#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

 
 
Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.
 
Rubiel Vargas Quintero
El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.
El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.
La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.
El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.
En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.
La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.
Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.
Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.
El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.
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#Colombia: La Paz es sin el ESMAD


“Para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes”.


Renata Cabrales
El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está presente en 19 ciudades del país y cuenta con 3.600 oficiales, tiene como misión el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes y no en vano su lema es “Dios y Patria, mantener el orden es nuestro deber”, pues ya sabemos que en un país laico como el nuestro, Dios está primero y lo que se haga en su nombre se justifica, aun cuando mantener el supuesto orden implique asesinar inocentes. Pero no importa, las lágrimas de los familiares de los incautos exterminados en medio de las manifestaciones es la principal causa de sensación del deber cumplido.
En una sociedad donde exista el derecho a la protesta y asimismo la libertad de expresión, sus habitantes podrían expresar sus inconformidades ante los gobiernos para despertar la conciencia de la sociedad en general por medio de cualquier tipo de manifestaciones en el espacio público, sin ningún tipo de restricción. En estos casos, el Esmad debe jugar un papel de garante de los derechos humanos de las personas involucradas en estos eventos y no, todo lo contrario, abusar de la fuerza para mitigar un supuesto caos ocasionado por la inconformidad de quienes exigen sus derechos.
 
No en vano quienes defienden los derechos humanos en el país denuncian los abusos, debido a su uso ilegítimo de la fuerza contra personas inocentes que legitiman su voz de protesta en medio de pacíficas manifestaciones, como el uso de armas de fuego no convencionales, como granadas dispersoras recargadas con objetos contundentes o filosos, con las cuales, se presume, han llegado a asesinar a manifestantes. En estos casos de represión contra el derecho la protesta, el Gobierno y la extrema derecha justifican la operación del cuerpo policial represor, poniendo en duda el concepto de democracia y en peligro el ideal de paz por el que lucha el país en este momento.

Cifras de abusos del Esmad

Por esta razón, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, al lado de la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, los representantes Víctor Correa por el Polo Democrático e Inti Asprilla por el Partido Verde, miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, han hecho un debate en el Congreso de la República el pasado jueves 4 de agosto en presencia del coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, y miembros de la Defensoría del Pueblo, y han documentado los casos en los que se ha evidenciado irregularidad de las funciones por parte de integrantes del Esmad en el momento de vigilar manifestaciones sociales y estudiantiles, paros campesinos, así como desalojos de viviendas.
Según el representante Uribe, de acuerdo a las cifras presentadas, el objetivo es hacer un análisis detallado en los casos en que varias personas han perdido la vida.
Manifiesta entonces que en lo que va del 2016 se han denunciado 69 abusos por uso desproporcionado de armamento, uso excesivo de la fuerza y utilización de armas de fuego, y en esos eventos se reporta un total de 682 víctimas.
“Siete personas han sido asesinadas, otras 336 han sufrido lesiones personales y los homicidios fueron presuntamente cometidos por el Esmad en el contexto de manifestaciones y protestas como la cumbre agraria, el paro camionero y el sector más afectado, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, es el movimiento indígena que de un total de 69 casos de violaciones, 29 han ocurrido sobre esta población frente a los homicidios, que es sobre lo que hemos pedido información, tenemos cinco casos con seis personas muertas, presuntamente en acciones que responsabilizan al Esmad”.
Se recuerdan los casos ocurridos este año de Miguel Ángel Barbosa, asesinado el 21 de abril en Bogotá; Willinton Quibarecama, el 16 de mayo, miembro de la ONIC; Gersaín Cerón Marco Aurelio Díaz, 2 de junio en Santander de Quilichao; Luis Orlando Saís en Duitama a quien un gas lacrimógeno le dio directamente a la cabeza, causando, según Medicina Legal, trauma craneoencefálico severo debido al impacto del proyectil lacrimógeno.
 
Por su parte el representante Víctor Correa manifiesta que “he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende de contingencia frente a hechos que pueden perturbar el orden público se ha convertido en una fuerza de represión, de provocación, utilizada por los poderosos, por quienes sustentan los gobiernos para silenciar al opositor y a la inconformidad, para atacar la protesta social y, de alguna manera, vulnerar el orden democrático de nuestro país”.

La vida en Colombia debe ser sagrada

Según Ángela María Robledo, “durante la alcaldía de Mockus se logró preservar la vida sin usar la fuerza, bajo el lema ‘la vida en Colombia debe ser sagrada’ y es por eso que el Esmad debe convertirse en un cuerpo garante de los derechos humanos”.
Asimismo, según la representante, el Esmad se creó en una directiva temporal por el gobierno de Andrés Pastrana en febrero de 1999 en el marco del proyecto del Plan Colombia, de manera transitoria, pero “en Colombia todo lo que es transitorio, termina quedándose”. Se cuestiona Robledo, ante este panorama: “¿Cuál es el cambio que va a dar radicalmente el Esmad para enfrentar el posconflicto?”. Ya que, según ella, esta es una fuerza represora antisocial, pero sobre todo, antijóvenes, y se cuestiona finalmente cuánto le cuestan al Estado colombiano los 3.600 miembros de ese cuerpo represivo, cuya respuesta viene a ser la suma de 400 mil millones de pesos.
Inti Asprilla, por su parte, opina que “es necesario que se desmonte el Esmad, ya que entramos en la etapa del posconflicto y no tiene sentido que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”.
El coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, de manera fría y cínica, defendió la permanencia del Esmad, argumentando que este cuerpo policial es necesario para ofrecer la tranquilidad y seguridad de Colombia.
Vale la pena recordar que para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes.

