#Colombia El modelo de impunidad de las élites

Generalmente, el fenómeno de la impunidad está asociado con la ausencia de sanción o investigación; para los organismos internacionales existe impunidad cuando el aparato judicial no actúa o cuando se expiden normas tendientes a sustraer de la acción judicial a los responsables. Sin embargo, esta impunidad puede llegar a ser de carácter político, como en el caso de la élite política colombiana que a propósito de la JEP, tomó la decisión de realizar un pacto para no rendir cuentas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Negar las reformas económicas y políticas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz, haciéndolas “trizas”, son también una forma de profundización de la injusticia social, es decir de la impunidad.En la opinión pública, solo se ha advertido la modificación de lo acordado en los temas de justicia, lo cual tal vez se deba a la herencia santanderista, al fetiche de la norma para resolver los conflictos. Sin embargo, es preciso señalar que de las 34 medidas prioritarias dispuestas en el Acuerdo durante el primer año, solo se han cumplido 12. Significa que menos de un 30% de las medidas tempranas que debieron realizarse se han ejecutado. A ese ritmo, no alcanzarán los tres periodos presidenciales previstos para implementar. En síntesis, los avances en la implementación del Acuerdo Final fueron más contundentes con relación a la “terminación del conflicto armado” y la dejación de armas por parte de las FARC que la contribución del gobierno a la “construcción de una paz estable y duradera”. Pese al panorama, es ese 30% de implementación temprana el que tendremos que defender en esta nueva etapa, a través de la movilización ciudadana y la acción parlamentaria. En esta última etapa del gobierno saliente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación le apuntó a la aprobación en el Congreso dela República, de normas clave, a saber: la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para campesinos cultivadores, medidas de tratamiento penal diferencial para mujeres, la reforma a la Ley 152 necesaria para la financiación de la Paz, y finalmente, las normas procesales de la JEP. Por lo visto, el Congreso y los partidos políticos no le cumplieron al país y a la historia.
Hacer trizas el Acuerdo no es pasarlo por una trituradora de papel. Es el modus operandi de la no implementación y dilación de los aspectos nodales requeridos en el Plan Marco de Implementación diseñado por las partes; es la utilización del Congreso para realizar modificaciones vía normativa que desvirtúan lo pactado en La Habana; es la aplicación de un Acuerdo Político entre élites para no implementar y mantener el statu quo de su impunidad. Este será el combustible de un nuevo ciclo de la acción social, no conocida en Colombia
Las normas procesales de la JEP en su versión actual y la intención de que sean discutidas en una nueva legislatura son un plan sistemático para acabar con el Acuerdo de Paz. Se retardará su trámite para exigir con la nueva correlación en el Congreso los cambios que el Centro Democrático propuso. Por esta razón, no basta con que se aprueben las normas procesales, sino que se debe respetar el contenido esencial de lo acordado. Los objetivos del uribismo para iniciar el desmonte de la JEP con sus nuevos mejores amigos son claros: introducir modificaciones al modelo de otorgamiento de verdad y responsabilidad; limitar el sometimiento de los mal llamados terceros; profundizar la idea de un tribunal únicamente para las FARC; eternizar los procedimientos en contra de los derechos de las víctimas. En síntesis, realizar una copia del fallido procedimiento de Justicia y Paz.
Nuevamente las elites políticas no rendirán cuentas quienes nunca han respondido y mayor responsabilidad tienen en este conflicto.
http://semanariovoz.com/modelo-impunidad-las-elites/

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Colombia: 25 años en la memoria las víctimas de la Masacre La Mejor Esquina, 25 años Sin Olvido.

pintor Fernando Botero

25 años en la memoria las víctimas de la Masacre La Mejor Esquina,

25 años Sin Olvido.

 27 personas fueron asesinadas en ese corregimiento de Buenavista, pero no hay responsables ni existe reparación para las víctimas.

 

En medio de una ceremonia de conmemoración de la masacre, familiares de las víctimas pidieron del Estado claridad en las investigaciones y que sean incluidas en la ley de Justicia y Paz.

Sabino Samuel Avilés, un campesino que sobrevivió a la matanza, pero que perdió a dos de sus hermanos, dijo que lo único que recibió fueron los ataúdes para enterrar a sus seres queridos, y una brigada de salud que realizó el gobierno un mes después de los hechos.

“Desde entonces no conocemos nada de reparación ni inversión del gobierno. Aquí hemos tenido que seguir viviendo con el miedo y el mal recuerdo. Eso es lo único por lo que nos recuerda la gente”, dijo Ruiz.

Este campesino minusválido recuerda con detalles cómo ocurrieron los hechos esa noche del 4 de abril de 1988, cuando en medio de las melodías de la banda de músicos Tres de Mayo, la gente disfrutaba de la fiesta del pueblo.

“Eso fue una cosa aterradora, porque esos tipos llegaron repartiendo plomo a todos los hombres, porque ellos no iban a matar a las mujeres, solamente una señora murió porque se atravesó para que no le mataran al hijo”, explicó.

Ruiz Martínez logró salvar su vida porque uno de los asesinos le tuvo compasión, pues de niño le habían amputado las piernas.

Pero a cambio de salvar su vida, el desconocido descargó su fusil sobre el burro en que se transportaba.

“Yo quedé tirado en medio de la plaza, y cómo no me mataron le dieron tres disparos al burro para que no tuviera en que irme”, narró.

SOLICITARÁN INVESTIGACIÓN

La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, dijo que solicitará a la Fiscalía que inicie una investigación de los hechos, al tiempo que intentará que se logre resarcir los daños ocasionados a las familias de las víctimas.

“Es asombroso que 25 años después ni Córdoba ni Colombia sepan quiénes son los responsables de la masacre de Mejor Esquina”, expresó la mandataria.

Dijo que es necesario establecer la identidad de los autores intelectuales y materiales del hecho de sangre que enlutó a la totalidad de los habitantes del pueblo.

La masacre de Mejor Esquina, la primera ocurrida en la Costa Atlántica, fue atribuida por las autoridades de la época a un naciente grupo paramilitar que se autodenominó ‘Los Magníficos’.

Al parecer, los desconocidos iban en busca de alias ‘Viejo Rafa’, el jefe de finanzas del Ejército Popular de Liberación (EPL), que en la década de los años ochenta azotó al departamento de Córdoba.  Días después de la masacre se supo que ‘Viejo Rafa’ no asistió a la fiesta, porque se enteró del atentado en su contra.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ 

Especial para EL TIEMPO 

BUENAVISTA (CÖRDOBA)

 Masacre de La Mejor Esquina

La Masacre de La Mejor Esquina fue unamasacre ocurrida el 3 de abril de 1988 en La Mejor Esquina, vereda de CórdobaColombia, donde fueron asesinados 27 campesinos, incluyendo varios menores, durante un ataque por parte de Los Magníficos, un grupo paramilitar llamado así por lafamosa serie homónima de los años 80. La razón del ataque nunca se esclareció, aunque la hipótesis más sonada fue la de una represalia por ofrecer supuesta ayuda a guerrilleros del EPL.

Los hechos

Alrededor de las 10:30 de la noche, en medio de un fandango (una fiesta) en celebración del Domingo de Resurrección, llegaron al pueblo en una camioneta un grupo de doce a quince uniformados armados con fusiles, que irrumpieron violentamente en el lugar de la celebración haciendo disparos y gritando frases como “Salgan todos, partida de guerrilleros”.

En una orgía de sangre que duró cerca de media hora, los atacantes mataron a 28 personas, la mayoría con disparos a la cabeza, al corazón, o simplemente con violentas ráfagas que por poco partían a las personas a la mitad. Entre los muerto estaba el profesor del pueblo por mas de 25 años, el señor TOMAS BERRIO WILCHES, quien dejo llorando a 10 hijos por su partida. Cuenta uno de sus hijos que lo último que dijo fue “El que no la debe no la teme” y fue en busca de dialogar con los asesinos, que no se lo permitieron ya que recibió dos tiros a quemarropa, uno en el cuello y otro en la espalda. Al salir del lugar los intrusos dijeron una frase que los sobrevivientes nunca pudieron olvidar: “Suerte para los que quedaron vivos; que lloren mucho a sus muertos”. Saliendo del pueblo, asesinaron a Juan Acevedo, que se dirigía a la celebración; fue el muerto 27.[1][2][3]

Investigación

El caso de La Mejor Esquina quedó en la impunidad, ya que el proceso prácticamente nunca arrancó. Lo único que se logró fue la acusación como autores intelectuales que el DAS hizo al desaparecido Carlos Castaño y a César Cura. Familiares de las víctimas atribuyen la impunidad a la ineficiencia de la Fiscalíay la justicia colombiana.

 

