Desde el año 2017 ASOVAES Y UGTI Valle han advirtido a los vendedores informales de Cali, especialmente del centro y de otras zonas de influencia del peligro que corren sus puestos de trabajo ante la aplicación de medidas NEOLIBERALES de PRIVATIZACION del espacio Público las cuales tienen como objetivo su entrega al capital privado, sean estos comerciantes formales, empresas constructoras. corporaciones, cooperativas, multinacionales, etc., etc., etc.Al hacer aplicación de aprovechamiento económico en el espacio público (cobro por su uso), su objetivo fundamental es recaudar para el municipio recursos provenientes de esta ocupacion, pero la alcaldia no quiere las chichiguas que pueda pagar un trabajador informal, los contratos de aprovechamiento económico pueden superar los miles de millones, que un vendedor no puede pagar como ya ha ocurrido en otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Soacha, es por ello que es muy importante que los trabajadores informales entiendan que este cobro no está dirigido a ellos que están clasificados en su inmensa mayoría como población vulnerable o en peligro de vulnerabilidad, ya que en la competencia por el espacio público son los trabajadores de las vias públicas el competidor más débil, jamás podrán ni reuniendo entre todos pagar lo que si pueden cancelar los comerciantes, las multinacionales y otros actores.En el decreto de aprovechamiento en Cali el vendedor informal no seria objeto de este cobro sin embargo, es bueno tener en cuenta que la alcaldia está buscando alternativas para proceder al desalojo paulatino de los vendedores en aquellos sectores de mayor interes (donde se aplicara inicialmente dicho decreto), una de ellas además del registro y caracterización como estudio socio económico, son los AVISOS DE NOTIFICACION PARA RETIRO DE OBJETOS ABANDONADOS EN ESPACIO PUBLICO o por OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO que son notificaciones para el retiro inmediato en el que el vendedor cuenta con solo tres dia para hacer los descargos de aquello que se le halla señalado, igualmente tenemos las audiencias publicas colectivas o individuales que están haciendo los inspectores de policia por presunta violación del código de policía, algunos de estos inspectores no estarían ofreciendo garantias de respeto a las normas constitucionales del debido proceso, la legitima defensa ni el reconocimiento ni acatamiento de las sentencias de la Corte Constitucional como son la sentencia C-211 de 2017, ni el respeto a la aplicación de la figura juridica de la confianza legitima Articulo 3, literal 4.
Es importante reiterar el llamado a estos trabajadores a aplicar la llamada «malicia indigena» frente a las falsas promesas de ayudas, absteniéndose de firmar aquello en lo que se pueda comprometer como procesos de capacitación, de emprendimientos, oficios varios, las llamadas «ofertas institucionales» o falsas formalizaciones laborales.Igualmente, en caso de ser citado a la audiencia en la inspección de policía debe solicitar el acompañamiento de la personera municipal o en caso tal de un abogado que le garantice el debido proceso, si tiene dudas legales, no firme, lea, si no entiende, consulte.Lamentablemente estos procesos se estan haciendo de manera aislada en distintos sectores de la ciudad por lo cual muchos trabajadores no se enteran de lo que esta sucediendo y muchos creen que «estan dejando trabajar», no se expresa en las calles la solidaridad con el compañero o compañera afectada o no se asumen estos operativos y acciones como una agresion contra el gremio el cual intentan debilitar.tambien hay que lamentar el actuar de algunos dirigentes gemiales que en complicidad con el gobierno, en franco y descarado colaboracionismo ocultan lo que esta ocurriendo y le dicen a los vendedores que todo esta normal, que el gobierno «nos quiere ayudar». algunos de estos elementos llegan al descaro incluso de acompañar estos porcedimientos u operativos contra los vendedores, como se le puede llamar a esto?.finalmente se hace un llamado al gremio para que reaccione ante todo esto, antes que sea demasiado tarde.
La Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, UGTI rechaza la política pública de vendedores informales.
