#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

 
 
Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.
 
Rubiel Vargas Quintero
El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.
El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.
La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.
El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.
En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.
La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.
Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.
Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.
El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.

Poder corporativo, libre comercio y fraude fiscal: una sola ecuación

bote_caja_fuerte

La lucha contra el paradigma del libre comercio es fundamental. América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica, que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal. La Alianza del Pacífico gana espacios. Un necesario debate

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos

Desde mediados de la década del noventa, el movimiento social a nivel global comenzó a colocar como prioridad en sus agendas de lucha el tema comercial, dándole especial énfasis a una crítica completa al paradigma del libre comercio, que se colocó como premisa teórica de la puesta en marcha de la globalización neoliberal.

El primer escenario de la batalla contra el paradigma del libre comercio fue la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se avanzó creando un entramado jurídico global de carácter obligante que profundizó la lógica de la desregulación comercial: agresivas desgravaciones arancelarias; eliminación de marcos regulatorios al capital financiero; y fortalecimiento de la protección unilateral a las inversiones externas.

Los efectos no se hicieron esperar en los denominados países del tercer mundo, que empezaron a sufrir las consecuencias de esta lógica del libre comercio. Y por tanto, se empezó una “rebelión” al interior de la OMC, liderada principalmente por quienes luego formarían el bloque de los Brics a fin de detener, en alguna medida, esta ofensiva libre cambista, llevando a lo que muchos llaman al “fracaso de la Ronda de Doha” o lo que es lo mismo, que los promotores del libre comercio no pudiesen terminar su labor al estancarse en los llamados “cuatro temas de Singapur”: 1) libre competencia, 2) facilitación del comercio, 3) protección de inversiones y 4) compras del sector público. La condición fue que se resolviera en el seno de la OMC el tema de los subsidios al sector agrícola en el norte (léase Estados Unidos y Europa, principalmente), para luego abordarse los temas de Singapur.

Ante el fracaso de la Ronda de Doha, la estrategia neoliberal acentuó la promoción de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el caso de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron la ofensiva del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fracasó por la alianza entre los recién llegados gobiernos progresistas y el movimiento social. Ante ello, Estados Unidos continuó con el impulso bilateral de TLC.

En efecto, la mitad de América Latina y el Caribe (México, Centroamérica, Caricom, Perú, Colombia, Chile) está constituida por economías que se rigen por el paradigma del libre comercio, con TLC entre ellas y con tratados con países de fuera de la región. Sólo se mantienen fuera de la lógica de los TLC el Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela) además de Ecuador y Bolivia.

Aparejado a la existencia de los TLCs, se fue profundizando esta institucionalidad neoliberal con el impulso que se dio a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (también conocidos como TBI). De forma que se liberalizó el comercio vía TLC y se le dio una protección privilegiada a la inversión extranjera vía TBI.

La dimensión fiscal

Una dimensión que no se había considerado en el ataque al libre comercio fue la fiscal, es decir los impactos provocados por dichos acuerdos en la recaudación tributaria. Gracias al movimiento global por la justicia fiscal se empieza a hacer una correlación de factores que obligan a hacer los vínculos de la desregulación comercial y de inversiones, con la opacidad, la evasión, la elusión y el fraude fiscal.

Estos vínculos, empiezan a relacionar cómo la desgravación arancelaria impacta las cuentas nacionales en términos de los impuestos que dejan de cobrarse a las importaciones. Asimismo, cómo los procesos de desregulación financiera y el libre tránsito de capitales impactan en las cuentas de capital de los Estados. De igual forma, cómo los principios de Trato Nacional (TN) y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren portillos para la elusión de las transnacionales y también cómo las políticas de atracción de inversiones basadas en exoneraciones o privilegios fiscales van provocando inmensos costos en términos de gasto tributario para los países.

Asimismo, se ha observado que luego de la suscripción de un TLC, normalmente sigue la suscripción de un acuerdo de doble tributación, ventajoso para los países de donde proviene la inversión transnacional en el pago del impuesto a la renta. Es que el principio que rige la tributación en estos acuerdos es el de “residencia” y no el de “fuente”. De esta manera, una empresa extranjera no tributa ni en el país donde extrae la renta, ni en el de donde proviene, sino donde estratégicamente ha puesto su sede: Gran Caimán, Delaware, Islas Vírgenes y otras jurisdicciones opacas.