Publicación eltiempo.com

Fecha de publicación- 4 de abril de 2008

LA DEA VINCULA AL GOBIERNO DE ALVARO URIBE CON NARCORRUPCION

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Por Homero Campa, editor internacional Revista Proceso de México   
Aunque varios de los hechos que revela esta publicación mexicana son ya de conocimiento público en Colombia, lo novedoso es que ya agencias norteamericanas ante las contundentes evidencias vinculan al cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcoparamilitarismo.
Este informe de la revista Proceso revela que varios de los colaboradores del expresidente colombiano, como el general Oscar Naranjo, participaron en actividades de tráfico de drogas.
Documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), señalan que el general colombiano Oscar Adolfo Naranjo Trujillo -a quien el ex gobernador mexicano, Enrique Peña Nieto anunció como su asesor externo en materia de seguridad en caso de ganar las elecciones presidenciales- tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país y estuvo involucrado en sobornos y otros actos de corrupción.
Los informes de la DEA fueron elaborados a partir de interrogatorios a ex dirigentes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas.
Más aún, uno de los ex dirigentes de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez –responsable de matanzas de civiles y extraditado en 2008 a Estados Unidos por el delito de narcotráfico—dijo a los agentes de la DEA que Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente de Colombia, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. Explicó que este complot derivó en el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado. Afirmó incluso que en ese homicidio “estuvieron involucrados” el general Oscar Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil.
Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, ex funcionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia. García reveló que Jorge Noguera Cotes, quien fue director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva.
Los documentos de la DEA -cuyas copias tiene Proceso- fueron elaborados con el objetivo de obtener información sobre “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011 y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas se encuentran en Bogotá.
Otro documento más corresponde a un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York. En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC.
De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, este contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvo algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esta organización.
Los contactos del general
De acuerdo con un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató que en 1997 la Policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo, comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en posesión de armas automáticas y granadas. La Policía los recluyó temporalmente en una prisión del Departamento de La Guajira. Pidieron ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.
“Entonces -apunta el documento- Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Oscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Este por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno”.
Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz -que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos masacres de civiles- Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició estas comparecencias, Naranjo lo calificó ante los medios de comunicación como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano (narcotraficante, jefe de la organización criminal El Envigado y posteriormente uno de los voceros de las AUC) para que callara” a Mancuso.
En ese entonces Murillo, alias Don Berna, y Mancuso se encontraban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Según el documento, el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la Policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que como consecuencia de sus declaraciones, “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a esta.
Macuso dijo a los agentes de la DEA que el coronel de la Policía Danilo González -al que calificó como “el hijo favorito de Naranjo”- “solía ser visto en reuniones con miembros del cartel Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.
El coronel Danilo González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos del narcotráfico. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la Policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el cartel del Norte del Valle.
El documento señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la Policía”, este respondió que tanto Don Berna, como Luis Gómez Bustamante, alias Rasguño -otro ex dirigente de las AUC, también extraditado a Estados Unidos- “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y el general Naranjo inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado con el objetivo de asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según este documento, Mancuso recordó que en 2003 la Policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras este se encontraba en custodia de la Policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con el general Naranjo “y le pagó a este 500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex integrante del cartel Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por el delito de narcotráfico.
Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del cartel del Norte del Valle, alias Jabón, estuvo “largamente asociado” con el general Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.
Varela fue asesinado en la ciudad de Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte -y en medio de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Álvaro Uribe y de Hugo Chávez-, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser el autor de este asesinato.
El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar que murió Varela y que habría pertenecido a este. Sostuvo que en dicha computadora hay información que establece “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y el general Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante” (Proceso Nº 1859).
Revista proceso, agosto de 2012.

Parlamento europeo urge investigación contra el expresidente Uribe

23 miembros del parlamento europeo firmaron una carta conjunta dirigida al fiscal Armando Montealegre en la que manifiestan su preocupación por el poco avance en las pesquisas sobre los testimonios de paramilitares que han mencionado al expresidente Álvaro Uribe…
También dicen que tanto los testigos como los investigadores están recibiendo amenazas y los procesos que ellos han promovido no avanzan.
En una carta dirigida al fiscal general, el parlamento europeo le solicitó al ente dirigido por Eduardo Montealegre agilizar las investigaciones que cursan en contra del ex presidente Álvaro Uribe por su presunta relación con el grupo paramilitar, Bloque Metro.
Los diputados europeos aseveran que es preocupante la protección y seguridad de las personas que han testificado en el caso, frente al cual parece que la justicia no ha avanzado.
Según consta en una de las misivas, dos ex combatientes paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, ambos encarcelados y condenados por paramilitarismo, han sido amenazados por sus testimonios.
“Las personas que fungen como testigos como las personas que lideraron la investigación han sido amenazadas. La familia del señor Monsalve se ha visto obligada a desplazarse y el propio Monsalve fue objeto de un intento de homicidio al interior de la cárcel de Cómbita a finales de marzo”.
Tanto Monsalve como Sierra señalaron que los paramilitares participaron en forma activa en la campaña presidencial de 2002 y respaldaron la candidatura de Álvaro Uribe a la presidencia. También aseguraron que tuvo vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas.
En la carta firmada por 23 miembros de 751 del Parlamento Europeo; también asegura que aunque la información proporcionada por Monsalve y Sierra fue entregada a la oficina del Fiscal entre agosto y septiembre del año pasado, las investigaciones no han tenido ninguna evolución.
“En un momento en que personas cercanas y funcionarios del Gobierno del ex presidente Uribe Vélez, están siendo investigados y condenados por graves delitos, consideramos de igual importancia que la justicia colombiana inicie rápidamente las investigaciones”.
Los parlamentarios europeos agregan que es pertinente determinar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los acusados.