Como UGTI felicitamos al presidente Gustavo Petro por su elección. Respaldaremos las iniciativas del gobierno nacional dirigidas a beneficiar a la nación en general y en particular a los trabajadores informales y en la economía popular. Haciendo uso a nuestra autonomía e independencia, igualmente, nos opondremos a cualquier medida que atente contra los intereses de los trabajadores y el país
A su vez manifestamos que, desde el 2019, el gobierno de Iván Duque tramitó la Ley 1988 para orientar la política pública de vendedores informales. Esta política pública adoptada en el decreto 801 de 2022, ahonda en el aprovechamiento económico del espacio público, insiste en recuperar el espacio público desalojando a los vendedores de sus puestos de trabajo y no propone nada nuevo en torno a aminorar la creciente informalidad laboral del país
La lucha contra el aprovechamiento económico se constituye en la principal bandera de los vendedores informales puesto que significa, entre otras, la privatización del espacio público, limitando el derecho al trabajo y poniendo el interés económico por encima del mínimo vital y del derecho de los trabajadores por conseguir el sustento de sus familias en medio de la crisis por la que atraviesa el país
La política pública supone la recuperación del espacio público sobre la base de sacar a los vendedores de sus puestos de trabajo sin ofrecer alternativas para un ingreso mínimo o garantía de las condiciones que permitan la subsistencia. Las ofertas y los programas ofrecidos no son suficientes para resolver estructuralmente el problema, ni para alivianar las calamidades de los trabajadores informales
La politica publica se propone reducir la informalidad laboral que en Colombia alcanza el 69% de la población ocupada, pero para tal fin solo ofrece vinculación a los mal llamados pisos de protección social, capacitaciones a través del SENA y promoción de los emprendimientos. No ofrece un solo puesto de trabajo formal nuevo que permita cerrar la amplia brecha, mientras eso no suceda no es posible reducir la informalidad
Esta politica pública redunda en el mismo esquema que se ha aplicado en Colombia en el trato a los vendedores informales. No situa el problema de la informalidad en los temas macroeconómicos y en la política que ha marchitado el aparato productivo nacional y promovido los TLC, profundizando la informalidad, sino que se atiende con medidas que no solo no corresponden a las necesidades del sector, sino que aplican modelos que comprobados, no funcionan y, para completar, insistes en la privatización.
Desde la aprobación de la Ley 1988 en las ciudades y municipios del pais, dentro de los que vale la pena mencionar los casos de Cartagena, Bucaramanga, Cali, Pasto, Bogotá, Saacha, entre otras, se han generado
reubicaciones incovenientes para los trabajadores, el cobro a los vendedores y la creación de entidades de
carter mixto para la administración del espacio público. En ese sentido, ratificamos nuestro profundo rechazo a la Ley 1988 y la politica pública de vendades informales. Solicitamos al gobiemo del presidente Gustavo Petro y su ministra del trabajo Gloria Inés Ramirez se convoque una mesa nacional, junto a las organizaciones de trabajadores informales, para discutir, concertar y encontrar soluciones, a corto, modiano y largo plazo, para los trabajadores en este secuse, frente a los efectos de la politica pública y las problemáticas en general del sector informal
Bogotá, 30 de agosto de 20122
UNION GENERAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y DE LA ECONOMIA INFORMAL UGTI-CUT
Asociación de vendedores ambulantes, estacionarios y semi-estacionarios. ASOVAES – CALI. ALERTA VENDEDORES INFORMALES CALI Bravo contra la gente del rebusque El concejal Juan Martín Bravo, (Partido Conservador, del grupo del exgobernador Ubeimar Delgado) presentó una Acción Popular solicitando la “recuperación del espacio público en el centro de Cali para resolver los problemas de movilidad y seguridad”. Aunque el concejal conoce la situación económica y social del país, intenta que un tribunal resuelva un problema que ha creado la política económica. Una actitud demagógica y reaccionaria.
Como ha explicado en diversas ocasiones Asovaes-UGTI, el espacio público se convirtió en la última frontera de subsistencia de quienes perdieron o no encuentra empleo en la arruinada economía formal. ¿No les gusta ver trabajadores en el espacio público? Hagan florecer la producción colombiana, dejen de comprar en el extranjero la comida, ropa y el calzado que los colombianos sabemos producir. Dejen de importar mercancías que arruinan a los negocios de los colombianos. Renegocien los TLC con EE.UU. Canadá y la Unión Europea. El drama humanitario del rebusque. En Cali uno de cada dos trabajadores es informal. Más de 54 mil caleños sobreviven del rebusque en el espacio público y el 70% solo cursaron hasta 9° de bachiller (Dane, 2022). La Corte Constitucional expresa en diversas sentencias el carácter vulnerable de la población de trabajadores informales y la obligación del Estado de garantizar una alternativa económica viable. Es demagogia el cuento de una recuperación del espacio público sin vulnerar los derechos de la gente. En las 733 compañías de Cali-Yumbo no hay empleo ni para el 10% de los trabajadores informales que tienen título universitario. ¿Espera el concejal que cerca de 200 mil caleños se sienten en parques a aguantar hambre para que él pueda transitar por el centro de Cali? Concejal Bravo, en la Colombia que su Partido Conservador ayuda a saquear y a empobrecer, a los desempleados nos espera: el rebusque en el espacio público o aguantar hambre, no hay término medio.
