PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA: Clacso se solidarizó con el profesor Miguel Ángel Beltrán

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En una serie de declaratorias aprobadas al finalizar la XXV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Medellín este 9 de noviembre, Clacso expresó su solidaridad con el docente colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, condenado a cien meses de prisión por el delito de rebelión.

El fallo contra el profesor fue emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá que, en diciembre de 2014, revocó la decisión de la Jueza Cuarta Penal Especializada de esa ciudad quien había absuelto al catedrático, detenido desde el 21 de mayo de 2009.

Refiriéndose a la persecución y criminalización del pensamiento crítico, la declaratoria de Clacso por la libertad del doctor Miguel Ángel Beltrán, expresó su preocupación por la detención del docente máxime cuando en el país se adelanta un proceso político de paz.

De igual forma, recordó que el docente e investigador colombiano desarrollaba un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde “mostró una total dedicación a la vida académica y al pensamiento crítico.”

Beltrán Villegas es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México, y Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Guajira colombiana es gobernada por una narcodinastía

Kiko Gomes y Juan Manuel Santos
La parapolítica y el narcotráfico han venido reforzando su progresiva institucionalización en el tejido político y social de La Guajira colombiana desde hace aproximadamente 25 años. Nada fuera de lo común en un país como Colombia, donde el ya regularizado ejercicio formal de la política es la síntesis final de la lucha intestina (y permanente) entre grupos criminales dedicados a la paraeconomía en toda su amplia gama de actividades y al financiamiento del aparato de seguridad paramilitar tan indispensable para que el primero pueda funcionar y desarrollarse en amplias longitudes territoriales.
Es quizás en La Guajira colombiana, por su condición geoestratégica fundamentalmente, que el advenimiento de narcodinastías empotradas desde hace décadas en la dirección estadal en este departamento fronterizo puede observarse con una mayor claridad en la actualidad.
La exposición que exhibe el departamento de la Guajira colombiana con el Océano Atlántico constituye un canal marítimo y aéreo privilegiado para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, como también lo es el amplio nexo territorial fronterizo con Venezuela en la consumación de redes mafiosas de contrabando ininterrumpido de combustible y mercancías de distinto tipo.
Ambas facultades geográficas representan un circuito de acumulación paraeconómica inmensamente rentable.
Es gracias a este posicionamiento territorial que la narcodinastía de los Ballesteros-Bernier se han apoderado política y económicamente del departamento, mediante sus estrechísimas relaciones con el paramilitarismo, con el lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional y con el contrabando de combustible y otros productos desde Venezuela.
Jorge Ballesteros, ex senador de La Guajira por el partido de Juan Manuel Santos (el Partido de la U), es el padre del actual gobernador de dicha entidad, José María Ballesteros. Ballesteros padre fue el primer gobernador electo en el año 1992.
Jorge Ballesteros es hermano del famoso “Hombre Marlboro”, Samuel Santander Lopesierra, quien en el año 1986 figuró como concejal de Maicao y dos años después como diputado nacional por el departamento de La Guajira. Fue uno de los operadores más importantes del narcotráfico y el contrabando de la zona mediante las conexiones que sostuvo durante años con la poderosa familia Mansur, radicada en Aruba y Miami, la cual ostentaba los derechos de distribución de cigarrillos de la multinacional British American Tobacco.
Ese carácter de exclusividad en cuanto a relaciones públicas mafiosas le permitió a Samuel Santander Lopesierra ingresar vía contrabando ingentes cantidades de cigarrillos, licores y electrodomésticos a La Guajira desde Aruba. Lopesierra, por su parte, pagaba los favores con el envío de cocaína hacia los predios de la familia Mansur, quienes a su vez (re)invertirían ese capital en redes de hoteles y casinos en la ciudad de Miami entregándole una importante comisión en dinero limpio al exportador de origen.Lopesierra, además, fue el artífice fundamental en la inserción del paramilitarismo en La Guajira mediante sus nexos con Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Carlos Castaño durante la década de los 90, potenciando las capacidades operativas de las redes del contrabando de gasolina desde Venezuela, como también de la pujante industria del narcotráfico que, como el agua, busca la salida más fácil, sólo que es agua tóxica y lo bastante disolvente como para apropiarse a fuego lento del borde donde ejerce soberanía territorial, energética y agroalimentaria el que tiene al lado
Los wayúu desplazados y la apropiación indiscriminada de tierras en beneficio de trasnacionales y élites paraeconómicas que generó esta política de Estado, es sólo la confirmación de que la narcodinastía de la que hablamos también supo sacarle provecho a su mina de esclavos, todos empujados al trágico azar de la violencia, el narcotráfico y el contrabando.
Y todo esto comenzó a agarrar cuerpo cuando el hermano de Lopesierra fungía como gobernador, el cual aparte de otorgarle facilidades y condescendencias extremas también se beneficiaba del genio paraeconómico del hermano.
Del vientre político de Lopesierra y Jorge Ballesteros nació el último gobernador de La Guajira, el famoso “Kiko” Gómez Cerchar. Aprovechando los consejos de sus mentores políticos, basó su dominio gubernamental a partir de la vinculación con el jefe paramilitar alias “Marquitos”, y con las redes de contrabando y narcotráfico que ya se habían labrado 18 años antes. Durante ese lapso de tiempo, “Kiko” Gómez estaba dando sus primeros pasos como actor de segunda en el tráfico de armas, drogas y gasolina venezolana.
A “Kiko” Gómez se le relaciona directamente, en medio de su mandato como gobernador del departamento, con 131 asesinatos políticos perpetrados a concejales, procuradores, exministros y líderes wayúu.
En la portada de esta nota pueden ver a Juan Manuel Santos riéndose con “Kiko” Gómez.
El delfín de la narcodinastía y actual gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, bebió políticamente de “Kiko” Gómez aprovechando las alianzas que le había dejado a través de este oscuro personaje su querido tío, Samuel Lopesierra, con el narcoparamilitarismo y el blindado sistema paraeconómico regional que subsiste gracias al ataque sistemático a la soberanía venezolana.
Vale la pena destacar que Gómez es nieto de un coronel, hacendado y miembro del Partido Liberal, Mario Catalino Gómez, quien participó en la Guerra de los Mil Días, y que su esposa es Bibiana Bacci García, prima hermana del jefe paramilitar alias “Marquitos”.
En la endogamia parapolítica no hay espacio para las casualidades.
El cierre fronterizo supone, en términos políticos generales, una actitud proclive al diálogo binacional. Sin embargo esa capacidad de diálogo se ve vilipendiada cuando del otro lado no hay políticos, sino lacras de cuello blanco.

