Ejemplos de Acumulación por Desposesión-DESALOJO HABITANTES JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL

 
 
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia – trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
 
 
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
“Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar”. Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón – las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
 
 

Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.

Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.

El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.

En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.




Desalojo Jarillón Venecia

En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
 
 

tomado de: http://calihoy.blogspot.com/2015/06/desalojo-de-habitantes-del-jarillon-en.html?spref=fb

LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA INSENSATES: LA REFORMA TRIBUTARIA FRENTE AL EMPLEO Y LA INFORMALIDAD

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Escrito por Equipo técnico Unidad de Trabajo Legislativo HR Wilson Arias Castillo 
Indudablemente, la informalidad laboral constituye un drama social. A ésta se asocian desprotección, bajos ingresos, etc. Sin embargo, el enfoque que le da el gobierno nacional a este problema es bastante reduccionista y simplista: se asume que la informalidad es consecuencia de altos costos laborales no salariales (en los que se incluyen los aportes parafiscales). Este enfoque no solo afecta los derechos de los trabajadores, al pretender disminuir el componente social del salario1, sino que deja inalterados los verdaderos factores que determinan los altos niveles de informalidad. 
1 Este es un sustento para decir que la reforma tributaria en relación con el CREE, sí es una reforma laboral, pues en realidad disminuir parafiscales y eliminar el aporte patronal a la salud para financiar todo en el mediano plazo con presupuesto y deuda, es, por un lado bajar el componente en especie (social) del salario; y por otro lado, es hipotecar los ingresos de la clase media y baja para pagar las consecuencias de desfinanciar la salud, la formación profesional de los trabajadores y el cuidado de la niñez.
3 Los parafiscales han demostrado ser un mecanismo creciente y eficiente de recaudo, contrario a un impuesto a las utilidades como el CREE (Sandoval, 2012). 
Ya la Contraloría General nos decía en su informe de 2010 que dado el bajo porcentaje que ocupan los parafiscales en los costos totales de las empresas, no es posible afirmar que estos sean los responsables de la informalidad laboral. Incluso, el mismo Presidente Santos, cuando estaba en campaña, admitía que la relación costo – beneficio de eliminar los parafiscales es adversa, debido al escaso número de empleos que se crearían y además, señalaba que la existencia de los parafiscales no son un obstáculo para la generación de empleo2. 
Por tanto, es necesario aventurarse a establecer otras hipótesis que expliquen el fenómeno, desde aspectos culturales, falta de presencia estatal o baja productividad de las actividades económicas. ¿De qué le sirve, por ejemplo, al dueño de un puesto de arepas que le reduzcan los costos salariales a la mitad, si la rentabilidad de su negocio no le permitirá formalizar a sus empleados y cumplir con todos los requisitos de contratación?
La baja productividad nos parece una explicación más razonable que la existencia de los parafiscales para entender los altos niveles y persistencia de la informalidad. Luego la acción del Estado debiera estar dirigida a aumentar la productividad del trabajo, en vez de limitarse a disminuir costos. Resulta entonces contradictorio que en aras de disminuir la informalidad, se termine afectando la financiación de una entidad como el SENA3, llamada a capacitar a la clase trabajadora y promover su productividad. Y por otro lado, se merme la capacidad de demanda, al pasar la carga impositiva de las grandes empresas a las personas naturales. 
Ahora bien, ante la volatilidad e insuficiencia del CREE, el gobierno ha puesto al presupuesto nacional como garantía para el financiamiento del SENA, el ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud. Además de su estrechez y de diferentes disposiciones legales que obligan a la disciplina fiscal (Ley 1473 de 2011, Acto Legislativo 03 de 2011, Ley 819 de 2003, entre otras), es importante señalar las implicaciones redistributivas de dicha garantía. Los recursos del gobierno no son exógenos sino que provienen de los mismos agentes económicos (empresarios y trabajadores). Al revisar la evolución histórica de la composición de los ingresos del Estado, se evidencia la sustitución de fuentes, transfiriendo la carga impositiva a la masa de trabajadores en beneficio de empresarios y grandes tenedores de riqueza, esto es, disminuyendo la participación del impuesto de renta en el total de recaudo, compensándolo con mayores impuestos indirectos que afectan en mayor medida al grueso de la población. 
