#Colombia: Piden desmonte del Esmad: IN MEMORIAN LUIS ORLANDO SAIZ

Luis Orlando Saiz, joven asesinado por el Esmad.
 
 
Se llamaba Luis Orlando Saiz, era un joven trabajador de una fábrica de carrocerías de Duitama, Boyacá y el pasado 12 de julio, como lo hacía todos los días, pasó por el sector de la carrera 42 con la avenida Las Américas. Allí se hallaban concentrados los camioneros quienes completaban 35 días de paro, exigiéndole al Gobierno nacional garantías para el desarrollo de su labor.
A Luis Orlando le disparó el Esmad en su rostro, sin mediar palabra. “Los señores del Esmad se nos acercaron. Él estaba hablando por celular y yo vi cuando el agente del Esmad le hizo el disparo -a un metro y medio de distancia- en la cara. No lo vi solo yo, sino todas las personas que estaban ahí”, aseguró uno de los testigos a los medios de comunicación, mientras otro afirmaba que el número del agente que disparó era el 473.
Luis Orlando murió producto del impacto que le perforó el cráneo. Su cuerpo quedó tendido inerte sobre la vía mientras el Esmad se dispersaba disparando gases sobre los presentes. El subdirector de la Policía, el general Ricardo Alberto Restrepo, aseguró a los medios de comunicación que Luis “estaba en la refriega, y eso está comprobado”. Pero la pregunta no es si estaba o no, la pregunta es, ¿quién le quitó la vida, y por qué?
Mientras el general Restrepo insistía en que no había sido ningún miembro de su escuadrón de policías, en medios de comunicación se insinuaba que Luis, era estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y que habría muerto producto de la manipulación de un explosivo.

No hay dudas…

Dos días después de la muerte del joven, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró en rueda de prensa que la muerte de Luis Orlando Saiz, fue producto de un impacto de una granada de gas. Y que Luis, murió “por trauma craneoencefálico severo producido por impacto de proyectil de alta velocidad lacrimógeno, es decir, por el impacto de una granada lacrimógena a nivel cráneo encefálico”.
También se aseguró que “no hay ninguna evidencia de pólvora en el cuerpo, como tampoco heridas diferentes a la que le produjo la muerte”.
Su familia y la ciudadanía en general, exigen justicia ante el cruel asesinato del joven. Exigen que se desmonte el Esmad, que hoy suma uno más a la lista de asesinados, sin que hasta ahora se vea una voluntad estatal para frenar las acciones bélicas y desmedidas contra la población.

#Colombia: “Mi hijo murió por negligencia médica”

“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica para ellos” Nayibe Galvis.

Carolina Tejada
Juan Camilo Becerra Galvis había llegado hace 33 meses a la cárcel La Picota de Bogotá a pagar una condena por porte ilegal de arma. A los 26 años de edad, a Juan Camilo no le habían reportado ninguna enfermedad grave. Pero hace un año, y ya estando en la cárcel, empezó a mostrar dolencias en su estómago. Eran los mismos síntomas que muchos presos mantenían.

Los presos sufren el abandono del Inpec

En algunas ocasiones, cuando su dolor era muy fuerte, lo enviaban a la enfermería, y el tratamiento que le daban era a base de dipirona y acetaminofén. A medida que pasaba el tiempo los dolores del joven eran más fuertes, al punto que sus compañeros de celda, al ver su estado, alcanzaron a hacer huelgas para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le brindara un tratamiento médico. Mientras tanto su madre también hacia lo posible por presionar y buscar ayuda. A Camilo le crecía la barriga, vomitaba lo que comía, y la respuesta que les daban en la cárcel, ante la exigencia de un tratamiento, era que “él no tenía nada, que su estómago crecía porque era muy tragón”.

