#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

 
 
Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.
 
Rubiel Vargas Quintero
El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.
El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.
La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.
El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.
En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.
La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.
Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.
Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.
El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.
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#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: TESTIMONIOS DE HABITANTES DE LA VEREDA “LA ESPERANZA” EN CAUCA DESMIENTEN VERSIÓN OFICIAL  

 
 
La versión de los habitantes de la vereda “La Esperanza”, lugar en el que se registró la muerte de 11 soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo de las FFMM, es muy diferente a la que se ha conocido como la versión oficial.
Según la verificación realizada por el Frente Amplio por la Paz, cerca de 300 habitantes del caserío, denunciaron que los militares se habían apostado en el polideportivo del caserío desde el pasado 19 de Marzo y no se retiraron de allí, pese a los reclamos de los habitantes, argumentando que “tenían una orden superior” para permanecer en el centro urbano.

Según los testimonios entregados por los habitantes de la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, los disparos comenzaron a escucharse hacia las 11:30 de la noche del martes y solo terminaron entre las 5 am y la 6 am del miércoles 15 de abril, este testimonio deja claridad en el hecho de que si hubo combates entre el Ejercito y la Guerrilla, y no un ataque unilateral, como han afirmado los medios.
En cuanto a las afirmaciones de oficiales militares, en torno a que los militares estaban en el polideportivo para resguardarse de la lluvia, y solamente desde la misma noche del enfrentamiento, la comunidad afirma que cuando comenzaron los combates no estaba lloviendo y que sólo después de varias horas de comenzados los enfrentamientos fue que el clima comenzó a arreciar.
Según Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, los habitantes de la vereda La Esperanza, solicitaron a los militares que se retiraran del Polideportivo puesto que es un espacio para la población civil y se encuentra a tan solo 50 metros del sector poblado, los militares se retiraron durante 4 días pero volvieron y se asentaron allí, instalando una base militar desde el 11 de Abril, es decir, 5 días antes del hecho que dejó un saldo de 11 militares muertos. Esta evidencia dejaría claro que los militares, asentados en la base si tuvieron las condiciones para defenderse siguiendo los protocolos de seguridad para la instalación de una base militar.
Adicionalmente los habitantes denunciaron, ante la delegación del Frente Amplio, que en la cocina de una de las casas del sector poblado, se encontró el cuerpo sin vida de uno de los militares, lo cual evidenciaría que hubo clara infracción del Derecho Internacional Humanitario, al usar el polideportivo como base militar, pero también al buscar las casas de los civiles para resguardarse en medio de un combate y en una zona de alta confrontación.
Así las cosas, la versión entregada por militares y reproducida por diversos medios de información quedaría desmentida por los habitantes de la vereda, quienes son los testigos directos del lamentable hecho.

COLOMBIA, RESISTENCIA INDIGENA EN 5 NOTAS PERIODISTICAS

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Cuando las cartas que proponen paz se responden con gases

http://elturbion.com/?p=4447

Guardia indígena nasa - Foto: PlaxyPor: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012
En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.
El contenido de las cartas enviadas al presidente Santos y al comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), Timoleón Jiménez, se traduce en una referencia intachable a los argumentos de las poblaciones indígenas sobre su política de resistencia civil y pacífica frente a todos los ejércitos enfrentados en el conflicto colombiano. Son comunicaciones públicas y directas, sin intermediarios ni sofismas que desorienten a los lectores.
“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ‘Cxhab Wala Kiwe’ (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su posición de “paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz”.
En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, retomando en su justificación varios instrumentos jurídicos internacionales, aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.
Recalcan los indígenas que sus peticiones de autonomía molestan tanto al Estado como a la insurgencia “pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros”, por eso, concluyen, “la estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Los indígenas asumen el conflicto armado como “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda suerte de estrategias militares, fallidas en su totalidad.
La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la población y a las organizaciones indígenas de proteger a la guerrilla, desconociendo, de esta manera, a todos los indígenas integrantes de las comunidades que han resultado víctimas dentro de las comunidades asesinados en medio del conflicto: más de 60 muertos en los últimos tres años y casi 600 damnificados son el saldo dejado por un conflicto que no es de ellos. “Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta.
Una de las propuestas presentadas por los indígenas al Gobierno Nacional es el “respeto a los diálogos humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados”. Esta propuesta surge de propia experiencia de los pueblos indígenas, que les ha demostrado que las operaciones militares desplegadas por diferentes gobiernos no han servido para proteger su vida e integridad sino que han terminado vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que para ellos resulta más efectivo adelantar conversaciones directamente con los actores armados que operan en sus territorios. Las principales exigencias que hacen a todos los actores armados –Fuerza Pública, guerrilla, paramilitares y crimen organizado– son: no reclutar menores; no ejercer violencia sexual contra las mujeres; no utilizar armas de efecto indiscriminado, tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena las organizaciones indígenas y sus formas propias de gobierno y justicia.
Concluyen su comunicación a Juan Manuel Santos recordándole que en 2011 pidieron al gobierno que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono “fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar”. A pesar de la claridad de esta petición, importantes zonas de estas poblaciones siguen destruidas o bajo constante intervención militar en la cotidianidad civil, creando un ambiente de riesgo para los habitantes de esos municipios. “La respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional”, afirman los indígenas.
Sobre el conflicto armado, la interpretación hecha por las autoridades indígenas es contundente: “resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.
“No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros”
Las autoridades indígenas del norte del Cauca también enviaron una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y que sus acciones son cuidadosas para no darle ninguna ventaja militar a ninguno de los actores armados. Así, los indígenas garantizan su estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.
De la misma manera, le recuerdan al comandante de las FARC que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, las organizaciones indígenas afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas. “No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la Conquista española nos las han venido robando”.
La presencia de las fuerzas guerrilleras es considerada como un factor innecesario que, además, genera intranquilidad e inseguridad para la comunidad pues “la guerrilla no nos protege de los atropellos de la Fuerza Pública: cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales, [pues] para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”.
Las peticiones son claras: “salgan de los territorios indígenas del Cauca, aléjense de los sitios poblados y de vivienda, no ataquen más a la población civil, no realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar sólo a la Fuerza Pública, no usen armas de efecto indiscriminado como los llamados tatucos o las minas antipersonales, no se atrincheren en las casas, díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.
Concluyen esta comunicación de la misma manera en que lo hicieron en la carta enviada a Juan Manuel Santos: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.
 