Fuente: DIAN, DANE. Cálculos propios
En 1970, el impuesto de renta representaba el 79% del total del recaudo, mientras que el IVA participaba con un 13%. Estas participaciones se han venido revirtiendo desde entonces, profundizándose a partir de 1990, ya que desde entonces hasta 2010, se disminuyó la participación del impuesto de renta y complementarios en 15 puntos porcentuales. Así en 40 años, el impuesto a la renta que grava los altos ingresos y a los grandes tenedores de riqueza, ha disminuido su participación en 30 puntos porcentuales, que han sido compensados en gran medida con un impuesto de naturaleza regresiva como el IVA.
El resultado a nivel agregado, es una profundización de la desigualdad en la distribución del ingreso. Para 1970, el Producto Interno Bruto (que por identidad equivale al ingreso) se distribuía de la siguiente forma: el 53% correspondía a los empresarios (excedente bruto de explotación), el 40% a los trabajadores (salarios) y el restante 7% a los ingresos del gobierno (impuestos netos). Para el año 1990, la mayor carga impositiva al trabajo llevó a que los empresarios mantuvieran su participación, pero los trabajadores cedieran al gobierno 3 puntos porcentuales de participación, disminuyendo al 37% los salarios sobre el PIB y aumentando los ingresos del gobierno al 10%.
Desde 1990, las políticas laborales e impositivas continuaron aumentando las cargas al trabajo, pero para compensar las gabelas a los empresarios, es decir, no para aumentar los ingresos del Estado. Sin embargo, no disminuyó en igual medida el gasto público, por el contrario aumentó con las disposiciones de las Constitución de 1991, y en sí ante las presiones demográficas y sociales de la época contemporánea. El resultado ha sido una política distributiva a nivel macro que no discrimina generacionalmente: 
1. Desde 1990 hasta la actualidad, los trabajadores disminuyeron su participación en el ingreso nacional otros ¡5 puntos porcentuales!, para ubicarse en un 32%, mientras el gobierno siguió con su participación en 10%; y como ésta es una identidad, lo que pierde uno lo gana el otro. Los empresarios así se han embolsillado estos cinco puntos porcentuales de los trabajadores, fundados en políticas laborales que no son más que un discurso poco fundamentado a estas alturas: menores salarios generan más y mejores puestos de trabajo; y
2. Al no aumentar el empleo ni la productividad del trabajo, y al contrario se profundizan los males de la desigualdad como la distribución inequitativa del ingreso, la vulnerabilidad a la crisis y la debilidad institucional y presupuestal del Estado; y dado que el mayor gasto fiscal no se ha compensado con mayores tributos, el resultado es un mayor endeudamiento. 
La deuda pública, esa misma que se honra pagar constitucionalmente (más recientemente con la regla y la sostenibilidad fiscal) y que absorbe el 24% del presupuesto nacional, va a ser el efecto traslapado de la desigualdad de esta reforma tributaria, es decir, los infantes que hoy sufrirán quizás sin ICBF, después pagarán las consecuencias de la insensatez, la codicia y la irresponsabilidad social en la distribución del ingreso. Esto porque como lo dice una ley económica, no existe almuerzo gratis. El problema es que los que se comen el almuerzo no lo pagan, sino que se van incluso destruyendo los platos. Vaya problema social el que se viene. 
El sesgo impositivo y el derroche de unos a costa de otros, ha sido y es la razón de los problemas sociales leídos desde la macroeconomía. La reforma tributaria es el descaro de esta situación, pues ya no sólo se compensa la disminución del impuesto de renta a las personas jurídicas (del 33% al 25%) con mayores impuestos indirectos (IVA e impuesto al consumo), sino que grava los ingresos de los asalariados con el IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), como si fueran renta. Las cifras son reveladoras en ese sentido. El 77% del hueco fiscal que genera la desfinanciación del SENA, el ICBF y la salud, sumado a la disminución del recaudo causado por la reducción en la tarifa del Impuesto de Renta (14,2 billones de pesos a 2023 como lo describe la gráfica siguiente), será compensado con impuestos a los trabajadores: un 64% con los recursos del IMAN y un 13% con IVA e Impuesto al Consumo.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos propios