COLOMBIA, DE REFORMAS, INJUSTICIAS Y AMENAZAS


Por: Javier Lopez B
 nos han llegado via-email estas dos noticias, las que seguramente  si no fueran porque aterrizan por  este medio  nunca tendríamos la oportunidad de leer.
de un lado  el comité de solidaridad de la CUT (central unitaria de trabajadores) nos reenvía esta denuncia del Movimiento  por la Defensa de los Derechos del Pueblo, las amenazas contra el compañero FREDDY GOMEZ de la ciudad de Pereira,  de otro lado continuan las reacciones de rechazo a la reforma a la justicia que aprobó el congreso neoliberal, un concepto, una opinion de Diego Escobar, de alternativa Judicial, (movimiento obrero al interior de Asonal Judicial-trabajadores de la rama judicial) y para rematar también vía e-mail un afiche con las caritas de algunos de los Honorable (así se hacen llamar) senadores que votaron el esperpento de la reforma a la justicia.
de todo como en botica ¡
— Mensaje reenviado ———-
De: RODOLFO NIETO <ronigi@yahoo.com>
Fecha: 27 de junio de 2012 09:15
Asunto: Rv: [modep] ACCIÓN URGENTE: amenazado compañero de SINALTRAINAL


Junio 22 de 2012

Pereira – Risaralda, Colombia
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
ACCIÓN URGENTE
 El Comité de Derechos Humanos Ignacio Torres Giraldo, perteneciente alMovimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –MODEP-, denuncia las reiteradas amenazas de muerte y señalamientos contra el compañero FREDDY GÓMEZ, activista del MODEP, sindicalista afiliado al Sindicato del Sistema Nacional Agroalimentario (SINALTRAINAL Dosquebradas – Risaralda), segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Risaralda y trabajador de la Multinacional Nestle, en su planta de Dosquebradas (Comestibles la Rosa).
HECHOS
1. El día jueves 14 de junio del 2012, siendo aproximadamente las 9:00 a.m., el compañero FREDDY GÓMEZ recibió una llamada en su casa en la cual le decían que él era otra de las personas que estaban en la lista de los que iban a desaparecer de Pereira.  Al preguntarles de qué hablaban le respondieron que él sabía lo que le decían y acto seguido lo insultaron.
2. El mismo día, siendo aproximadamente las 11:00 a.m., recibió otra llamada en la cual le dijeron que “dejara de estar jodiendo, guerrillero camuflado de sindicalista”.
ANTECEDENTES
1. Desde el año 2004 el compañero ha sido víctima de amenazas recibidas tanto por vía telefónica como personalmente y ha sido víctima de seguimientos en varias oportunidades. 
2. En el año  2008 fue víctima de un atentado en contra de su vida y la de su familia cuando desconocidos le dispararon al carro en el cual se transportaba con sus hijos y esposa, atentado del cual resultaron ilesos. 
3. Hace dos o tres años aparecieron en los baños de la empresa COMESTIBLES LA ROSA varios señalamientos y amenazas en su contra, algunos de los cuales están firmados por el grupo paramilitar “Bloque Cacique Calarcá”.
Todos estos antecedentes y hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.
Por todo lo anterior,
EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO  
1. Adelantar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad física y psicológica del compañero FREDDY GÓMEZ y de su familia.  
2. Dar cumplimiento a las recomendaciones de la OACNUDH y de la defensoría del pueblo frente a la protección de los y las defensoras de derechos humanos del país y de los sindicalistas.
3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “(…) individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos” (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “…la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2) 
Finalmente, solicitamos a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, gremiales y de derechos humanos a rodear al compañero FREDDY GÓMEZ y pronunciarse en contra de las amenazas proferidas en su contra.
Los invitamos a que se solidaricen dirigiendo sus pronunciamientos a las siguientes instituciones:
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26;
Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 562 9300
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente De La República De Colombia
Carrera 8a No.7-57.
Teléfonos (57 1) 444 2120, 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tel: 091 – 2871960
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Carrera 5ª nro. 15 – 60 (Bogotá)
PBX: (571) 5878750
LUIS CARLOS LEAL
Defensor del Pueblo regional Risaralda
Dirección: Calle 25 No. 7-48 Pisos 11 y 12 (Pereira – Risaralda)
Teléfono: (57) (6) 3240165 – 3240378
Fax: (57) (6) 3240221
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS –OACNUDH-
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