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Campesinos de Miranda: ejemplo de resistencia a la guerra

Jornada de solidaridad con 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca- Foto Ernesto Che Mercado Jones
Por: Luis Alfonso Mena S. * Julio 12 de 2012
La defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, lideró el jueves 28 de junio una nutrida y emotiva jornada de solidaridad con los 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca, que exigen el retiro de tropas del ejército ubicadas en el cerro Calandaima, al considerar que su presencia pone en riesgo las vidas de los pobladores de áreas agrícolas cercanas afectadas por la guerra que se libra en la zona.
Más de 500 personas procedentes del Valle, Bogotá y el Cauca llegaron hasta el sitio con víveres y ayuda para la comunidad, en el marco de la Caravana por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz, promovida por el Movimiento Político Marcha Patriótica.
Al intervenir en la masiva asamblea llevada a cabo en lo alto de la montaña, donde los campesinos resisten desde el 23 de mayo y obligaron al repliegue de las tropas, Piedad Córdoba anunció que la Marcha Patriótica seguirá solidaria con los labriegos y las comunidades indígenas en el norte del Cauca, el sur del Valle y en todo el país.
“Este territorio lo vamos defender cueste lo que cueste, porque esta es la voz del pueblo, no vamos a dejar que lo ocupen, vamos a resistir”, dijo la dirigente popular. “Tenemos la fuerza moral, y nos van a tener que oír. Si nos toca venir a dormir aquí, lo vamos hacer: que se enfrenten con el poder del pueblo”, agregó.
Según Piedad Córdoba, “estamos en resistencia contra la locomotora de la muerte, no vamos a permitir que se sigan robando el territorio. Está en firme el plan de consolidación popular con Marcha Patriótica”.
De igual manera, reveló que este movimiento lanzará una gran campaña por la revocatoria del Congreso de la República, como mecanismo para enfrentar de manera radical la crisis de esta desprestigiada institución.
Asimismo, señaló que Marcha Patriótica avanza en acercamientos con otros movimientos sociales, como Congreso de los Pueblos y Minga Indígena, en la perspectiva de desarrollar jornadas conjuntas de luchas populares.
La jornada, cumplida con pleno éxito, contó con la presencia de dirigentes populares del norte del departamento del Cauca y de líderes estudiantiles, sindicales, campesinos, culturales y sociales de diferentes regiones del país.
“No aceptamos el plan de guerra”
Cristóbal Guamanga, coordinador del Comité Departamental de Organizaciones Populares del Cauca, explicó ante los presente en la asamblea la lucha de la población de la región y dijo en tono enfático: “Rechazamos el plan de consolidación del gobierno por ser lesivo para las comunidades, no aceptamos ese plan de guerra”.
El dirigente campesino sostuvo igualmente que sólo “cuando la zona quede libre de militares la gente podrá volver tranquila a sus parcelas”, al tiempo que denunció que los labriegos son objeto de hostigamientos. “No más guerra aquí, una base militar es muy peligrosa”, agregó.
Guamanga destacó la solidaridad recibida de las alcaldías de los municipios de la zona y puntalizó: “No aflojaremos, porque si lo hacemos no solo perdemos aquí sino que pierde todo el país”.
Por su parte, un vocero de la Red de Derechos Humanos, Isaías Gutiérrez, denunció el asesinato del líder popular de Caloto, Gustavo Londoño, en tanto que un dirigente del Sindicato Unitario de Educadores del Cauca, Sutec, reveló que desde hace quince días los 3.500 estudiantes del colegio Fernández Guerra soportan la presencia de 300 agentes policiales acantonados en el establecimiento educativo.
Un vocero de la comunidad de Pradera recordó que son siete los municipios de la llamada zona de consolidación decretada por el gobierno de Juan Manuel Santos en su guerra contra la insurgencia, y reclamó la desmilitarización del área, que incluye los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Padilla, Toribio, Florida, y Pradera.
Carlos Cuadros, otro de los líderes sociales presentes, aseveró: “La guerra no puede ser nuestro futuro, la paz no es una concesión de la oligarquía sino una construcción de nuestra lucha. El Cauca no está solo. Forjaremos la paz con más pueblo”.
En similares términos se pronunciaron voceros de las comunidades de Florida y Caloto, mientras que un portavoz de la Asociación Indígena Avelino Ul de Toribio, reveló que desde hace tres semanas a diario hay confrontaciones armadas en el casco urbano de su municipio, con el agravante de que los militares se atrincheran en el colegio y en la escuela del municipio.
Durante la masiva asamblea hicieron uso de la palabra para expresar su solidaridad con los campesinos de Calandaima y denunciar las vicisitudes que afrontan Fredy Chate, presidente de la Asociación Campesina de Miranda, una dirigente viviendista de Popayán y un vocero de Sintraimey.
La presencia estudiantil y juvenil
Fue destacada la presencia de un numeroso grupo de estudiantes de Bogotá, el Cauca y Valle del Cauca pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, la Universidad del Valle y el Proceso de Unidad del Sur Occidente Colombiano.
Con cánticos, alegría y un solidario aporte económico recaudado entre el estudiantado expresaron su respaldo a la lucha de los pobladores de Calandaima.
A lo largo de la jornada, una brigada de salud del Movimiento Marcha Patriótica otorgó asistencia médica a los pobladores del cerro, de manera especial a los niños.
Al final, la Compañía El Teatro Vive brindó un acto cultural, un grupo musical de la región interpretó varias canciones y los asistentes disfrutaron de una gran olla comunitaria.
La jornada, iniciada a las 8:00 a.m., culminó poco antes de las 5:00 p.m., cuando los participantes de la caravana descendieron del pico de la montaña para retornar en las ‘chivas’ y buses en que se habían transportado.
En Calandaima, entre tanto, la comunidad continúa resistiendo, dando un ejemplo inédito de rechazo a la guerra, ejemplo que toda Colombia debe conocer, por encima del silencio de los grandes medios de comunicación.
¡Compartir también es crear un mundo nuevo!
 