Así, dado que la reforma en efecto resulta neutra en el recaudo (más no en la distribución funcional del ingreso), y considerando una transferencia a nivel macro en sentido proporcional a la disminución del impuesto de renta a las personas jurídicas y la creación del IMAN, a 2014 (creando incluso un millón de empleos), la remuneración a los asalariados sobre el PIB perdería como mínimo un punto porcentual, es decir que menos del 30% del ingreso nacional se 
distribuiría en la masa de la población que son los trabajadores, participación que sería cedida al rubro de ingreso de los empresarios (excedente bruto de explotación)4. 
4 No obstante, el problema distributivo es aun de mayor envergadura, pues la reforma no sólo afecta los tributos sino las transferencias a los entes territoriales. Es decir, se golpea al trabajador por 4 vías: se disminuye su ingreso disponible presente y futuro, se grava el consumo, se restringe en el mediano plazo el acceso a la salud, la formación profesional y el cuidado y bienestar de la familia, y para rematar van a ver afectado el acceso a la salud, la educación y el saneamiento básico que se financian con los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), pues el CREE (sustitución de 8 puntos porcentuales de disminución del impuesto de renta) no hará parte de la base de cálculo de las transferencias.

Sin embargo, puede que los recursos no sean suficientes ni siquiera con tal atraco al bolsillo de los trabajadores de la actualidad, y teniendo en cuenta un muy probable escenario hostil en materia económica en el corto y mediano plazo por la debilidad del sistema económico internacional, la solución será la de las últimas décadas: mayor endeudamiento. 

Pero como los recursos no alcanzan, y lo ha manifestado así el mismo gobierno nacional, ya se aprobó por el Congreso de la República la segunda regularidad distributiva inter-generacional: aprobaron una ampliación del cupo de endeudamiento en 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será que usted pregunta al banco que “quizás” necesite un préstamo mayor sólo por status, por bromear? No. Lo que se viene es apretón presupuestal, mayor endeudamiento, y dios no lo quiera, una crisis fuerte. 

En ese escenario (el más pesimista, pero realista al fin y al cabo) no hay presupuesto que aguante, no hay garantía que valga. Así, salud, ICBF y SENA serán víctimas de las garantías, de la misma manera que lo son los trabajadores con mayores impuestos, y la hipoteca de los ingresos de sus hijos, pues se reitera, todo tarde o temprano se paga. En este caso, un regalito a los empresarios.

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SENADOR ALEXANDER LOPEZ DENUNCIARA AL MINISTRO DE DEFENSA POR VIOLAR DERECHOS SINDICALES Y DE ASOCIACION

 

Un millón de trabajadores permanecen tercerizados en el país. 
 
Más de 59 dirigentes sindicales asesinados durante la administración Santos. Estas son algunas de las conclusiones del debate de control político al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda que realizó el congresista del Polo Democrático.

