesta del gobierno en materia de protección.
Bogotá, D.C. 27 de diciembre de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

LA DEA VINCULA AL GOBIERNO DE ALVARO URIBE CON NARCORRUPCION

HTTP://WWW.POLODEMOCRATICO.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIE…

Por Homero Campa, editor internacional Revista Proceso de México   
Aunque varios de los hechos que revela esta publicación mexicana son ya de conocimiento público en Colombia, lo novedoso es que ya agencias norteamericanas ante las contundentes evidencias vinculan al cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcoparamilitarismo.
Este informe de la revista Proceso revela que varios de los colaboradores del expresidente colombiano, como el general Oscar Naranjo, participaron en actividades de tráfico de drogas.
Documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), señalan que el general colombiano Oscar Adolfo Naranjo Trujillo -a quien el ex gobernador mexicano, Enrique Peña Nieto anunció como su asesor externo en materia de seguridad en caso de ganar las elecciones presidenciales- tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país y estuvo involucrado en sobornos y otros actos de corrupción.
Los informes de la DEA fueron elaborados a partir de interrogatorios a ex dirigentes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas.
Más aún, uno de los ex dirigentes de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez –responsable de matanzas de civiles y extraditado en 2008 a Estados Unidos por el delito de narcotráfico—dijo a los agentes de la DEA que Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente de Colombia, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. Explicó que este complot derivó en el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado. Afirmó incluso que en ese homicidio “estuvieron involucrados” el general Oscar Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil.
Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, ex funcionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia. García reveló que Jorge Noguera Cotes, quien fue director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva.
Los documentos de la DEA -cuyas copias tiene Proceso- fueron elaborados con el objetivo de obtener información sobre “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011 y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas se encuentran en Bogotá.
Otro documento más corresponde a un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York. En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC.
De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, este contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvo algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esta organización.
Los contactos del general
De acuerdo con un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató que en 1997 la Policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo, comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en posesión de armas automáticas y granadas. La Policía los recluyó temporalmente en una prisión del Departamento de La Guajira. Pidieron ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.
“Entonces -apunta el documento- Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Oscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Este por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno”.
Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz -que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos masacres de civiles- Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició estas comparecencias, Naranjo lo calificó ante los medios de comunicación como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano (narcotraficante, jefe de la organización criminal El Envigado y posteriormente uno de los voceros de las AUC) para que callara” a Mancuso.
En ese entonces Murillo, alias Don Berna, y Mancuso se encontraban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Según el documento, el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la Policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que como consecuencia de sus declaraciones, “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a esta.
Macuso dijo a los agentes de la DEA que el coronel de la Policía Danilo González -al que calificó como “el hijo favorito de Naranjo”- “solía ser visto en reuniones con miembros del cartel Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.
El coronel Danilo González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos del narcotráfico. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la Policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el cartel del Norte del Valle.
El documento señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la Policía”, este respondió que tanto Don Berna, como Luis Gómez Bustamante, alias Rasguño -otro ex dirigente de las AUC, también extraditado a Estados Unidos- “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y el general Naranjo inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado con el objetivo de asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según este documento, Mancuso recordó que en 2003 la Policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras este se encontraba en custodia de la Policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con el general Naranjo “y le pagó a este 500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex integrante del cartel Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por el delito de narcotráfico.
Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del cartel del Norte del Valle, alias Jabón, estuvo “largamente asociado” con el general Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.
Varela fue asesinado en la ciudad de Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte -y en medio de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Álvaro Uribe y de Hugo Chávez-, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser el autor de este asesinato.
El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar que murió Varela y que habría pertenecido a este. Sostuvo que en dicha computadora hay información que establece “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y el general Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante” (Proceso Nº 1859).
Revista proceso, agosto de 2012.

Parlamento europeo urge investigación contra el expresidente Uribe

23 miembros del parlamento europeo firmaron una carta conjunta dirigida al fiscal Armando Montealegre en la que manifiestan su preocupación por el poco avance en las pesquisas sobre los testimonios de paramilitares que han mencionado al expresidente Álvaro Uribe…
También dicen que tanto los testigos como los investigadores están recibiendo amenazas y los procesos que ellos han promovido no avanzan.
En una carta dirigida al fiscal general, el parlamento europeo le solicitó al ente dirigido por Eduardo Montealegre agilizar las investigaciones que cursan en contra del ex presidente Álvaro Uribe por su presunta relación con el grupo paramilitar, Bloque Metro.
Los diputados europeos aseveran que es preocupante la protección y seguridad de las personas que han testificado en el caso, frente al cual parece que la justicia no ha avanzado.
Según consta en una de las misivas, dos ex combatientes paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, ambos encarcelados y condenados por paramilitarismo, han sido amenazados por sus testimonios.
“Las personas que fungen como testigos como las personas que lideraron la investigación han sido amenazadas. La familia del señor Monsalve se ha visto obligada a desplazarse y el propio Monsalve fue objeto de un intento de homicidio al interior de la cárcel de Cómbita a finales de marzo”.
Tanto Monsalve como Sierra señalaron que los paramilitares participaron en forma activa en la campaña presidencial de 2002 y respaldaron la candidatura de Álvaro Uribe a la presidencia. También aseguraron que tuvo vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas.
En la carta firmada por 23 miembros de 751 del Parlamento Europeo; también asegura que aunque la información proporcionada por Monsalve y Sierra fue entregada a la oficina del Fiscal entre agosto y septiembre del año pasado, las investigaciones no han tenido ninguna evolución.
“En un momento en que personas cercanas y funcionarios del Gobierno del ex presidente Uribe Vélez, están siendo investigados y condenados por graves delitos, consideramos de igual importancia que la justicia colombiana inicie rápidamente las investigaciones”.
Los parlamentarios europeos agregan que es pertinente determinar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los acusados.

COLOMBIA: El fin último de la reforma a la justicia


Jorge Enrique Robledo (Senador Polo Democratico)
Bogotá, 22 de junio de 2012.
 
No se sabe qué es peor, si el contenido de la reforma a la justicia o la manera como el gobierno consiguió el respaldo para aprobarla. En la Colombia de las decisiones con propósitos inconfesables, estas ocupan un sitio de honor –o de deshonor, más precisamente. Como bien se ha dicho, antes que una reforma a la justicia, lo que impusieron fue una reforma política para someter a la rama judicial a situaciones que no le convienen al país sino a los intereses de un pequeño pero poderoso club de privilegiados, cuyo jefe único es el presidente Juan Manuel Santos.
 
La reforma no atiende el principal reclamo ciudadano sobre la administración de justicia, consistente en que esta no falla con la oportunidad debida, lo que en buena medida significa la negación de la idea misma de justicia. Pero la congestión y la tardanza de las decisiones judiciales sí le sirvieron al gobierno de pretexto para promover su privatización, nombrando como jueces de bajo costo a abogados que carecen del conocimiento suficiente para ejercer esa función compleja propia de especialistas e incluyendo en la Constitución la potestad de cobrarles a los colombianos por decisiones legales que deben ser gratuitas, desafueros que niegan la justicia como derecho, pilar del proceso civilizatorio. Como en educación y salud, he aquí otro caso en el que el neoliberalismo provoca una involución.
 
La reforma además aumenta la injerencia del poder Ejecutivo sobre la rama Judicial, un viejo propósito retardatario de quienes consideran la separación de los poderes como adorno retórico de una democracia que se halla muy lejos de serlo, porque tienen como objetivo que el Presidente maneje un Congreso de bolsillo, someta a su férula a los jueces y coopte a las Cortes. Otra vez el estilo cortesano de Santos rinde más frutos que el de Uribe, porque su mayor capacidad actoral les facilita mimetizarse también a quienes, con las mismas concepciones regresivas, posan de demócratas. Están pillados.
 
Es difícil encontrar algo peor que el estilo con el que Juan Manuel Santos reclutó el respaldo político suficiente para producir este engendro, pues se inspiró en una pregunta propia del servicio a la carta: “¿Qué desean los caballeros?”. Así, unió y condujo a sus mayorías parlamentarias para asegurarles privilegios que avergüenzan y a las Cortes les concedió gabelas todavía más burdas para cooptarlas, de tal manera que se nota que el Presidente y cada uno de los partidos de la Unidad Nacional –cuyo carácter de manguala deja pocas dudas– abusan de su fuerza política para pasarse por la faja y con toda impunidad cualquier escrúpulo.
 
¿Y para qué quieren Santos y sus cortesanos el poder que también les confiere tanto unanimismo en los medios de comunicación? ¿Para promover el progreso y hacer que Colombia supere el atraso productivo, genere empleo e ingresos y disminuya la desigualdad social? Habría que ser ciego y sordo para responder con un sí. Tras casi dos eternos años de juanmanuelismo, y bajo la amenaza de que complete ocho, hay que ser muy despistado, o muy orientado por ciertas conveniencias personales, para no reconocer que en lo económico el paradigma de Santos reside en que el monopolio avasalle toda otra forma económica, monopolio que a la postre será, sin las actuales excepciones, el de las trasnacionales. En este sentido, detrás de las cien mil viviendas “gratis” del populismo reeleccionista se oculta un cambio de fondo en la política de producción de viviendas promovidas por los subsidios del Estado –sean “gratuitas” o no y con una inversión mínima de 4.2 billones de pesos en este gobierno–, para que el Estado se eche a cuestas todo el riesgo del negocio que antes asumían constructores y banqueros, adjudicarles los proyectos a las mayores empresas que concentren tierras y recursos financieros –incluso si son extranjeras– y contratar con ellas, no con las normas del derecho público sino del privado, es decir, a dedo, con lo que hará fiestas cierto clientelismo de cuello blanco y se facilita defraudar al Estado.
 
También se sirve Santos de su poder para imponer el TLC con Corea, el cual, como ni los pocos nativos que ganan con él se atreven a negar, dañará a la industria instalada en Colombia y agravará el desempleo. ¡Y esto sucede preciso cuando el gran tsunami económico lanzado por la explosión de la gravísima crisis mundial condena al libre comercio como su responsable! Otra muestra más de que desconectaron su suerte personal de la del país.
El ministro de Justicia debe renunciar: senador Robledo
Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, 21 de junio de 2012
Robledo pidió la renuncia del ministro de Justicia por su responsabilidad en la aprobación de la reforma a la justicia. Recordó que el Polo se opuso a la reforma en los 8 debates. Que cese el tapen tapen.
 
“La reforma a la justicia es de lo peor que ha pasado en Colombia, porque aumenta una especie de dictadura presidencial y avergüenza a al país”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo. Señaló que los primeros responsables de este adefesio fueron los congresistas de los partidos santistas y recordó que el Polo se opuso a la reforma en sus 8 debates y acompañó las movilizaciones convocadas por el Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia y las organizaciones gremiales de la Rama.
 
Robledo aclaró que el ministro de Justicia debe renunciar porque él también es responsable de lo aprobado. El ministro y el presidente Santos fueron los autores de la reforma y sus principales impulsores. En todos los debate defendieron su contenido, incluidos los artículos que blindan a los congresistas contra eventuales procesos judiciales y los que privatizan la administración de justicia
 
El presidente Santos es igualmente responsable, señaló el congresista, porque bajo sus orientaciones políticas se aprobó este adefesio. Y preguntó hasta cuándo se va a mantener el tapen tapen del jefe del Estado, pues tampoco le ha explicado al país su responsabilidad en el caso del general Santoyo. Concluyó señalando que Santos organizó todo el tinglado para consolidar un Congreso de bolsillo y someter a la justicia.

Los doce congresistas que conciliaron la reforma

 

ACUERDOS A PUERTA CERRADA

 En un tiempo récord estos parlamentarios revivieron varios de los ‘micos’ que habían sido superados en más de un año de debates de la reforma a la justicia en el Capitolio Nacional.
De espaldas al país y a puerta cerrada doce congresistas le dieron un giro inesperado a la reforma a la Justicia: modularon la muerte política de congresistas, blindaron a los secretarios generales de Cámara y Senado, y dejaron prácticamente en libertad a quienes están vinculados a procesos por parapolítica y a altos funcionarios relacionados a escándalos como el de Agro Ingreso Seguro o la ‘Yidispolítica’. (Lea sobre los ‘micos’ que se colgaron a última hora).
Estos fueron algunos de los elementos que a última hora se le colgaron al texto de conciliación de la reforma a la justicia, un debate del que sacaron a los ponentes más críticos del acto legislativo y al mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. (Lea sobre las críticas del ministro).
Estos son los conciliadores de Cámara:
  • Alejandro Carlos Chacón Camargo
  • Germán Varón Cotrino
  • Carlos Edward Osorio
  • Gustavo Puentes Díaz
  • Orlando Velandia Sepúlveda 
  • Roosvelt Rodríguez Rengifo.
Estos son los conciliadores en el Senado:
  • Jesús Ignacio García
  • Eduardo Enríquez Maya
  • Juan Carlos Restrepo
  • Juan Manuel Corzo
  • Luis Fernando Duque
  • Martín Emilio Morales 
Para Guillermo Rivera, uno de los representantes ponentes más críticos del acto legislativo y quien no participó en la conciliación, uno de los elementos que fue eliminado durante la discusión a puerta cerrada, y que para él fue quizás el mayor “gol”, fue un parágrafo que decía: “nadie podrá pedir la revocatoria de una providencia alegando del presente acto legislativo”. Un parágrafo que inexplicablemente fue sacado del articulado. (Lea sobre la extraña conciliación).
Juan Carlos Vélez, senador de La U y también crítico ponente de la iniciativa, dice que es inexplicable que a él lo sacaran de la comisión de conciliación para incluir a un senador (Morales), de la Comisión Cuarta, una corporación que nadie tiene que ver con los asuntos constitucionales.
Finalmente para Alfonso Prada Gil otro de los ponentes de la iniciativa y quien tampoco pudo participar de la conciliación, esta reforma no tuvo ocho debates, como exige la ley, sino nueve, pues en la discusión de la conciliación se legisló abiertamente. “Habrá ahora que definir cómo se debe hacer una conciliación, porque en éste caso se borró de un plumazo el trabajo de más de un año de fuertes debates”, sentenció el representante del Partido Verde.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-354476-los-doce-congresistas-conciliaron-reforma

