Soldados de EEUU graban y venden videos de 53 niñas violadas en Colombia

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Soldados y contratistas agredieron sexualmente a las niñas, según un reporte encargado por autoridades colombianas

Ciudad de México. –

Soldados y contratistas militares de Estados Unidos agredieron sexualmente a por lo menos 54 niñas colombianas durante 2003 y 2007, según un informe encargado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con el reporte, ninguno de los agentes estadounidenses ha sido procesado ​​debido a los acuerdos bilaterales y la inmunidad diplomática. Portavoces del Ejército de Estados Unidos dijeron este día al sitio norteamericano The Daily Beast que no han visto ninguna evidencia de tales crímenes.

No obstante, Chris Grey, portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, dijo que se llevará a cabo una tarea coordinada con las autoridades colombianas para iniciar las investigaciones sobre las denuncias de abuso sexual.

Grey dijo que no había ningún registro previo de las denuncias de los casos, pero afirmó que el Ejército de Estados Unidos “se toma el asunto en serio”.

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Reporte registra abusos contra niñas

El reporte forma parte de un informe de Colombia sobre la ”Comisión Histórica para el conflicto y sus víctimas”, que está dirigido a establecer “causas y agravantes de la violencia” del conflicto entre el gobierno y los rebeldes de la FARC.

The Daily Beast indica que la sección que detalla la participación estadounidense en el conflicto fue editada por Renán Vega Cantor, profesor izquierdista de historia en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.

En Melgar y Girardot, dice el reporte, “53 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales por parte de mercenarios, que también filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico. También en Melgar, un contratista y un sargento en los Estados Unidos violaron a una niña de 12 años de edad, en 2007. Tanto sus actividades, así como su inmunidad, contribuyeron a la inseguridad de la población en zonas de conflicto “.

“Existen abundantes pruebas de la violencia sexual y de total impunidad, gracias a los acuerdos bilaterales y la inmunidad diplomática de funcionarios de Estados Unidos”,agrega el documento.

Piden investigar las denuncias

Sobre la menor de 12 años el Daily retoma información del diario El Tiempo, el periódico más  grande de Colombia.

“En la noche del 26 de agosto 2007, sus dos hijas, de 12 y 10, fueron a comprar comida al centro de Melgar. Un par de horas más tarde, la hija más joven regresó sola diciendo que su hermana mayor había desaparecido después de entrar en un club nocturno para usar el baño. Dos militares estadounidenses dejaron en un parque a la menor la mañana siguiente, según varios testigos”.

Después, la madre fue a la base para hacer frente a los hombres que ella dice, violaron a su hija. “La respuesta fue: ‘Tu hija es una puta; aquí no pasó nada’” , dijo la madre a El Tiempo.

Los dos hombres no fueron detenidos. Sin embargo, fueron trasladados fuera del país bajo la inmunidad diplomática y nunca han sido procesados ​​a pesar de los intentos de los fiscales colombianos.

Finalmente, la madre le dijo a El Tiempo que un hombre del Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos la visitó y le pidió que firmara un documento en inglés. Ella no firmó porque temía que fuera un truco para ceder su derecho a una indemnización. Ella también dijo que el hombre llevaba una pistola.

El profesor Vega refiere que “los casos de asalto sexual perpetrados por soldados y contratistas militares de los Estados Unidos deben ser investigados por Colombia y las partes acusadas”.

Guerra y violencia contra la mujer

La violencia sexual contra las mujeres en Colombia es endémica. El Daily Beast afirma que los 54 casos denunciados contra el personal militar estadounidense serían una pequeña fracción de todas las denuncias en un conflicto de 50 años.

“La gran mayoría de la violencia sexual contra las mujeres ha sido a manos del ejército colombiano y las FARC y otros grupos paramilitares, que han utilizado rutinariamente violación como arma de guerra. También se utilizan abortos y esterilizaciones forzadas”.

La Unidad de Víctimas Nacional en Bogotá ha registrado siete mil 234 mujeres colombianas como víctimas de la violencia sexual en el conflicto entre el gobierno y los rebeldes izquierdistas. “Es una lamentable pequeño reflejo de la enorme número real de víctimas”, dice el diario.