Comité de Derechos Humanos
Ignacio Torres Giraldo –ITG MODEP
NOTI – JUDICIAL
ORGANO INFORMATIVO DE ALTERNATIVA JUDICIAL
EXPRESION DE RESISTENCIA OBRERO – POPULAR
AL INTERIOR DE LA RAMA JUDICAL DE CALI
Mayo de 2012
Boletín Extraordinario No. 004
LA REFORMA A LA JUSTICIA
Estamos definitivamente a un Estado que constitucional y legalmente se aparta de su concepcion filofosofica contenida en el preambulo y articulo inicial de la carta politica de 1991.
No es un Estado Social de Derecho, y lo podemos refrendar con las constantes afrentas desde el Ejecutivo y el Legislativo Nacional, en temas tan deversos y complejos como en los que la historia politica y social del país, resulta tan afectada, como evidentemente lo esta con la aprobación de la REFORMA A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, porque lo único que se hizo, es legislar en contra del pueblo colombiano al privatizar el aparato judicial, somos concientes que al interior del mismo hay problemas serios y mayusculos, que lamentablemente son ocasionados por la desidia y negligencia del mismo Estado, para suministrar mejoras sustanciales en el modelo de administración de justicia actual, no hay recursos econòmicos para recuperar y reconstruir el palacio de justicia de Cali, “Pedro Elias Serrano Abadia” y el traslado de los despachos y servidores judiciales sigue siendo incierto, mientras tanto, los contratos de arrendamiento de los edificios seguira desangrando el escueto presupuesto asignado.
Edificaciones que están a cargo de la Direccion Nacional de Estupefacientes, porque le fueron incautados a personajes o bandas delincuenciales, esta dependencia se los entrega a particulares, y el Estado tiene que contratar con terceros, es un beneficio para el lucro individual de estos particulares, pues a la administración judicial de cali, le toca pagar arriendo, servicios públicos y reparaciones locativas de tales construcciones incomodas para el funcionamiento de oficina y de recepción de grandes flujos de usuarios que padecen igualmente de las incomodidades tales como: espacios confinados, sin iluminación ni ventilación, con ascensores obsoletos, procesos en las cocinas de los apartadespachos judiciales, con fugas de gas domiciliario y olores de comidas en otros.
Pero el tema es la reforma y sobre este hay mucho de donde informarse en esta edición les comparto algunos documentos que me han llamado la atenciòn y que considero pertinente reproducirlos en el ánimo de poder sensibilizar no solo a la base de asonal judicial, misión que me compete por ser el fiscal de la organizaciòn sindical en la localidad, sino a los usuarios (abogados y público en general) que tenga la oportunidad de leer estos documentos.
NO es posible que la oligarquia nacional, representada en los padres de la patria Ministros, Congresistas dicten leyes que los excluyen de investigaciones penales por sus actuaciones contrarias a la ley,  en el texto de la actual acto legislativo son 170 los congresistas que se beneficiaran de tal norma, y quienes siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por su participación y nexos con los paramilitares, por entregar licencias mineras de manera fraudulenta, por robarse el dinero destinado al pequeño campesinado (Ahorro Ingreso Seguro), por favorecer la reelección de Alvaro Uribe Velez (yidispolítica) y otras conductas oprobiosas en contra del pueblo colombiano.
Esos son los padres de la patria, los que salen cada 4 años a engañar al pueblo colombiano prometiendo bienestar, trabajo, vivienda, salud, educación, pero que cuando llegan a sus confortables sillas del Congreso de la REpública, se olvidan de todo lo prometido y comienza a vender la soberania nacional, a hipotecar la malla vial al capital privado, a privatizar los servicios públicos como educación, salud y hoy justicia.
Seremos los colombianos de bien, convencidos de la instauración de una verdadera democracia, capaces de movilizar a la nación no solo para oponernos de manera coyuntural frente al adefecio de la reforma a la justicia, si no que por el contrario, avancemos en términos de luchar incansablemente por los cambios estructurales que requiere el país, por derrocar este régimen de despojo y desolación?.
La respuesta desde mi punto de vista, es que SI, y es hora de arrancar con esta propuesta, colmemos los salones, auditorios, universidades, fábricas, salgamos a las calles a construir de manera colectiva el nuevo rumbo de los y las colombianas.
Abrazo revolucionario,
 DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Afiliado a Asonal Judicial
Ejecutivo CUT – Valle del Cauca
Dpto. Lucha Contra ETN’s y Solidaridad

 

COLOMBIA, LA REFORMA A LA JUSTICIA O LA LEY DEL EMBUDO


Por: Javier Lopez- Veedor Ciudadano

Mucho se habla  en los últimos días en Colombia entorno a la reforma a la justicia que tanto rechazo  a generado  en la población y que obligo a la renuncia del parlanchin ministro de justicia, así como la devolución a este congreso con objeciones por inconstitucionalidad  e inconveniencia del Presidente Santos, pero cuales son los puntos mas relevantes  de esta reforma que rebosaron la copa de quienes  promueven hoy en dia referendo revocatorios tanto del congreso como de la reforma misma, aquí les presentamos algunos de estos puntos, los mas escandalosos y repudiables:

1.- Eliminación  de la Comisión de Acusaciones de la Cámara  de Representantes y en su lugar se crea  la Comisión de Aforados, para Magistrados, altos dignatarios, incluyendo  secretarios de Senado y Cámara.

2.- Los congresistas  no tendrán  inhabilidades , lo que significa  que pueden ejercer  simultáneamente  varios cargos  y pueden  tener  las esposas, los hijos, los padres,ocupando  cargos de poder.

3.- Desaparece la perdida  de investidura  para congresistas, se establecen  sanciones de multas  y suspensiones.

4.- Los congresistas  no pueden ser  capturados, aun cogidos  con las manos en la masa, como el caso del senador Merlano( que se vio envuelto en un escándalo por conducir en estado de alicoramiento).

5.- Se aumentan  la edad de retiro  forzoso para Magistrados de altas cortes ( de 65 a 70 años) y el periodo  de 8 a 12 años), consiguiendo con ello  el favor de los “jerarcas” de la justicia, posiblemente  pensando  en la revisión  de la Corte Constitucional.

estas son solo cinco de las numerosas perlas  que contiene  el esperpento  que salio   del llamado “foro de la democracia” impulsado por el  parlanchin ministro de Justicia.