La responsabilidad de Álvaro Uribe y del general Mario Montoya en el caso de los muertos que están desenterrando en La Escombrera

Las 2 Orillas

Muchos de los cadáveres fueron asesinatos producto de la Operación Orión que dirigió el general Mario Montoya, quien, por órdenes del entonces presidente Uribe, realizó una cruenta retoma de la Comuna 13.

El 29 de mayo de 2002, con el pretexto de pacificar la comuna 13 de Medellín, una primera operación militar –la Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la fuerza pública y se saldó con la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50 detenciones arbitrarias.

La intrusión, sin embargo, sólo duró unas horas: la población salió con banderas blancas y al mismo tiempo la presencia de la prensa y de organizaciones de defensa de los derechos humanos ejercieron tal presión que el ejército tuvo que detener su intervención.

Una de las primeras órdenes que dio Álvaro Uribe como presidente, fue «retomar» la Comuna 13 –una forma de inaugurar su dura política de «seguridad democrática»-. Tras una breve operación «Antorcha» (el 15 de agosto), la operación «Orión» lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política, DAS). Más de 3.000 hombres lanzados en una operación de guerra total contra la población.

En efecto, aunque en las primeras horas las milicias combatieron,  la envergadura de la ofensiva las obligó a replegarse. Eso no impidió que los helicópteros continuasen acribillando los tejados de las casas, las tanquetas  siguieron disparando de forma indiscriminada empujando a las calles una avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco días de «pacificación», vestidos de camuflaje, la cara cubierta con pasamontañas negros, los «informadores» -entre ellos un tal Carlos Pesebre que lo confesaría- guiaron a los agentes de la fuerza pública que registraron las casas. Al final de los registros, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se contaron 355 detenciones arbitrarias a las que se añadieron, según el balance oficial, 39 civiles heridos, siete desaparecidos y tres policías muertos.

