COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO, “SANTOS NOS PIDIO PERDON, PERO…..”

El Presidente nos pidió perdón

El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:

“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.

Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.

Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.

Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.

Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.

Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros. 

Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes…  todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?

Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.

También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:

  • el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia;
  • el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes;
  • el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia;
  • el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.

Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.

Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó  por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón-  pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.

La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:

  • El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los  pobladores.
  • El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
  • El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el  mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
  • En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.

Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.

Fraternalmente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 16 de 2013


Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

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cdpsanjose@gmail.com
Colombia

NOTA: EL TITULO DE ESTA ENTRADA ES de javier lopez 

imagenes tomadas de: https://www.google.com.co/search?q=FOTOS-IMAGENES+DE+COMUNIDAD+DE+P…

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CAMPESINADO = “BLANCOS LEGÍTIMOS”

Debemos exigir castigo a los responsables de los asesinatos y atropellos cometidos por la fuerza pública, así como la libertad inmediata de los detenidos y judicializados en la defensa de nuestros derechos. El ESMAD no puede seguir entrando como un ejército de ocupación en las comunidades. Desde hace años hemos exigido el desmonte del ESMAD, que debe ser inmediato.
Fernanda Espinosa
Sobra hablar de lo justo del paro por el que atraviesa actualmente Colombia. Protagonizado por el campesinado que hoy no tiene cómo mantenerse. Pasado un año de la firma del TLC con Estados Unidos y Europa, importantes sectores agropecuarios se están quebrando debido a la importación de productos como la leche y el café. Y ni hablar de la semillas, pues desde la Resolución 970 del ICA no pueden sembrar sus propias semillas, sino deben comprarlas certificadas casi siempre a transnacionales. Y eso que aun no hemos entrado a temas estructurales como la propiedad de la tierra1 o el cambio del uso del suelo con la embestida de la locomotora minero energética.
Ya son más de 40 vías afectadas a nivel nacional, y crece la movilización en Nariño, Cauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Putumayo, Caldas, Tolima, Caquetá, Valle, Meta, Antioquia, Santander. A esto se suman los cacerolazos de la solidaridad con el sector agrario en ciudades como Tunja, Bogotá, Armenia, Samacá, Sogamoso, Cali, Bucaramanga, Medellín, Pasto, Paipa, Ibagué, Ipiales y Neiva, entre otras, que se hacen escuchar hasta los más apartado de nuestra geografía nacional2.
Por dignidad y supervivencia el campesinado colombiano se levanta hoy en el paro. Con tres pliegos de peticiones y propuestas para discutir. Tres pliegos se han presentado como sustento del Paro Nacional Agrario. Uno es suscrito por el Coordinador Nacional Agrario CNA y el Congreso de los Pueblos. Otro pliego es firmado por las “dignidades”: cafetera, arrocera, papera, cacaotera y organizaciones que están por la “defensa de la producción nacional”, y uno más es presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional)3. Adicionalmente, el gobierno ha decidido dialogar con los sectores y regiones de manera separada, como estrategia para fraccionar la movilización social. Es desafortunado que no haya una sola mesa de diálogo y pliego de peticiones, pero es gratamente sorprende evidenciar cómo el paro se ha concentrado en sectores y regiones que usualmente no se movilizaban.
El desconocimiento del campesinado como ciudadano y sujeto político del país se reafirma una vez más con las declaraciones del presidente que, en dos ocasiones, ha salido a negar la existencia del paro. Los ministros y el mismo Santos han advertido a quienes están participando en los “disturbios” que serán capturados y judicializados, lo cual parece una amenaza que busca que la gente no participe por miedo a las secuelas.
Aun más desafortunado ha sido la represión con la que se ha tratado a la protesta tanto por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD como del Ejército. El grave balance de los primeros diez días de paro son dos campesinos asesinados por la fuerza pública y cientos de heridos, judicializados y estigmatizados por el gobierno de Santos. El 26 de agosto al joven campesino Juan Camilo Acosta de la vereda Buenas Tardes, en Fusagasuga, le dispararon un gas a muy corta distancia y éste lo golpeó en el pecho, causándole la muerte. La fuerza pública atacó indiscriminadamente a campesinos de las veredas de Pasca, Arbeláez y Cabrera quienes se encontraban en movilización pacífica. En pocos instantes la policía bloqueó el ingreso a prensa y defensores de DDHH, impidiendo el acompañamiento y verificación del levantamiento del adolecente asesinado.
En redes sociales han circulado videos e imágenes de la brutalidad con la cual el ESMAD ha tratado a los y las campesinas. Hubo denuncias en varias de las concentraciones del Paro Nacional en donde la policía estaba decomisando comida (en realidad se trata de viles robos) a campesinos y campesinas. Desde el 19 de agosto en alto de Daza, en Nariño, la policía les quitó los víveres a los manifestantes e impidió su participación en el Paro Nacional.

