5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

Sabemos que Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN (por nombrar algunos) mantienen una incesante campaña mediática desde Colombia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. La matriz derrocha tinta y baba cotidianamente contra el país mientras hace caso omiso de los problemas internos colombianos (que, por fuerza, se han impuesto por actores foráneos).
Atacan a Venezuela Bolivariana en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Sin embargo, los dardos esta vez han sido devueltos por el presidente Nicolás Maduro, no para socavar la herida de la gente que siente el yugo del neoliberalismo sobre su hombro, sino para frentear a la oligarquía mediática en un debate que el propio Maduro puso sobre la mesa.
En la noche del domingo 22 de febrero, el presidente Maduro tuiteó cifras sobre los emigrantes colombiana en Venezuela. La cantidad ronda los 5 millones de neogranadinos, de los cuales 800.000 emigraron en 2014. Añadió que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000; en 2014, otros 144.000; mientras que en enero de 2015 arribaron 12.000 al país. Cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece.
Para culminar, Maduro concedió “muchas más cifras de la verdad. Cifras oficiales de Colombia señalan que emigraron a USA (Estados Unidos) 1.600.000 y a España 1.200.000 ¿Por qué será?”.

La violencia: procurador general de la emigración colombiana

La historia colombiana ofrece los primeros datos: desde 1948, la violencia en el hermano país ha minado en el cuerpo social como el cáncer en la sangre humana. Con el llamado Bogotazo empezó una época denominada por los académicos como La Violencia, que determinó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en un país que alcanzaba a tener una población total de 11 millones de habitantes. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo “El desplazamiento forzado y la pacificación del país”, identifica tres oleadas de emigración forzada por desplazamiento del conflicto bélico que ha arreciado en Colombia.
“Los desplazados de países como Ruanda, Burundi y Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000: prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra)”, dice Rueda Bedoya. En este momento, el hermano país, según cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), no sólo es el que cuenta con más emigrantes en la región sino con más desplazados en el mundo con un estimado de 4.9 y 5.9 millones.
La Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela maneja otra cifra: los desplazados llegan a la cantidad de 8.300.000. Dice Juan Carlos Tanus, investigador de la institución, que el Gobierno de su país no se sincera con esta realidad “por razones políticas”.
A esto hay que agregarle agentes y factores como el paramilitarismo, el ejército, el conflicto con las guerrillas revolucionarias y la emigración económica: el colombiano que busca cierto bienestar que el Estado de su nación le niega por transar en las últimas décadas 11 Tratados de Libre Comercio con los poderes hegemónicos del Norte.
La violencia no sólo se manifiesta cotidianamente a punta de cañón, sino en la economía y el trabajo del colombiano de a pie.

Factores de la migración, destino Venezuela

Félix de Alcázar, presidente de la organización antes mencionada, refiere cuatro factores fundamentales que devienen del relato de la violencia histórica para entender la migración colombiana:
-Económico: el sueldo básico de un trabajador promedio (de 644.000 pesos por mes) no alcanza para sostenerse a sí mismo ni a su familia debido a la alta tasa de inflación y el alto costo de los bienes y servicios. En Venezuela, por el contrario, dice de Alcázar, “se le defienden sus derechos laborales al trabajador con cestatickets, seguro social y médico, además de las pensiones y jubilaciones; se le explota menos que en un país neoliberal como Colombia”.
-Político: Tanus alega que en Colombia “el Estado no se preocupa por que la gente viva con todos los derechos básicos del ciudadano; en Venezuela sí hay un Estado de derecho constituido por una revolución”.
-Social: “El problema social deriva directamente del político, porque quien no tiene para comer es porque no consigue trabajo o no le alcanza el dinero. Y aquí el colombiano, sea por vía ilegal como el contrabando, por vía comercial o por otras, consigue incluso triplicar el sueldo mínimo de acá”, declara el presidente de la organización.
-Judicial: la violencia en Colombia goza de impunidad debido a las instituciones signadas bajo el influjo narcoparaco que las sostiene. Los poderes judiciales no amparan al campesino que se cruza entre las balas ni al proletario empobrecido hasta la pauperización que duerme en las plazas públicas de Bogotá. El tema de derechos humanos en el hermano país, además, tiene eslabones perdidos. Tanus, exiliado político en Venezuela Bolivariana, víctima de dos intentos de asesinato cuando residía en su país (1993 y 1996), sabe de eso.
Como trágica cereza sobre el pastel, para el año 2008, aproximadamente 230 colombianos cruzaban diariamente la frontera hasta suelo venezolano. Para este año se calculan alrededor de 300, según datos recogidos por la asociación. Algunos cruzan de forma legal, otros “por caminos verdes, atravesando ríos”, refiere Tanus.