Asovaes – UGTI alerta a los trabajadores informales de Cali. Esta Acción Popular puede terminar con un fallo en contra de la gente. Uno que llame a imponer comparendos a los informales y a que el gobierno Distrital
implemente con mayor rapidez el Acuerdo 0424. Esto significa: desalojos, reubicaciones, hambre y más sufrimiento. A responder con organización y resistencia civil. Está en juego nuestra dignidad. ¡A luchar!
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y DE LA ECONOMÍA INFORMAL -UGTI.
Aportes al documento para entregar al gobierno de Gustavo Petro.
Por Javier López Botero
Presidente UGTI Valle
Secretario general de Asovaes Cali
¿Qué es la privatizacion del espacio público?
Se considera como privatizacion del espacio público la entrega parcial de este a través del cobro para su uso por aprovechamiento económico mediante procesos de licitación pública o contratación directa a comerciantes e inversores que cuente con capacidad económica para pagar por el E.P. a precios que ningún vendedor informal ( ambulante, estacionario, semiestacionario o de otro tipo) lo puede hacer, con esto la mayoría de estos trabajadores informales pierden asi su única fuente de empleo ya que solo podrán trabajar en el E.P. quienes puedan pagar.
Según (Paisaje Trasversal) se entiende por privatización como el proceso mediante el cual se establecen las condiciones que restringen el acceso libre a un bien común. La sobreexplotación del espacio público para el beneficio de empresas establece un modelo urbano consumista y poco recomendable para la ciudadanía.[1]
Se requiere por lo tanto renunciar a cualquier política de privatización de espacio público (aprovechamiento económico) y por ende de desalojo total o parcial de los vendedores informales en Colombia.
Se debe reconocer que el alto nivel de desempleo, informalidad, crecimiento de la pobreza, no permiten aplicar políticas de privatización de espacio público y menos de desalojo de los vendedores.
Algunos acuerdos municipales como el 0424 de 2017 de Cali o la misma ley 1988 de 2019 conocida como ley empanada o mal llamada política pública de vendedores no buscan mejorar las condiciones economicas y sociales de los vendedores informales sino legitimar políticas neoliberales de privatizacion de espacio público.
Se emplean entonces algunos mecanismos o herramientas para saber la vulnerabilidad económica del vendedor informal a través de estudios socioeconómicos que determinan si este trabajador puede o no continuar en el espacio público incluyéndolos en procesos de reubicación temporal o formalización según el caso particular de cada vendedor, la herramienta para determinar la vulnerabilidad o no de este trabajador es la misma que se usa en las encuestas del SISBEN y es la entregada por Planeación Nacional, la “evaluación de vulnerabilidad” y que aplicada al conjunto de la poblacion lo que ha logrado es que muchas personas ya no sea consideradas vulnerables a pesar de serlo en su condicion económica y vean por ello reducida sus posibilidades de acceder a programas del gobierno en diversas áreas como salud o educación, ese mismo método aplicado a los vendedores informales permite a los gobiernos municipales decidir si un vendedor es o no vulnerable económicamente a pesar de serlo y si debe o no continuar en el espacio público o someterse a procesos de formalización o emprendimiento que como bien lo expresa la Corte Constitucional en su sentencia T 067 de 2017, “Una solución que radique simplemente en otorgar un cheque como préstamo para poner al vendedor reubicado a participar de un programa de emprendimiento, es una solución parcial, totalizante y que desconoce el derecho fundamental del que son titulares los vendedores informales para construir sus propios estándares de vida, el derecho constitucional de los trabajadores informales no consiste en que se les trasforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo decente que les permita vivir en condiciones dignas”.
Sumado a lo anterior hay que tener en cuenta que el 70 % de los emprendimientos o pymes fracasan en los 5 primeros años[2]
LOS VENDEDORES INFORMALES SI SOMOS UNA POBLACIÓN VULNERABLE ECONÓMICAMENTE O EN PELIGRO DE VULNERABILIDAD
Una población vulnerable o en peligro de vulnerabilidad es aquella que se encuentra en desventaja por su condición económica y social.