Sorprende cómo el ESMAD destruye viviendas: en varios municipios fueron atacadas las casas de campesinos rompiendo vidrios, incluso entrando a la fuerza4. El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos es ilegal.
La mayoría de los abusos de autoridad y excesos del ESMAD tienen que ver con el uso de violencia indiscriminada contra manifestantes indefensos. Algunos ejemplos de esto ocurrieron en Tibasosa donde golpearon campesinos indefensos5. Igualmente hemos visto cómo golpean niños, niñas y jóvenes menores de edad6, e incluso ancianos y ancianas, como por ejemplo en Sogamoso donde el ESMAD atacó a una mujer de la tercera edad7. De igual forma se han denunciado armas de uso no convencional contra las protestas. Tal es el caso del uso de las “recalzadas” que son hechas con cartuchos usados de gases lacrimógenos, rellenos de pólvora y canicas que se disparan desde las mismas pistolas Trufly. También se denunció el uso de explosivos del ESMAD contra manifestantes, por ejemplo en la ciudad de Pasto, donde Rober Elio Delgado, líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano, perdió su ojo derecho.
Se conocieron casos de disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, como por ejemplo en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá. Heridos con arma blanca y elementos contundentes se presentaron en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD. Además actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa al cuerpo de los pobladores. También ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios. De igual forma, el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos8.
En hechos como estos se reportaron 5 personas heridas por balas de cristal disparadas por el ESMAD en el Pilón, Nariño el 21 de agosto. El 19 de agosto, en Chocontá, la policía atacó brutalmente a 600 manifestantes y realizó detenciones arbitrarias, y en Ubaté la policía golpeo y retuvo al campesino José Cristóbal Casas. En el municipio de Marmato fueron agredidos manifestantes el día viernes 23 agosto, efectivos de la policía amenazaron con arremetida por parte del ESMAD. Hubo 12 manifestantes heridos por la policía en la vía Sogamoso- Tibasosa, en una movilizácion de campesinos y defensores de la salud.
De igual forma, el ejército ha participado en estos desmanes. En el Valle del Cauca, como en el resto del país, la represión ha sido feroz. Los campesinos denuncian que el 19 de agosto, mientras se realizaba el bloqueo de la vía San Pedro-Tulua, congregando a unos 2,800 campesinos, cafeteros, lecheros y mineros a la altura de Chambimbal, llegó el ejército a disipar la manifestación con violencia desmedida. El Ejército desde las lomas que conducen a Buga, disparó hacia donde se encontraban fundamentalmente menores de edad, mujeres y ancianos (los jóvenes estaban ocupando la carretera). Dispararon con fusiles de asalto indiscriminadamente a los campesinos, les bombardearon con gases, con los resultados de un herido de bala, Alejandro Vargas Niño, de 17 años, y 40 detenidos que fueron llevados a Buga, donde les iniciaron procesos judiciales. Varias ciudades del país se encuentran militarizadas, con presencia de aviones y helicópteros que intimidan a la población. Además han ubicado tanques cascabel sobre las carreteras. Es increíble que a una protesta ciudadana el Estado responda con aviación y operaciones militares.
Adicionalmente se han denunciado empadronamientos e incluso toma de huellas a quienes se movilizan. Algunos de estos casos se han dado en las carreteras mientras los campesinos se dirigían a participar en las protestas. En Guaviare detuvieron 4 buses y empadronaron a sus ocupantes el 19 de agosto. En Villavicencio el ejército detuvo buses que transportaban campesinos, tomaron cédula y huella dactilar. En Huila la policía amenazó e inmovilizó 10 chivas. En Chachagüí, Nariño, el ESMAD y policías de civil estuvieron tomando fotografías a manifestantes y detuvieron injustificadamente 2 personas. En Llorente, Nariño, la policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados. En Guayabal la policía empadronó a 3 chivas con 500 campesinos, en balsillas. En el Cauca hubo hostigamientos del ejército en balboa, en el municipio de Argelia y señalamientos de infiltración a los manifestantes.
Asimismo se han dado detenciones arbitrarias y masivas, según los medios se reportan más de 100 detenidos y detenidas. En Sogamoso hubo una detención ilegal y arbitraria del joven Camilo Marín en la vereda Crucero. Retuvieron arbitrariamente a 300 campesinos de la Plata, Huila, que iban a las concentraciones del paro Nacional. En el Pilón, Nariño, hay once personas detenidas, quienes fueron judicializadas en los centros de El Bordo. Allí la fuerza pública no respetó el derecho a la protesta, la libre expresión y movilización. Continúa la presión de trescientos miembros del ESMAD y tres tanquetas que ingresaron al casco urbano, lanzaron granadas aturdidoras afectando a niños y niñas, personas de la tercera edad y a médicos de la cruz roja, teniendo en cuenta que son personas protegidas por el DIH. El caso más reconocido de detenciones es el de Huber Ballesteros líder sindical y miembro de la junta de la Marcha Patriótica. Según la fiscalía el líder sindical aparece relacionado en los computadores mágicos de ‘Alfonso Cano’, ‘Mono Jojoy’ e ‘Iván Ríos’.