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Caso Unión Patriótica Fue un Genocidio Político, dice Tribunal Superior de Bogotá

Caso Unión Patriótica Fue un Genocidio Político, dice Tribunal Superior de Bogotá

Por primera vez en Colombia un alto tribunal ha determinado que los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue un Genocidio Político, es decir producto de la existencia de un plan sistemático y centralizado que tenía la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia política.

Esta decisión corresponde al inciso décimo  de la parte resolutiva de la Sentencia del Magistrado Eduardo Castillo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,  previa a la sentencia que dictará en contra de un paramilitar que confesó culpabilidad en cerca de cien asesinatos cometidos en la región del Urabá antioqueño en los que se incluyen el de una decena de dirigentes de la Unión Patriótica. Dice la Magistratura que de acuerdo con el análisis contextual y las pruebas presentadas por la Fiscalía los hechos cometidos contra militantes o simpatizantes de la UP, corresponden a un Genocidio Político y que en ellos se contó con la complicidad de elementos de las Fuerzas Militares y de policía.

La Unión Patriótica fue un movimiento político plural de carácter democrático que surgió de los acuerdos de paz firmados en 1985 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El objetivo era que a través de la UP los guerrilleros amnistiados transitaran a la lucha política legal,  para lo que el estado colombiano ofreció total y plenas garantías. En medio del fervor y entusiasmo que generó el proceso de paz decenas de miles de colombianos de diferentes organizaciones políticas y sociales se vincularon a la UP. Junto a ellos y ellas trabajaron 25 ex integrantes de la guerrilla amnistiados e indultados por el gobierno y autorizados para realizar  proselitismo político. En las elecciones de 1986 este fervor se materializó en un importante resultado electoral que le permitió a la UP tener bancada parlamentaria, decenas de Diputados regionales y alcaldes y varios centenares de concejales municipales. La región de Urabá, zona de masiva producción de banano para la exportación fue una de las regiones donde la UP se convirtió en la primera fuerza política. El éxito de la participación electoral de la UP concitó la violenta reacción de la extrema derecha y de inmediato se inicio el exterminio de esta nueva fuerza política. Más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes y concejales.

Ante la total impunidad por los crímenes contra la UP su Dirección Nacional decidió en 1993 llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo admitido en el año de 1997. En el año 2000  en el marco de la denominada búsqueda de una “solución amistosa” ante la CIDH  se inició entre el estado colombiano y los representantes de las victimas un proceso para “propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. En el 2006, durante el segundo  gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Unión Patriótica unilateralmente rompe este proceso ante  la continuidad de las amenazas, atentados y crímenes contra los sobrevivientes y en razón también de las declaraciones insultantes contra la UP por parte del presidente Uribe Vélez que intentaban justificar el exterminio y que estimulaban su continuidad. El caso está pendiente de fallo de la Corte Americana.

El caso de la Unión Patriótica, sin ser el único hecho de exterminio en Colombia de un movimiento político o social, representa quizás el caso más aberrante y grave de persecución y exterminio a un grupo político en el mundo occidental. Las negociaciones de paz que se adelantan en la Habana tendrán  que abordar en el momento adecuado el debate de la responsabilidad del estado colombiano en la destrucción de un movimiento que naciera de la paz y para la paz.

El pasado 25 de noviembre fue asesinado Onias Rodríguez.  Hace 25 años fue concejal de la UP en el municipio de Curillo en el departamento del Meta donde fue amenazado de muerte y le asesinaron a un hijo. Fue obligado a desplazarse a Neiva donde se convirtió en dirigente comunitario y de la población desplazada. No es el único sobreviviente asesinado, amenazado o judicializado.

El Genocidio continúa.

 

CASO UP: FUE UN GENOCIDIO POLÍTICO, DICE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

 

EL GOBIERNO DE SANTOS EVADE SU RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL LIBRE EJERCICIO DE LA LABOR SINDICAL

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
EL GOBIERNO DE SANTOS EVADE SU RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL LIBRE EJERCICIO DE LA LABOR SINDICAL
Denunciamos nacional e internacionalmente el incremento de los hechos de violencia contra el movimiento sindical; 12 dirigentes y afiliados han sido asesinados durante el presente año; el día 29 de julio fue asesinado Hernán Álvarez de Sutimac, siendo el sindicalista 2.896 en nuestro registro desde el año 1986, en medio de una impunidad del 97%, configurando una política sistemática de arrasamiento contra el movimiento sindical colombiano. Como consecuencia de la victimización contra los dirigentes y activistas sindicales, el Gobierno Nacional desde 1997, acordó  con el movimiento sindical crear por ley un programa de protección para cesar los asesinatos de sindicalistas.
 Hoy debemos denunciar el desmonte gradual y paulatino de la responsabilidad de proteger el derecho a la vida y la integridad física de los sindicalistas. El Ministerio del Interior en un CERREM extraordinario realizado el 18 de julio y a espaldas de las organizaciones victimizadas, delegó en la Unidad Nacional de Protección – UNP, en cabeza del Doctor Andrés Villamizar Pachón, la responsabilidad de expedir mediante Resolución Administrativa No. 048 del 27 de julio de 2012, el recorte al valor mensual de combustible de los esquemas de protección dura en más del 50%, lo cual nos deja a los protegidos en una situación de vulnerabilidad para hacer nuestro trabajo en las regiones de alto riesgo.
 De manera que el gobierno cumple su pretensión política de inmovilizar las actividades sindicales, la labor de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones políticas de oposición victimizadas.
 La CUT reclama al Presidente Santos y al Ministro del Interior, Doctor Federico Rengifo, atender la solicitud de reunirse con las centrales, donde queremos expresarle nuestras inquietudes y preocupaciones frente al tema de protección, más ahora cuando le están entregando atribuciones a la UNP, y lo que hacen es desmejorar las condiciones de seguridad.
 Llamamos a nuestros afiliados, al movimiento sindical y defensores de los derechos humanos a expresar su rechazo a estas medidas que solo llevan al detrimento de nuestra seguridad.
 DOMINGO TOVAR ARRIETA                                     WITNEY CHÁVEZ SÁNCHEZ
Presidente                                                                 Secretario General
 LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

IN MEMORIAN: JAIRO MARTINEZ – MISION DE LA OEA CONDENA SU ASESINATO

El campesino Jairo Martínez, quien fue asesinado el pasado viernes en Sucre, era líder de quienes reclaman la restitución de tierras en los Montes de María.

La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó el asesinato del reclamante de tierras Jairo Mejía Martínez.
“Mejía Martínez, estaba participando como reclamante en los procesos de restitución de tierras casi desde el inicio de la Ley 1448, y ya había sido víctima de un atentado hace casi un año atrás”, señala el comunicado de prensa.
Para la OEA, las amenazas y asesinatos de reclamantes de tierras, son hechos graves que dificultan seriamente el proceso de buscar la reparación integral de las víctimas del conflicto en Colombia.
“Nos sumamos al llamado del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que el Estado ponga todos los recursos a su disposición que permitan esclarecer los hechos, investigar y juzgar a las los responsables” , señala un aparte de la comunicación.
Por su parte, Marcelo Álvarez, jefe de la misión de la OEA en Colombia, expresó su apoyo a los seres queridos de la víctima y su interés en seguir luchando por las personas afectadas por el desplazamiento.
“Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia del señor Mejía y reiteramos ante estos hechos que con más empeño y trabajo daremos todo nuestro apoyo para acompañar a la sociedad y al Estado colombiano en sus esfuerzos por restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado, y por reparar integralmente a las comunidades afectadas del país”, puntualizó Álvarez.
El crimen de Mejía Martínez, de 46 años, ocurrió el viernes por la noche en una finca en una zona rural de Montería, en el departamento de Córdoba. Dos hombres llegaron en una moto a la finca, buscaron a Mejía y le dispararon tres tiros, dijo este domingo el comandante de la policía en Córdoba, coronel Jaime Ávila.
Agregó que la víctima no había reportado amenazas en Montería y que trabajaba como obrero en la finca, que no era del lote que reclamaba.
Las tierras que exigía estaban aparentemente en la zona de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, en donde el 10 de marzo de 2010 había sido detenido por la policía, unidades de la Armada y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General, por una orden pendiente por rebelión por ser presuntamente parte de las Farc, dijo el jefe policial.
Miembros del no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, que colabora con campesinos en sus reclamos de tierras despojadas por grupos armados ilegales, dijeron que de momento carecían de datos sobre la víctima y qué tierras reclamaba exactamente, pero que estaban averiguando en Carmen de Bolívar con sus parientes.