Colombia: Resistencia indígena, “Que se vayan a hacer su guerra a otra parte”

Guardia indígena - Foto: Simone BrunoPor: Omar Vera – julio 18 de 2012
Rafael Coicué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), explica las razones que llevaron a las comunidades indígenas a movilizarse exigir la salida de los actores armados de sus territorios y a desmontar el puesto de avanzada militar del cerro de las torres de la vereda Berlín del municipio de Toribío (Cauca). Asegura que su intención no es crear una ‘república paralela’, ‘agredir a la Fuerza Pública’ o servir a los propósitos de la guerrilla, como aseguran de forma malintencionada el presidente Santos y el ministro de Defensa, sino el respeto por la Constitución y los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas, que exigen que sus territorios ancestrales no sean objeto de operativos militares y que la instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte del Estado cuente con consulta previa. Llamó a los colombianos a no condenar los procesos de los indígenas sin concer la verdad sobre lo que ocurre con los pueblos que habitan el departamento y a solidarizarse ante unas acciones gubernamentales que pueden desencadenar una violencia sin precedentes en su contra.
 

Colombia: resistencia indigena, ¿Qué es lo que más te indigna?

Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012
Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.
Como es sabido, los pueblos indígenas sólo portamos bastones de mando, que representan nuestra autoridad y resistencia civil, siendo totalmente desproporcionada la acción de la Fuerza Pública, que nos ataca con fusiles, granadas de gas y explosivos, siendo obvia la inexistencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada legítima defensa.
Como consecuencia de las órdenes del gobierno colombiano, hombres de la Brigada XXIX del Ejército Nacional, el día 18 de julio de 2012 en horas de la mañana, asesinaron al comunero Eduar Fabián Guetio Basto, perteneciente al Cabildo Indígena de la Laguna Siberia, cuando transitaba por su territorio cerca a su residencia en la vereda Crucero El Rosario.
Con indignación y dolor, vemos como en los medios de comunicación se publican, de manera insistente, imágenes de un militar llorando indignado por que le echaron tierra y lo empujaron, pero no se muestra el rostro desfigurado del comunero asesinado por el Ejército colombiano ni, mucho menos, el dolor de su familia y de su comunidad por la magnitud de este hecho repudiable.
El accionar legitimo de los pueblos indígenas del Cauca está soportado por las leyes nacionales e internacionales; por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991; por la sentencia T-025 y el Auto 004 de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, que reconocen los derechos que el gobierno pretende desconocer, con lo cual existe un estado de necesidad total que obliga a las comunidades indígenas a salvaguardar la vida y la pervivencia como pueblos.
 

RESISTENCIA INDIGENA: “Cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”