Metodología para la investigación

Gustavo Rodríguez, quien es el responsable de la organización en el estado Lara, dice que “tenemos años recorriendo el país para suministrarnos de información. Los colombianos que están aquí convergen entre cuatro identificaciones, o no identificaciones: los irregulares, los que transitan la frontera diariamente, los que están incluso nacionalizados, y los que nacieron acá de padres colombianos”.
Desde la asociación creen que los parámetros para medir en estadística a los emigrados desde Colombia no toman en cuenta sino el factor de vivienda: “Faltan otras medidas como la situación económica, la ilegalidad de nuestros compatriotas, en qué área de producción trabajan, incluso la situación de emigración en que llegan a este país”, recalca Rodríguez. Tendría razón, porque como acota Tanus: “El origen de la migración colombiana es rural debido a la violencia”, cuestión que se silencia en el relato de la oligarquía colombiana. Y resalta que “nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por recabar esta información que el compañero Maduro tiene”.
En este caso, la metodología para la cuantificación, la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela ha hecho un trabajo de hormiga, ya que las fuentes oficiales no ofrecen esta rigurosidad. Las decenas de cajas llenas de archivos, encuestas y papeles de todo tipo y color (en proceso de digitalización) demuestran su testimonio.

Reconocimientos y desconocimientos

Las cifras que lanzó el presidente Maduro coinciden plenamente con los indicadores investigados por la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela. Mas estas cifras no se conocen oficialmente sino por medio del presidente, del cual varios medios se han hecho eco.
El trabajo de esta institución consiste no sólo en dar a conocer datos y estadísticas sobre la realidad de sus compatriotas en suelo venezolano, sino también darle un signo político: “Que el colombiano conozca las causas y los factores fundamentales de su emigración” para así poder pensar a Colombia “desde otra realidad que no fuera la de la violencia sino desde el bienestar”, dice Tanus.
Un dato que destaca desde la asociación civil son las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuando entregaron a la justicia venezolana al naziconspirador Lorent Gómez Saleh. Dijo que “las buenas relaciones (entre Venezuela y Colombia) son en beneficio de ambos países en particular de más de 4 millones de colombianos que viven en territorio venezolano”, lo que significa que el primer mandatario colombiano reconoce “de alguna forma”, dice Tanus, el problema de la migración.
Según de Alcázar, la apertura política que significaría una negociación sensata entre el gobierno de Santos y las guerrillas traería, en cuanto al cese de la violencia, un buen augurio para que la sociedad colombiana asumiera el debate de la migración y, por ende, “la de todos los renglones del país”, además de “garantías electorales” para que un frente distinto llegue al palacio Nariño.
Este sería el escenario adecuado, como refieren los de la organización de colombianos en Venezuela, para regresar a casa.
RNV
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La impunidad que ronda al exterminio de la UP

La impunidad que  ronda al exterminio de la UPManuel Cepeda, asesinado en 1994, Bernardo Jaramillo, asesinado en 1990, Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987. / Archivo José Antequera, asesinado en 1989. / ‘Semana’

