Empresarios beneficiarios de paramilitares amenazan a familias y defensores de Curvaradó

 
 
Orlinda y Óscar Cabezas, hermanos de Enrique Cabezas, fueron amenazados de muerte a través de un mensaje de texto. La amenaza se amplía a los líderes Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Indican los amenazadores que no entregarán las tierras que han despojado en Apartadocito, Llano Rico, El Cerrao, y San Rafael y parte de Andalucía.
La amenaza de texto llegó desde el celular 3217255820 y su contenido es el siguiente:
“Perros hijos de puta si piensan q con las denuncias q an echo en mi contra y la de las otrar persoas cren q bamos a entregar las tierra se equibocaron y sigen insistiendo tierra es lo q les ban a echar ensima austedes y todos los q yeban todo este proceso en contra de nosotros o los imbitamos aq negosiemos por q sabemos q ustedes como sus hijos estan pasando mecesidades nosotros tenemos mucho dinero y poder y urtedes necesitan todo no lo piencen mas nosotros deninguna manera entregamos estas tierras primero averan muchos muertos y mucho derrame de sangre no insistan con esas entrega de tierra mejor rreciva una muy buena suma y se pueden ir para otro lado adisfrutar de una nueba vida hay mucho dinero para ustedes no desprecien esta ultima oportunidad q les ofresemos”.
Los indudables beneficiarios de estas amenazas, que se acompañan de operaciones armadas con hombres de civil con armas cortas y largas, son los empresarios William Ramírez, Darío Montoya y Antonio Jesús Lopera.
Hoy se conoció, en una carta de Fredy Rendón Herrera, que estos hombres armados no operan bajo su responsabilidad ni tiene nada que ver con las ocupaciones de mala fe y las operaciones de tipo paramilitar que se realiza en el Curvaradó.
La amenaza de muerte sostiene que serán asesinados, también, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz comprometidos en el proceso de apoyo a las víctimas del despojo.
Anoche igualmente, nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió una comunicación de Wilson Devia, de la Unidad Nacional de Protección, quien inició un proceso contra los reclamantes de tierras Yomaira y Enrique, sin dar respuesta a las solicitudes materiales de protección.
Con esta misma inoperancia, la Fiscalía General de la Nación aún no ofrece resultados sobre la identificación del origen y de los responsables de 78 mensajes de texto, de los seguimientos ilegales y amenazas en Curvaradó, Apartadó y Bogotá, recibidas desde enero de este año.
Al terminar este informe las llamadas intimidatorias sobre los familiares de los líderes de restitución se incrementaron.
Bogotá, D.C. 26 de junio de 2014
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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