#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

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TENER UNA SEMILLA ES UN DELITO: LA NUEVA DICTADURA ALIMENTARIA

 

 

Por: Dharmadeva

 

Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho.

 

  • Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los precios que quieran.

 

Nuestros dirigentes, ciegos codiciosos, optaron por proteger una docena de semillas extranjeras genéticamente modificadas antes que proteger el patrimonio de miles de semillas que habían sido descubiertas o adaptadas y amadas por siglos en América. Y nunca les contaron a los campesinos que esto les sucedería a menos de un año de la firma del TLC, ni los prepararon para la catástrofe.

 

Y después pretendemos que haya paz en un país que deja a sus cultivadores en la inopia. Un exembajador con rabo de paja se atreve a decir que «Hay actores que sueñan con una Colombia sujeta a un modelo económico arcaico que impondría restricciones que limitarían severamente el desarrollo agropecuario». Ese modelo “arcaico”, sin embargo, ha logrado en la historia de la agricultura cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont. Con estas simientes y sus inseparables agrotóxicos, quisieran sembrar sus tierras de la altillanura, como le está pasando a la «República Unida de la Soja» en el Cono Sur. Nunca la humanidad había arrojado al agua y a las tierras tantos venenos juntos, ni deforestado así las selvas en nombre del “desarrollo agropecuario”.

 

Y esta sacrílega manera de patentar la vida se escuda en la mentira que nos venden de la seguridad alimentaria. Los medios se encargan de seguir diciendo que las nuevas semillas «mejoradas» dan más rendimiento y podrán alimentar a la creciente población del mundo. Pero estudiando la revolución verde vemos que la aseveración es falsa y hay granjas de agroecología que demuestran que rinden más las semillas colectivas logradas a pulso por los conocedores de la tierra y sus frutos en milenios de trabajo con la tierra, que las semillas privadas de los nuevos dictadores. ¡Hay que pelear de nuevo por las semillas libres!

 

http://www.elespectador.com/opinion/tener-una-semilla-un-delito-nueva-dictadura-alimentaria-columna-439703

ORGANIZACIONES SINDICALES Y DE SOLIDARIDAD PROTESTARON FRENTE AL PARLAMENTO BELGA CONTRA EL TLC Y EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL CATATUMBO EN COLOMBIA.

Por: Pedro Nolasco Présiga
Corresponsal del Semanario Voz en Bruselas-Bélgica.
Miembro de Blogueros y Corresponsales de la Revolución.
(Video, fotos y texto: Nolasco Présiga)
Bruselas-Bélgica. Convocados por la Confederación Cristiana de trabajadores, la CNCD 11.11.11., la Coordinadora Belga Por Colombia (CBC), Intal y Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia), un numeroso grupo de personas se congregó el 28 de Junio de 2013 a partir de la 1: pm frente al Parlamento de Bruselas.
Los manifestantes protestaban contra el tratado de libre comercio Unión Europea-Colombia-Perú, cuya discusión y aprobación hace transito ahora en cada uno de los países de la Unión, a la vez que condenaban el asesinato de Leonel Jácome Ortiz, Edison Franco Jaimes, Diomer Angarita, y Diermidez Palacio, los 4 Campesinos que fueron masacrados por las fuerzas militares de Colombia en las protestas que realizan los campesinos en la Zona del Catatumbo, Norte de Santander, y en la que la acción criminal y represiva del estado colombiano dejó, además, más de 30 heridos entre los campesinos manifestantes.
Al expresar su apoyo y solidaridad con la movilización de los Campesinos en el Catatumbo, los manifestantes frente al parlamento de Bruselas, exigieron al gobierno Colombiano el respeto y las garantías al derecho de organización, movilización y expresión de los campesinos, la atención y respuesta positiva a los justos reclamos y reivindicaciones de los campesinos del Catatumbo, y las garantías de no judicialización y criminalización para la Asociación Campesina del Catatumbo, sus afiliados y dirigentes, entre ellos su presidenta Gilma Telles.
Sobre el tratado de libre comercio Unión Europea-Colombia, una comisión de los manifestantes integrada por Jacques Debatty, Viviana Viera, y Belén Torres, fue recibida por la señora Françoise Dupuis, diputada del Partido Socialista y  presidente del Parlamento de Bruselas.
En la entrevista con la  comisión, y a la cual se le negó el acceso a la prensa, la presidente del Parlamento de Bruselas, escuchó las razones por las cuales, el Parlamento Belga no debe aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Colombia.
Escuchadas las explicaciones de la Comisión la señora Françoise Dupuis se comprometió a mantenerlos informados sobre el tramite y los resultados finales que tome el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Parlamento de Bruselas.
 
 

GALERIA DE FOTOS, EL CATATUMBO RESISTE EL TERRORISMO DE ESTADO

Recopilacioon de fotos llegadas via internet sobre las agresiones del estado colombiano representados en el gobierno de Juan Manuel Santos,a los campesinos colombianos “Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro yanqui.” Jorge Eliecer Gaitan #CatatumboResiste!!!!
 
policias infiltrados en protesta campesina generan disturbios para avalar asesinato de campesinos
 

COLOMBIA: EL GOBIERNO NEOLIBERAL Y EL DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES ( MADRES COMUNITARIAS Y UNIVERSIDADES)

patriciamolina.org
“Gobierno Nacional desconoce Sentencia de la Corte Constitucional que reconoce salario mínimo a Madres Comunitarias”

El Senador Alexander López, aseguró que el Gobierno Nacional instó al Senado de la República a votar negativamente una adición presupuestal de $359mil millones, con el fin de cubrir los gastos salariales, prestacionales y de seguridad social de las Madres Comunitarias para los 5 meses de este año que cobija el fallo de la Corte Constitucional.
La Sentencia T-628 de 2012 obliga al ICBF a otorgarle a las Madres Comunitarias el salario mínimo desde agosto de este año, y el “Gobierno desconoció la Sentencia al dar concepto negativo a esta adición presupuestal”, afirmó López.
Ante la decisión de la Plenaria del Senado, López Maya manifestó que “el Gobierno Nacional y los Senadores que no aprobaron la proposición están golpeando a 77 mil mujeres que han dedicado su vida a cuidar a los niños y niñas de los sectores más deprimidos de las ciudades colombianas, quienes tuvieron que luchar por más de 20 años para que se hiciera justicia y se les otorgará el salario mínimo, porque en la actualidad solo reciben un bono de 250 mil pesos, con jornadas laborales mayores a las 8 horas diarias”.
“Esta es una deuda histórica que la Corte Constitucional reconoció y es el fruto de la lucha de estas mujeres por un salario digno, ambos logros, el judicial y el social desconocidos hoy por el Gobierno Nacional”, agregó el Congresista del POLO.

Gobierno niega incremento en gasto social para Universidades y Madres Comunitarias

Las proposiciones de modificar el Presupuesto General de la Nación para el año 2013 hechas por el Senador Alexander López fueran negadas por la Plenaria del Senado por no contar con el visto bueno del Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
El Senador Alexander López afirmó que “el Ministro Cárdenas nos describe acá el país de las maravillas, pero dejó por fuera de ese país a los estudiantes y a las Madres Comunitarias cortando el presupuesto para la educación y para la infancia”.
El Senador llevó a la corporación la solicitud de los estudiantes de las Universidades Públicas de incrementar en 1 billón de pesos el giro que realiza la Nación a las Instituciones y que actualmente enfrentan un déficit presupuestal que ronda los 700mil millones de pesos.
También fue negada por el Gobierno la solicitud de incrementar el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dar cumplimiento a la Sentencia T-628 de la Corte Constitucional que ordena al Gobierno pagar el salario mínimo a 77.000 Madres Comunitarias que atienden a 1 millón y 500 mil niños y niñas en el país. El Senador solicitó un incremento de 850mil millones de pesos, pero el Ministro Cárdenas no respaldó la proposición.
“Este Gobierno ha desconocido una Sentencia de la Corte Constitucional y por ende los derechos laborales que estas Madres se han ganado con 30 años de trabajo para la sociedad colombiana y para la infancia de nuestro país”, señaló el Senador López.

EL GOBIERNO DE SANTOS EVADE SU RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL LIBRE EJERCICIO DE LA LABOR SINDICAL

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
EL GOBIERNO DE SANTOS EVADE SU RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL LIBRE EJERCICIO DE LA LABOR SINDICAL
Denunciamos nacional e internacionalmente el incremento de los hechos de violencia contra el movimiento sindical; 12 dirigentes y afiliados han sido asesinados durante el presente año; el día 29 de julio fue asesinado Hernán Álvarez de Sutimac, siendo el sindicalista 2.896 en nuestro registro desde el año 1986, en medio de una impunidad del 97%, configurando una política sistemática de arrasamiento contra el movimiento sindical colombiano. Como consecuencia de la victimización contra los dirigentes y activistas sindicales, el Gobierno Nacional desde 1997, acordó  con el movimiento sindical crear por ley un programa de protección para cesar los asesinatos de sindicalistas.
 Hoy debemos denunciar el desmonte gradual y paulatino de la responsabilidad de proteger el derecho a la vida y la integridad física de los sindicalistas. El Ministerio del Interior en un CERREM extraordinario realizado el 18 de julio y a espaldas de las organizaciones victimizadas, delegó en la Unidad Nacional de Protección – UNP, en cabeza del Doctor Andrés Villamizar Pachón, la responsabilidad de expedir mediante Resolución Administrativa No. 048 del 27 de julio de 2012, el recorte al valor mensual de combustible de los esquemas de protección dura en más del 50%, lo cual nos deja a los protegidos en una situación de vulnerabilidad para hacer nuestro trabajo en las regiones de alto riesgo.
 De manera que el gobierno cumple su pretensión política de inmovilizar las actividades sindicales, la labor de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones políticas de oposición victimizadas.
 La CUT reclama al Presidente Santos y al Ministro del Interior, Doctor Federico Rengifo, atender la solicitud de reunirse con las centrales, donde queremos expresarle nuestras inquietudes y preocupaciones frente al tema de protección, más ahora cuando le están entregando atribuciones a la UNP, y lo que hacen es desmejorar las condiciones de seguridad.
 Llamamos a nuestros afiliados, al movimiento sindical y defensores de los derechos humanos a expresar su rechazo a estas medidas que solo llevan al detrimento de nuestra seguridad.
 DOMINGO TOVAR ARRIETA                                     WITNEY CHÁVEZ SÁNCHEZ
Presidente                                                                 Secretario General
 LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

COLOMBIA: LA NUEVA GUERRA DEL ORO

 

foto via internet
Por JUAN JOSÉ HOYOS
A las guerras que vive Colombia, hay que sumarle una más: la guerra del oro. Ella está provocando la muerte de trabajadores, dirigentes sindicales, pequeños mineros y líderes de las regiones que se oponen a los atentados contra el hombre y la naturaleza cometidos por los mineros ilegales y hasta por algunas compañías multinacionales.
Antioquia, por desgracia, es uno de los epicentros del conflicto. El viernes 27 de julio, a pocos pasos de la mina Providencia, en Remedios, fueron atacados a balazos los trabajadores Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid Jaminson. El primero murió horas más tarde en una clínica de Medellín. El hecho sucedió en momentos en que setenta trabajadores de una empresa contratista de Gran Colombia Gold están en paro protestando por lo que califican como un despido colectivo. Gran Colombia Gold es el consorcio minero que administra las más grandes minas de la antigua Frontino Gold Mines, liquidada por el gobierno hace dos años contra la voluntad de sus trabajadores activos y jubilados. La llegada a Segovia de la multinacional en 2010 desató un paro cívico en protesta por el despido de más de 1.400 mineros.
Después del atentado del viernes, varios trabajadores sobrevivientes se vieron obligados a huir de la región para salvar sus vidas, según informaron los directivos del sindicato Sintramienergética Nacional, que agrupa a los mineros.
Los dos trabajadores víctimas del atentado participaron el 25 de julio en un programa difundido por el canal regional Teleantioquia en el que hablaron del conflicto entre los trabajadores y la empresa contratista que opera la mina Providencia.
Este no es el primer episodio de la nueva guerra del oro en Antioquia. El 26 de julio de 2011 fue asesinado Rafael Tobón, uno de los fundadores del sindicato de los mineros de Segovia. Tobón era uno de los líderes más reconocidos de los pequeños mineros. El 5 de junio de 2010, también en Segovia, fue herido a balazos el dirigente sindical John Jairo Zapata Marulanda, quien trabajó durante más de 15 años en la Frontino Gold Mines. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros en el lugar del atentado y luego trasladado a un hospital de Medellín, donde los médicos lograron salvarle la vida.

Colombia, neoliberales en acción: Prórroga al contrato de Cerro Matoso dejaría perdidas por 9 millones de dólares semestrales

La renovación del contrato de CERRO MATOSO hasta el año 2029, como señaló recién el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, desconoce los llamados de atención de la Contraloría General de la Nación y las conclusiones de varias consultorías contratadas entre el 2008 y 2010 por Ingeominas, en el sentido de que su prorroga es altamente inconveniente para los intereses de la Nación.
El anuncio fue hecho durante un evento organizado por la Presidencia de la República, “Vuelta a Colombia”, el 24 de julio de 2012 en la ciudad de Cartagena, según el cual BHP Billinton, propietaria de la firma CERRO MATOSO S.A., tiene asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta el 2029, gracias a un acuerdo suscrito en 1996, e incluso la operación podría ir hasta el 2044.
CERRO MATOSO S.A., (CMSA), suscribió en 1996 el contrato 051-96M con el entonces ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, el cual contiene cláusulas que benefician exclusivamente los intereses de dicha compañía.
Varias cláusulas van más allá de lo que las normas mineras permiten, pero en particular dos de ellas son altamente inconvenientes para el país y lesivas para el fisco nacional, pues amarraron al Estado y lo dejaron sin ninguna posibilidad de disponer libremente de sus recursos naturales no renovables y a obtener mejores beneficios en nuevas alternativas de desarrollo minero.
Se trata de la cláusula que ordena que al vencimiento de los contratos 0866 de 1963 y 1727 de 1971, sus áreas pasaban automáticamente al nuevo contrato de aporte minero 051 suscrito en 1996, modificando las condiciones en que originalmente fueron suscritos.
El periodo original de los contratos 0866 y 1727 es de 30 años y vence el 30 de septiembre de 2012. No es exacto señalar que CMSA tiene derechos hasta el 2026, pues ni la normatividad vigente a la fecha de la firma de los contratos lo permite y la empresa misma, conocedora de esta circunstancia, solicitó el 10 de diciembre de 2007 a Ingeominas formalizar una nueva prórroga. Luego la compañía sí está esperando que la autoridad minera prorrogue estos contratos.
La otra clausula establece que los bienes que revierten a la Nación el 30 de septiembre de 2012, serán arrendados inmediatamente a CMSA a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos, obtenida por esta compañía. Se trata de un porcentaje mínimo, amarrado a la incertidumbre de las ganancias de la compañía y al riesgo moral de unos estados financieros que el gobierno no puede verificar, y que equivale apenas al 0,83% de las ganancias netas antes de impuestos.
En otras palabras, hace 16 años se tomaron las decisiones más importantes del contrato que ahora el ministro Cárdenas dice va hasta el 2026, sin que medie ningún estudio sobre la conveniencia técnica y económica de contratar nuevamente con el mismo concesionario.
Llama la atención que el Ministro, desconociendo conceptos y estudios contratados por Ingeominas, haga este tipo de pronunciamientos, aferrándose a la letra de un contrato lesivo que satisface en cada clausula el interés particular de CMSA y que no refleja el interés general de la Nación, más allá de tener unos ingresos por regalías e impuestos.
Un análisis interno de Ingeominas, consignado en el acta 04 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 2008, señala que el Estado no está en la obligación de conceder la prórroga del contrato minero, pues si bien CMSA puede solicitarla, la autoridad minera debe estudiar la viabilidad y conveniencia de la misma.
Agrega que “dado que el contrato 866 prevé la reversión gratuita de todos los bienes en el año 2012 y su entrega en comodato a CERRO MATOSO S.A., por un canon estipulado contractualmente, con la prorroga se estarían vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año por un valor aproximado a los nueve millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prorroga solicitada”.
Varias consultorías contratadas por Ingeominas entre el 2008 y 2010, entre ellas una con el actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, expresan la inconveniencia para el país de prorrogar las concesiones con CERRO MATOSO S.A.
Analizadas las consecuencias de la prórroga, el Procurador advierte que el “concedente debe ponderar las circunstancias técnicas y económicas en que se daría la prorroga evitando cualquier efecto económico negativo para el estado”.
El estudio de Luis Jorge Ferro Casas concluye que “no es conveniente para la Nación proceder a una prorroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”, y hace un llamado para redefinir el canon de arrendamiento de los bienes revertidos a la Nación, pues una tasa de 1,25% apenas cubre las expectativas de inflación.
También la consultoría contratada con Carlos Antonio Espinosa Pérez concluye que las modificaciones hechas a los contratos 866 y 1727 de CMSA son altamente inconvenientes para el Estado ya que las mismas entran en contravía con la normatividad existente y aplicable. En el mismo sentido y en diversas oportunidades, la Contraloría General de la Nación ha llamado la atención sobre el grave daño que se causaría a la Nación la prórroga de este contrato en las condiciones establecidas en 1996.
La organización Colombia Punto Medio convoca a la autoridad minera para que presente públicamente los análisis y estudios que soportan la prorroga a los contratos de concesión 866 de 1963 y 1727 de 1971, y a que abra al país una discusión que hasta ahora se ha adelantado a puerta cerrada.
Igualmente, invita a estudiar otras alternativas para el uso y aprovechamiento de la única mina de níquel del país, lo que la hace estratégica para el desarrollo de la industria nacional y el manejo soberano de los RNNR.
Dado que no es obligación del Estado renovar el contrato con BHP Billinton / CMSA, existen otras posibilidades, como operarla mediante un contrato de operación con terceros, sacarla a licitación pública para maximizar los ingresos de la Nación e incluso renegociar el contrato lesivo con el actual concesionario, mejorando radicalmente las condiciones económicas para el país.