Para los presos no hay tratamientos médicos

Hace cuatro meses la salud de Camilo empeoró. En medio de ruegos y desesperación fue trasladado hace un mes al Hospital de La Victoria, donde le aseguraron que lo iban a intervenir, que le harían unos exámenes, pero que había que esperar. El joven no solo mostraba señales de un cáncer en el estómago, sino que además estaba contagiado de tuberculosis. Juan Camilo murió en la madrugada del sábado, sin que su familia conociera a ciencia cierta los resultados de los exámenes.
VOZ dialogó con Nayibe Galvis, la madre de Camilo. En medio de su angustia la señora comenta que su hijo murió por negligencia, tanto del hospital como del Inpec. “A los ocho días de haber llegado al hospital, a mi hijo no le habían hecho exámenes. Supuestamente le iban a hacer un examen para mirar lo de los dolores, pero que no se lo podían hacer porque la radióloga estaba embarazada y no se podía exponer. Supuestamente mi hijo tenía tuberculosis. Yo les decía en ese momento: ¿cómo es que la radióloga no se podía exponer, pero mi hijo sí se podía morir por falta de atención médica?”, asegura la madre.
Igualmente comenta que, además de la ausencia de un tratamiento a tiempo, también recibieron malos tratos por parte de los médicos: le negaban la información sobre los supuestos exámenes y le impedían las visitas. “Yo corría detrás de las enfermeras o el médico para que me dieran la información. A los quince días le adelantaron unos exámenes pero que tenían que esperar a que la Secretaría de Salud respondiera para adelantar un tratamiento”.
 

Ninguna institución escuchó los reclamos

Durante este tiempo la familia buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo y en Procuraduría. Sin embargo, lo único que supieron era que habían llamado por teléfono a preguntar al hospital por el estado y la atención médica que estaba recibiendo, y nunca más volvieron a tener información o ayuda por parte de estas entidades.
El sábado 6 de agosto, Nayibe se dirigió en las horas de la mañana al Inpec con el ánimo de pedir un permiso para que le dejaran ver a su hijo, pues durante todo el tiempo que estaba en el hospital, solo tenía autorización para visitarlo el fin de semana. Ese día el Inpec le concedió cinco días de visita. “Yo dije: Virgen Santa, gracias que me dieron esos días para visitar a mi bebé. Pero no: me habían dado los cinco días porque ya sabían que mi hijo había muerto”. Ella comenta que sin saber sobre la suerte de su hijo se dirigió al hospital, pero al llegar nadie le daba razón de Juan Camilo.
La celadora le decía que lo habían cambiado de cama, y las enfermeras le repetían que solo el médico podía dar razón de él. “Yo me ilusioné, pensé que lo habían operado. Yo dije: gracias a Dios me lo sacaron de ese cuarto aislado. Seguí rogando que me dieran información sobre él. Las enfermeras se miraban entre ellas hasta que una de ellas me dijo: “la verdad es que su hijo murió esta madrugada”. Yo les dije: ¿por que son tan inhumanos, por qué no me llamaron, por qué no me decían nada?”.

La búsqueda de justicia, para que no vuelva a pasar

“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica, los tienen abandonados en medio del mugre y sin una alimentación sana”, afirma Nayibe.
 

https://www.semanariovoz.com/2016/08/12/mi-hijo-murio-por-negligencia-medica/

#Colombia: La Paz es sin el ESMAD


“Para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes”.


Renata Cabrales
El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está presente en 19 ciudades del país y cuenta con 3.600 oficiales, tiene como misión el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes y no en vano su lema es “Dios y Patria, mantener el orden es nuestro deber”, pues ya sabemos que en un país laico como el nuestro, Dios está primero y lo que se haga en su nombre se justifica, aun cuando mantener el supuesto orden implique asesinar inocentes. Pero no importa, las lágrimas de los familiares de los incautos exterminados en medio de las manifestaciones es la principal causa de sensación del deber cumplido.
En una sociedad donde exista el derecho a la protesta y asimismo la libertad de expresión, sus habitantes podrían expresar sus inconformidades ante los gobiernos para despertar la conciencia de la sociedad en general por medio de cualquier tipo de manifestaciones en el espacio público, sin ningún tipo de restricción. En estos casos, el Esmad debe jugar un papel de garante de los derechos humanos de las personas involucradas en estos eventos y no, todo lo contrario, abusar de la fuerza para mitigar un supuesto caos ocasionado por la inconformidad de quienes exigen sus derechos.
 
