En el norte de la capital del Valle del Cauca amanecieron el lunes con el dolor y horror por el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes que no portaban documentos de identificación.
Horas más tarde se lograron establecer sus nombres.
En la mañana del lunes la Policía Metropolitana de esta ciudad recibió una alerta de ciudadanos sobre el hallazgo en una orilla del río Cali, la altura de la Avenida 2 Norte con calle 52, inmediaciones del a la altura del barrio Los Álamos, en la comuna2.
Eran dos jóvenes, Los cuerpos presentarían señales de estrangulamiento, torturas y heridas causadas, al parecer, con arma cortopunzante. Tras las diligencias de levantamiento fueron conducidos hasta la morgue del Instituto de Medcina Legal para detallar las lesiones sufridas.
Al mediodía del lunes empezó a circular información sobre la identidad de uno de las víctimas y que había desaparecido desde el pasado sábado 7 de agosto, según sus allegados.
Fue reconocido como José Emir Valencia, residente en el barrio Bellavista, ladera del oeste de la ciudad.
Mientras que el otro joven fue identificado como Jordy Alexander Mestizo, de 19 años.
Los organismos de seguridad no tienen precisión sobre la relación entre los jóvenes ni la procedencia o móviles de los autores del doble crimen.
Juan Carlos Herrera García, abogado de dos de los jóvenes detenidos en Tuluá por la Fiscalía de Iván Duque. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
“CAPTURARON A MUCHACHOS INOCENTES, LOS TORTURARON Y LOS IMPUTARON”
Por Luis Alfonso Mena S.
El abogado Juan Carlos Herrera García es contundente al caracterizar lo que está ocurriendo con los jóvenes capturados en Tuluá y sindicados del incendio del Palacio de Justicia, sucedido el 25 de mayo de 2021. “Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos”, dijo
Herrera García, penalista defensor de dos de los seis jóvenes sometidos a un proceso judicial y recluidos en la cárcel de Popayán, acompañó a familiares de los investigados reunidos en la Plaza Céspedes de Tuluá, quienes portaban pancartas reclamando la libertad para sus muchachos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.
Con él hablamos para recoger su análisis de lo acontecido en Tuluá, en el marco de la documentación que estamos haciendo en Periodismo Libre de las arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos, crímenes y otros actos de la barbarie cometida por el régimen de Iván Duque contra la juventud y el pueblo colombiano, al reprimir el Paro Nacional e incurrir en falsos positivos judiciales para responsabilizar sin pruebas a muchos jóvenes de episodios ocurridos desde el 28 de abril.
“El Juez de Control de Garantías hace un mal mandado al Ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para hacerlo, violando la Constitución”, expresó el jurista en relación con el caso de los detenidos en Tuluá.
“El daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron y, no quedando contentos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy privados de la libertad”, aseveró.
Según Herrera García, “algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre”, y puntualizó: “Aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días del paro. El día que hubo presencia, empezó la violencia en Tuluá”. He aquí la entrevista:
El Palacio de Justicia de Tuluá, luego de ser incendiado en extrañas circunstancias el martes 25 de mayo de 2021, un hecho aún no esclarecido. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
HABÍAN SIDO ASESINADOS TRES MUCHACHOS
–Doctor Juan Carlos Herrera, ¿qué pasó ese día?, ¿por qué a seis jóvenes se les ha endilgado el delito de la quema del Palacio de Justicia?, ¿qué hay detrás de estas detenciones?
–Hay que plantear la situación desde un contexto político de lo que había pasado en razón de la protesta social que cumplía ya un mes en Colombia. Tuluá había sido un caso particularmente especial en temas de protesta social. En Buga había enfrentamientos y bloqueos casi desde el primer día. En Tuluá había una situación particular, pues había presentado una especial paz en torno a la protesta social.
Nosotros aquí registrábamos entre tres y cuatro marchas semanales muy nutridas, con bastante participación ciudadana. De hecho, a nivel nacional planteábamos esa situación en las redes sociales y en los noticieros porque Tuluá había sido ejemplo de tranquilidad y de paz y especialmente de la protesta social pacífica.
Cuando llegó la fecha del 25 de mayo, cuando se iba a cumplir un mes, en razón de una solicitud de unos empresarios, por sus relaciones, tal vez, con altos mandos de la Policía a nivel departamental, el Esmad penetra los puntos de bloqueo, por la fuerza desaloja los puntos de bloqueo, no sin dejar de mencionar que días antes a ese desalojo por la fuerza del Esmad, habían sido asesinados tres muchachos en las zonas de bloqueo, asesinatos que hasta el momento no ha podido la Fiscalía ni siquiera imputar a nadie porque las personas que capturaron después del asesinato de esos muchachos quedaron libres, pues se declaró ilegal la captura porque los muchachos fueron quienes realizaron la misma.
Ya el 25 de mayo, cuando se acercaba la celebración de un mes de estar en Paro a nivel de Colombia, y especialmente en Tuluá, los muchachos fueron desalojados el 24 por la fuerza en horas de la madrugada de los puntos de resistencia como ellos los llaman, 30 fueron capturados por la Policía, retenidos y en el transcurso de ese día 25 los devolvieron por la presión de los miembros de los grupos de Derechos Humanos y especialmente por la presión social y política que se ejercía sobre esa acción policial.
Ya en horas de la tarde se presentaron nuevas protestas en el centro. Ya la situación se sale de control y comenzaron a ser objeto de ataques con piedras por parte de la protesta social y de algunos muchachos que se dirigen al centro de la ciudad. Dicen que son los mismos muchachos que habían sido golpeados por la Policía en horas de la mañana, que les quemaron los zapatos, la ropa, al ser desalojados de los puntos de resistencia del puente de Las Mariposas y del puente de la salida norte de Tuluá, esos muchachos fueron retenidos y ya por la tarde, cuando fueron liberados, volvieron otra vez a la protesta.