El senador Alexander López Maya cuestionó fuertemente su papel de la cartera laboral en la defensa de los trabajadores.
En ese sentido, dijo que los trabajadores colombianos ven al Ministerio como un enemigo y que “está generando una política que liquida el sindicalismo, golpeando a los trabajadores y favoreciendo a las multinacionales”.
Aseguró que un ejemplo claro de ello es lo que está ocurriendo en Pacific Rubiales, empresa en la el Ministerio de Trabajo no hace nada por defender los derechos de los trabajadores y desde el mismo Estado se permite la violación de los derechos sindicales y de asociación. 
López Maya presentó ante la plenaria del Senado un video en el que el Ejército impide el paso por las carreteras de Puerto Gaitán a sindicalistas de la USO que intentan hablar con los trabajadores petroleros.
Por esta acción el  senador López anunció que instaurará una acción penal contra el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y Pacific Rubiales en el Meta.
El congresista del Polo denunció que las cifras de crecimiento del empleo en Colombia son un sofisma de distracción porque de los  20 millones de colombianos que tienen trabajo en el país, 10 millones reciben menos de un salario mínimo,  y además no tienen seguridad social ni pensional.
“La reducción de desempleo no generó incremento en la retribución salarial, ni mejoras en seguridad social con empleo decente, al contrario hubo precarización laboral”, señaló López.
Agregó que las mujeres y los jóvenes son los más golpeados porque son los que menos son contratados y si consiguen empleo es remunerado por debajo del salario mínimo. Hay discriminación a la hora de contratar a las mujeres en el país.
A estas cifras deshonrosas se le suma que Colombia ocupa uno de los mayores niveles de accidentalidad y muertes laborales, en promedio hay 3 trabajadores muertos cada día, sobre todo en el sector minero. Otra cifra preocupante es que en el país existen 1 millón 663 mil niños laborando.
“El decreto de formalización laboral 2025 de 2011, no lo cumplen ni el mismo Estado, uno no puede hacer la Ley para violentarla, a través de las SAS y del contrato sindical se está contratando en el sector salud, en los hospitales públicos y otras formas de tercerización que el Ministerio no controla. Hay más de 350 mil trabajadores en el sector salud tercerizados y no está bien que ustedes como Gobierno estén dando mal ejemplo”, precisó el senador López Maya.
Propuso que se convoque una comisión de seguimiento por la muerte de 3 mil dirigente sindicales en los últimos 3 años, la cual debe estar integrada por los órganos de control y las centrales obreras. Además conminó al Ministerio a que respalde dos proyectos de ley que cursan en la Comisión Séptima del Senado: uno, para eliminar la tercerización laboral y el otro que le devuelve los derechos a los trabajadores respecto del pago de horas extras.
31 de octubre de 2012.

ATROPELLOS DEL ALCALDE DE CALI RODRIGO GUERRERO CONTRA LOS VENDEDORES AMBULANTES Y EL RECHAZO DE LOS CIUDADANOS (VER VIDEO)

http://vendedoresambulantescali.over-blog.es

foto: centro de Cali, carretilla de vendedor volteada
por funcionarios de la alcaldia, con las frutas lanzadas al suelo
Por: Javier Lopez B
coordinador veeduria
Algo no debe funcionar bien en el sistema, mientras  que los yupis neoliberales  anuncian grandes crecimientos económicos, la población  se empobrece cada día mas  y el desempleo y la marginalidad crecen a un ritmo más alto que el tan cacareado y promovido crecimiento, para el caso de Cali, la situación es
preocupante ya que siendo esta una ciudad de más de 2.500.000 habitantes, 507000 se dedican al rebusque, la mayoría sin seguridad social de ningún tipo.
y mientras el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco solo encuentra  en la represión la forma de “disminuir” esa informalidad,  ya se empezaron a presentar síntomas de malestar y rechazo no solo de los vendedores ambulantes y/o estacionarios, sino también de la ciudadanía en general (ver video) a esta represión, por lo que la administración caleña tendrá que sopesar si sigue apretando el cinturón o, como debería ser, busca soluciones sociales a una problemática igualmente  social

desgraciadamente con lo que ocurrió con la discusión del Plan de Desarrollo presentado  en  el Concejo Municipal, no guardamos muchas esperanzas de que así sea, allí el alcalde rechazo una propuesta de esta veeduría  y respaldada por la concejala Patricia Molina Beltrán en el sentido de realizar un censo socioeconómico el cual tenía como objetivo  replantear su política frente al gremio, identificando las necesidades más sentidas de quienes  laboran en este gremio, al contrario de ello  el plan de desarrollo busca la reubicación de 1500 vendedores estacionarios en un plan de “emprendimiento” que solucionaría a medias un problema que va mas allá de una simple reubicación.

 VIDEO DE ABUSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALI Y EL RECHAZO DE LOS CIUDADANOS DE BIEN
4.4.1 Programa, generación, Adecuación y Apropiación  del Espacio Público
En audiencia  de Participación Ciudadana, Mayo 22 y 23 del 2012, Concejo Municipal-Cali.
Propuesta  presentada  por la Veeduria Ciudadana de Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Artesanos de Santiago de Cali.
Veedor Ponente: José Paul Benavidez
 
NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2011
META 2012-2015
RESPONSABLES
Realización del censo  de Vendedores  Ambulantes y Estacionarios  del centro de Cali
Numero
0
1
Secretaria de gobierno, subsecretaria de gobierno, oficina  de seguridad, orden y espacio publico
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