todo parece indicar que estas reformas (el proyecto en su totalidad) obedece al interés marcado de la clase gobernante, de las élites  burocráticas, de los  bandidos de cuello blanco  que utilizan el poder  en beneficio propio, como lo hacen también  con el manejo del erario publico o con  las reformas económicas  y sociales que solo benefician a  grandes empresariados y capitalistas internacionales, entregando  nuestros recursos naturales o privatizando las empresa rentables del estado.
es indiscutible que todos estos problemas se generan por que la “democracia” colombiana es una democracia deformada, marcada por intereses alejados del interés nacional y porque quienes se dicen llamar nuestros representantes lo que menos representan es el interés del pueblo y en especial de los sectores económicos menos favorecidos.
es por ello que  este escándalo deben sobrepasar los limites de  la reforma a la justicia y debe ser un momento propicio para que el pueblo se replantee el modelo económico que se le  impuso hace mas de 25 años (el neoliberalismos) así como el  modelo de democracia burguesa en donde suele equivocarse en la mayoría de los casos en la escogencia  de los representantes  y senadores, así como alcaldes, gobernadores,concejales y por supuesto el Presidente de la República, de quedarnos solo en revocatorias daremos la oportunidad  para que esa misma clase política disfrazada de “democratica” o los grupos llamados emergentes, los izquierdistas arrepentidos ( ya  vimos  en la television  a Antonio Navarro y a otros burócratas socialdemocratas impulsando en referendo) y en el peor de los casos a  elementos como el ex-presidente Avaro Uribe ( viudo de poder y ansioso por volver a secuestrar el estado para su beneficio propio, que habla de promover una constituyente,… ojo¡) apropiarse de esta coyuntura y sacando partido de la misma.

para derrotar la corrupción en todas sus expresiones se requieren de un alto nivel político y conciencia social de quienes realmente amamos este  país y deseamos que de verdad cambie y se convierta en  el país de todos, donde se reivindique la soberanía nacional, la justicia, la justicia social y el verdadero papel del estado impulsando   y promoviendo  para todos una sociedad sana física y mentalmente, lo demás son solo cantos a la bandera y campañas demagogicas  que no nos permitirán  cambiar la ley del embudo que durante  tantos años nos a  gobernado, es decir lo ancho para la burguesía trasnacional  y el capitalismo internacional y lo angosto para el pueblo, es decir  la mayoría de los colombianos.
apoyo periodístico: edición impresa de El  Caleño (edición viernes 22 de junio de 2012)

Toda la reforma a la justicia tiene que hundirse
Declaración del senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alternativo)
25 de junio de 2012
 
La reforma a la justicia tiene que hundirse toda, pues este engendro no se arregla con los retoques propuestos por el presidente Juan Manuel Santos. Las objeciones presidenciales no eliminan todas las gabelas otorgadas a los congresistas y magistrados, mantienen los mecanismos con los que el Ejecutivo pretende violar la independencia judicial y respaldan las medidas que privatizan la administración de justicia.
 Las objeciones presidenciales y las sesiones extras son astucias para salvar la reforma a la justicia. Con este truco, el jefe del Estado pretende quedar bien ante la opinión pública y tapar que él es el principal responsable de lo ocurrido. Actitud muy propia de la personalidad del presidente Santos: manipular las cosas para presentarse como lo que no es, mientras actúa como lo que sí es.
 Lo que esta haciendo el mandatario para quedar bien y salvar la reforma viola la Constitución de manera descarada, porque las normas prohíben que las reformas constitucionales sean discutidas en sesiones extraordinarias. Con este tipo de decisiones Juan Manuel Santos se está consagrando como el rey del tapen-tapen y del todo vale, superando a todos sus predecesores. Es inaudito que el Presidente interprete la Constitución a su antojo para salvar un proyecto supremamente retardatario.
 Los colombianos no deben equivocarse: la reforma a la justicia debe hundirse toda, porque toda es regresiva. Si la movilización obligó a Santos a posar de contrario a la reforma, la movilización también es capaz de enterrarla en su totalidad.