La Corte Constitucional ha señalado que por el solo hecho de que una persona esté en la venta informal sin un salario fijo, ni prestaciones sociales o seguridad social es ya una persona en condicion de vulnerabilidad económica.
La persecución que ha recibido los vendedores informales en distintas ciudades del país y el impedimento por medio de restricciones que ha limitado nuestros derechos otorgado por las diferentes sentencias de la Corte Constitucional como: la Sentencia C- 211 DE 2017, el Derecho al Mínimo Vital (Sentencia T678/17; Sentencia T716/17), confianza legítima, (T-067 de 2017), el Derecho al Trabajo consagrado por el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia entre otros también prueba su condicion de vulnerabilidad y trato desigual frente a otros grupos económicos o de trabajadores.
En nuestra nación hemos sido testigos del incremento descomunal de los índices del desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral y personas adultas, que ven como forma de sobrevivir el llamado “rebusque” que permita solventar una de sus tantas necesidades básicas y fundamentales. Los índices preocupantes, donde la población trabajadora es del 60 % a nivel nacional evidencia que no somos una minoría, sino que somos casi la mitad de la población trabajadora que refleja las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en materia laboral en nuestro país que por constitución deberíamos de ser protegidos por el estado, pero vemos los atropellos que cometen en nuestra contra.
Sumado a lo anterior se nos niega ayudas económicas y una Renta Básica, así como la exclusión de muchos de nuestros compañeros y compañeras del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiados de Programas Sociales (SISBÉN).
los vendedores ambulantes cuentan con amplias sentencias de la corte Constitucional que reconocen su condición de vulnerabilidad, así como la confianza legítima del vendedor, igualmente el debido proceso, la igualdad real, el mínimo vital, reconocimiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, madres cabezas de familia, tercer edad y población en condición de discapacidad.
¿Porque la ley 1988 de 2019 no es una verdadera política pública creada para diseñar programas en favor de los vendedores informales?
Existen muchas definiciones de lo que es una política pública, algunas de ellas: “son los proyectos/actividades que un estado diseña y gestiona, a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad”[3]. o “Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales”[4].
En ese orden de ideas una política pública de vendedores informales debe estar dirigida a la focalización de recursos y presentación de proyectos de este sector poblacional considerado como “vulnerable” tal es el caso de los ya mencionados como son madres cabeza de familia, tercera edad, personas en condicion de discapacidad, etc.
Por lo tanto, una política pública de vendedores informales no puede estar atravesada por procesos de privatizacion del espacio público ni de aprovechamiento económico como lamentablemente ocurre con la ley 1988 de 2019 esbozado este planteamiento en su artículo 2. Igualmente, esta ley construida en el gobierno saliente no contó con la participación real de los vendedores informales y de sus organizaciones sindicales.
Por lo tanto, consideramos necesario que el nuevo gobierno de Gustavo Petro aborde la construcción de verdaderas políticas públicas en favor de esta poblacion.
PROGRAMA DE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO:
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
PACTO CON LA ECONOMIA POPULAR
valoramos positivamente el “pacto con la economía popular” y resaltamos entre otros los siguientes puntos:
– cesará la persecución policial a los trabajadores informales.
Importante romper con la cadena de abusos policiales contra esta poblacion vulnerable, será una decisión política que legitima la accion del estado, la paz y la convivencia ciudadana
– La política pública será construida mediante procesos de concertación directa con las y los trabajadores de la economía popular.
Es precisamente aquí donde pedimos la no aplicación de la ley 1988 de 2019 y la construcción de verdaderas políticas públicas de vendedores, como punto de referencia pedimos tener en cuenta el acuerdo municipal de Medellín “política pública de venteros” del 2014.
– El sistema financiero público al lado de una banca cooperativa reemplazará el gota a gota
Compartimos totalmente este punto sin embargo es bueno aclarar que las cooperativas no deben usarse como un mecanismo de legitimidad de procesos de privatizacion de espacio público, falsa formalización o como lo pretende el actual gobierno de pérdida de derechos laborales, estabilidad laboral o perdida de independencia laboral o económica del vendedor frente a las cooperativas.
– GARANTIZAMOS el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía. Popular
Excelente propuesta con lo cual pueden contar con nuestra participación en la caracterizacion de la poblacion adulta mayor que pudiera incluirse en dicho proceso.
– crearemos un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados.
Efectivamente los vendedores informales (ambulantes, estacionarios, semiestacionarios) se encentran en absoluta desprotección frente a enfermedades propias de su ámbito laboral.