http://elturbion.com/?p=4525

Las comunidades indígenas del norte del Cauca exigen la salida de los actores armados de sus territorios y plantean diálogos regionales de paz para preservar la vida de las comunidades y su integridad cultural - Foto: Omar VeraPor: Christian Peñuela – julio 25 de 2012
Los indígenas del norte del Cauca, agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hicieron un llamado al país para que acompañe su exigencia de que los actores armados salgan de sus territorios, pues su presencia y la instalación de bases y campamentos no sólo los pone en riesgo permanente sino que vulnera su autonomía y va en contra del Derecho Internacional Humanitario.
Los pueblos indígenas resisten a la guerra
Actualmente, el Cauca cuenta con el patrullaje constante de aproximadamente 14.000 militares y un número desconocido de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que han concentrado su confrontación en los municipios del norte del departamento. Luego de los combates en Toribío; del desmonte de una base militar en Miranda, a manos de campesinos, y de otra en Toribío, por parte de la guardia indígena; y del asesinato de tres jóvenes indígenas por disparos de fusil al parecer provenientes de los militares, un sinnúmero de periodistas nacionales y extranjeros está a la expectativa del desenlace de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y manifestada por la resistencia indígena en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldono, Caloto y Miranda.
Las organizaciones indígenas expresaron su rechazo por el asesinato del comunero indígena Eduar Fabián Guetio Bastos, joven de 20 años que fue víctima de disparos originados en un retén del Ejército Nacional ubicado en cercanías del resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, el pasado 18 de julio en horas de madrugada. Esta situación motivó a la comunidad y a la guardia indígena a retener a 36 militares, los cuales fueron conducidos desde el lugar de los hechos hasta la plaza central de Caldono, donde los familiares de la víctima y las autoridades indígenas realizaronun acto simbólico de castigo a los soldados, y finalmente los entregaron a la Defensoría del Pueblo del Cauca.
De igual manera, los líderes indígenas insistieron en que la posición que han asumido las comunidades es de neutralidad en la confrontación armada y que miente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que los indígenas del norte del Cauca han desalojado a los militares de la base de Berlín en Toribío para colaborar con las acciones armadas de la insurgencia. En este sentido, destacaron el desalojo de guerrilleros en varios puntos del territorio indígena por parte de la guardia y el proceso, según su justicia tradicional, en contra de tres milicianos retenidos en el marco de la jurisdicción especial indígena, en la vereda Belén del municipio de Tacueyó, a quienes se aplicaron castigos de cepo y fuete en público por realizar actividades militares en sus territorios.
Respecto al anuncio del gobierno y de la Fiscalía sobre su intención de abrir procesos penales contra varios líderes indígenas, Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que “le queremos decir a la sociedad colombiana que un acto de judicialización arbitraria contra los dirigentes indígenas del norte del Cauca es un acto ilegal y, por supuesto, de discriminación institucional en cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente […] cuando la guardia indígena hace control territorial está contribuyendo a la construcción de un Estado democrático por la vía civil”.
En este sentido, las organizaciones indígenas aseguran que el gobierno viene incumpliendo las leyes nacionales e internacionales al desconocer la legitimidad propia de la autonomía indígena en sus territorios. Para las comunidades, se viene haciendo caso omiso de que el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional advirtió claramente que el conflicto armado en Colombia ha promovido el exterminio físico y cultural de los 87 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, de los cuales 34 están en riesgo de extinción étnica. Siete de los pueblos indígenas en mayor peligro se encuentran en el departamento del Cauca.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional consideró indispensable la realización inmediata de planes de salvaguarda y protección por parte del Estado dirigidos a estas comunidades indígenas, lo cual no ha sido implementado hasta la fecha. De acuerdo con Armando Valbuena, expresidente de la ONIC, “detrás de la agudización del conflicto armado están los intereses económicos de [empresas] multinacionales, agentes nacionales y grupos ilegales […] porque la minería se ha convertido en uno de los combustibles de los actores del conflicto armado”.
De igual forma, el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo… exige que se consulte a las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar en sus territorios, lo que nunca se ha hecho con los nasa del norte del Cauca.
Por estas razones, las organizaciones indígenas exigen una visita extraordinaria del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que la crisis humanitaria del Cauca pueda ser verificada directamente por el ente internacional. Adicionalmente, exigen una audiencia extraordinaria para la evaluación e implementación de lo dispuesto en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Crisis humanitaria y propuestas de paz
Según un estimado de la Consejería Mayor del CRIC, en tan sólo 18 meses se han presenciado 600 acciones armadas en territorios indígenas del norte del Cauca, cobrando la vida de centenares de indígenas entre las aproximadamente 2.500 víctimas civiles.
Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, afirma que es entendible la postura de los indígenas, dada la situación de los municipios del norte del Cauca, y que las comunidades en Toribío han presenciado más de 400 combates durante los últimos diez años y que, por esto, “deben sentir que no es eficaz la acción de la Fuerza Pública y que el Estado no los está defendiendo”.
Por su parte, Ana Deida Secué, gobernadora del resguardo Huellas de Caloto, afirma que la confrontación entre actores armados en los territorios indígenas ha puesto en grave riesgo a las comunidades. En este sentido, relata que “tenemos unos sitios de asamblea permanente dentro de las comunidades, como son las escuelas y los puestos de salud, y es ahí donde caen explosivos, como sucedió con la misión médica de la IPS en Toribío, con una enfermera y 12 niños heridos”, indicando en que en esta zona del departamento del Cauca la guerra “está desplazando en tan sólo un día a más de 300 familias y están dejando de ir a clases más de 4.500 niños, los cuales pierden una semana de clases por enfrentamiento”.
Debido a la situación de extremo riesgo que afrontan las comunidades indígenas por la intensificación del conflicto armado, diferentes organizaciones han asumido la necesidad de buscar a los distintos actores armados e impulsar diálogos regionales de paz, a pesar de que actualmente la Ley establezca que el presidente de la República es el único con autoridad para implementar procesos de negociación. La emergencia impuesta por los combates en Toribío del 7 de  julio, que llevaron a que la enfermera de la IPS indígena perdiera una de sus piernas, dejaron 14 heridos, 40 viviendas afectadas y unos 800 desplazados, llevó a que la ACIN enviara una nueva carta a la guerrilla de las FARC, exigiendo la salida de sus combatientes de los territorios ancestrales, y a que la guardia indígenase lanzara al desalojo de campamentos guerrilleros y de puestos de avanzada militares ubicados en las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios
Ambas acciones de resistencia se sustentan en la búsqueda de pactos locales que permitan mantener a la población civil, a los no combatientes, fuera de la confrontación de los actores armados para defender la vida e integridad de las comunidades. A pesar de los señalamientos por parte del gobierno y de la fuerte represión que la Policía y el Ejército han desatado en el norte del Cauca, las organizaciones indígenas recuerdan a quienes se enfrentan en sus territorios que no son bienvenidos allí y que, como afirma Ana Deida Secué afirma, “cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”.