En 1993 la Corporación Reiniciar demandó al Estado ante la CIDH por más de mil crímenes cometidos en esta sangrienta persecución política. Luego de años de fracasos para buscar una “solución amistosa”, las víctimas esperan que la corporación internacional haga justicia.
Esta semana se declaró delito de lesa humanidad el asesinato del excongresista Manuel Cepeda Vargas
Por: Santiago Martínez Hernández
Tras la decisión de la Fiscalía de declarar el homicidio del exdirigente político de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas como delito de lesa humanidad, revivió la esperanza de que los otros 1.554 crímenes que terminaron por exterminar a este partido político de izquierda salgan de la impunidad. El principal argumento para tomar tal determinación fue la sistematicidad de los ataques que se produjeron contra la UP entre los años 80 y 90. Ad portas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre una demanda contra el Estado interpuesta en 1993 por las víctimas de esta sangrienta persecución política, aún es un misterio qué sucederá con los miles de expedientes que rodean esta triste historia.
El crimen de Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, se consideró el último asesinato de un senador de la UP. Cabe recordar que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Colombia en junio de 2010 por la acción u omisión de los funcionarios públicos que participaron en el homicidio. Esta ha sido considerada una de las principales victorias de la UP, ya que permitió develar el plan criminal gestado entre las autoridades y los paramilitares para exterminar al partido político. Sin embargo, aún queda por pelear la principal batalla: que la CIDH reconozca la responsabilidad del Estado en este “genocidio político” de 1.163 asesinatos, 123 desaparecidos, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados.
La historia de la UP ante las autoridades internacionales comenzó el 16 de diciembre de 1993, cuando la Corporación Reiniciar radicó su demanda en la CIDH. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el 12 de marzo de 1997 para que la corporación la admitiera. Ante la inmensa cantidad de pruebas que responsabilizaban al Estado, en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se intentó encontrar una “solución amistosa”.
Todo parecía ir por buen camino, ya que se había logrado crear una comisión para defender los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las 6.528 víctimas que se han acreditado. Pero en junio de 2006 los intentos por buscar la solución amistosa se fueron a pique, ya que la Corporación Reiniciar y diferentes víctimas manifestaron que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no tenía intenciones de cumplir con lo pactado, pues, supuestamente, se había dedicado a perseguirlos y estigmatizarlos. Según los reportes de los miembros de la UP, durante el mandato de Uribe se produjeron 136 homicidios de sobrevivientes de este partido político, 38 casos de desaparición forzada y 28 intentos de homicidios, montajes judiciales y desplazamientos forzados.
Fue entonces que, en marzo de 2007, después de siete años de intentos fallidos, la Corporación Reiniciar presentó los alegatos de fondo ante la CIDH. El Gobierno hizo lo propio un año después. Cabe recordar que en 2005 el hoy senador electo Iván Cepeda solicitó que el caso de su padre, Manuel Cepeda Vargas, fuera retirado de la demanda conjunta que había hecho la UP. La razón era que, al presentar el expediente por separado, la CIDH tendría un trámite más rápido. Resultados que se vieron efectivamente cinco años después, cuando el Estado fue condenado por este crimen.
Después de que se emitieran 12 fallos administrativos en Colombia a favor de las víctimas y varias sentencias penales en las que se reconoce el exterminio político de la UP, hoy la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía tiene un grupo dedicado a la investigación de los miles de expedientes que aún están en la impunidad. Son varios los casos representativos que dejó esta sangrienta guerra contra la UP, pero entre los más recordados están los asesinatos de dos candidatos presidenciales y nueve congresistas.
El primer crimen perpetrado contra un alto dirigente político se produjo el 30 de agosto de 1986, cuando las balas silenciaron al representante a la Cámara Leonardo Posada, quien murió a manos de un sicario en Barrancabermeja (Santander). Pero el luto de este homicidio no duró más de una semana, ya que el 1º de septiembre de ese mismo año el senador Pedro Nel Jiménez fue acribillado por militares —según lo demostró la investigación— en Villavicencio. En diciembre de ese violento 1986, Octavio Gómez Acosta, otro congresista, fue asesinado. Estos crímenes marcaron el rumbo de lo que sería ese un exterminio político.
Las muertes de dos candidatos presidenciales dejaron ver que nadie se salvaba de la persecución. El 11 de octubre de 1987, mientras regresaba con su familia de una finca ubicada en La Mesa (Cundinamarca), Jaime Pardo Leal fue ultimado por un grupo de sicarios. Bernardo Jaramillo, cuyo magnicidio es investigado por un grupo especial de la Fiscalía, fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990, en una escena que parecía más ficción que realidad. Otro de los crímenes imborrables para las víctimas de la UP fue el del líder José Antequera, cometido en marzo de 1989, quien recibió 24 tiros mientras esperaba su vuelo en el mismo aeropuerto donde sería asesinado Jaramillo años después.
La puerta para que estos miles de casos que marcaron la historia política colombiana salgan de la impunidad está más abierta que nunca. A la espera de la decisión de la CIDH, que lo más probable es que sea a favor de las víctimas, la Fiscalía continúa armando el rompecabezas de esta fatídica guerra para dar con el paradero de los máximos responsables del exterminio de la UP.
smartinezh@elespectador.com
@santsmartinez