Colombia: Así se voto la conciliación de la Reforma a la Justicia y La justicia no entró por casa

foto via facebook.com
Así se voto la conciliación de la Reforma a la Justicia esta tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes…
POR EL NO
 Wilson Never Arias Castillo Partido Polo Democrático 
Alba Luz Pinilla Pedraza Partido Polo Democrático
Iván Cepeda Castro Partido Polo Democrático
Carlos Germán Navas Talero Partido Polo Democrático
Miguel Gómez Martínez Partido de la U
Gloria Stella Díaz Ortiz Partido MIRA

José Ignacio Mesa Betancour Partido Cambio Radical

Javier Tato Álvarez Montenegro Partido Liberal

Yahir Fernando Acuña Cardales Partido Afrovides
Ángela María Robledo Gómez Partido Verde

POR EL SÍ
Marta Cecilia Ramírez Orrego Partido Conservador
Diela Liliana Benavides Solarte Partido Conservador
Esmeralda Sarria Villa Partido Conservador
Constantino Rodríguez Calvo Partido Conservador
Heriberto Sanabria Astudillo Partido Conservador
Armando Antonio Zabaraind Arce Partido Conservador
Lina María Barrera Rueda Partido Conservador
Silvio Vásquez Villanueva Partido Conservador
Juana Carolina Londoño JaramilloPartido Conservador
Obed de Jesús Zuluaga Henao Partido Conservador
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo Partido Conservador
Diego Alberto Naranjo Escobar Partido Conservador
Jorge Hernán Mesa Botero Partido Conservador
Juan Carlos García Gómez Partido Conservador
Juan Diego Gómez Jiménez Partido Conservador
Oscar Fernando Bravo Realpe Partido Conservador
Henry Humberto Arcila Moneada Partido Conservador
Carlos Alberto Zuluaga Díaz Partido Conservador
Issa Eljadue Gutiérrez Partido Conservador
Juan Manuel Campo Eljach Partido Conservador
Carlos Augusto Rojas Ortiz Partido Conservador
Gustavo Hernando Puentes Díaz Partido Conservador
Pedrito Tomás Pereira Caballero Partido Conservador
Buenaventura León León Partido Conservador
Germán Alcides Blanco Álvarez Partido Conservador


Octavio Quintero (especial para ARGENPRESS.info)
Una frase del presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, resulta más que suficiente para medir el tamaño de la reforma a la justicia que acaba de aprobar el Congreso de Colombia: “La razón se fue de vacaciones”…
Y si faltara algo para que el lector tome conciencia del asunto, el mismo magistrado agrega: “Esperamos que la razón vuelva de vacaciones y pase por los pasillos de la Corte Constitucional”.
Las declaraciones del presidente del Consejo de Estado se dieron al noticiero CM& momentos antes de que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, declarara su insatisfacción por algunos aspectos de la reforma, especialmente el relativo a la pérdida de investidura de los congresistas.

Si en el pasado reciente la opinión pública quedó estupefacta cuando se reveló que los paramilitares tenían un control sobre aproximadamente el 35 por ciento del Congreso, ahora el asunto es que, con la nueva reforma, no se pueda depurar el sagrado recinto de las leyes.
No se requiere mucho esfuerzo mental para entender que, en medio de una democracia tan débil e imperfecta como la nuestra, puedan llegar al Congreso estos y otros indeseables que, en aras de la nueva reforma a la justicia, adquieran ciertas garantías de procesamiento penal, disciplinario y de pérdida de investidura que los hagan realmente invulnerables a la aplicación de la Constitución y la Ley.
“Esta reforma a la justicia es una vergüenza”, se dijo desde el comienzo del debate: y nada valió. La misma posición del ministro Esguerra parece ambigua, pues, nadie duda tampoco que en el seno de un “Congreso voluntarista”, se aprobó exactamente lo que el gobierno quiso.
Ni siquiera las altas cortes parecen salir inmaculadas, pues, resulta evidente que también el aumento del periodo de los magistrados de 8 a 12 años, y de 65 a 70 la edad de retiro forzoso, debió amortiguar la férrea oposición que en principio mostraron.
Por eso tampoco puede albergarse mucha esperanza de que la razón regrese de vacaciones cuando la Corte Constitucional aboque la revisión de la norma.