MUCHOS INDIOS

Ese es el título que le da un portal de internet a la noticia sobre cómo la guardia indígena sacó antier al Ejército Nacional a empujones de su territorio.
Una expresión coloquial en un país donde “indio” es un insulto y “mona” un cumplido, donde “indio” significa feo, salvaje, ordinario, exótico, y donde a las comunidades indígenas sólo las quieren los turistas —siempre y cuando vistan trajes autóctonos—.
Los paeces tienen toda la razón para estar furiosos con un Estado que nunca les ha dado garantías sociales y cuya presencia ha sido sobre todo militar, y es natural que desconfíen de un ejército que no parece estar ahí para cuidarlos a ellos sino a unas antenas de telefonía celular. Tienen que sentirse excluidos si Santos realiza en su territorio un Consejo de Gobierno y no los invita, y poco le deben a un Estado que olvida sus intereses y en cambio mueve la cola como un perro entusiasta ante lo que digan las multinacionales que explotan nuestros recursos con el eufemismo de “invertir”.
Ante ese panorama es apenas natural que los paeces quieran sacar al Ejército y a la guerrilla de sus tierras, incluso con violencia. No justifica la agresión de ninguna manera, pero la explica, y la pregunta para el Estado no debería ser cómo controlarlos, sino cómo reparar el daño y volver a ganar la confianza de una comunidad a la que ha dejado en el olvido.
Sin embargo, para que nadie diga que le tiembla la mano, ayer en la mañana Juan Manuel Santos dijo por Twitter: “Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares”. ¿Se percató el presidente de que muchos, si no todos, los soldados del Ejército deben tener ascendencia indígena? ¿Se da cuenta de que acatar a pie juntillas su orden implicaría casi desalojar las bases? Su tweet evidencia por qué los paeces están tan jodidos: porque son los otros, una masa parda y bajita de jerga ininteligible con la que la mayoría de los colombianos, racistas y acomplejados, no se reconoce. Algunos, mejor intencionados pero igualmente racistas, creen que los miembros de las comunidades indígenas son todos seres de luz en comunión con la naturaleza. En ninguno de los casos se los considera como colombianos y por eso decimos que el Ejército somos nosotros, y las lágrimas de un soldado despiertan patriotismo, pero el asesinato de un indígena se considera un daño colateral.
Pero resulta que los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por los actores armados o por el olvido del Estado, es también un colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar.
Reporta La Silla Vacía que ayer un paez ajeno a los hechos de Toribio fue asesinado en Caldono, en un retén en Laguna Siberia. Los soldados le ordenaron detenerse, y como no atendió el llamado le dispararon. Así es como ese discurso racista vuelve a cobrar vidas y nos hace olvidar que cada indígena es un individuo y que cada individuo en Colombia es un indígena. El Gobierno sólo reafirma ese imaginario al resolver el problema amparado en el monopolio de la fuerza, en vez de aprovechar la ocasión para realmente desarrollar una política que le dé sentido real al principio pluralista y multicultural de la Constitución, que escuche las voces locales y no confunda a la sociedad civil con los actores del conflicto.
La guerra en Colombia no se resolverá pensando en dicotomías. No es el Ejército contra la guerrilla, la guerrilla contra los indígenas o los indígenas contra el Ejército: somos los colombianos contra los colombianos, y sí, somos muchos indios, porque los indios somos todos.
@Catalinapordios .Catalina Ruiz-Navarro | Elespectador.com
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Carta de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca a las FARC

“Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado”, asegura el comunicado dirigido a “Timochenko”.
A continuación publicamos el texto:
 
“Señor
Timoleón Jiménez
Comandante de las FARC

Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala Kiwe (norte del Cauca) ACIN. Le escribimos desde nuestra resistencia a la guerra, y desde nuestra voluntad indeclinable por la paz. 

La semana antepasada los indígenas del Cauca reanudamos las acciones de liberación y armonización de nuestros territorios, cumpliendo el mandato de la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011, donde adoptamos la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Las acciones de liberación y armonización iniciales consisten en el desmonte de las bases permanentes de todos los actores armados, el desmonte de las trincheras y cambuches de la fuerza pública y de la insurgencia, y la movilización masiva de comuneros y comuneras a los sitios de concentración de las guerrillas para impedir que hostiguen a la población de los municipios (sean ataques, retenes o actividades amenazantes). 

Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios. 

Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración de Vitoncó, en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territorios. No las queremos y no las necesitamos. 

No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército– porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la conquista española nos las han venido robando. 

No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad; ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad y nuestra justicia. No ayudan a la autonomía: todo lo que tenemos en gobierno propio lo hemos hecho nosotros y nosotras. Los pueblos indigenas hemos dado pruebas de poder construir nuestros propios sistemas económico, educativo, judicial y de salud. La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas. 

Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

Esperamos que las FARC cumplan voluntariamente con estas exigencias de las comunidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y las comunidades vamos a seguir liberando nuestros territorios de los actores armados, que desarmonizan a la Madre Tierra y nuestra vida. 

Hace 4 meses le escribimos para que nos hicieran claridad sobre la política militar de las FARC contra el CRIC, la ACIN y los Cabildos. Seguimos esperando su respuesta. También le propusimos en esa carta que avancemos en un diálogo humanitario sobre 4 puntos: No reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las minas antipersonales); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas. Estamos a la expectativa de que podamos dar ese debate que necesitamos los indígenas del Cauca y el país entero. 

Comandante Jiménez: 

Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo. Fue bueno que ustedes liberaran a los soldados y policías que tenían retenidos y que anunciaran el fin del secuestro económico, porque fueron hechos de paz. Pero hay que ser más audaces y más decididos. Cumplan las exigencias humanitarias que le estamos haciendo; es un camino básico hacia la paz. Decidan terminar la guerra y empezar ya una negociación política para terminar el conflicto; es imprescindible para construir la paz. Entiendan que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el ejército, y que la paz debe ser una construcción de todos y todas las colombianas.

Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra. 

CXHAB WALA KIWE – TERRITOIRE DEU GRAND PEUPLE
ASOCIACION DE CABILDOS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN-CXHAB WALA KIWE”.

RESISTENCIA INDIGENA, 3 NOTICIAS (MANIPULACION MEDIATICA, MINGA POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA PAZ EN LA MANO DE LOS PUEBLOS)

 
 
VIOLACIÓN AL BUEN NOMBRE DEL CRIC Y AL DERECHO A ESTAR BIEN INFORMADO, UNA SITUACIÓN RECURRENTE EN LA PRENSA COLOMBIANA 
 
Que un periodista nacional, de esos que nunca sale de su cabina, entreviste a Ana Silvia Secue y se admire de sus planteamientos resulta comprensible, pero que sea Francisco Santos, Ex-vicepresidente del gobierno Uribe, uno de los responsables de la creación de la Opic, organización de la que la entrevistada es su principal vocera, no es más que un acto cínico, en donde un agente del poder usa un medio informativo para tergiversar la verdad y crear condiciones para romper o hacer más difícil la convivencia ciudadana.
La situación sucedió el día 16 de julio y fue protagonizada por el actual socio de rcn y del periódico El Tiempo, Francisco Santos, quién desarrolló un dramatizado, donde, con entusiasmo de locutor deportivo hizo la siguiente presentación “Otra voz del Cauca, una voz distinta, una voz que, dijo no más. Me aburrí. Me abro, no quiero seguir haciendo sí, no quiero seguir eh… escuchando las mismas cosas, ¿quién es Espinosa?”. Viene luego toda una diatriba contra el CRIC, Autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, estimulada por periodistas desinformados de la verdadera situación regional. Este estilo mediático, que ha hecho escuela en Colombia, se fortalece con la mentira y el rumor programado por mentes perversas que usan a las personas, contribuyendo a fomentar la idea que quienes hablan mal de los contradictores del gobierno son valientes, mientras quienes lo critican son malos y amigos del terrorismo. Esto se comprueba luego, cuando el periodista “…Ana Silvia a usted no le da miedo hacer estas declaraciones, usted sabe que esto lo cobran las farc y sus milicianos allá adentro, y, ¿usted no está amenazada?, a usted no le da miedo que la maten por decir algo que nadie se atreve a decir…”de marras sentencia con voz meliflua, aumentando el dramatismo Cabe preguntarse, qué distinto dijo la vocera de la opic que no haya dicho ya el ex–presidente Uribe, que no hayan dicho los generales de la república, que no haya dicho el ex-gobernador Juan josé Chaux, que no hayan expresado varios ministros del actual gobierno, es decir, que no hayan dicho los señores de esa derecha recalcitrante que se niega aceptar las acciones de resistencia y defensa a la vida que realizan los indígenas Nasa del norte del Cauca y en general los indígenas de todo el país. Es claro que Francisco Santos, primo hermano del actual presidente de Colombia, hace parte de una élite nacional que no acepta el reclamo frente al derecho fundamental a defender la vida y a permanecer como pueblos.
Sin lugar a dudas el señor Santos no es tonto, aunque a veces pareciera que él quisiera que así lo vean los colombianos, y como no lo es, él sabe que en Colombia, según la Corte constitucional, hay 34 pueblos que están en riesgo de desaparición forzada, entre ellos siete pueblos indígenas del Cauca, siendo uno de ellos el Pueblo Nasa. Sabe también que dicha situación ha sido generada por la permanencia de un conflicto armado que no nos pertenece y que se desarrolla en nuestros territorios ancestrales desatendiendo nuestras exigencias. En consecuencia, desalojar a la guerrilla y exigir que la fuerza pública no esté más en medio de la sociedad civil, más cuando esos territorios son propiedad colectiva, ha sido una decisión tomada por comunidades y autoridades indígenas después de comprobar que, solo en el norte del Cauca, se han perpetrado cerca de 600 episodios armados que han dejado porlo menos 2500 víctimas civiles, en un periodo menor a 18 meses, de las cuales más de un centenar ha perdido la vida.
En este contexto es importante recordar que la opic se creó para negar la voluntad colectiva, pues su historial está lleno de documentos y expresiones que invitan a que la los comuneros indígenas se retiren de los censos de los cabildos, proscriban la educación propia y la medicina tradicional y reclamen la propiedad privada como forma de tenencia de tierra. La construcción de la opic fue un proceso lleno situaciones paradójicas, que, aunque la desconoce la opinión pública, el señor Francisco Santos sí las conoce por haber sido en el periodo de su gestión que se creó ese entuerto. Veamos algunas de las circunstancias destacables del proceso: a) En el acta de constitución opic, presentada ante cámara de comercio, aparecen registrados como fundadores varios mandos de la fuerza pública, funcionarios del gobierno Uribe y del gobierno Chaux; b) El distintivo de su hoja membrete es un águila negra en descenso; c) Uno de los directivos fue jefe de un reconocido grupo de autodefensas campesinas que operaba en la región y quién tiene varias investigaciones por participación en la masacre del Naya; c) Por haber sido primero la opic una ONG registrada en cámara de comercio se limitaba la posibilidad de apoyos institucionales, por lo cual la oficina de asuntos étnicos del ministerio del interior facilitó la creación de la única organización interétnica del país (ojo, no indígena) denominada opic y lograda mediante el engaño a dos comunidades indígenas Waunam del Chocó, las cuales, curiosamente, dejaron como directivos a dos personas del Cauca, una de ellas la señora Ana Silvia Secue.
Entonces no extraña escuchar la melodramática voz de un integrante del gobierno Uribe expresar “Dios mío, yo no había oído una declaración tan fuerte de un indígena, la golpearon y sabe cuándo perdió el miedo, cuando la guardia indígena la golpeo… porque decidió llevar desayunos escolares para sus niños. Pues Ana Silvia Secué, muy valiente la felicito, muy valiente por este testimonio… mucha suerte”.
La entrevista de rcn radio, en horas de la mañana del día lunes 16 de julio del 2012, es un buen ejemplo de cómo en Colombia se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución Política, pues no solamente se informa de forma parcial y mentirosa sino que afectan la honra y el buen nombre de personas, en este caso de colectivos como lo son los pueblos indígenas del Cauca y nuestro proceso organizativo CRIC, lo cual tiende a romper la convivencia ciudadana y afecta el derecho a la paz de los colombianos, siendo uno de sus principales objetivos crear condiciones de animadversión ciudadana y que permitan judicializar a comuneros indígenas rompiendo el debido proceso y colocar como objetivo militar a las comunidades indígenas que reclaman defensa y garantía de sus proyectos vida y de sus procesos de autonomía territorial.
Es de trascendental importancia que el comportamiento de ciudadanos, tanto nacionales como regionales y locales de Popayán, que se escudan como trabajadores de los medios de comunicación para exponer sus puntos de vista, sea investigada por los organismos de control del Estado colombiano y por las instituciones de la justicia, pues individuos como Francisco Santos, usan los medios de forma parcial, no garantizan el derecho de los colombianos a estar bien informados, pues usan frases que son más peligrosas que las balas de los grupos armados mientras utilizan las voces dispersas de la llamada opinión pública para fomentar el odio y la discriminación a nombre de organizaciones creadas para tal fin.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, julio 17 de 2012
BOLETIN INFORMATIVO
JULIO 17 DE 2012

COLOMBIA INDIGENA, MINGA PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

El día 16 de julio de 2012  reunidos en Minga  continuamos  las acciones
de armonización y control territorial, en el municipio de Miranda,  más de
1500 personas   realizamos  recorridos  hacia la vereda Calera y La
Cilia,  donde  teníamos  información que  estaban la guerrilla, nuestro
propósito es reiterarles  y exigirles a los actores armados a establecer
diálogos humanitarios,  que cesen los ataques  a la población civil y que
respeten  la autonomía del pueblo nasa , así como exigirles  avanzar en la
búsqueda de una  salida política negociada al conflicto político armado.

En nuestros recorridos no  encontramos a integrantes de estos grupos
porque  cuando  llegamos a los sitios indicados se  habían retirado, pues
ellos nunca están de acuerdo que la  comunidad  reunida los confronte con
argumentos.  Como  comunidad indígena y como Autoridades Tradicionales en
ejercicio de nuestro Derecho Propio, reconocido constitucionalmente,
concluimos durante la evaluación  que esta acción fue importante  dado
que se enmarca en nuestra decisión de recuperar la  armonía  mediante
acciones propias de control del territorio, así  seguimos mostrando
nuestra  fuerza y capacidad  comunitaria. La comunidad de Miranda
reafirma que continuaran en  los sitios de armonización y  control de
manera permanente.

También denunciamos que desde  el día de ayer  cuando se encontraban  200
personas en la Cerro Sagrado del Berlín, donde se encuentra instalada la
torre en Toribio,  los soldados  dispararon  gases a la comunidad, además
el Gobierno Colombiano  ha movilizado más tropas hacia nuestro territorio.
En el día de hoy durante el recorrido de armonización territorial que
realiza la comunidad hacia este lugar siendo las 10:30 de la mañana se
empiezan a  escuchar  disparos en este sitio.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos por
lo que pueda suceder en el día  de  hoy  contra la comunidad  que se está
moviliza masivamente a este sitio sagrado  ocupado  por el ejército
colombiano, irrespetando a nuestros espíritus y nuestra casa.

Respecto a  las  declaraciones  que  constantemente realiza la señora  ANA
SILVA SECUE de la OPIC,  manifestamos una vez más  que son parte de un
sistemática desacreditación del movimiento indígena que  colocan al pueblo
NASA  en riesgo, es de recordar  que esta organización fue creada con el
apoyo del Gobierno Nacional para propiciar la división de nuestra
organización.

Reiteramos que estamos actuando en ejercicio legitimo del Gobierno Propio
y que como Autoridades Tradicionales dentro de nuestro territorio seguimos
exigiendo el desalojo de todos los actores armados en el territorio y
reafirmamos nuestra exigencia de realizar el debate  con el gobierno
nacional en la María,  continuaremos las acciones armonización control  y
territorial.

ASOCIACION DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA  – ACIN
Cxhab  Wala Kiwe, Territorio  del  Norte del Cauca
Julio 17 de 2012

CAUCA ( COLOMBIA), LA PAZ EN LAS MANOS DE LOS PUEBLOS

 
El presidente Santos y sus ministros llevaron al Cauca el mismo discurso de la militarización y de los programas sociales, que repiten una y otra vez y el que sólo cumplen en su primera parte: cerca de 10.000 efectivos ocupan esta región y las balas y las bombas continúan cruzando la vida de los pueblos caucanos. Por esa razón la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, ratificaron la continuidad de la asamblea permanente y las acciones de hecho de control territorial, para garantizar la vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro de la región, siguiendo sus principios ancestrales de autonomía y dignidad.
Durante los últimos años el Cauca ha soportado las barbaridades del conflicto armado que vive el país, con momentos de gran intensidad como el que se ha manifestado en estas dos semanas. Solamente el municipio de Toribío acumula ya cerca de 500 hostigamientos entre guerrilla y Fuerza Pública, y en esta ocasión sus habitantes estuvieron cuatro días bajo fuego constante que dejaron 14 personas heridas, 450 casas afectadas y cerca de mil desplazados. Por esta misma fecha, hace un año, Toribío fue sacudido con similares impactos por un bus-bomba.
Para los sectores democráticos y populares del país, es claro que el conflicto armado en la región caucana tiene un trasfondo particular: los intereses geoeconómicos y geopolíticos que configuran los corredores internacionales que cruzan estos territorios, con límites en el promisorio mercado del Pacífico. Explotación de recursos naturales, comercio legal e ilegal, militarización nacional y extranjera, infraestructura transnacional y una institucionalidad adaptada para tales fines, conforman ese teatro de operaciones de mercadeo viabilizadas por la guerra.
Desde tiempo atrás, los pueblos del Cauca han mandatado la realización de diálogos humanitarios regionales por iniciativa propia con todos los actores armados, han desarrollado acciones concretas para aislar el conflicto armado de la población civil y han conminado a todas las fuerzas militares a retirar sus trincheras de las comunidades indígenas. Precisamente hoy, cuando nuevamente la guerra arrecia en contra de las poblaciones del norte del Cauca, la ACIN y el CRIC han puesto en práctica este último mandato y han iniciado el desmonte de los distintos campamentos que los grupos armados, legales e ilegales, han instalado en sus territorios indígenas y en donde despliegan sus confrontaciones bélicas.
Diferentes escenarios de articulación social en los que hemos participado activamente, como el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Paz en Barrancabermeja o el Congreso de Tierras y Territorios, el conjunto de organizaciones sociales allí convocadas en horizonte de paz y dignidad, hicimos propios los mandatos que las comunidades del Cauca han planteado. Hoy lo ratificamos con mayores razones: legitimamos las iniciativas soberanas que actualmente se encuentra desarrollando el pueblo caucano en defensa de la vida, la tierra y los territorios.
Coincidimos en que la fuerza de los movimientos sociales, ahora vigorizados con los procesos unitarios que se han manifestado especialmente en estos tres años, y con una mayor conciencia de país digno, se constituyen hoy en un actor determinante en la perspectiva de desbrozar un camino cierto de superación del conflicto armado que vive el país.  En tal sentido apreciamos altamente la resistencia civil que los indígenas caucanos asumen con gran valentía, apuntalando una opción social y política hacia la Colombia sin violencia que buscamos todas y todos. 
Nos convocamos a desplegar todas las iniciativas posibles que expresen nuestro apoyo a las acciones de los pueblos caucanos, en su ardua lucha para enfrentar la guerra y sus actores, y a las multinacionales que se benefician de ella y de las políticas gubernamentales. Y llamamos a que las tensiones entre las comunidades de la región sean superadas, especialmente en estos momentos cruciales de defensa del territorio.
Bogotá julio 12 de 2012
Minga Social y Comunitaria – Congreso de los Pueblos – Colombianos y Colombianas por la Paz – Red de Universidades por la Paz – Redepaz – Identidad Estudiantil – Confluencia de Mujeres – Nomadesc – Rebeldía Estudiantil Organizada REO –  Minga Bakatá – Planeta Paz – Poder y Unidad Popular – Fuerza Común – Movimiento por los Derechos del Pueblo MODEP – Partido Comunista – Coordinador Nacional Agrario CNA – Asociación Minga – Indepaz – Instituto Nacional Sindical – Periódico El Turbión