No en vano quienes defienden los derechos humanos en el país denuncian los abusos, debido a su uso ilegítimo de la fuerza contra personas inocentes que legitiman su voz de protesta en medio de pacíficas manifestaciones, como el uso de armas de fuego no convencionales, como granadas dispersoras recargadas con objetos contundentes o filosos, con las cuales, se presume, han llegado a asesinar a manifestantes. En estos casos de represión contra el derecho la protesta, el Gobierno y la extrema derecha justifican la operación del cuerpo policial represor, poniendo en duda el concepto de democracia y en peligro el ideal de paz por el que lucha el país en este momento.

Cifras de abusos del Esmad

Por esta razón, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, al lado de la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, los representantes Víctor Correa por el Polo Democrático e Inti Asprilla por el Partido Verde, miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, han hecho un debate en el Congreso de la República el pasado jueves 4 de agosto en presencia del coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, y miembros de la Defensoría del Pueblo, y han documentado los casos en los que se ha evidenciado irregularidad de las funciones por parte de integrantes del Esmad en el momento de vigilar manifestaciones sociales y estudiantiles, paros campesinos, así como desalojos de viviendas.
Según el representante Uribe, de acuerdo a las cifras presentadas, el objetivo es hacer un análisis detallado en los casos en que varias personas han perdido la vida.
Manifiesta entonces que en lo que va del 2016 se han denunciado 69 abusos por uso desproporcionado de armamento, uso excesivo de la fuerza y utilización de armas de fuego, y en esos eventos se reporta un total de 682 víctimas.
“Siete personas han sido asesinadas, otras 336 han sufrido lesiones personales y los homicidios fueron presuntamente cometidos por el Esmad en el contexto de manifestaciones y protestas como la cumbre agraria, el paro camionero y el sector más afectado, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, es el movimiento indígena que de un total de 69 casos de violaciones, 29 han ocurrido sobre esta población frente a los homicidios, que es sobre lo que hemos pedido información, tenemos cinco casos con seis personas muertas, presuntamente en acciones que responsabilizan al Esmad”.
Se recuerdan los casos ocurridos este año de Miguel Ángel Barbosa, asesinado el 21 de abril en Bogotá; Willinton Quibarecama, el 16 de mayo, miembro de la ONIC; Gersaín Cerón Marco Aurelio Díaz, 2 de junio en Santander de Quilichao; Luis Orlando Saís en Duitama a quien un gas lacrimógeno le dio directamente a la cabeza, causando, según Medicina Legal, trauma craneoencefálico severo debido al impacto del proyectil lacrimógeno.
 
Por su parte el representante Víctor Correa manifiesta que “he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende de contingencia frente a hechos que pueden perturbar el orden público se ha convertido en una fuerza de represión, de provocación, utilizada por los poderosos, por quienes sustentan los gobiernos para silenciar al opositor y a la inconformidad, para atacar la protesta social y, de alguna manera, vulnerar el orden democrático de nuestro país”.

La vida en Colombia debe ser sagrada

Según Ángela María Robledo, “durante la alcaldía de Mockus se logró preservar la vida sin usar la fuerza, bajo el lema ‘la vida en Colombia debe ser sagrada’ y es por eso que el Esmad debe convertirse en un cuerpo garante de los derechos humanos”.
Asimismo, según la representante, el Esmad se creó en una directiva temporal por el gobierno de Andrés Pastrana en febrero de 1999 en el marco del proyecto del Plan Colombia, de manera transitoria, pero “en Colombia todo lo que es transitorio, termina quedándose”. Se cuestiona Robledo, ante este panorama: “¿Cuál es el cambio que va a dar radicalmente el Esmad para enfrentar el posconflicto?”. Ya que, según ella, esta es una fuerza represora antisocial, pero sobre todo, antijóvenes, y se cuestiona finalmente cuánto le cuestan al Estado colombiano los 3.600 miembros de ese cuerpo represivo, cuya respuesta viene a ser la suma de 400 mil millones de pesos.
Inti Asprilla, por su parte, opina que “es necesario que se desmonte el Esmad, ya que entramos en la etapa del posconflicto y no tiene sentido que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”.
El coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, de manera fría y cínica, defendió la permanencia del Esmad, argumentando que este cuerpo policial es necesario para ofrecer la tranquilidad y seguridad de Colombia.
Vale la pena recordar que para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes.