Finalmente, toda esta maraña de acuerdos de inversiones, libre comercio y doble tributación facilita la planificación tributaria, desarrollada por grandes estudios jurídicos que saben muy bien cómo y dónde constituir sociedades comerciales para no pagar impuestos. El escándalo de los Panamá Papers es una clara muestra de ello.

Crisis del posneoliberalismo

Hoy América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal heredada de las décadas de los ochenta y los noventa. La irrupción de la derecha en Argentina, el golpe de estado en Paraguay, el golpe de estado en curso en Brasil y la victoria de la derecha en el parlamento venezolano, han posicionado de nuevo al paradigma del libre comercio en esta subregión latinoamericana.

La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos en la región, los gobiernos del Mercosur inician la presión para que finalmente este proceso modifique su carta constitutiva que inhibe la firma de Tratados de Libre Comercio, esos mismos gobiernos se animan a reanudar la negociación para la firma de un TLC entre la Unión Europea y Mercosur, que se uniría a los que ya tiene la Unión Europea en vigencia con Centroamérica, México, Chile y Perú/Colombia.

Diversos países de América Latina están participando a fondo en las negociaciones del TISA, que abre sectores fundamentales (educación, salud, agua, servicios municipales, correos, transporte, etc.) a la participación privada de transnacionales. México, Perú y Chile participan activamente en el ya suscrito Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés como TPP).

El poder corporativo transnacional tiende a fortalecerse por medio del impulso de diversos tratados o de inversiones, que se orientan a profundizar la desregulación de los grandes capitales, y que constituyen verdaderos candados jurídicos a políticas reformistas orientadas al bien común.

Visibilizar esta situación, abrir el debate para comprender en toda su dimensión las características del fenómeno y generar nuevas articulaciones de denuncia, resistencia y propuestas de cambio, son tareas urgentes para el movimiento social de América Latina.

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) trabaja desde hace más de quince años en toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera, deuda y nuevas economías.

www.latindadd.org, www.facebook.com/latindadd, www.twitter.com/latindadd

Artículo introductorio de la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimientotitulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd. http://www.alainet.org/es/revistas/51

 

tomado de: https://www.semanariovoz.com/2016/08/19/poder-corporativo-libre-comercio-y-fraude-fiscal-una-sola-ecuacion/

#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

Sabemos que Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN (por nombrar algunos) mantienen una incesante campaña mediática desde Colombia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. La matriz derrocha tinta y baba cotidianamente contra el país mientras hace caso omiso de los problemas internos colombianos (que, por fuerza, se han impuesto por actores foráneos).
Atacan a Venezuela Bolivariana en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Sin embargo, los dardos esta vez han sido devueltos por el presidente Nicolás Maduro, no para socavar la herida de la gente que siente el yugo del neoliberalismo sobre su hombro, sino para frentear a la oligarquía mediática en un debate que el propio Maduro puso sobre la mesa.
En la noche del domingo 22 de febrero, el presidente Maduro tuiteó cifras sobre los emigrantes colombiana en Venezuela. La cantidad ronda los 5 millones de neogranadinos, de los cuales 800.000 emigraron en 2014. Añadió que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000; en 2014, otros 144.000; mientras que en enero de 2015 arribaron 12.000 al país. Cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece.
Para culminar, Maduro concedió “muchas más cifras de la verdad. Cifras oficiales de Colombia señalan que emigraron a USA (Estados Unidos) 1.600.000 y a España 1.200.000 ¿Por qué será?”.

La violencia: procurador general de la emigración colombiana

La historia colombiana ofrece los primeros datos: desde 1948, la violencia en el hermano país ha minado en el cuerpo social como el cáncer en la sangre humana. Con el llamado Bogotazo empezó una época denominada por los académicos como La Violencia, que determinó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en un país que alcanzaba a tener una población total de 11 millones de habitantes. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo “El desplazamiento forzado y la pacificación del país”, identifica tres oleadas de emigración forzada por desplazamiento del conflicto bélico que ha arreciado en Colombia.
“Los desplazados de países como Ruanda, Burundi y Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000: prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra)”, dice Rueda Bedoya. En este momento, el hermano país, según cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), no sólo es el que cuenta con más emigrantes en la región sino con más desplazados en el mundo con un estimado de 4.9 y 5.9 millones.
La Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela maneja otra cifra: los desplazados llegan a la cantidad de 8.300.000. Dice Juan Carlos Tanus, investigador de la institución, que el Gobierno de su país no se sincera con esta realidad “por razones políticas”.
A esto hay que agregarle agentes y factores como el paramilitarismo, el ejército, el conflicto con las guerrillas revolucionarias y la emigración económica: el colombiano que busca cierto bienestar que el Estado de su nación le niega por transar en las últimas décadas 11 Tratados de Libre Comercio con los poderes hegemónicos del Norte.
La violencia no sólo se manifiesta cotidianamente a punta de cañón, sino en la economía y el trabajo del colombiano de a pie.

Factores de la migración, destino Venezuela

Félix de Alcázar, presidente de la organización antes mencionada, refiere cuatro factores fundamentales que devienen del relato de la violencia histórica para entender la migración colombiana:
-Económico: el sueldo básico de un trabajador promedio (de 644.000 pesos por mes) no alcanza para sostenerse a sí mismo ni a su familia debido a la alta tasa de inflación y el alto costo de los bienes y servicios. En Venezuela, por el contrario, dice de Alcázar, “se le defienden sus derechos laborales al trabajador con cestatickets, seguro social y médico, además de las pensiones y jubilaciones; se le explota menos que en un país neoliberal como Colombia”.
-Político: Tanus alega que en Colombia “el Estado no se preocupa por que la gente viva con todos los derechos básicos del ciudadano; en Venezuela sí hay un Estado de derecho constituido por una revolución”.
-Social: “El problema social deriva directamente del político, porque quien no tiene para comer es porque no consigue trabajo o no le alcanza el dinero. Y aquí el colombiano, sea por vía ilegal como el contrabando, por vía comercial o por otras, consigue incluso triplicar el sueldo mínimo de acá”, declara el presidente de la organización.
-Judicial: la violencia en Colombia goza de impunidad debido a las instituciones signadas bajo el influjo narcoparaco que las sostiene. Los poderes judiciales no amparan al campesino que se cruza entre las balas ni al proletario empobrecido hasta la pauperización que duerme en las plazas públicas de Bogotá. El tema de derechos humanos en el hermano país, además, tiene eslabones perdidos. Tanus, exiliado político en Venezuela Bolivariana, víctima de dos intentos de asesinato cuando residía en su país (1993 y 1996), sabe de eso.
Como trágica cereza sobre el pastel, para el año 2008, aproximadamente 230 colombianos cruzaban diariamente la frontera hasta suelo venezolano. Para este año se calculan alrededor de 300, según datos recogidos por la asociación. Algunos cruzan de forma legal, otros “por caminos verdes, atravesando ríos”, refiere Tanus.

Metodología para la investigación

Gustavo Rodríguez, quien es el responsable de la organización en el estado Lara, dice que “tenemos años recorriendo el país para suministrarnos de información. Los colombianos que están aquí convergen entre cuatro identificaciones, o no identificaciones: los irregulares, los que transitan la frontera diariamente, los que están incluso nacionalizados, y los que nacieron acá de padres colombianos”.
Desde la asociación creen que los parámetros para medir en estadística a los emigrados desde Colombia no toman en cuenta sino el factor de vivienda: “Faltan otras medidas como la situación económica, la ilegalidad de nuestros compatriotas, en qué área de producción trabajan, incluso la situación de emigración en que llegan a este país”, recalca Rodríguez. Tendría razón, porque como acota Tanus: “El origen de la migración colombiana es rural debido a la violencia”, cuestión que se silencia en el relato de la oligarquía colombiana. Y resalta que “nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por recabar esta información que el compañero Maduro tiene”.
En este caso, la metodología para la cuantificación, la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela ha hecho un trabajo de hormiga, ya que las fuentes oficiales no ofrecen esta rigurosidad. Las decenas de cajas llenas de archivos, encuestas y papeles de todo tipo y color (en proceso de digitalización) demuestran su testimonio.

Reconocimientos y desconocimientos

Las cifras que lanzó el presidente Maduro coinciden plenamente con los indicadores investigados por la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela. Mas estas cifras no se conocen oficialmente sino por medio del presidente, del cual varios medios se han hecho eco.
El trabajo de esta institución consiste no sólo en dar a conocer datos y estadísticas sobre la realidad de sus compatriotas en suelo venezolano, sino también darle un signo político: “Que el colombiano conozca las causas y los factores fundamentales de su emigración” para así poder pensar a Colombia “desde otra realidad que no fuera la de la violencia sino desde el bienestar”, dice Tanus.
Un dato que destaca desde la asociación civil son las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuando entregaron a la justicia venezolana al naziconspirador Lorent Gómez Saleh. Dijo que “las buenas relaciones (entre Venezuela y Colombia) son en beneficio de ambos países en particular de más de 4 millones de colombianos que viven en territorio venezolano”, lo que significa que el primer mandatario colombiano reconoce “de alguna forma”, dice Tanus, el problema de la migración.
Según de Alcázar, la apertura política que significaría una negociación sensata entre el gobierno de Santos y las guerrillas traería, en cuanto al cese de la violencia, un buen augurio para que la sociedad colombiana asumiera el debate de la migración y, por ende, “la de todos los renglones del país”, además de “garantías electorales” para que un frente distinto llegue al palacio Nariño.
Este sería el escenario adecuado, como refieren los de la organización de colombianos en Venezuela, para regresar a casa.
RNV

La impunidad que ronda al exterminio de la UP

La impunidad que  ronda al exterminio de la UPManuel Cepeda, asesinado en 1994, Bernardo Jaramillo, asesinado en 1990, Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987. / Archivo José Antequera, asesinado en 1989. / ‘Semana’

En 1993 la Corporación Reiniciar demandó al Estado ante la CIDH por más de mil crímenes cometidos en esta sangrienta persecución política. Luego de años de fracasos para buscar una “solución amistosa”, las víctimas esperan que la corporación internacional haga justicia.
Esta semana se declaró delito de lesa humanidad el asesinato del excongresista Manuel Cepeda Vargas
Por: Santiago Martínez Hernández
Tras la decisión de la Fiscalía de declarar el homicidio del exdirigente político de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas como delito de lesa humanidad, revivió la esperanza de que los otros 1.554 crímenes que terminaron por exterminar a este partido político de izquierda salgan de la impunidad. El principal argumento para tomar tal determinación fue la sistematicidad de los ataques que se produjeron contra la UP entre los años 80 y 90. Ad portas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre una demanda contra el Estado interpuesta en 1993 por las víctimas de esta sangrienta persecución política, aún es un misterio qué sucederá con los miles de expedientes que rodean esta triste historia.
El crimen de Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, se consideró el último asesinato de un senador de la UP. Cabe recordar que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Colombia en junio de 2010 por la acción u omisión de los funcionarios públicos que participaron en el homicidio. Esta ha sido considerada una de las principales victorias de la UP, ya que permitió develar el plan criminal gestado entre las autoridades y los paramilitares para exterminar al partido político. Sin embargo, aún queda por pelear la principal batalla: que la CIDH reconozca la responsabilidad del Estado en este “genocidio político” de 1.163 asesinatos, 123 desaparecidos, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados.
La historia de la UP ante las autoridades internacionales comenzó el 16 de diciembre de 1993, cuando la Corporación Reiniciar radicó su demanda en la CIDH. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el 12 de marzo de 1997 para que la corporación la admitiera. Ante la inmensa cantidad de pruebas que responsabilizaban al Estado, en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se intentó encontrar una “solución amistosa”.
Todo parecía ir por buen camino, ya que se había logrado crear una comisión para defender los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las 6.528 víctimas que se han acreditado. Pero en junio de 2006 los intentos por buscar la solución amistosa se fueron a pique, ya que la Corporación Reiniciar y diferentes víctimas manifestaron que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no tenía intenciones de cumplir con lo pactado, pues, supuestamente, se había dedicado a perseguirlos y estigmatizarlos. Según los reportes de los miembros de la UP, durante el mandato de Uribe se produjeron 136 homicidios de sobrevivientes de este partido político, 38 casos de desaparición forzada y 28 intentos de homicidios, montajes judiciales y desplazamientos forzados.
Fue entonces que, en marzo de 2007, después de siete años de intentos fallidos, la Corporación Reiniciar presentó los alegatos de fondo ante la CIDH. El Gobierno hizo lo propio un año después. Cabe recordar que en 2005 el hoy senador electo Iván Cepeda solicitó que el caso de su padre, Manuel Cepeda Vargas, fuera retirado de la demanda conjunta que había hecho la UP. La razón era que, al presentar el expediente por separado, la CIDH tendría un trámite más rápido. Resultados que se vieron efectivamente cinco años después, cuando el Estado fue condenado por este crimen.
Después de que se emitieran 12 fallos administrativos en Colombia a favor de las víctimas y varias sentencias penales en las que se reconoce el exterminio político de la UP, hoy la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía tiene un grupo dedicado a la investigación de los miles de expedientes que aún están en la impunidad. Son varios los casos representativos que dejó esta sangrienta guerra contra la UP, pero entre los más recordados están los asesinatos de dos candidatos presidenciales y nueve congresistas.
El primer crimen perpetrado contra un alto dirigente político se produjo el 30 de agosto de 1986, cuando las balas silenciaron al representante a la Cámara Leonardo Posada, quien murió a manos de un sicario en Barrancabermeja (Santander). Pero el luto de este homicidio no duró más de una semana, ya que el 1º de septiembre de ese mismo año el senador Pedro Nel Jiménez fue acribillado por militares —según lo demostró la investigación— en Villavicencio. En diciembre de ese violento 1986, Octavio Gómez Acosta, otro congresista, fue asesinado. Estos crímenes marcaron el rumbo de lo que sería ese un exterminio político.
Las muertes de dos candidatos presidenciales dejaron ver que nadie se salvaba de la persecución. El 11 de octubre de 1987, mientras regresaba con su familia de una finca ubicada en La Mesa (Cundinamarca), Jaime Pardo Leal fue ultimado por un grupo de sicarios. Bernardo Jaramillo, cuyo magnicidio es investigado por un grupo especial de la Fiscalía, fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990, en una escena que parecía más ficción que realidad. Otro de los crímenes imborrables para las víctimas de la UP fue el del líder José Antequera, cometido en marzo de 1989, quien recibió 24 tiros mientras esperaba su vuelo en el mismo aeropuerto donde sería asesinado Jaramillo años después.
La puerta para que estos miles de casos que marcaron la historia política colombiana salgan de la impunidad está más abierta que nunca. A la espera de la decisión de la CIDH, que lo más probable es que sea a favor de las víctimas, la Fiscalía continúa armando el rompecabezas de esta fatídica guerra para dar con el paradero de los máximos responsables del exterminio de la UP.
smartinezh@elespectador.com
@santsmartinez

EN EEUU TIENES 8 VECES MÁS PROBABILIDADES DE MORIR A MANOS DE UN POLICÍA QUE DE UN TERRORISTA

ESTADOS UNIDOS HA PROMOVIDO UNA CULTURA DE PÁNICO ANTE UN POSIBLE ATAQUE TERRORISTA; SIN EMBARGO, EXISTEN MUCHAS COSAS MUCHO MÁS LETALES QUE ESTE IMPROBABLE ATAQUE.

POR: PIJAMASURF

police-state
El terrorismo en los últimos años se convirtió en una agenda política, particularmente en el gobierno de Bush, pero también continuado por Obama (ahora con el ciberterror) y en muchos otros países. Un interesante post publicado por Jim Harper en el sitio del Cato Institute hace referencia a una interesante reflexión: “el miedo al terrorismo nos hace estúpidos” y comparte una serie de datos que hace pensar que este temor es más bien ridículo.
Reportes estadísticos del National Safety Council, el National Center for Health Statistics y el Censo de Estados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos que se distribuyen para supuestamente acabar con el terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas bastante poco letal en comparación con otros problemas que enfrenta el hombre moderno. Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante realidad de que es más probable que la misma policía sea la que determine la muerte de un ciudadano, que un terrorista:
-Tienes 17,600 veces más probabilidades de morir de un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.
-Tienes 11 mil ves más probabilidades de morir en un accidente aéreo, que de un ataque terrorista que involucre un avión.
-Tienes 1,048 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que en un ataque terrorista.
-Tienes 9 veces más probabilidades de morir de asfixia accidental en tu cama, que de un ataque terrorista.
-Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, que de un terrorista.
-Tienes 6 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un clima cálido, que de un ataque terrorista.
Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo absurdo que es preocuparse pof sufrir un ataque terrorista y toda la ridícula maquinaria propagandística en torno a esta amenaza. 

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO, “SANTOS NOS PIDIO PERDON, PERO…..”

El Presidente nos pidió perdón

El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:

“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.

Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.

Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.

Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.

Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.

Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros. 

Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes…  todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?

Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.

También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:

  • el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia;
  • el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes;
  • el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia;
  • el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.

Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.

Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó  por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón-  pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.

La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:

  • El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los  pobladores.
  • El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
  • El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el  mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
  • En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.

Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.

Fraternalmente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 16 de 2013


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

NOTA: EL TITULO DE ESTA ENTRADA ES de javier lopez 

imagenes tomadas de: https://www.google.com.co/search?q=FOTOS-IMAGENES+DE+COMUNIDAD+DE+P…

http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-santos-nos-pidio-peredon