A la oligarquía colombiana no le interesa la paz

El conflicto armado en Colombia no existe porque a un grupo de campesinos forajidos se les haya ocurrido, de buenas a primeras, organizarse y armarse para atacar al Estado. Eso es lo que quiere hacernos creer la élite económica y política, reproduciéndolo cada vez de forma más impúdica en sus cajas de resonancia: los medios masivos de comunicación. A lo que le apuestan definitivamente es al embotamiento de la memoria. Por eso una obligación, de los medios de comunicación popular y de todos los escenarios políticos construidos por los sectores populares, es la preservación de esta memoria. De ello depende la paz del futuro.
El conflicto armado en Colombia se fraguó por el ataque persistente de esta élite económica y política contra los sectores populares, y desde el principio supo combinar todas las formas de lucha (militar, paramilitar, legislativa, propagandística, doctrinaria), la misma que todo el tiempo le critica a la izquierda. Así han arrinconado permanentemente a los pobres obligándolos en diversas ocasiones a organizarse para defenderse. No se puede perder de vista que todas las guerrillas en Colombia nacieron como grupos de autodefensas: recuérdense el origen del Quintin Lame, de las guerrillas liberales y de las Farc, por mencionar apenas algunas.
Y la confrontación armada entre Estado y guerrillas en Colombia no ha perdurado durante más de cincuenta años porque las guerrillas simplemente sean tozudas, porque se hayan corrompido con los dineros del narcotráfico y hayan devenido en organizaciones terroristas. Esto es pura propaganda repetida hasta el cansancio en los medios de comunicación masiva. En dicha propaganda ponen siempre a jugar de forma amañada las estadísticas, horrorizándose de los actos de la guerrilla, pero condescendiendo con los del Estado y sus instituciones. Es cierto que el secuestro es horrendo, pero no menos horrenda es la desaparición forzada y los crímenes de Estado que ha practicado recurrentemente el establecimiento contra sus opositores. Muchas marchas ha promovido esta élite contra el secuestro, contra la desaparición forzada y los falsos positivos, ninguna. La insensibilidad encostrada en el alma de esta mal llamada “sociedad civil”, cultivada por los medios masivos de comunicación, ha llegado hasta el extremo no sólo de elegir presidente a uno con claros vínculos con el paramilitarismo, sino al propio Santos, que como ministro de defensa legalizó prácticamente la pena de muerte (recuérdese el aberrante caso del asesinato de alias Iván Ríos y el muñón que su asesino entregó como trofeo al propio ministro para cobrar su recompensa) y promovió las ejecuciones extrajudiciales para inflar las cifras de guerrilleros “dados de baja”. Y sobra mencionar el número de masacres perpetradas por las fuerzas militares o los paramilitares con participación o connivencia de los primeros.
Voluntad de paz es lo que no ha tenido nunca esta élite colombiana, que además fue quien creó el estado de cosas intolerables que llevaron a ciertos grupos de los sectores populares a armarse. Y hasta ahora no han hecho más que profundizar tal estado de cosas. Ello puede evidenciarse con la respuesta del establecimiento a cada intento de desmovilización y de inserción a la vida civil de algunos grupos guerrilleros: se mide, por ejemplo, en el número de guerrilleros asesinados después de cada desarme. Entre los casos emblemáticos se destacan, en la desmovilización de las guerrillas liberales al final de los años 50, el  asesinato de Guadalupe Salcedo, líder legendario de las guerrillas del Llano; entre los desmovilizados del M19 a principios de los 90, el asesinato de Carlos Pizarro. Y una herida abierta en la historia de Colombia que nunca terminará de cicatrizarse: el exterminio de la Unión Patriótica, partido político a través del cual las Farc se proponían integrarse a la política institucional, a partir de los acuerdos establecidos entre el gobierno de Belisario Betancourt y este grupo insurgente. Más de cinco mil integrantes de esta organización política fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia en la campaña de 1990: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa.
Cabe destacar que fue justamente la respuesta del establecimiento ante las desmovilizaciones de un sector de la guerrilla liberal la que dio origen a las Farc: el desalojo violento, ordenado por el gobierno de Guillermo León Valencia, a estos grupos que se habían asentado en Marquetalia, el Pato, Riochiquito y Guayabero y se habían organizado en torno a una propuesta de economía campesina autogestionada.
Pero lo que más presente debemos tener hoy es que el conflicto armado es apenas una de las manifestaciones de un conflicto político más complejo, sólo la punta del iceberg. La guerra no es entre el Estado y la guerrilla; se trata más bien de una guerra no declarada pero cada vez más aguda de la élite económica y política, parapetada en todas las instituciones del Estado, contra los sectores populares. Y esta guerra se materializa en las estrategias de represión, persecución y asesinato, y, sobre todo, en una legislación que hunde cada vez más a los pobres en la miseria, mientras concentra la riqueza en manos de esta élite y del capital extranjero.
En este sentido, la paz no puede entenderse como el resultado de unas negociaciones entre el gobierno y las guerrillas, en donde estas últimas abandonan las armas. Al contrario, sólo la transformación real de las condiciones de injusticia económica, social y política que promovieron el surgimiento de las guerrillas puede conducir a un clima de paz efectivo que haga definitivamente innecesaria y anacrónica la confrontación armada. Pero en este respecto es en donde menos voluntad política ha tenido la élite enquistada en el Estado. Por ejemplo, las aproximaciones entre el gobierno de Uribe y la guerrilla del ELN, que debían conducir a un diálogo (que en términos de esta guerrilla debía ser con toda la sociedad civil y conducir a una convención nacional) se truncaron porque el gobierno se negó a negociar los puntos que el ELN ponía como prerrequisito y tenían que ver con la atención a la crisis humanitaria en diferentes regiones y dimensiones sociales, ocasionada por las políticas neoliberales. Pero eso no lo dijeron los medios masivos, más bien se empeñaron en convencernos de que el proceso se había frustrado por falta de voluntad de la guerrilla.
Los medios de comunicación masiva, por ejemplo, se le echaron encima al gobierno de Pastrana porque negociaba con una guerrilla, las Farc, que supuestamente no daba señas de ninguna voluntad para el diálogo. Pero jamás exigieron estos mismos medios una voluntad real del gobierno para alcanzar una verdadera paz. Ninguno cuestionó el hecho, por ejemplo, de que mientras Pastrana simulaba dialogar con la guerrilla, implementaba el Plan Colombia para fortalecer las fuerzas militares en su cruzada contra los campesinos que aún defendían sus tierras. Tampoco criticaron que en este mismo tiempo hiciera un recorte ostensible a las transferencias que la nación debía girarle a los entes territoriales para invertir en salud y educación; ni que se inventara la reforma a la educación superior, que la privatizaba definitivamente. Nada de esto era para los grandes medios una estrategia de guerra. Lo único que les importaba era sabotear la posibilidad de diálogo.
Eso mismo hacen hoy, cuando la guerrilla de las Farc empieza a dar algunos pasos definitivos que la acerquen a un diálogo con el gobierno. Después de la más reciente entrega de policías y militares que las Farc mantenía retenidos desde hacía varios años, los medios levantaron su voz en coro, no para dar cuenta de las posibilidades de diálogo que estas acciones de la guerrilla abrían, sino para insistir de forma insidiosa en que no era suficiente. Según los medios  masivos la única posibilidad de paz es que las Farc liberen de una vez a todos los secuestrados, suelten las armas y se entreguen a la justicia colombiana. El Estado (es decir, la élite), según estos medios, no tiene por qué hacer ninguna concesión. La insistencia ha ido tan lejos que Julio Sánchez Cristo y Alberto Casas Santamaría, representantes de la godarria jurásica, en una entrevista realizada al respecto en la W a Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial de la Paz, insistían en que el gobierno no tenía que responder al gesto de las Farc con la liberación de algunos presos políticos, porque en Colombia no existe el delito político. Ver http://www.wradio.com.co/buscar/entrevista%20con%20socorro.aspx.
No cabe en estos grandes medios, por ejemplo, la idea de que la locomotora minero-energética es una estrategia de guerra que aniquila y desplaza campesinos, negros e indígenas, al tiempo que arrasa con los recursos de nuestro territorio. No se les ha ocurrido que la reforma a la educación superior que propone el gobierno, siguiendo el camino de Pastrana, es también una estrategia de guerra que cierra la universidad a los hijos de los pobres. Ni conciben como una estrategia de guerra la propuesta de reforma a la justicia, en donde, entre otros adefesios, se propone que de nuevo los crímenes innumerables cometidos por los militares en esta guerra sin cuartel contra los sectores populares sean juzgados por la justicia militar. Descononocen justamente que dicha jurisdicción se pasó a la justicia ordinaria por la desvergonzada impunidad y olvido a los que el espíritu de cuerpo de la justicia militar relegaba estos crímenes.
Así las cosas, debe ser claro para nosotros que las posibilidades de una paz real en Colombia está hoy tan o más lejos que en la década de los sesenta, cuando emergieron las principales guerrillas de la segunda mitad del siglo pasado. Debe ser claro también que la paz no se negocia entre el Estado y la guerrilla, es resultado de un proceso de transformación social que elimine los privilegios que concede la explotación capitalista y todas las formas de dominación que en torno a ella se estructuran hoy. Ante la falta de voluntad de los poderosos de este país – títeres además del imperialismo-, la paz no puede ser otra cosa que el resultado de la construcción desde los sectores populares organizados de una fuerza tan grande que sea capaz de articular los diversos proyectos y planes de vida gestados por las propias comunidades y materializados a pesar o por encima de la voluntad de quienes hoy se consideran invencibles. Ello sólo será posible si las grandes plataformas de articulación de los movimientos populares que avanzan hoy de manera separada encuentran el camino de coordinación y construcción colectiva, sin vanidad ni dogmatismo. Esa es la tarea que hoy nos asiste.