Supremamente graves son las denuncias de abuso sexual a hombres y mujeres por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos. Es común que, en las manifestaciones, el ESMAD amenace con “violar a sus hijas y esposa” si no se retiran del paro.
También se han denunciado la identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezcarecompensas hasta de $10 millones de pesos por información para identificar a los líderes del paro.
Otra de las denuncias más frecuentes es la infiltración de miembros de la fuerza pública, sin identificaciones visibles, que se hacen pasar como pobladores del territorio con el fin de identificar a los líderes sociales, tomar fotos, grabar videos de las reuniones de las organizaciones con el objetivo de generar señalamientos y evitar el legítimo derecho de protesta. Esto se ha denunciado en muchas partes, pero se ha evidenciado en el Cauca. En el municipio de Rosas se encuentran concentrados aproximadamente 200 campesinos y campesinas en donde el ejército, la policía y el ESMAD realizan hostigamientos permanentes en los lugares de concentración y en las viviendas de los pobladores. En el municipio de El Cairo se han presentado durante los cuatro días que completa la jornada desalojos violentos, agresiones físicas y verbales. Sin embargo los campesinos y campesinas siguen ejerciendo el derecho a la protesta, a pesar de los sobrevuelos en helicóptero, las acciones violentas del ejército y del ESMAD en tanquetas y las constantes y ya sistemáticas amenazas. En la vía Unión-Pasto, en Nariño, el día 26 de agosto aproximadamente a las 5 pm, miembros del SIJIN se infiltraron en la movilización, fueron descubiertos por parte de los campesinos y expulsados de la zona. Algunos líderes organizadores del Paro Nacional Agropecuario han recibido amenazas por parte del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. Entre los amenazados se encuentran el Senador Jorge Enrique Robledo, el Director de la CUT y el Líder de la dignidad Cafetera Oscar Gutiérrez.
Se ha reportado el irrespeto a los medios alternativos que han denunciado estos abusos. Los medios de comunicación alternativos e independientes intentan mostrar la información. Sin embargo, parece que hubiera órdenes en el Gobierno para detener y atacar a los medios alternativos a nivel nacional. Además, los reportes de medios de comunicación alternativos han hablado de una gran cantidad de enfrentamientos entre campesinos y el ESMAD. Enfrentamientos que han traído abuso por parte de las autoridades y que no han sido mostrados ante la televisión nacional.
Una situación particularmente grave es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, los campesinos enfrentan un cerco militar del ejército y la fuerza pública. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío) y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía), se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua.
Los abusos por parte de la autoridad “encargada de la protección de la población civil” se ven reflejados en el Paro Nacional. Con todos estos hechos queda la pregunta de si la fuerza pública está cumpliendo sus funciones. El Ministro de defensa ha salido a respaldar sus acciones, indicando que estas acciones no son un par de hechos aislados, es una política sistemática y planificada para reprimir y usar la violencia de manera desmedida contra el campesinado. El ESMAD, la policía y el ejército no actúan como asesinos por error o abuso de autoridad; es la orientación de comportamiento que reciben por parte de los mandos, llegando hasta el nivel presidencial. El comandante del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, coronel Rafael Méndez, dijo que los policías “hacen un curso de control y manejo de multitudes”, que no actúan por voluntad individual sino que siguen órdenes de la cadena natural de mando.
Para el próximo martes 3 de septiembre el Teniente Coronel Rafael Alberto Méndez, quien dirige desde hace más de diez años el Escuadrón Antidisturbios, está citado a la Cámara de Representantes a responder por los desmanes. Muchas quejas deberían ser judicializadas. Además es preocupante que no estén actuando y cumpliendo su deber las instituciones del Estado que deben vigilarlos como la procuraduría y la instancia interna de vigilancia de la policía. Asimismo el Defensor del Pueblo debería acompañar y evitar los atropellos del ESMAD ¿Donde han estado estas instituciones?
Debemos exigir castigo a los responsables de los asesinatos y atropellos cometidos por la fuerza pública, la libertad inmediata a los detenidos y judicializados en la defensa de nuestros derechos. El ESMAD no puede seguir entrando como un ejército de ocupación en las comunidades. Desde hace años hemos exigido el desmonte del ESMAD, que debe ser inmediato.
Aun más grave es que con la implementación de la reforma al fuero militar, en especial al artículo 10, se abre la posibilidad a los uniformados de abrir fuego a civiles que consideren “blancos legítimos”. En junio de 2013, la Cámara de Representantes aprobó los 100 artículos de la reforma al fuero militar, en este momento el país espera la respuesta de la corte constitucional. En caso de que ésta sea afirmativa, todos estos casos de abuso del ESMAD, de la policía y del Ejército podrían pasar a la justicia penal militar y ya se conocen las prebendas e impunidad en estos casos. En todo caso, los y las campesinas ya están siendo tratadas como “blancos legítimos”.

1Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra.
2Comunicado del Coordinador Nacional Agrario https://www.facebook.com/CNACOLOMBIA1
3Pliego de las “dignidades”: http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria;Pliego del CNA: http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto;Pliego de la Mesa Nacional de Interlocución y
Acuerdo MIA: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares&catid=34:comunicados&Itemid=190

4Tibasosa-Esmad arremete contra familias inocentes http://youtu.be/9XrG1tZ3_Pc5http://youtu.be/U4XCPk2EMDA
6ESMAD en Santa Teresa -Tibasosa ataca a hijo de campesino http://youtu.be/N1bzNrD4l08
7http://youtu.be/m-hOwGjvSPc
8Primer informe Misión de verificación de situación de derechos humanos en Boyacá. 24 de agosto de 2013 http://www.colectivodeabogados.org/Primer-informe-Mision-de

COLOMBIA: El ESMAD MUTILO A CERCA DE 100 PERSONAS DURANTE EL PARO CAFETERO

 

El ESMAD mutiló a cerca de 100 personas durante el paro cafetero
Las agresiones por parte de la Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD  a los estudiantes, docentes, indígenas y campesinos  no solo es una constante sino que cada día son más fuertes , uno de los picos más altos que demostró los niveles de represión que puede alcanzar la fuerza pública se evidenció en el pasado paro cafetero que duró 12 días. Fue gracias a los medios locales, regionales y alternativos que el país conoció las verdaderas dimensiones de las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.

El material fílmico y auditivo que se logró recoger durante las arremetidas del ESMAD donde se evidencia el uso desmedido de la fuerza, son la pieza clave para el inicio de las investigaciones contra el director de la policía José Roberto Riaño  en la Procuraduría y en la Fiscalía. La presión jurídica inicia con un derecho de petición radicado en la policía de Santander por un grupo de defensores de derechos humanos donde se le exige a la institución que exponga públicamente (si existen) los procesos disciplinarios contra los agentes que agredieron a los manifestantes.

“En Santander los videos ilustran como el ESMAD destruye los vehículos, buses de transporte público que se encontraban estacionados en las carreteras mientras los manifestantes   se movilizaban pacíficamente”, explicó Oscary Ávila, defensor de los derechos humanos de la UIS

Las cifras ilustran que son cerca de 100 personas que resultaron heridas, entre ellas varias mutiladas con pérdida total o parcial de sus extremidades, esta situación llevó  a que  la gobernadora del Quindío reconociera que han fueron más de una docena de campesinos que perdieron su visión  por culpa de las agresiones, esto a pesar de que en Colombia la protesta social está reconocida como un derecho constitucional.

Se hace el llamado a las personas que fueron agredidas y que aún no ha iniciado el proceso de denuncia a que se acerquen hasta las personerías municipales o distritales para iniciar el proceso jurídico, “es importante que las personas conozcan que tienen derecho a la reparación por los daños causados, es el estado el que debe responder jurídica y económicamente a las víctimas causadas por el ESMAD” concluyó Ávila.