ALVARO URIBE EN CAMPAÑA: ALARMA EN MAGANGUÉ POR PASQUINES DE PARAMILITARES

elquepiensagana.blogspot.com

 
 

 

En Magangué, Bolívar, aparecieron pasquines del paramilitarismo que utilizan como fachada la imagen del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán pero que contienen amenazas contra campesinos y dirigentes cívicos de esta sufrida región.

Organizaciones cívicas, sindicales, agrarias y en general voceros de movimientos de defensa de Derechos Humanos exigieron un pronunciamiento  inmediato tanto del comando de policía de Magangué como de la Fiscalía regional. Los panfletos, sin firma responsable tienen un Logotipo donde está impreso el rostro de Gaitán, con un fondo de siluetas humanas para tratar de confundir y apropiarse de consignas populares, pero pese al disfraz el pueblo ya descubrió la mano asesina del paramilitarismo y se están adoptando medidas de seguridad personales y gremiales. Las hojas volantes del paramilitarismo fueron dejadas debajo de algunas fachadas de instituciones conocidas en la vida de esta urbe costeña que viene de largos padecimientos, como asesinatos selectivos y masacres de gentes humildes sacadas de sus tierras. Los panfletos del pretendido “gaitanismo” en Magangué coinciden con una arremetida feroz de terratenientes que han declarado de manera descarada una oposición a las leyes de recuperación de tierras robadas a sangre y fuego a los campesinos auténticos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

 

PROHIBIDO OLVIDAR: Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba

Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba

Estas imágenes del expresidente departiendo y en campaña con amigos que terminaron condenados por Parapolítica, no fueron autorizadas para ser publicadas en el libro A las puertas del Ubérrimo.
Por: Gustavo Rugeles | octubre 08, 2013
Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba
El periódico El Meridiano de Córdoba registró gráficamente muchas de las actividades sociales y políticas que realizó el expresidente Álvaro Uribe en su hacienda El Ubérrimo y en distintos escenarios del departamento de Córdoba durante su campaña política para las elecciones presidenciales del 2002. Estas fotos revelan la cercanía que tuvo el ex presidente y el apoyo que le dio a políticos que fueron elegidos para el Congreso de 2002 y terminaron condenados por sus vínculos con la Parapolítica. Igualmente muestra la relación con líderes regionales cordobeses que fueron nombrados en puestos claves del sector agropecuario, durante el arranque de su primer gobierno.
Uribe aparece también junto a familiares del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes han formado parte de la elite local de Montería.
Estas fotos forman parte del archivo de la Hemeroteca Nacional en la Biblioteca Luis Ángel Arango. El congresista Iván Cepeda tuvo acceso a ellas y quiso que formaran parte del su libro “A las puertas del Ubérrimo, publicado en 2008 para lo cual le solicitó permiso al propietario y dueño del periódico El Meridiano William Salleg, quien no autorizó su inclusión en el libro. Las fotos circulan hoy como documentos públicos en las redes sociales y en el bloghttp://www.alvarouriberrimo.blogspot.com/
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Róger Taboada fue el primer gerente de Finagro y salió del cargo en medio de un escándalo por autorizar un préstamo de $ 29.000 millones al narcotraficante Luis Enrique ‘Micky’ Ramírez.