COLOMBIA: 94.4% DE LOS CRÍMENES A SINDICALISTAS SIGUE IMPUNE..Y AUMENTAN AGRESIONES CONTRA ESTOS

“Solo el 22 % de los homicidios registrados alude a un presunto autor, dice informe”

Por: EFE
La Oficina en Colombia del Programa de lasNaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló en un informe divulgado el lunes que desde 1984 han sido asesinados en el país andino unos 2.800 sindicalistas y el 94,4 % de esos crímenes permanece en la impunidad.
Las cifras están contenidas en el documento “Reconocer el pasado. Construir el futuro”, sobre la violencia sindical en Colombia, en el que se añade que, además, se registraron 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas.
El mismo estudio, coordinado por el PNUD y en el que intervinieron el Gobierno colombiano, las centrales de trabajadores y el sector empresarial, resalta que si bien desde 2003 bajaron los asesinatos, “aumentaron las amenazas” de dirigentes y sindicalistas en el país.
Y precisó que las organizaciones sindicales más afectadas son la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera (USO) y los sindicatos de trabajadores del cultivo del banano.
El coordinador del informe, Carlos Miguel Ortiz, destacó durante la presentación que “solo el 22 % de los homicidios registrados alude a un presunto autor”.
De esos casos en los que se reconoce autor, los paramilitares figuran como los presuntos culpables del 14,9 % de los casos, seguidos por las guerrillas (5,04 %) y los agentes del Estado (1,69 %).
Más atrás, y con muy escaso porcentaje, aparecen otros grupos y la delincuencia común, señaló Ortiz.
Asimismo, indicó que hasta agosto de 2009 se habían dictado 223 sentencias relativas acrímenes de sindicalistas cuando había en ese momento en curso un total de 1.743 procesos con 2.791 homicidios registrados; y desde entonces la situación no ha variado sustancialmente.
A su turno, el coordinador residente del PNUD en Colombia, el italiano Bruno Moro, instó a “adoptar medidas contra la impunidad”, urgió a asumir un compromiso para “entender y solucionar el problema” y señaló que esas cifras convierten a Colombia en un país con “índices inaceptables” de violencia contra los sindicalistas.
El documento sugiere al Estado iniciativas para una política criminal efectiva, presenta propuestas para alcanzar una reparación individual y colectiva en materia de prevención y protección de los sindicalistas.
El estudio, que incluye varias investigaciones de expertos y las conclusiones en quince espacios de discusión realizados en los dos últimos años, será entregado al Gobierno este miércoles en un acto público en Bogotá.
A la entrega asistirán el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, así como dirigentes de las centrales obreras y empresariales, y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
lider de despalzados asesinada en colombia

Denuncian aumento de agresiones a 

defensores de derechos humanos


Según los activistas, los ataques se incrementaron en un 126% en la primera mitad del 2011 con respecto al mismo periodo del 2010.
Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denunciaron este jueves el incremento de agresiones y asesinatos de activistas en Colombia y la impunidad en la que queda la mayoría de estos delitos.
En un acto al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, entidades como la Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura o la Comisión Colombiana de Juristas revelaron cifras que demuestran un aumento de la persecución a los defensores de las víctimas de represión.
Los ataques individuales a defensores de los derechos humanos en Colombia se incrementaron un 126 por ciento en la primera mitad del 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior, según estas agrupaciones.
En diez meses, de julio de 2010 a mayo de 2011, se contabilizaron en Colombia 255 agresiones contra estos activistas, de las que 54 fueron asesinatos, como comprobó sobre el terreno una misión internacional organizada por la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia.
Esta misión de verificación, compuesta por 40 personas de 15 países, recorrió ocho regiones colombianas del 28 de noviembre al 2 de diciembre pasados y se entrevistó con decenas de organizaciones, entidades y autoridades, tras lo que constató que las agresiones van en aumento y, sobre todo, que la mayoría queda impune.
“Crímenes graves como asesinatos y desapariciones continúan en la impunidad. Tuvimos noticias de casos en los que los denunciantes dieron incluso nombres y apellidos de las personas que los amenazaban y, sin embargo, las investigaciones no han avanzado”, afirmó Christiane Schwarz, miembro de la comisión.
“Hemos sabido de pocos casos en los cuales los responsables de las agresiones fueran llevados ante la justicia”, agregó.
La comisión detectó varios factores que contribuyen a la impunidad, entre ellos, el temor generalizado a denunciar las agresiones “por la realidad de las represalias que sufren” quienes lo hacen, puntualizó Schwarz.
Además, algunas fiscalías operan dentro de guarniciones militares, muchas autoridades a nivel regional niegan la existencia de grupos armados ilegales o en numerosas ocasiones dichas agresiones son tratadas como delitos comunes, no como consecuencia de la labor de los defensores.
Por otra parte, la misión denunció el incremento de casos de enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos, basados en denuncias irregulares y usados como método para abortar sus actividades

CORRUPCION BURGUESA COLOMBIANA: CALI- “LA PODREDUMBRE”

calihoy.blogspot.com

Por Ramiro Varela M.

http://caliescribe.com/politica/2012/02/11/2041-concejo-personeria-y-contraloria-municipal-co-responsables
 

Cuando al alcalde Rodrigo Guerrero le preguntan cómo recibió el Municipio de Cali, ha dicho que, económicamente, la “olla está raspada” y si quieres enterarte de toda la “podredumbre” del Municipio háblate con Miguel Meléndez Secretario de Infraestructura y Valorización. Ésa es la calificación que hace el actual alcalde del gobierno anterior. Efectivamente llegó el momento en que se ha oficializado la primera parte de la verdad de la pasada Administración Municipal liderada por Jorge Iván Ospina, que es de putrefacción.

La relación de lo que se conoce oficialmente hasta la fecha sobre los hechos irregulares de la administración Ospina en donde el Municipio pierde muchísimo dinero público se resume en: 

Estadio Pascual GuerreroEl millonario despilfarro e inmoralidad contractual en la remodelación del estadio Pascual Guerrero (predio de la Universidad del Valle); corrupción administrativa de Megaobras coordinada desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización pero manejada en las esferas próximas al Alcalde con pocos concejales; los casos de SIEMENS para el recaudo del MIO heredado del gobierno anterior, que demuestran la inmoralidad de la Presidencia de Metrocali; millonaria corrupción política en guardas cívicos ejecutada por los subalternos del Alcalde y los Concejales más cercanos; corrupción y desgreño administrativo en la Secretaría de Salud y las ESES coordinada por sus más cercanos colaboradores; el negocio del Lote de Talleres del Municipio liderada por la Secretaria de Vivienda; el negocio con el Centro de Diagnóstico Automotor desde el despacho del Alcalde y ejecutado en su círculo íntimo; corrupción en el Programa de Vivienda de Santa Elena con el sector privado y heredada del gobierno anterior; corrupción y desgreño administrativo en el DAGMA en la puesta de la autoridad ambiental al servicio a particulares; la lavandería de contratos en la EMRU; la corrupción en Planeación Municipal y hasta en la contratación con Univalle; el desgreño administrativo en la Secretaria de Cultura y Corfecali; corrupción política con el Concejo, Personería y Contraloría Municipal y lo que definitivamente colmó la paciencia del “espejo retrovisor” fue el manejo de las finanzas públicas en el Gobierno anterior.

Rodrigo GuerreroPor ello la calificación que hace el alcalde Guerrero de la “podredumbre” encontrada del Municipio de Cali, es precisamente la descomposición del ser humano generalizada en todas las dependencias de la administración anterior, que originó la decadencia y desmejora moral del Municipio, por lo que se ha podrido y es a la administración Guerrero a la que le toca sanear no solamente las finanzas, sino la cultura de los funcionarios públicos municipales

La “podredumbre” en el estadio

Ya no alcanzaron los $105 mil millones que costó la remodelación del Estadio, sino que hacen falta más dineros, que según la nueva Secretaria del Deporte Clara Luz Roldan, alcanzan la suma de $9.000 millones, para la terminación del 100% del Pascual Guerrero. Éste es un hecho irregular, muy grave, que investiga la Fiscalía y la Procuraduría. Mucho se ha publicado sobre el interés del alcalde Ospina con esta obra, pero la firma de un acta por mayores cantidades de obra por $10 mil millones el lunes 26 de diciembre del 2011, sin que la revisara el interventor del contrato, prueba su interés personal en este proyecto. Y haber pagado $4.500 millones, atreviéndose a quitarle esos recursos a la comunidad, en sus obras más sentidas, permite entender la situación al interior de la relación de presión entre alcalde y contratistas.

El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, en cabeza del Pascual Guerrero, decía en el mes de Noviembre que la obra la entregaría el 31 de Diciembre y ahora faltan 90 días adicionales, es decir, para el mes de Mayo del 2012. Hay un acta de $15 mil millones que tiene la Secretaría del Deporte para cancelarle dineros al Fondo Mixto por el estadio, pero mientras no haya actas de liquidación de garantías contractuales, esos dineros no serán desembolsados.

El escándalo crece, el estadio no se entrega, la ciudadanía se indigna y los organismos de control rezagados en las investigaciones.

La corrupción administrativa de Megaobras

Está probado por parte del Secretario de Infraestructura y Valorización Ing. Miguel Meléndez que:

1.    Los estudios, diseños y planeación no están terminados, que la plata no alcanza para las obras en ejecución y menos para la 2ª fase que no se contrató.

2.    La liquidación y distribución de la valorización quedó mal hecha. Los caleños no tuvieron capacidad de pago, no hubo planeación administrativa y financiera, no hay cierre financiero.

3.    Las Megaobras no corresponden a un plan coordinado de ciudad, es una colcha de retazos, el sistema de pago de las Megaobras de precio global fijo es perverso y las 21 Megaobras no obedece a ninguna planeación urbana.

Se puede deducir la gravedad con lo que se encuentra el alcalde Rodrigo Guerrero, pues después de este diagnóstico lo único cierto es que le Municipio debe pagar el $1 billón de valorización y no los ciudadanos. Estas irregularidades fueron dirigidas por el Consorcio G y B representado por el Ing. Rodrigo Cerón, quien en la práctica fue el gerente de las Megaobras y por ello tuvo $6.200 millones de honorarios, entre ellos una prima éxito de $5.368 millones. Esa errónea estructuración técnica, económica y  jurídica de Megaobras fue algo inconveniente para la ciudad y prontamente se conocerá un desequilibrio financiero superior a ese $1 billón, cuando los jueces fallen la legalidad para la 21 Megaobras. Todo esto por la equivocada decisión del alcalde y el estructurador al pasarle los estudios y diseños finales a los contratistas de las Megaobras: Infraestructura Cali (Pavimentos Colombia), Megaobras Cali (Conalvías) y vías de Cali (Vergel y Castellanos).

Los casos de SIEMENS para el recaudo del MIO

Jorge Iván Ospina y Metrocali fueron gestores finales de la solución al negocio del recaudo del MIO a cargo de un consorcio liderado por SIEMENS. La acción mágica de una tutela otorgó este contrato que genera honorarios por más de $1 Billón. En su momento la Cámara de Comercio de Cali protestó por el negociado. Adicionalmente el gran pecado de Ospina fue pasar de inocente y no hacer el lobby para que la tutela la revisara la Corte Constitucional. Así de torcido nació uno de los contratos más grandes de la administración pasada.

La millonaria corrupción política en guardas cívicos

Éste es uno de los casos más evidentes de corrupción administrativa, en donde se despilfarraron más de $48 mil millones en dos años, solo para tener 1.300 guardas electorales (cívicos), que fueron distribuidos equitativamente entre los amigos del alcalde y la mayoría de Concejales. La comunidad da testimonio que durante 2 años la mayoría de dichos guardas deambularon las calles de la ciudad, sin rumbo y sin control.

La corrupción y desgreño administrativo en Salud y las ESES

La situación económica financiera y de viabilidad institucional de la salud de Cali es crítica todo por la corrupción en la Secretaría de Salud y las Empresas Sociales del Estado, generando insuficiencia financiera en su operación, lo que da un desequilibrio superior a los $100 mil millones en la administración del alcalde Ospina. Rodrigo Guerrero ha decidido presentar un proyecto de Acuerdo para viabilizar el servicio de la salud de Cali. Muchos hospitales públicos son inviables y todas las redes de salud con deficitarias.

El negocio del Lote de Talleres del Municipio

El Municipio perdió la joya de la corona que era el lote de 92mil m2 ubicado en la Carrera 8ª con Calle 70 y que tiene un valor comercial de $50 mil millones. Todo por no reversar un equivocado convenio asociativo para desarrollar vivienda, que se hizo sobre un Programa denominado BRISAS DE LA BASE con la sociedad del Ing. Fabián García Ríos. Allí se construyeron en 5 años tan solo 140 apartamentos y el resto de  la tierra de 80 mil m2, se permutó irresponsable e ilegalmente con un lote en Yumbo, en donde los avalúos han sido cuestionados y por supuesto la conveniencia del negocio, que el alcalde Guerrero debe reversar.

El negocio con el Centro de Diagnóstico Automotor

Rodrigo Guerrero ha criticado el convenio prorrogado en los finales de la administración anterior entre el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle y la Secretaría de Tránsito de Cali, porque se presentan situaciones que no benefician financieramente al Municipio sino a particulares. Éste convenio se encarga de llevar el registro de los vehículos de la ciudad, recaudar dineros del tránsito y sistematizar la información de esta entidad. Va a manejar en los próximos 12 años más de $1 billón y  los cuestionamientos se fundamentan en la baja participación que recibe el Municipio de Cali, que tan solo es del 40%, mientras en Bogotá es de orden el 50%. El presunto detrimento patrimonial de la ciudad superaría los $100 mil millones en la ampliación del contrato con el CDAV.

La lavandería de contratos en la EMRU

La Administración Guerrero internamente ya comprobó cómo  se utilizó la empresa de Renovación Urbana para desarrollar contratos que vulneraran la ley de contratación administrativa, especialmente en todos los que fueron los estudios de las Megaobras, contrataciones con Metrocali, Secretaría de Educación, Secretaría del Deporte, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Planeación Municipal y el DAGMA. La suma de todos estos contratos supera los $150 mil millones y en ellos se hizo de una manera directa, obviando la licitación pública.

La corrupción política con el Concejo, Personería y Contraloría Municipal

¿Cómo logró el alcalde Jorge Iván Ospina sacarle más de $2 billones a los caleños en contrataciones irregulares, sin que el Concejo, la Personería y la Contraloría  Municipal cumplieran sus funciones? La única respuesta es: a través de la corrupción política, pues no hubo ningún debate que condujera a ninguna investigación de  fondo y se podría decir que la ciudad en los 4 años pasados no tuvo control constitucional, ni disciplinario y menos fiscal de sus organismos municipales competentes.

Ha sido tan evidente lo que los Secretarios del despacho han encontrado y sin desarrollar ninguna persecución administrativa o  política al gobierno anterior. Lo cierto fue que les tocó trabajar con el “espejo retrovisor” para tratar de proyectar el nuevo plan de acción del gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero, quien en la sola palabra “podredumbre” resume lo que paso en la administración Ospina.