CALI: HOMENAJE AL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ

 

 

 

El movimiento Político y Social Marcha Patriótica capítulo Valle del Cauca, invita a rendirle un homenaje al gran líder latinoamericano Hugo Chávez Frías, el próximo viernes 8 de marzo a partir de las 10:00 a.m , en el paseo de Bolívar (Cam), de la ciudad de Cali

 

“A los que me desean a mí la muerte yo les deseo larga vida, para que vean como sigue la Revolución avanzando, de batalla en batalla y de victoria en victoria”. Hugo Chávez

 

La desaparición física de Hugo Chávez solo reafirma la necesidad de continuar su legado,  de continuar trabajando por la  creación de un América unida, libre y soberana,

 

Miles de hijos e hijas de Bolívar continuamos levantando las banderas de la segunda y definitiva independencia, continuamos construyendo el sueño Bolivariano.

 

Nos vemos el viernes a partir de las 10:00 a.m para juntxs  decirle hasta siempre Comandante Chavez!

 

Chavez Vive! La Lucha sigue!

HUGO CHÁVEZ SUPERA LOS OCHO MILLONES DE VOTOS

 

Datos actualizados por el CNE

ARTÍCULO | OCTUBRE 8, 2012 – 3:52PM

Los comicios presidenciales del domingo se convirtieron en las elecciones con la mayor participación de la historia de Venezuela: (Foto.AVN)
 
Con 96,7% de las actas electorales procesadas, el presidente Hugo Chávez ya superó los ocho millones de votos a favor y ratifica su mandato para el periodo 2013-2019. 
De acuerdo con los datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de Estado cuenta con 8.044.106 de sufragios, es decir, 55,11% del padrón electoral; mientras que su principal adversario, Henrique Capriles suma 6.461.612 votos (44,27%).
Los comicios presidenciales del domingo se convirtieron en las elecciones con la mayor participación de la historia de la democracia en Venezuela: 80,9% de los electores habilitados acudieron a las urnas.
El presidente Chávez mantiene su victoria en 21 estados y Distrito Capital,mientras que Capriles sólo obtuvo Mérida y Táchira.
Entidad Votos Chávez Porcentaje Votos Capriles Porcentaje Actas procesadas
Distrito Capital 695.162  54,85%  564.312 44,52% 100%
Amazonas 30.439  52,74%  26.742 46,33% 72,84%
Anzoátegui 404.951  51,43%  376.304 47,79% 98,11%
Apure 152.702  65,92%  77.292 33,36% 96,22%
Aragua 547.556  58,46%  383.260 40,92% 99,04%
Barinas 236.864  59,08%  161.573 40,30% 95,79%
Bolívar 376.147  53,43%  322.219 45,77% 95,57%
Carabobo 646.863  54,39%  535.133 44,99% 98,76%
Cojedes 115.888  65,25%  60.382 34,00% 98,8%
Delta Amacuro  43.493  63,53%  24.282 35,47% 78,62%
Falcón 291.837  59,80%  192.849 39,52% 97,3%
Guárico 235.618  63,90%  130.469 35,38% 92,68%
Lara 480.674  51,00%  454.293 48,20% 95,5%
Mérida 223.482  48,38%  236.272 51,15% 97,59%
Miranda 766.473  49,91%  761.119 49,56% 99,06%
Monagas 264.045  58,19%  186.491 41,10% 95,91%
Nueva Esparta 31.582  50,99%  125.078 48,47% 98,35%
Portuguesa 319.542  70,68%  129.109 28,55% 96,36%
Sucre 275.125  60,10%  180.123 39,34% 96,7%
Táchira 271.036  43,23%  352.851  56,29% 98,29%
Trujillo 250.076 64,03% 138.538 35,47% 98,74%
Vargas 126.365 61,44% 77.939 37,89% 98,91 %
Yaracuy 192.699 59,97% 126.419 39,34% 98,69 %
Zulia 966.089 53,31% 838.919 46,29% 99,03 %

 

VIDEO Y FOTOS: EL SATÉLITE MIRANDA YA ESTÁ EN ÓRBITA, ¡NUEVO TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN!

http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/09/video-el-satelite-miranda-ya-esta-en-orbita-nuevo-triunfo-de-la-revolucion/#more-12769

29 septiembre, 2012

El segundo satélite venezolano, el VRSS-1 (del inglés Venezuela Remote Sensing Satellite, ‘Satélite Venezolano de Percepción Remota’) se encuentra en órbita, gracias a la colaboración con la República Popular de China. Desde el espacio, acompañará a Bolívar en las labores tecnológicas y de planificación para el desarrollo del suelo patrio. El Presidente Hugo Chávez, luego de aparecer sorpresivamente en la Plaza de los Museos y saludar a miles de personas que esperaban el lanzamiento, observó el despegue desde Miraflores.

 


Venezuela logró poner en órbita su segundo satélite espacial VRSS-1 “Francisco de Miranda” de observación terrena, lanzado este viernes desde el noroeste de China, donde fue construido por especialistas del gigante asiático y venezolanos.
A las 11:42 de la noche (hora local venezolana), despegó el satélite Miranda del Centro de lanzamiento de Jiuquan, impulsado por un cohete Larga Marcha 2D, en medio del júbilo y las celebraciones de miles de venezolanos que colmaron plazas del país para celebrar la puesta en órbita del segundo satélite, cuatro años después que Venezuela entrara en la carrera espacial con el dispositivo de telecomunicaciones “Simón Bolívar”.

 

La puesta en órbita se produjo gracias al cohete de larga marcha 2D de China, nación con más de 30 años de experiencia en la carrera espacial.
Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez celebró el lanzamiento junto con parte de su tren ministerial y jóvenes venezolanos que trabajarán directamente en el control y seguimiento del satélite.
Chávez felicitó al equipo encargado de lanzamiento del satélite Miranda
“Quiero felicitar a todo nuestro equipo, a toda esa juventud nueva que ha venido estudiando, capacitándose. Quiero felicitar a todos los que han hecho posible (el lanzamiento del satélite Miranda). A todos se les da una felicitación desde el corazón venezolano”, manifestó el Mandatario Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas
El presidente Hugo Chávez valoró el apoyo prestado por la República Popular China en la elaboración y lanzamiento del Satélite Miranda, puesto en órbita este viernes cerca de la medianoche, al tiempo que destacó la mano de obra de jóvenes venezolanos.

 
 
 
 
 

“Quiero felicitar a todo nuestro equipo, a toda esa juventud nueva que ha venido estudiando, capacitándose. Quiero felicitar a todos los que han hecho posible (el lanzamiento del satélite Miranda). A todos se les da una felicitación desde el corazón venezolano”, manifestó el Mandatario Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.
En la sede del Poder Ejecutivo también se encontraban miembros del gabinete ministerial y representantes de Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Abae), así como el embajador de China en Venezuela, Zhao Rongxian, quien manifestó su alegría tras la puesta en órbita al Satélite Miranda. “Siempre deseamos que todo el lanzamiento se diera con éxito”, refirió Rongxian tras confirmarse el éxito del lanzamiento y la puesta en órbita.
Asimismo, el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, resaltó que una de las cosas más importantes del Satélite Miranda no es su compra, sino la cooperación por parte de China mediante la transferencia de conocimientos. El equipo encargado del lanzamiento del Satélite Miranda, segundo satélite espacial venezolano construido con apoyo en China, confirmó el éxito de la puesta en órbita del dispositivo.
Este viernes, a las 11:42 de la noche, el dispositivo fue transportado a su órbita con el cohete lanzador chino Larga Marga 2D (LM-2D). Tras su lanzamiento, se esperaron 17 minutos para que se separara el satélite del cohete y, de este modo, quedar en su órbita.
SOBERANÍA TECNOLÓGICA
Con una inversión social de 140 millones de dólares, el nuevo satélite estará conformado por dos tipos de cámaras fotográficas: una pancromática y otra multiespectral.
Esos equipos permitirán fomentar la investigación, estudio, seguimiento y planificación del territorio, así como el apoyo a los planes en materia de prevención de desastres.Los recursos para la construcción del nuevo satélite provienen del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV).
Los sensores ubicados en el satélite Miranda, que está ubicado a 639 km de altura, permitirán obtener datos del territorio de una manera periódica, debido a que gira alrededor de la tierra 14 veces al día, pasando tres de ellas por territorio venezolano.
Miranda tendrá una vida útil de 15 años y permitirá integrar datos topográficos, geofísicos, geoquímicos, petrográficos y geobotánicos. Su uso también se aplicará para la delimitación de zonas destinadas al desarrollo urbanístico, hospitalario y agrícola, entre otras áreas.