El presidente Uribe con Miguel De la Espriella y Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba detenido por concierto para delinquir, al haberse aliado con los 'paras' de Salvatore Mancuso para despojar a cientos de familias. Tiene otro proceso por lavado de activos.

El presidente Uribe con Miguel De la Espriella y Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba detenido por concierto para delinquir, al haberse aliado con los ‘paras’ de Salvatore Mancuso para despojar a cientos de familias. Tiene otro proceso por lavado de activos.

Álvaro Uribe, siendo presidente, fue padrino de Mariana De La Espriella, hija del senador Miguel Alfonso De La Espriella quien igual que Claudio Sánchez, entonces rector de la Universidad de Córdoba, se encuentran detenidos por vínculos con grupos paramilitares.

Álvaro Uribe, siendo presidente, fue padrino de Mariana De La Espriella, hija del senador Miguel Alfonso De La Espriella quien igual que Claudio Sánchez, entonces rector de la Universidad de Córdoba, se encuentran detenidos por vínculos con grupos paramilitares.

El presidente Uribe condecoró, al entonces gobernador de Córdoba Jesús María López, condenado por firmar el pacto de Ralito y ser pieza clave en la expansión de las autodefensas en el departamento de Córdoba. Se comprobó que desvió al menos $ 200 millones de la salud del departamento para construir un hospital al que los 'paras' llevaban a sus heridos de guerra.

El presidente Uribe condecoró, al entonces gobernador de Córdoba Jesús María López, condenado por firmar el pacto de Ralito y ser pieza clave en la expansión de las autodefensas en el departamento de Córdoba. Se comprobó que desvió al menos $ 200 millones de la salud del departamento para construir un hospital al que los ‘paras’ llevaban a sus heridos de guerra.

Uribe candidato acompañó en la campaña para el senado a Eleonora Pineda y Miguel Alfonso De La Espriella quienes confesaron sus vínculos con los paramilitares para lograr los votos que les dieron el triunfo electoral. Aquí, en Tierra Alta, el mayor fortín de influencia de Salvatore Mancuso.

Uribe candidato acompañó en la campaña para el senado a Eleonora Pineda y Miguel Alfonso De La Espriella quienes confesaron sus vínculos con los paramilitares para lograr los votos que les dieron el triunfo electoral. Aquí, en Tierra Alta, el mayor fortín de influencia de Salvatore Mancuso.

Delegación de dirigentes cordobeses que viajaron a Bogotá a acompañar a Salvatore Mancuso, durante su intervención en el Congreso de la República el 30 de julio de 2004.

COLOMBIA: “EL EJÉRCITO ABRIÓ EL CATATUMBO A LOS PARAS”

"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras". En el primer año de la incursión paramilitar al Catatumbo, Norte de Santander, dejó más de 20.000 desplazados, un número incierto de desaparecidos y 800 civiles asesinados, la mayoría de ellos en masacres. Fueron seis años de barbarie, sin mayor control estatal

TESTIMONIO 

Por primera vez un alto oficial reconoce públicamente cómo participó en una de las más sangrientas incursiones de los paramilitares. Su declaración, justo una década después de sucedidos los hechos, involucra a altos comandantes de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.