QUE ES IMPALA? : QUE NO HOMBRE, QUE #COLOMBIA NO SE LO ESTÁN ENTREGANDO AL COMUNISMO, SINO AL CAPITALISMO SALVAJE, AL #NEOLIBERALISMO ¡

 
QUE NO HOMBRE, QUE EL PAÍS NO SE LO ESTÁN ENTREGANDO AL COMUNISMO, SINO AL CAPITALISMO SALVAJE, AL NEOLIBERALISMO, DESGUEVATE COLOMBIA ¡
QUE ES IMPALA?
Es una multinacional Suiza, los más grandes negociadores de materias primas en el mundo entero. Su incursión en Colombia tiene como único objetivo desplazar a los camioneros colombianos y apoderarse de todo el transporte de carga publico de pasajeros y carros particulares sacandolos del modelo 2005 hacia atrás en Colombia, monopolizando el sector, siendo propietarios de puertos, navieras, aerolíneas, trenes y tractocamiones. Son propietarios mayoritarios del Puerto de Barranquilla. No quedará ninguno de los miembros de la cadena de transporte de carga, Impala acabará con las empresas de transporte, propietarios de flota, propietario – conductor, los conductores tendrán que tener menos de 45 años y estudios mínimos y licencias certificadas para cada modalidad de transporte, para lo que Impala abre convocatorias en otros países que trabajan por menos dinero. Vamos todos para afuera con la complicidad del Gobierno y la indiferencia de algunos. Por esto tenemos que fortalecer la inmovilización, no mover un solo bulto de carga hasta que el gobierno no nos devuelva la DIGNIDAD que nos han quitado. 
 
DIA 38 DEL PARO CAMIONERO Y EL PUEBLO LOS QUE INJUSTAMENTE NOS CRITICAN POR QUE NO SABEN LA PROBLEMATICA REAL EL RESTO NO HACE NADA. YO PREGUNTO SI A UD LE QUISIERAN QUITAR LA VIVIENDA,LA EDUCACION, COMIDA Y SALUD DE SUS HIJOS QUE HARIAN ACA SOMOS MAS DE 3 MILLONES DE PERSONAS QUE QUEDARIAMOS SIN TRABAJO DIRECTO O INDIRECTO. NOS ES COMO DICE LA GENTE QUE NOSOTROS ESTAMOS PERJUDICANDO AL PAIS PARA LOS QUE ESTAN A FAVOR DEL GOBIERNO LES DIGO
SABE UD POR QUE EL GOBIERNO NO HA QUERIDO ARREGLAR EL PARO CAMIONERO??
PUES LES DIGO ELLOS: SANTOS Y VARGAS LLERAS VENDIERON EL TRANSPORTE A UNA MULTINACIONAL LLAMADA IMPALA
LA CUAL PASARIA A SER LA DUEÑA DEL TRANSPORTE FLUVIAL, FERROVIAL Y TERRESTRE
Y UD SABE COMO SE LLAMA ESO MONOPOLIO Y PODRAN HACER LO QUE QUIERAN CON NOSOTROS
1- SE REDUCE EL TRABAJO PARA CONDUCTORES, LLANTEROS, HOTELES, RESTAURANTES Y MUCHOS NEGOCIOS MAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DEL TRANSPORTE.
2- POR QUE LOS SEÑORES SANTOS Y VARGAS LLERAS IMPONEN PEAJES NUEVOS E INCREMENTO EN LOS EXISTENTES POR QUE YA LES ADELANTARON UN DINERO GRANDE Y YA LA MULTINACIONAL YA HA INVERTIDO MAS DE MIL MILLONES DE DOLARES Y ESTAN PRESIONANDO AL GOBIERNO PARA QUE LE ENTREGUE LAS VIAS POR LAS CUALES YA PAGO.
3- SABIA UD QUE EL GOBIERNO NO HA ACATADO UN FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL LA CUAL OBLIGA A REBAJAR LOS COMBUSTIBLES Y BUSCAR UN FORMULA NUEVA DEL ALZA DEL EL MISMO Y QUE A NIVEL MUNDIAL EL PETROLEO HA BAJADO MAS DEL 50℅ Y EN COLOMBIA HA BAJADO SOLO EL 4℅ Y QUE ESO NO SOLO PERJUDICA AL TRANSPORTE SI NO AL CONSUMIDOR FINAL QUE SOMOS EL PUEBLO
” NO SE HACE PAZ IMPONIENDO Y ARRODILLANDO AL PUEBLO”por favor difundan, esto es un problema serio que no afecta solo los camioneros, es a todo el pueblo colombiano

#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

Colombia: Desnutrición infantil azota al país

Niño en La Guajira. Foto Joni Restrepo -Señales de Humo.
Niño en La Guajira. Foto Joni Restrepo -Señales de Humo.


El país más feliz del mundo” tiene en algunos departamentos una tasa de desnutrición similar a la que sufren los niños en África.

En 2015 fueron reportados 390 niños muertos por desnutrición. Este mal crónico en el país se ha agudizado por falta de estrategias de salud pública debido al modelo de las EPS.
Existe desnutrición aguda, la cual puede llevar a un niño a la muerte, y desnutrición crónica, que disminuye las defensas en el infante, es decir, puede causar que una infección o virus que genere entre tres o cuatro veces más riesgo de muerte.
En años recientes, varios estudios habían alertado sobre los riesgos que enfrentan los niños de Bogotá por la falta de cuidado de sus padres y por falencias en su alimentación. Hubo un 23,6% de niños con bajo peso al nacer y la prevalencia de desnutrición fue: crónica 8,5%; global 1,8%, y aguda 0,7%.
Los problemas que desencadena la desnutrición comienzan desde la gestación. En esos cinco años, la duración de la lactancia materna fue de 4,1 meses, inferior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es de 6 meses, y la mitad dejó de lactar antes del primer año.
“El país más feliz del mundo” tiene en algunos departamentos una tasa de desnutrición similar a la que sufren los niños en África. La tasa de desnutrición de los niños en Colombia alcanza un 13,2%, con los mayores índices en Vaupés, La Guajira, Cauca, Amazonas y Guainía, entre el 23,1% y el 34,7%. Y con índices entre el 15% y 18% Bogotá, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Nariño, Chocó y Vichada.
La desnutrición crónica impacta de manera prolongada la salud general y el desarrollo de los niños, principalmente el crecimiento cerebral y por ende su capacidad cognitiva y de aprendizaje.

PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA: Clacso se solidarizó con el profesor Miguel Ángel Beltrán

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En una serie de declaratorias aprobadas al finalizar la XXV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Medellín este 9 de noviembre, Clacso expresó su solidaridad con el docente colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, condenado a cien meses de prisión por el delito de rebelión.

El fallo contra el profesor fue emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá que, en diciembre de 2014, revocó la decisión de la Jueza Cuarta Penal Especializada de esa ciudad quien había absuelto al catedrático, detenido desde el 21 de mayo de 2009.

Refiriéndose a la persecución y criminalización del pensamiento crítico, la declaratoria de Clacso por la libertad del doctor Miguel Ángel Beltrán, expresó su preocupación por la detención del docente máxime cuando en el país se adelanta un proceso político de paz.

De igual forma, recordó que el docente e investigador colombiano desarrollaba un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde “mostró una total dedicación a la vida académica y al pensamiento crítico.”

Beltrán Villegas es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México, y Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Clacso-012