– Crearemos líneas especiales de microcrédito y crédito condonable
excelente
– la situación de los y las trabajadoras de la economía. popular será considerada en todos los programas estatales.
En programas de vivienda, salud, educación para los más jóvenes y otros.
Conclusión final y propuestas.
Por todo lo anteriormente expuesto es importante la instalación de mesas de trabajo en las cuales se pueda profundizar en las propuestas iniciales plasmadas en el Pacto con la economía popular.
Igualmente proponemos al gobierno entrante lo siguiente:
1- hacer efectivo el pacto con la economía popular y si es necesario fortalecerlo y ampliarlo en lo referente a los vendedores informales de Colombia (vendedores ambulantes, estacionarios y semiestacionarios y otros).
2- Solicitar la revisión y suspensión, no aplicación de la ley 1988 de 2019 y convocar a la construcción de verdaderas políticas públicas de vendedores informales en Colombia.
3- Suspender la aplicación de políticas neoliberales de privatizacion de espacio publica bajo la figura de aprovechamiento económico que afectan no solo a los vendedores informales sino también a la comunidad en general.
4- Mantener una comunicación permanente con los vendedores y sus organizaciones a través de una mesa ampliada de concertación o consultoría a través del ministerio del trabajo.
5- Las instalaciones de estas mesas de trabajo deben hacerse con las organizaciones de vendedores informales, asi como el ministerio del trabajo, Planeación Nacional, Prosperidad social y demás entidades del estado.
Anexo
Hemos advertido que los procesos de privatizacion del espacio público ya no afectan solamente a los vendedores informales que se ven despojados de su única fuente de ingreso, también a las comunidades de los barrios se le imponen este tipo de políticas que afectan la sana convivencia de la poblacion, perdida de sus sitios de encuentro y transito comunitario.
El caso de este reportaje corresponde al parque del perro en el tradicional barrio de san Fernando Cali:
Una de las calzadas de la Cra.34 está separada de la otra con materas, esto con el objetivo de que sirva para delimitar la zona en la que ya no pasarán más vehículos, sino que solamente se usará para que caminen los visitantes del sector.
Aún no hay soluciones concretas para las problemáticas que aquejan a la comunidad aledaña al Parque del Perro y, debido a esto, la Personería Distrital instó nuevamente a la Administración Municipal para que haga seguimiento y brinde soluciones a las quejas presentadas por los moradores de San Fernando Viejo.
La Personería Distrital acaba de publicar otro informe en el que hace seguimiento a las inconformidades de los caleños, documento en el que, además, reveló posibles inconsistencias por parte de la Administración.
“Hay presuntas irregularidades en la implementación de la estrategia para la reactivación económica del Parque del Perro, que van desde el desconocimiento de los lineamientos normativos frente a las restricciones en la movilidad, como también en los procesos contractuales”, dijo Harold Cortés, personero de Cali.
Por ejemplo, el ente de control puntualizó en que el cierre de la Cra. 34 solo podía ser temporal y autorizada por las autoridades de Movilidad del Municipio, pero que esta “se llevó a cabo sin ningún sustento normativo y límite temporal”.
Además, se encontró una presunta irregularidad por parte del contratista encargado (Fundación Escuela Taller de Cali) de elaborar las materas que están separando la vía peatonalizada, debido a que el contrato informaba que debían ser construidas a base de plástico reciclado y no compradas.
De hecho, la Personería Distrital emitió una acción preventiva ante la Alcaldía, el 20 de enero de este año, pidiendo que se retiraran las mesas de los restaurantes y se habilitara el tránsito de la Cra. 34, pero no se obtuvo una respuesta clara por parte de la Administración.
“No se acataron los pronunciamientos de este órgano de control frente a la generación de acciones que mitigan los impactos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, la entidad adelantará las indagaciones disciplinarias a las que haya lugar, y seguiremos haciendo control preventivo”, aseveró Cortés.
Por lo anterior, la Personería pidió a la Alcaldía, nuevamente, que se recupere la movilidad del sector y que se remita un informe que contenga las acciones realizadas.
¿Qué opinan los habitantes del sector?
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (Dapm), sobre la carrera 34 se construirá un bulevar peatonal, proyecto en el que están trabajando. Sin embargo, los residentes del sector, en su mayoría, argumentan que esto los tomó por sorpresa, ya que no se les socializó la iniciativa.
“En general todos los residentes estamos con un no rotundo frente al desarrollo de ese proyecto lineal, porque lo único que ha ocasionado es trastornos a los habitantes del sector, solo basta con ver que esas materas ya funcionan es de ceniceros y basurero para los visitantes”, expresó una habitante del sector, quien prefirió que se reservara su identidad.
Asimismo, se creó una mesa técnica con alrededor de 20 representantes de la comunidad para velar por las peticiones de los habitantes de San Fernando Viejo y recoger firmas para insistir en que no se desarrolle el bulevar.
“El bulevar no es la solución, yo creo que se deberían de hacer andenes amplios donde la gente pueda caminar tranquila, así como los que hay alrededor del estadio, pero no cerrando por completo una vía”, propuso Catherine Dupriez, habitante del sector.
Cerca de nueve mil millones costará
el bulevar que se hará en la Cra.34 para peatonalizar este sector del Parque del Perro, según informó Planeación Municipal.
La Administración responde
El director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, desmintió versiones de la comunidad y dijo que “se ha socializado y compartido los diseños del proyecto, además la comunidad en términos generales ha estado de acuerdo con la implementación final”.
En ese mismo sentido el funcionario comentó que las materas son una solución temporal, ya que la idea es que las personas se acostumbren a que esa será una vía peatonal, pero que estas solo se quitarán en el momento en que se inicie con la construcción del bulevar.
Por otra parte, Barreras aclaró: “El convenio con la Fundación Escuela Taller ha sido auditado por la Contraloría de Cali y todos los cuestionamientos han sido resueltos. Ya hemos recuperado más de nueve toneladas de plástico para transformarlas en mobiliario (materas), pero no era posible tenerlas de madera plástica en el tiempo requerido y por eso se hizo esa compra”.
Por lo anterior, Barreras dijo que sí se harán materas de madera plástica, pero que eso no quiere decir que todas ellas tengan que ser del mismo material.
Más quejas
Catherine Dupriez, habitante del sector del Parque del Perro, denunció que “Aquí los robos de los espejos de carros son constantes y también llegan a meterse a los antejardines de las casas”.
Además, la mujer se mostró preocupada por la posible ampliación del horario de la rumba en la ciudad, ya que indicó que eso podría empeorar las problemáticas del sector.
“SOLO EL 1,3% DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DE CALI DILIGENCIARON EL REGISTRO DE VENDEDORES”.
Con $350 millones de pesos, la alcaldía de Cali registró a 5.000 vendedores informales. Un rotundo fracaso, especialmente si se tiene en cuenta que Cali tiene más de 360.000 trabajadores por cuenta propia de manera permanente (Dane, 2020). ¿A qué se debe este fracaso?:
Los trabajadores informales no creen en las promesas del Alcalde Ospina.
Los informales saben que no pueden confiar en promesas de reubicaciones, permisos transitorios, capacitacioneso empleos (de mala calidad por falta de estabilidad, continuidad y remuneración). La desconfianza se reafirma al conocer que, en el Presupuesto Cali 2022 NO EXISTEN RECURSOS para financiar la recuperación del bienestar de los trabajadores informales, salvo $4.205 millones de la estrategia de regulación de vendedores ambulantes. Si estos recursos se usaran para atender a los 5.000 inscritos en el registro de vendedores, alcanzan para brindar un salario mínimo mensual a 4.500 beneficiarios, por una sola vez. La gente sabe que, no importe que pase, a la casa hay que llevar lo del diario.
¿Qué pasará con los 5.000 vendedores, que se registraron, cuando la administración los caracterice?
El gobierno va a usar la información suministrada para justificar que no tienen razón para trabajar en el espacio público y que pueden ser desalojados sin que el Estado les garantice una alternativa económica viable como lo ordena la Corte Constitucional en la Sentencia T-772/2002.
Para madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad o discapacitados, únicos potencialmente beneficiarios de la atención del Estado según el Acuerdo 0424, NO HAY NINGÚN PROYECTO CONCRETO. Solo promesas. El Plan Distrital de Desarrollo no contempla planes, programas y/o proyectos para atender a los trabajadores informales perjudicados por procesos de recuperación del espacio público. Que no los engañen.
A las personas que registraron, pese al llamado de SINCO, ASOVAES y UGTI, así como a quienes siguieron la orientación: DEBEMOS ESTAR ALERTAS. Ospina fracaso, por ahora, pero seguirá intentando desalojar a los trabajadores del espacio público para entregarlo a operadores privados. Seguimos insistiendo en NO ENTREGAR INFORMACIÓN a ninguna entidad (estatal o privada). Defendamos el derecho a sobrevivir en el espacio público, en ausencia de empleo de calidad.
A las organizaciones sindicales que acompañan medidas de Ospina contra el gremio, como la implementación del Acuerdo 0424 (Registro, caracterización y desalojos), les invitamos fraternalmente a que desistan. No más apoyo a medidas contra el gremio. Actuemos en unidad contra la implementación del Acuerdo 0424 y la Ley 1988 (ley empanada), porque ponen en riesgo la única fuente de sustento de miles de familias. Es cuestión de dignidad.
ASOVAES y UGTI rechazan la nueva privatización del alumbrado público de Cali. Ponen en riesgo el patrimonio público (EMCALI) y eleva el costo de vida de las familias caleñas. No al proyecto de Acuerdo 130.
¡CUIDADO CON EL REGISTRO DE VENDEDORES INFORMALES!
No entregue su información personal,
familiar y económica. Lo perjudican.
A pesar del aumento del desempleo y del rebusque en Cali, el alcalde Ospina persiste en la política de desalojar a los trabajadores informales del espacio público. Su más reciente movida es la implementación del Registro de Vendedores Informales, una medida del Acuerdo 0424 y de la nefasta Ley 1988 (Ley de la empanada).
Cifras del mercado laboral en Cali (Dane, 2021): Desempleados: 271.000 personas.
Trabajadores por cuenta propia: 428.000 – Trabajadores informales: 560.000 Trabajadores inactivos (realizando labores domésticas no remuneradas): 295.000
A continuación, algunas ideas al respecto del registro:
1) ¿Qué es el Registro de Vendedores Informales? Un mecanismo para conocer en detalle la vida personal, familiar y económica de cada vendedor, incluida una fotografía de la persona y del sitio de trabajo. El registro es la hoja de vida del vendedor; pero, ojo, en las manos equivocadas. Y cuidado con decir mentiras. El formulario EXIGE que bajo la gravedad de juramento el vendedor diga la verdad. Caso contrario se hace acreedor a una acción de tipo penal, por falso testimonio. Delito castigado con pena de 6 a 12 años de prisión (Código Penal, Art. 442).
2) ¿Para qué es está información? Como lo expresa el Acuerdo 0424 es para realizar una caracterización socio-económica (Art. 3 numeral 2). Con el nombre completo y número de cédula, los funcionarios de la administración buscarán en bases de datos del Estado el historial de cada vendedor: sí tiene vivienda propia, carro o moto; sí recibe subsidios del Estado; si recibe remesas del exterior, si es una persona pensionada, así como revisar la ficha del Sisben de cada vendedor, entre otras. (Art. 3, numeral 4).
La “caracterización socio-económica” la usan para demostrar que una persona, por el hecho de tener una vivienda, un vehículo o tener determinado puntaje en el Sisben, no se le debe permitir el trabajo en el espacio público y debe ser desalojado sin garantías.
3) ¿Por qué es perjudicial la caracterización? Porque con eso le dan una justificación “técnica” a los desalojos. En caso de que los afectados interpongan acciones legales (Tutela), la administración dirá que los desalojados no tenían necesidad de estar en el espacio público. En otras palabras, con argucias los trabajadores informales pierden el amparo de la confianza legítima y la condición de población vulnerable. En el papel dejan de ser vulnerables, aunque no tengan ninguna garantía para obtener, al menos, el mínimo vital.
Un ejemplo de una argucia. Con la modificación de los parámetros para la evaluación del Sisben, reclasificaron a millones de personas, entre ellos a trabajadores informales. Ahora tienen un puntaje que no corresponde con su realidad de precariedad y necesidades. Los dejan sin una mínima cobertura de beneficios.
4) ¿Es cierto que al que se registre le dan un carnet y permiso para trabajar en el espacio público? Falso. Es un engaño para que las personas entreguen voluntariamente la información con la que la van a perjudicar.
5) ¿Es cierto que a los que se registren los van a beneficiar con ayudas? Falso. El gobierno de Ospina no tiene programas para atender a varios miles de personas que viven del rebusque en el centro y otras zonas de Cali. Recuerde que prefirió gastar $11 mil millones de pesos en una feria virtual, que garantizar comida para los trabajadores informales durante los primeros meses de la pandemia. Con estos recursos pudo brindar 36.600 mercados de $300.000 pesos cada uno.
6) ¿Si me registro puedo ser reubicado en una caseta? Falso. El Acuerdo 0424 no habla de reubicaciones en casetas. Y si eventualmente hubieran, son subastadas a costos muy altos para un vendedor informal.
7) ¿Si no me registro me desalojan? Al contrario, el registro es la manera para que el vendedor desalojado no tenga garantías para reclamar sus derechos en un tribunal.
8) ¿Es cierto que los vendedores podremos ser reubicados en otro lugar? En Cali ya hubo un proceso de reubicación (año 2000) y fue un fracaso para los vendedores. Bajo la política económica actual, ningún lugar es mejor que su sitio de trabajo. Defiéndalo por el bienestar de su familia.
9) ¿Por qué a pesar del aumento del desempleo, Ospina persiste en la implementación del 0424? Porque tiene un compromiso con Duque y el capital extranjero para despejar el espacio público y ponerlo al servicio de negocios privados. Vienen por la riqueza que se produce en el espacio público y de la que sobreviven miles de familias caleñas que no encuentran o se quedaron sin un empleo en la economía formal o que perdieron su negocio. El Acuerdo 0424 y la Ley 1988 son herramientas legales para privatizar el uso del espacio público.
10) ¿Pero es ilegal negar el derecho al trabajo? Cierto, pero hay muchas maneras de negarlo. La manera más común es no dejar prosperar las empresas colombiana. Prefieren permitir el ingreso de mercancías importadas, más baratas que las colombianas por los subsidios en los países de origen. Las empresas colombianas se arruinan y la gente queda sin empleo. Esto explica porque en Cali hay más de 270 mil desempleados y más de 420 mil que son trabajadores independientes. No proteger el mercado interno, no fomentar la producción colombiana, ni proteger los derechos de los trabajadores, es la manera de negar el derecho al trabajo.
11) ¿Qué manera sutil pueden usar para expulsar a los trabajadores del espacio público? Empezar a cobrar por el uso del espacio público. Esto pone a los vendedores informales a competir con empresas cuya capacidad financiera no tiene comparación. Ejemplo, lo que sucede con el espacio público en el boulevard del río.
12) ¿Qué hacer en esta situación? Primero, NO DILIGENCIAR EL REGISTRO. Segundo, fortalecer la organización del gremio que defienda el derecho al trabajo y al espacio público como patrimonio de la comunidad. Tercero, ayudar a difundir esta información entre las demás personas del gremio.
¡Por la defensa del derecho al trabajo y al espacio público: no al registro de vendedores!
Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, UGTI-CUT Asociación de Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Semi-estacionarios de Cali, ASOVAES
Santiago de Cali, julio 30 de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA
A propósito del registro distrital de vendedores informales de Cali, expresamos ante la opinión
pública:
1) Rechazamos el registro de vendedores informales, porque, contrario a lo que dice la
administración, deja sin medios de subsistencia a miles de personas caleñas que perdieron, o no
encuentran, un empleo en la economía formal.
2) Es un instrumento del proceso de privatización del espacio público en favor de iniciativas
empresariales formales, interesadas en obtener beneficios económicos en zonas acreditadas por
vendedores informales. Es dejar a miles sin mínimo vital para que unos pocos se enriquezcan.
3) El registro tiene como objetivo caracterizar a los vendedores informales para luego expulsar del
espacio público a quienes, en opinión de la administración, no sean considerados vulnerables.
Esto desconoce la abrumadora realidad del desempleo, rebusque y pobreza del país.
4) El gobierno pretende, según reza el Acuerdo 0424 (Art. 3°, #12), atender con programas
(inexistentes) preferentemente a personas como madres cabeza de hogar, discapacitados y tercera
edad. Una afectación a miles de familias que obtienen el mínimo vital en el espacio público.
5) La administración no tiene un plan de reactivación de la economía formal para garantizar
empleos estables y bien remunerados a personas que actualmente subsisten en el espacio público.
Por el contrario, un efecto de la pandemia es la descomposición del tejido productivo.
6) El tratamiento del rebusque como fenómeno socio-económico debe tener como fundamento la
protección del mercado interno (no más importaciones de lo que el país produce), fomento productivo (más empleo) y una política laboral progresiva (estabilidad y salario de calidad).
7) La Asociación de Vendedores Ambulantes de Cali (Asovaes) y la UGTI, rechazan la política de
“privatización del espacio público” de Duque y Ospina. De otra parte, apoyamos los proyectos de
Ley radicados por el CNP, para convertir en realidad el pliego nacional de emergencia
El QUE PIENSA, GANA 