La primera fase de la operación duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba completamente aislada. Nadie tenía autorización para salir o entrar, únicamente la versión de la fuerza pública se filtró a los medios, «se trata de una operación militar legítima que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto la paz a la Comuna».

Una segunda fase podía comenzar: en la Comuna 13 sólo permanecían los efectivos del ejército, de la policía y los paramilitares del «Bloque Cacique Nutibara» que ocupaban totalmente el territorio, lo que no habían podido hacer hasta ese momento. Desde entonces en esa zona, presentada como un «laboratorio de paz», era  raro no encontrar cadáveres en las calles. Así fue, recurriendo a la práctica de las desapariciones forzosas, como los paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003. «Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla».

Doce años después sabemos un poco más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de Estado. Los supervivientes, los familiares de las víctimas e incluso los exparamilitares han afirmado que muchos desaparecidos fueron enterrados en un lugar llamado «La Escombrera». Un vertedero 50% público y 50% privado que se extiende por 15 hectáreas en la zona alta de la Comuna 13, en el límite del barrio El Salao y con el municipio San Cristóbal. «Como Corporación Jurídica», continúa Adriana Arboleda, «hemos registrado 92 desapariciones. Nunca hubo tantas en una zona urbana en tan poco tiempo. Pero la cifra real es mucho más espantosa…»

En diciembre de 2002, dos meses después de la operación «Orión», por iniciativa del Presidente Uribe se firmó el pacto de Ralito, primera etapa de la vuelta a la vida civil de los paramilitares que culminaría en julio de 2005 con la controvertida Ley Justicia y Paz que les garantizaba una impunidad casi total. El primer grupo desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003, incluso antes de la aprobación de la ley, fue precisamente el «Bloque Cacique Nutibara» en cabeza de Don Berna. .

Convertido en la época en el principal narcotraficante de la capital antioqueña, donde controlaba también otras actividades delictivas como secuestros y extorsiones, «Don Berna» fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Allí afirmó que los cadáveres de 300 víctimas, repartidos en un centenar de fosas comunes, se hallaban en «La Escombrera». También precisó que la operación «Orión» fue planificada y coordinada conjuntamente por los paramilitares y los miembros de la IV Brigada que mandaba entonces el general Mario Montoya –nombrado después comandante en jefe del ejército colombiano por Uribe-. El general Montoya dimitió en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos».

Desde 2010 todo sigue igual. Escandalizadas por semejante inmovilidad, las víctimas y las ONG exigen imperiosamente el cierre inmediato de «La Escombrera». En ese vertedero de basura, de un espesor de 70 metros, todos los días se vierten más desechos, entre ellos numerosos productos químicos que pueden modificar los resultados de las potenciales investigaciones futuras cuya posibilidad se aleja cada día un poco más…

En 2005 los paramilitares abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para desmovilizarse. Unos días después volvieron en los mismos vehículos, vestidos de civiles, para seguir controlando el barrio. Toda la ciudad ha vivido el mismo fenómeno –lo mismo que numerosas regiones del país donde ya actúan, con los mismos modos operativos que en el pasado, las «bandas criminales emergentes» (BACRIM)-. En el corazón de Medellín, en las calles peatonales, centros comerciales y espacios públicos, pululan guardias uniformados de compañías privadas de seguridad: la mayoría son paramilitares «reinsertados».

Cuando se extraditó a «Don Berna», en 2008, las compañías de transporte de algunos barrios organizaron un paro laboral inmovilizando sus autobuses –con el beneplácito de la alcaldía-. Y las violaciones de los derechos humanos continúan, «Ciertamente se puede observar que hubo una disminución de las agresiones entre 2004 y 2006: los paras querían legitimarse, demostrar que hacían bajar los índices de criminalidad», que volvieron a dispararse a partir de 2009. En parte también porque los lobos se devoran entre ellos.

Con «Don Berna» fuera del circuito su estructura mafiosa, la Oficina de Envigado, surgida en su origen de la red de sicarios creada por Pablo Escobar en la década de 1980, se disparó. Algunos miembros formaron un grupo nuevo llamados los Paisas. Desde 2011, otra banda, los Urabeños, les disputan los barrios ofreciendo a cada jefe de pandilla, para comprar su lealtad, 35 millones de pesos y un arsenal raramente inferior a seis fusiles de asalto. El jefe de los Urabeños, Carlos Pesebre, uno de los principales informadores del ejército en la operación «Orión» tenía varios combos, o bandas criminales, antes de caer preso en el 2013.

Aunque las dinámicas de esas estructuras paramilitares no son las mismas de hace doce años, una constante permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones comunitarias o culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y dirigentes sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han conseguido tanto poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en asesinar policías. En cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson Vargas Cardona, alias «Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de Envigado. Es obvio que no se persigue a esos paramilitares como a los grupos guerrilleros. «Y hay que señalar que detrás de esos actores criminales están personas que tienen tanto poder –empresarios, políticos u hombres de negocios- que a pesar de las detenciones las estructuras no se desestabilizan».

En Medellín, en la Comuna 13, la situación aún es crítica. Lejos está de poder hablarse de la “pacificación” que el general Montoya le vendió al país y al presidente  Uribe como un resultado victorioso. Doce años después es de público conocimiento que en pleno centro de Medellin la operación Orión no fue nada distinto a una alianza entre  fuerza pública y los paramilitares de don Berna, con acuerdo ilegal que puede terminar mandando a la cárcel al otrora exitoso general Mario Montoya.

Las 2 Orillas, Bogotá.

 

La fuerza de las mujeres-mensaje de Paola A. Salgado Piedrahíta, Lorena Romo Muñoz y Liseth Acosta.

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“Antiguo oficio humano es de querer atrapar la luz. Te acordaras de la ultima vez que creímos poder iluminar la noche ?.
El tiempo nos ha vaciado de lugar, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas”.

Hoy de nuevo nos han llamado terroristas. Hoy nuevamente hemos sido puestas en el mismo lugar de los señores de la muerte y la ignominia. Hoy ellos insisten en señalarnos como personas extremadamente peligrosas.

Lo que ellos no saben, no conocen es que nuestra apuesta, mi apuesta, la apuesta de las mujeres es la vida, la justicia y la libertad.
Lo que ellos pretenden acallar son nuestras voces de denuncia contra la violencia y la discriminacion, que a diario explota, excluye y asesina nuestras posibilidades de ser y construirnos como mujeres en un mundo, una sociedad que no quiere que así sea.

Ahora somos tres mujeres con una historia común, aquella que empieza el día en el que los señores de la muerte irrumpieron en nuestro espacio vital y nos arrancaron de allí para ponernos en sus jaulas. Tres mujeres que tomadas de la mano caminamos a diario y nos transmitimos con esas mismas manos la fuerza que necesitamos; untamos nuestras manos como una forma poderosa para caminar frente a ellos, con la frente en alto, con nuestra mirada transparente y con nuestra dignidad intacta.

En este corto camino hemos encontrado a otras mujeres; aquellas arrinconadas por la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades. Llegamos a ellas con miedo, con la idea de encontrarnos con personas “verdaderamente peligrosas”, pero saben, lo que si encontramos fue solidaridad, respeto, ternura, compañía, un rincón caliente, unas manos fuertes que a diario nos han transmitido la esperanza.

Hay otras mujeres aquí, aquellas a quienes un uniforme las hace aun mas esclavas; esperamos que nuestro deseo de libertad por el cuerpo, el pensamiento y la vida misma alguna vez sea transmitido a ellas también .

Atrás nuestro a lo largo de estos agitadores y duros días hay trece mujeres, nuestras madres que se multiplican en nuestras hermanas, compañeras, amigas, tías, primas y familiares. Vienen a diario para darnos su sonrisa, su amor, su apoyo incondicional. Nos rodean nuestros hombres, amores, compañeros, padres y amigos. Todas y todos ellos desde atrás nos miran con amor, sin vergüenza, se preocupan, pasan sus días y sus noches junto a nosotras; nos ven y nos transmiten tanto, tanto amor que sentimos que un abrazo se extiende sobre nosotras como si se sentaran a nuestro lado y nos dan su calor, mientras los señores de la injusticia nos muestran su sucio montaje .

Allí afuera están ustedes cientos de mujeres que cantan, tocan sus tambores, liberan su cuerpo, sacan su voz se indignación y rabia por esta gran injusticia.
Allí afuera, pero junto a nosotras están ustedes, nuestras familias, amigos y amigas, cada persona con quien alguna vez hemos compartido un pedazo, largo o corto de este camino de vida, de sueños, de esperanzas y utopías.

Todas y todos ustedes con una fuerza indescriptible que nos impulsa a seguir en pie.
Todo no es otra cosa que la fuerza de las mujeres que se mueve, que empuja los cambios de esta historia; que rodea con amor esta que es nuestra reivindicación por la vida: estar firmes, de cara a la verdad y a la esperanza.
La fuerza, su fuerza que los impulsa a levantarnos cada día y mirarlos de frente y sin vergüenza.

Créannos, esa fuerza que llega a cada instante, que nos anima, nos fortalece, nos llena de solidaridad y apoyo.

Es así: su fuerza, es nuestra fuerza; su impulso, a el nuestro; su amor incondicional es nuestro amor para seguir. No pasaran.

Gracias mujeres y amigos que nos acompañas y nos rodean. Gracias por cada grito, cada voz, cada palabra, cada manifestación de apoyo y de solidaridad.
Paola A. Salgado Piedrahíta.
Lorena Romo Muñoz.
Liseth Acosta Bogotá.

Fiscalía tuvo que salir a hacer salvedad sobre el caso de “Los terroristas de Bogotá”

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A pesar de que todos los detenidos el pasado jueves fueron señalados de ser los autores de las últimas atentados acaecidos en Bogotá, la Fiscalía hizo una revelación en la que casi debió recular sobre los juicios generalizados sobre estas personas: diez de los trece capturados solo están siendo investigados por los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Es decir que no están siendo involucrados en los atentados terroristas como los del pasado 2 de julio donde se presentaron ocho heridos y con los cuales muchos personajes del uribismo asociaron en sus redes sociales.

En ese sentido, según las propias autoridades, los nombres de los siguientes

detenidos no pueden ser relacionados como miembros del ELN: Paola Salgado Piedrahita,  Andrés Felipe Rodríguez Parra, John Acosta, Estefany Lorena Romo, Sergio Esteban Segura, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Daniel Eduardo Muñoz, Lizeth Johana Acosta y Félix Gutiérrez Díaz.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y FALSOS POSITIVOS JUDICIALES EN COLOMBIA

Entre los 15 detenidos hoy en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista de esta Agencia. “No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y Justicia y Paz. El Congreso de los Pueblos reconoció que 7 de los apresados pertenecen a esa agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen, se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.
En rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución sufren “persecución” y aclaró que 4 de los estudiantes detenidos hoy “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas” cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.
Otro de los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de esta Agencia, especialista en temas de Conflicto y Paz, quien una semana atrás participó en un Foro sobre Medios y Conflicto, realizado en la en la Universidad Nacional; en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo periodístico.
“No creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en estos líderes sociales detenidos” señaló Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-.
Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo –PDA- vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-. “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.
Desde el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia, ya la viceministra de Defensa adelantando denuncias por violación a los Derechos Humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad”. Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas paramilitares contra referentes de esa colectividad.

“Que los medios de comunicación preserven la presunción de inocencia”

“Es lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado intenten buscar responsabilidad en líderes y lideresas sociales ante los atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y agregó: “Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional –ELN- permaneció detenida. Son falsos positivos judiciales, los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la presunción de inocencia”, concluyó.

A disposición de la Fiscalía

Según el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las 15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.
 
PLANTON EN CALI ‪#‎NoMasFalsosPositivosJudiciales‬
NO MAS FALSOS POSITIVOS JUDICIALES

Ejemplos de Acumulación por Desposesión-DESALOJO HABITANTES JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL

 
 
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia – trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
 
 
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
“Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar”. Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón – las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
 
 

Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.

Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.

El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.

En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.




Desalojo Jarillón Venecia

En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
 
 

tomado de: http://calihoy.blogspot.com/2015/06/desalojo-de-habitantes-del-jarillon-en.html?spref=fb

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