En el primer año de la incursión paramilitar al Catatumbo, Norte de Santander, dejó más de 20.000 desplazados, un número incierto de desaparecidos y 800 civiles asesinados, la mayoría de ellos en masacres. Fueron seis años de barbarie, sin mayor control estatal
En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. 
 
Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.

El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.

La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un “capítulo doloroso” para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.

Varios camiones
Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.

Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. “Fueron seis camiones ‘carevaca’ diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un ‘suiche’ (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado”.

La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.

La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: “Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días”. La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.

La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.

Dice Llorente en su testimonio: “Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: ‘Mi mayor, estamos con ustedes’. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú”

En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.

Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. “Salía sangre para todos lados”, cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.

“Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: ‘Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer’. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: ‘Sí’. Entonces yo me dije: ‘Ya pasó todo'”.

La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.

Mayor dolor
A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. “Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos”, dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.

En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: “Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área”. Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: “La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres… ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?”.

Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos

Ya es oficial: Uribe es investigado como presunto responsable de más de 3.000 asesinatos

Parlamento europeo urge investigación contra el expresidente Uribe

Tomado de Im-pulso, el blog de Félix Soria: Ya es oficial: Uribe es investigado como presunto responsable de más de 3.000 asesinatos

 Los investigadores consideran que las acciones paramilitares y algunas de las realizadas por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado formaban parte de un plan político de carácter institucional organizado desde el cúpula del Estado.Los datos afloran y el círculo se estrecha: Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante el período 2002-2010, es objeto de investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya como posible autor de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.  Todo indica que Uribe será acusado de ser inductor y organizador de acciones que causaron un número todavía indeterminado de asesinatos de campesinos y opositores políticos, acciones que fueron perpetradas por grupos paramilitares, miembros del ejército y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, el que fue jefe de los servicios secretos bajo el mandato de Uribe, Jorge Noguera, que el año pasado fue encarcelado y procesado en Bogotá por varias actividades ilegales y finalmente, acusado también de haber organizado el asesinato de varios opositores políticos.

Por si fuera poco, Uribe también es investigado por haber organizado una banda armada que realizó “labores de limpieza” en las fincas ganaderas de su propiedad.
Entre los crímenes que investiga la institución judicial de La Haya destacan los llamados”falsos positivos”, en referencia a los asesinatos de campesinos acusados sin pruebas de formar parte de las FARC, cuyas muertes fueron presentadas como si se trataran de “enemigos” abatidos en combate. En un intento de justificar estos crímenes, Uribe ha declarado en varias ocasiones que los “falsos positivos” fueron “casos aislados”; es decir, errores.
Frente a esa excusa, los datos de que dispone la Corte Penal Internacional indican que las muertes causadas por error en los llamados “casos aislados” suman más de 3.000. Esta cifra, que todavía no es definitiva, está basada en las informaciones que han aportado, entre otras fuentes, las propias autoridades del país sudamericano, incluida la Comisión de Paz del Congreso de Colombia.

Con la finalidad de burlar la acción de la Justicia, el ex presidente colombiano intenta consolidar la puesta en marcha de una fuerza política denominada Puro Centro Democrático para encabezar una candidatura en las próximas elecciones al Senado, pues si resultara elegido podría burlar (o al menos intentarlo) la acción de la Corte Penal Internacional.

http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/ya-es-oficial-uribe-es-investigado-como-presunto-responsable-de-m

Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato

 

EL TRIBUNAL INTERNACIONAL SOBRE LA INFANCIA AFECTADA POR LA GUERRA Y LA POBREZA, CONDENA A URIBE

El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.

Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos aislados”, aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad…”. 

La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste. 

Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el “Puro Centro Democrático” por la que sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.

Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.

http://www.publico.es/internacional/450217/uribe-en-el-punto-de-mira-de-la-corte-penal-internacional-por-las-masacres-durante-su-mandato

Caso Unión Patriótica Fue un Genocidio Político, dice Tribunal Superior de Bogotá

Caso Unión Patriótica Fue un Genocidio Político, dice Tribunal Superior de Bogotá

Por primera vez en Colombia un alto tribunal ha determinado que los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue un Genocidio Político, es decir producto de la existencia de un plan sistemático y centralizado que tenía la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia política.

Esta decisión corresponde al inciso décimo  de la parte resolutiva de la Sentencia del Magistrado Eduardo Castillo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,  previa a la sentencia que dictará en contra de un paramilitar que confesó culpabilidad en cerca de cien asesinatos cometidos en la región del Urabá antioqueño en los que se incluyen el de una decena de dirigentes de la Unión Patriótica. Dice la Magistratura que de acuerdo con el análisis contextual y las pruebas presentadas por la Fiscalía los hechos cometidos contra militantes o simpatizantes de la UP, corresponden a un Genocidio Político y que en ellos se contó con la complicidad de elementos de las Fuerzas Militares y de policía.

La Unión Patriótica fue un movimiento político plural de carácter democrático que surgió de los acuerdos de paz firmados en 1985 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El objetivo era que a través de la UP los guerrilleros amnistiados transitaran a la lucha política legal,  para lo que el estado colombiano ofreció total y plenas garantías. En medio del fervor y entusiasmo que generó el proceso de paz decenas de miles de colombianos de diferentes organizaciones políticas y sociales se vincularon a la UP. Junto a ellos y ellas trabajaron 25 ex integrantes de la guerrilla amnistiados e indultados por el gobierno y autorizados para realizar  proselitismo político. En las elecciones de 1986 este fervor se materializó en un importante resultado electoral que le permitió a la UP tener bancada parlamentaria, decenas de Diputados regionales y alcaldes y varios centenares de concejales municipales. La región de Urabá, zona de masiva producción de banano para la exportación fue una de las regiones donde la UP se convirtió en la primera fuerza política. El éxito de la participación electoral de la UP concitó la violenta reacción de la extrema derecha y de inmediato se inicio el exterminio de esta nueva fuerza política. Más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes y concejales.

Ante la total impunidad por los crímenes contra la UP su Dirección Nacional decidió en 1993 llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo admitido en el año de 1997. En el año 2000  en el marco de la denominada búsqueda de una “solución amistosa” ante la CIDH  se inició entre el estado colombiano y los representantes de las victimas un proceso para “propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. En el 2006, durante el segundo  gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Unión Patriótica unilateralmente rompe este proceso ante  la continuidad de las amenazas, atentados y crímenes contra los sobrevivientes y en razón también de las declaraciones insultantes contra la UP por parte del presidente Uribe Vélez que intentaban justificar el exterminio y que estimulaban su continuidad. El caso está pendiente de fallo de la Corte Americana.

El caso de la Unión Patriótica, sin ser el único hecho de exterminio en Colombia de un movimiento político o social, representa quizás el caso más aberrante y grave de persecución y exterminio a un grupo político en el mundo occidental. Las negociaciones de paz que se adelantan en la Habana tendrán  que abordar en el momento adecuado el debate de la responsabilidad del estado colombiano en la destrucción de un movimiento que naciera de la paz y para la paz.

El pasado 25 de noviembre fue asesinado Onias Rodríguez.  Hace 25 años fue concejal de la UP en el municipio de Curillo en el departamento del Meta donde fue amenazado de muerte y le asesinaron a un hijo. Fue obligado a desplazarse a Neiva donde se convirtió en dirigente comunitario y de la población desplazada. No es el único sobreviviente asesinado, amenazado o judicializado.

El Genocidio continúa.

 

CASO UP: FUE UN GENOCIDIO POLÍTICO, DICE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA