#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

Anuncios

DETENCIONES ARBITRARIAS Y FALSOS POSITIVOS JUDICIALES EN COLOMBIA

Entre los 15 detenidos hoy en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista de esta Agencia. “No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y Justicia y Paz. El Congreso de los Pueblos reconoció que 7 de los apresados pertenecen a esa agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen, se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.
En rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución sufren “persecución” y aclaró que 4 de los estudiantes detenidos hoy “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas” cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.
Otro de los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de esta Agencia, especialista en temas de Conflicto y Paz, quien una semana atrás participó en un Foro sobre Medios y Conflicto, realizado en la en la Universidad Nacional; en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo periodístico.
“No creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en estos líderes sociales detenidos” señaló Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-.
Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo –PDA- vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-. “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.
Desde el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia, ya la viceministra de Defensa adelantando denuncias por violación a los Derechos Humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad”. Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas paramilitares contra referentes de esa colectividad.

“Que los medios de comunicación preserven la presunción de inocencia”

“Es lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado intenten buscar responsabilidad en líderes y lideresas sociales ante los atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y agregó: “Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional –ELN- permaneció detenida. Son falsos positivos judiciales, los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la presunción de inocencia”, concluyó.

A disposición de la Fiscalía

Según el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las 15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.
 
PLANTON EN CALI ‪#‎NoMasFalsosPositivosJudiciales‬
NO MAS FALSOS POSITIVOS JUDICIALES

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO, “SANTOS NOS PIDIO PERDON, PERO…..”

El Presidente nos pidió perdón

El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:

“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.

Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.

Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.

Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.

Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.

Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros. 

Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes…  todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?

Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.

También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:

  • el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia;
  • el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes;
  • el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia;
  • el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.

Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.

Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó  por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón-  pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.

La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:

  • El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los  pobladores.
  • El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
  • El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el  mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
  • En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.

Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.

Fraternalmente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 16 de 2013


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

NOTA: EL TITULO DE ESTA ENTRADA ES de javier lopez 

imagenes tomadas de: https://www.google.com.co/search?q=FOTOS-IMAGENES+DE+COMUNIDAD+DE+P…

http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-santos-nos-pidio-peredon

HAITÍ SE REBELA


Concentración frente al Ministerio de Defensa por el retiro de Tropas en Haití

COMUNICADO

El 1° de Junio se cumplirán 9 años de ocupación militar de las mal llamadas MISIONES de PAZ de la ONU (MINUSTAH) en HAITI.
Desde hace 5 años multitudinarias manifestaciones populares exijen en Haití el retiro de las tropas, en razón de la sistemática violación de los DDHH, que éstas han agregado a la ya problemática situación , de un pueblo sometido a una explotación colonial feroz, a la represión y al saqueo de sus recursos naturales.

EL propio Senado de Haití votó por unanimidad el retiro de las tropas en 2011, y lo volvió a hacer en el día de ayer, 28 de Mayo de 2013.
LAS MINUSTAH SON UN PROBLEMA, NO UNA SOLUCION, para el pueblo haitiano y éste HA DICHO BASTA!
Por eso junto a decenas de organizaciones de toda AMERICA, el Movimiento Social Haitiano, lanza el viernes 31 de MAYO, una CONFERENCIA CONTINENTAL, en Puerto Príncipe, para reimpulsar una fuerte campaña para que no se reenvíen tropas el 15 de Octubre próximo, día de recambio de la MINUSTAH anual.

LA COORDINADORA POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITI INVITA a una jornada de difusión y Propaganda el Sábado 1° de JUNIO

 
en la Explanada Municipal, ( FERIA del LIBRO Infantil) de 11 hs. a 13hs. 

POR EL RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS DE HAITI

Convocatoria 1° de JUNIO 2013 JORNADA MUNDIAL POR EL RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS DE HAITI

Hace exactamente nueve años, el 1ro de junio de 2004, las tropas
militares de la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización de Haití, invadían ese país hermano bajo el pretexto de
una supuesta “estabilización” que nunca llegó. Todo lo contrario.
En lugar de mejorar la situación generada por el golpe de Estado de
2004, la MINUSTAH aumentó los niveles de violencia para un pueblo
despojado de todos sus derechos, conteniendo la opresión de un sistema
basado en el trabajo semi-esclavo, el desempleo del 70% de la población
económicamente activa y salarios infrahumanos.

Las tropas de MINUSTAH introdujeron el cólera en Haití
En vez de promover la paz, las tropas de la ONU cometen violaciones
sistemáticas a los derechos humanos esenciales de la población e
importaron el cólera, enfermedad que hasta ahora ha dejado más de 8.000
muertos y enfermado a más de 600.000 personas. Expresamos nuestra
especial indignación frente a la actitud de la ONU que ha preferido
evocar la inmunidad de sus tropas a fin de rehusar cualquier
indemnización a las familias de las víctimas directas y la reparación de
los inmensos daños causados al país.

Por donde se lo mire, es inconcebible seguir sosteniendo que la MINUSTAH
– militares y policías que provienen en gran medida de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Perú, Uruguay- deben permanecer en Haití.

En 2011, el Senado haitiano votó por unanimidad el retiro de las tropas
de la MINUSTAH para el año 2012. Los ministros de Defensa de los países
de la UNASUR señalaron la necesidad de reducir la presencia de sus
tropas y establecer un plan de retiro en junio de 2012, aunque este
compromiso ha quedado solo en palabras. Las organizaciones haitianas han
realizado innumerables manifestaciones masivas contra la presencia de la
MINUSTAH, incluyendo funerales simbólicos en Petite Riviére de
l’Artibonite y Puerto Príncipe en octubre 2011. Acciones judiciales
están en curso contra la ONU por la intromisión del cólera y un conjunto
de asociaciones llamado Kolektifòganizasyon pou dedomajeviktimkolerayo
trabaja sin descanso al respecto para hacer justicia.

La MINUSTAH lamentablemente ha fracasado con respecto a los objetivos
establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O mejor
dicho, el único objetivo que cumplió fue el de ocupar militarmente ese
país al servicio de intereses que no son los del hermano pueblo
haitiano. Su presencia responde a una política que priva el pueblo
haitiano de su ciudadanía, sus servicios públicos, su tierra, sus bienes
naturales. Está además claro que la MINUSTAH no podría mantenerse, sin
el apoyo militar y diplomático de Canadá, Estados Unidos y Francia,
siempre al servicio de sus corporaciones y los acuerdos de libre
comercio e inversión que las favorecen. Por eso, el Senado haitiano
también votó contra la entrada de dos multinacionales mineras de EE.UU.
y Canadá que hoy están saqueando ricos yacimientos de oro, cobre y plata
en Haití “la pobre”, bajo la protección de la MINUSTAH.

Haití no debe ser más el laboratorio de la economía y la “seguridad”
neoliberal, políticas que han hecho además de la deuda, un arma
adicional contra los pueblos como vivimos en toda nuestra América, el
Sur global y ahora también en Europa.

 

Haití no necesita tropas militares, ni de la MINUSTAH ni de ningún otro
país.

Haití necesita el reconocimiento de su dignidad, su potencial y derecho
a la autodeterminación, como todo pueblo.

Necesita que le saquen de encima las manos y las botas que lo dominan.
Necesita médicos, sanitaristas, educadores, ingenieros, técnicos, todos
ellos al servicio de la reconstrucción que el pueblo haitiano reclama,
un pueblo históricamente diezmado, pero que conserva la dignidad de ser
el primer país libre y antiesclavista de Nuestra América.
Por todo esto, este 1ro de junio convocamos a movilizarnos para reclamar:
– el retiro inmediato de la MINUSTAH y de todas las tropas militares
extranjeros de territorio haitiano;
– el fin de la ocupación económica y del saqueo, incluyendo la supresión
de los acuerdos de libre comercio;
– el reconocimiento de los crímenes cometidos por la MINUSTAH,
incluyendo la introducción del cólera, la sanción a los responsables y
la indemnización de las víctimas;
– la restitución y reparación de la deuda histórica, financiera, social
y ecológica que se le debe al pueblo de Haití;
– una verdadera política de cooperación internacional que respete los
derechos, la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano.

Primeros convocantes:
Regionales:
CLOC/Vía Campesina
Jubileo Sur/Américas
Servicio Paz y Justicia en América Latina
Campaña contra las Bases Militares Extranjeras en América Latina
Grito Continental de los Excluidos/as
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas-COMPA
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de
América Latina-SICSAL
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo-PIDHDD
SOAWatch
Nacionales:
PAPDA-Plataforma por un Desarrollo Alternativo de HAITI
Batay Ouvriye – Batalla Obrera- Organización Sindical Haití
Tet Kole Ti peyizan Ayisyen TK- Pequeños CampesinosHaití
Défenseurs des Opprimés DOP- Defensores de los Oprimidos Haití (DDHH)
CTSP-,Confederation des Syndicats des secteurs privés et public .Conf. sindicatos de públicos y privados
Mouvman Peyizan Papay-MPP, Movimiento de pequeños campesinos.
MPNKP- Wooldy Edson Louidor,
KSIL -Jean Claude Chérubin, Renel Sanon
-FRAKKA, Nicolas Pradhally,- Fuerza de reflexión y acción para la VIVIENDA
TK- region Artibonite,
Platfòm rezistans Peyizan Latibonit-Plataforma de Resistencia de pequeños campesinos de Latibonit.
-PREPLA,
– SICSAL-Haití,
AFASDA, Elvire Eugene-Director Ejecutivo

Brasil-Comitê “Defender o Haiti é defender a nós mesmos”-Brasil
Rede Jubileu Sul Brasil
PACS-Brasil

Argentina-Comité de Solidaridad por el Retiro de las Tropas Argentinas de Haití
Central de Trabajadores de la Argentina-CTA
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora-Argentina
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora-Argentina
Comité Oscar Romero Buenos Aires-SICSAL Argentina

