Colombia:Trabajadores pobres: los más castigados por el costo de vida



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Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

En el 2010 el costo de vida de la población pobre fue mayor que para el resto de la población. Según el DANE, en el 2010 el índice de precios al consumidor (IPC), que mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios finales que conforman la canasta familiar, fue de 3.17% para todo el país, pero para la población de ingresos bajos (el 80% de la población trabajadora) fue de 3.58%. Una diferencia de 0.41 puntos.
El IPC que nos entregan los medios de comunicación es el IPC promedio de la población de ingresos bajos, medios y altos, cada uno de los cuales tiene un indicador distinto: 3.58% la de ingresos bajos, 3.22% la de ingresos medios y 2.09% la de altos. Y es también el IPC promedio nacional de las 24 ciudades y de cada una de las poblaciones por ingreso que la componen. Valledupar, por ejemplo, presentó el indicador promedio más alto, con 4.2%, y Tunja el más bajo, con 1.93%. Pero la población de ingresos bajos de Bucaramanga fue la más golpeada, con un IPC del 4.69%, seguida de la de Valledupar (4.68%) y Medellín (4.44%).
En estos tres casos los trabajadores de salario mínimo no tuvieron un incremento real en su ingreso, lo que significa que el decreto del gobierno no se ajustó a la sentencia de la Corte Constitucional (C-815/99), que ordena incrementos salariales que por lo menos tengan en cuenta la inflación causada en el año anterior. Dice la sentencia: “El Gobierno está obligado a velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución”.
Como hemos visto, la variación de los precios afecta de manera distinta a cada una de las poblaciones según sus ingresos. Esto tiene que ver con la composición del gasto de los hogares, con la incidencia que cada grupo de gastos tiene en la canasta familiar de cada grupo, y con la variación de los precios que a lo largo del año presentan los bienes y servicios que componen cada grupo de gastos. Por ejemplo: en la población de ingresos bajos tiene una mayor incidencia la carestía de los alimentos que en la población de ingresos altos, pues mientras para ésta representa sólo el 18.24% de su canasta, para los pobres representa casi el 35%.
Para un trabajador o trabajadora de salario mínimo esto supondría que de su salario debería destinar cada mes: $186.197 para alimentación ($46.549 semanal); $158.395 para vivienda; $30.145 para vestuario ($361.742 al año); $10.865 para salud; $25.032 para educación; $12.409 para diversión; $58.746 para transporte ($74.400 valen al mes dos pasajes diarios en Transmilenio durante 6 días a la semana, 4 semanas); $16.724 para gastos en comunicaciones, y $35.098 para “otros gastos”.
Como vemos, con estas sumas un hogar no puede vivir jamás en condiciones de dignidad, pues el salario mínimo apenas cubre la mitad del valor de la canasta familiar para la población de ingresos bajos, o el 40% del valor de la línea de pobreza por hogar. Y resulta que el 78% de la población trabajadora colombiana tiene unos ingresos que son inferiores a dos salarios mínimos. Según el DANE, menos de un salario mínimo son los ingresos del 45.34% de la población que trabaja, entre uno y menos de dos salarios mínimo se ubica el 32.63% de la población, el 9.13% tiene ingresos entre 2 y menos de 4, el 4.85% tiene ingresos de 4 y más salarios mínimos, y el 8.04% no informa. Por lo que se necesitarían más de dos personas por hogar para cubrir la línea de pobreza por hogar, que según Departamento de Planeación Nacional equivale a 2.46 salarios mínimos, una condición muy difícil de cumplirse en el país por las altas tasas de desempleo (11%), de subempleo (34%) y de informalidad (58%).
El boletín del DANE en enero 5 de 2011 da a conocer los grupos de bienes y servicios que más incidencia tuvieron en el crecimiento del IPC de 2010: “en los últimos doce meses cinco grupos se ubican por encima del promedio nacional, que fue de 3.17%: salud (4.31%), alimentos (4.09%), educación (4.01%), vivienda (3.61%), y otros gastos (3.18%)”.
En cuanto al comportamiento de los precios de algunos subgrupos de productos, el DANE también nos ilustra: en alimentos sobresalen hortalizas y legumbres (15.32%), frutas (10.89%), alimentos varios (7.93%) y comidas fuera del hogar (4.52%). En vivienda sobresale gas y servicios públicos (6.75%). En transporte, transporte público (4.03%).
Un dato significativo de la naturaleza de las políticas que se impulsan desde el Estado, lo representa el crecimiento de los precios de algunos bienes y servicios, como la energía eléctrica, el gas, el azúcar y el combustible para vehículos, que presentaron un crecimiento del 9.22%, 8.04%, 20.86% y 10.36% respectivamente. En estos sectores existe la presencia de compañías transnacionales, nacionales y extranjeras que presentan niveles de rentabilidad que les permitirían mantener congelados los precios de la energía y aún así mantener niveles de rentabilidad por encima del promedio nacional . En el caso del azúcar, la producción está dominada por dos grandes empresas de propiedad de Ardila Lulle y Sarmiento Angulo, a quienes además de permitirles incrementos en los precios superiores a los de la inflación proyectada por el Banco de la República, reciben cada año millones de dólares como subsidio para la producción de etanol.
Y respecto de la variación de los precios de los bienes y servicios “regulados” (servicios públicos, transporte urbano-intermunicipal y gasolina), el reporte del DANE en su boletín de enero 5 de este año, es bastante elocuente: “En los últimos doce meses la variación del IPC de los precios de los bienes y servicios regulados fue de 6.64%. Esta tasa es superior en 4.06 puntos a la registrada en diciembre de 2009 y superior en 3.47 puntos porcentuales al IPC total (3.17%) de diciembre de 2010”. Lo que quiere decir que la tal “regulación” opera sólo a favor de ciertos grupos económicos, lo que nos acerca más al concepto de una plutocracia que al de una democracia que reivindica la constitución de 1991.
Estos resultados deben promover una fuerte deliberación pública que permita construir consensos con relación a las políticas que el país debe promover en materia de precios y de seguridad alimentaria, de tal manera que se preserve el interés general de tener una mejor calidad de vida y la defensa del poder de compra de los ingresos y salarios. Esto se lograría, por ejemplo, a través de un control efectivo de precios en alimentos, educación, transporte, servicios públicos y salud, un asunto que las centrales obreras siempre reivindican cada vez que se discute el incremento del salario mínimo, asunto frente al cual los patronos permanecen indiferentes, y que el gobierno olvida una vez define el incremento del salario mínimo por decreto, como está ocurriendo en estos momentos, pues la mayoría de las alzas autorizadas no sólo superaron el 3.17% del IPC promedio nacional con que terminó el 2010, sino el propio 4% de crecimiento del salario mínimo.
Así las cosas, resulta clave el diseño de una política salarial que de cuenta no sólo de la capacidad del salario mínimo para garantizar un nivel de vida digno a la población que lo devenga, sino que tenga en cuenta las diferencias regionales que se presentan en cuanto al incremento del costo de vida y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios, y la capacidad que tienen secciones económicas específicas para garantizar niveles de remuneración diferenciados, no sólo al nivel del salario mínimo, sino también para las categorías técnicas, tecnológicas y profesionales.

[1] En el 2009, la rentabilidad operacional de EPM fue del 24.8%, 20.03% la de CODENSA, 31.86% la de Energía del Pacífico, 49.11% la de EMGESA, 30.55% la de ISAGEN, 58.03% la de la Empresa de Energía de Bogotá, 55.97% la de ISA y 51.7% la de TRANSELCA . (Fuente: SUPERSERVICIOS).

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