Uruguay -Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití-Uruguay
Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo es Posible”
Intipachamama-Nicaragua
Equipo de Servicios de las CEBs-Nicaragua
Cristianos Nicaragüenses por los Pobres
ILSA-Colombia
Comisión Ética contra la Tortura-Chile
Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas-Chile
Comité Oscar Romero-SICSAL Chile
Bia´lii, Asesoría e Investigación A.C-México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
CSMM-Ecuador
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
PIDHDD-capítulo Ecuador
Coordenação Nacional da INTERSINDICAL-Brasil
CSP-Conlutas Brasil
Fórum Mudanças Climática e Justiça Social-Brasil
Rev. Luis Carlos Marrero Chasbar, Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar
A. Romero-Cuba
Revda. Daylíns Rufín Pardo, Centro de Estudios del Consejo de Iglesias
de Cuba.
Comité Oscar Romero-Amazonía peruana
Comité Oscar Romero Vigo-España
Comité Oscar Romero Madrid-España
José Luis Soto-Espacio de Comunicación Insular
Gustavo Patiño Alvarez
Manuel Vargas Chavarria
Iolanda Toshie Ide
Leticia Rentería

En cada país de Latinoamérica, en Francia, EEUU, Canadá, en Bélgica, 
habrán actos en apoyo al despliegue de esta campaña POR EL RETIRO YA, DE
LAS TROPAS.
Organizaciones haitianas firmantes:
PAPDA Plataforma Haitiana de Acción por un Desarrollo Alternativo
GARR Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados
SANT PON AYITI
POHDH Plataforma de Organizaciones haitianas de Derechos Humanos

SOFA Solidaridad Mujer Haitiana
FRAKKA Fuerza de Reflexión y Acción para la Vivienda
KRD Comité de Reconstrucción de Duvivier
CHANDEL
ICKL Instituto Cultural Karl Lévêque
FONDASYON ZANMI TIMOUN Fundación Amigos de l@s Niñ@s
UNNOH Sindicato Nacional de Egresados de Colegios Normales
MODEP Movimiento Democrático Popular

http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/hait-se-rebela

Guardias estadounidenses niegan el agua a reclusos en Guantánamo

 

Los prisioneros en huelga de hambre contra los maltratos en la base estadounidense de Guantánamo -ubicada en un territorio de Cuba ocupado de forma arbitraria- presentaron una moción contra los militares del centro por negarles agua potable.

 
Abogados de los reclusos interpusieron la demanda ante una corte de Washington y explicaron que los guardias se rehúsan a darles agua limpia a sus clientes como forma de mantener el ambiente tenso en el penal, instalado en el sureste de Cuba contra la voluntad de las autoridades y pueblo del país caribeño.
 
 Explican que la ingesta de ese líquido contaminado provocó problemas estomacales, urinarios y en los riñones de muchos huelguistas, cuya salud corre peligro por el ayuno iniciado hace casi ocho semanas.
 
Los letrados presentaron también una declaración jurada de Stephen Xenakis, psiquiatra y general retirado del Ejército de Estados Unidos, que sustenta todos los argumentos expuestos en el recurso legal.

La moción fue interpuestas justo cuando un médico y un especialista sanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja supervisan la salud de quienes participan en la acción protesta.

El ayuno comenzó el pasado 6 de febrero con seis prisioneros del bloque Campo seis, pero con los días se radicalizó y sumó más reos que rechazan medidas como el confinamiento por tiempo indefinido, los registros a sus pertenencias y confiscación de copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.

Según el portavoz de la base-prisión, Robert Durand, en la actualidad 31 detenidos participan en la huelga, 11 de ellos reciben alimentos a través de sondas nasogástricas y otros tres están hospitalizados por deshidratación severa.

Pero abogados de los presos aseguran que la cifra real supera los 100 huelguistas y excepto algunos reclusos de mayor edad, ninguno acepta los nutrientes que le ofrecen las autoridades de la cárcel y solo beben agua.

Por otro lado, la Casa Blanca dijo que el presidente Barcak Obama monitorea de cerca la protesta y culpó al Congreso por su incapacidad de cerrar la base-prisión.

Según el portavoz presidencial, Joshua Earnest, el dignatario demócrata “aun está comprometido con clausurar ese campo de detención, pero demorará en alcanzar ese propósito debido las leyes impuestas” por los legisladores.

Estas declaraciones son las primeras ofrecidas por el Gobierno sobre el tema luego que Obama asumió su segundo mandato.

El mandatario no cumplió la promesa de cerrar la instalación militar en su primera gestión.

La base naval que Estados Unidos fue convertida en una cárcel en 2001 para encerrar allí a toda persona considerada sospechosa de terrorismo.

Los 166 reos fueron capturados en el extranjero y llevan 11 años encarcelados sin enfrentar cargos concretos.

El centro es considerado un moderno campo de concentración donde a la población penintenciaria se le aplica diversas modalidades de tortura como el aislamiento en celdas con temperaturas extremas o mantenerlos amarrados en posición fetal por más de 24 horas sin alimentos.