Allí hubo enfrentamientos nuevamente con el Esmad. En horas de la noche esa situación se salió de las manos y es cuando surge un hecho que ha sido noticia a nivel nacional. El Palacio de Justicia de Tuluá, un edificio emblemático, que ha sido declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, un edificio que fue construido a mediados del siglo pasado, donde funcionaban los juzgados municipales y del Circuito de Tuluá, fue atacado por personas que lo incendiaron. La reacción de la Policía manifiesta que capturó a más de 25 personas esa noche.
De esas 25 personas, tres fueron capturadas cuando vandalizaban unos almacenes de motos, incluso cuando iban llevándose unos de esos vehículos, y los otros seis jóvenes, que se encuentran detenidos en la ciudad de Popayán, fueron capturados en diferentes sitios de Tuluá. A estos seis jóvenes la Fiscalía les ha imputado el delito de terrorismo.
Imagen del costado lateral del Palacio de Justicia de Tuluá, luego del incendio del 25 de mayo de 2021. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
“NO SE NOS PERMITIÓ HABLAR CON LOS PROCESADOS”
Lo que pasa en este caso es algo especial. Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos. A toda persona que es capturada o aprehendida por la Policía debe comunicársele la razón por la cual es capturada e inmediatamente informarle a su familia y adicionalmente garantizarle el derecho a comunicarse con un abogado.
Ese simple derecho fue vulnerado porque no se nos permitió nunca, en ningún momento, ni siquiera hablar con alguno de los procesados. La Policía siempre nos obstaculizó la entrevista que teníamos que hacer con ellos, y solamente los vinimos a ver al momento de la captura. Todas esas situaciones se pusieron de presente ante el juez de control de garantías, pero hay una situación particular que ocurrió en ese hecho. El día después de haber sido incendiado el Palacio, después de haber sido capturados los muchachos, a Tuluá llegaron el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación. Casualmente al día siguiente fueron los muchachos judicializados por un juez de control de garantías de Buga, porque los juzgados penales municipales de control de garantías de Tuluá habían sido incinerados y no estaban trabajando, por lo que la diligencia se ejecutó en Buga.
Al ejecutarse en Buga y nosotros no tener acceso a la situación particular de ellos, a haber conocido los hechos por los cuales se les había capturado, no se conocieron circunstancias de modo, tiempo y lugar porque no pudimos hablar con ellos. Claro, al nosotros presentar las oposiciones en la audiencia, pues eran mínimas, porque quién más va a conocer la situación en la que es capturado que la persona detenida, el punto donde es capturada. Para buscar elementos materiales probatorios que nos permitieran oponernos a esas capturas, son los mismos capturados con quienes debemos hablar, porque ellos son los que saben dónde fueron retenidos.
Ese derecho fundamental que lo trae el Código de Procedimiento Penal, que son los derechos del capturado, fueron violados flagrantemente por la Policía y especialmente por la Judicatura, toda vez que no atendió los reclamos de los abogados al momento de la legalización.
Es tan complicada la situación, que no hubo ni siquiera elementos materiales probatorios que la Fiscalía presentara al juez para legalizar esa captura. Quiero poner un ejemplo: a uno de los jóvenes se le acusa de haber llevado en su poder una botella de gasolina con la cual intentaba supuestamente vandalizar e incendiar un CAI de la ciudad, pero ni la botella de gasolina, ni la foto, ni la experticia que refiriera qué clase de sustancia llevaba en la botella fue llevada ante el juez. Simplemente el informe de Policía decía eso y con eso el juez legalizó la captura, con eso legalizó la imputación, y con esos elementos el juez, a pesar de que son jóvenes sin antecedentes, de ser jóvenes con arraigo, de ser jóvenes estudiantes, el juez de control de garantías hace un mal mandado al Ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para imponerla, violando la Constitución.
Pero no quedando contentos con eso, al presentar los reclamos los abogados y las apelaciones, ya han pasado dos meses y el juez de segunda instancia no se pronuncia. Es una situación sobre la que debió haberse pronunciado con rapidez, porque es la libertad de seis jóvenes que están privados de ella por unos delitos que los abogados reclamamos en su momento que no había elementos materiales suficientes para imputarlos. Adicionalmente, violando todos los derechos de una persona privada de la libertad en estas circunstancias, fueron trasladados de la ciudad de Tuluá a la ciudad de Popayán, ya ahí sí violando y cortando toda posibilidad de comunicación que puedan tener la familia y los abogados con ellos para iniciar su proceso de defensa.
Recaudar estos elementos y estas entrevistas con que nosotros vamos a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento no ha sido fácil. Hay personas que estaban aquí y que también fueron detenidas, como por ejemplo Leidy Johana Luna Chasoy, una ciudadana indígena que fue capturada con los jóvenes y a quien, adicionalmente, le cortó el cabello una patrullera de la Policía Nacional, nuevamente violando los derechos de los ciudadanos. Y, además, no ha sido posible que la Policía Nacional nos entregue la información del libro de población de la Policía donde se refiere cuántos jóvenes fueron capturados, a qué hora ingresaron al Comando de Policía y en qué condiciones. Ese día hubo más de 25 capturas y solamente estas seis personas fueron imputadas por el delito de terrorismo.
Quiero significar con esto que, por ejemplo, el joven Daniel Navarrete, un mecánico que salía de trabajar, que se vino en dirección a su casa y en razón de que, al observar la protesta social, los gases lacrimógenos y la gente corriendo, él también corrió, la Policía lo captura, se lo lleva y lo presenta como un “terrorista”. De este joven tenemos videos de la hora en la que está trabajando, de las vías por las que se movilizó, nunca está participando en la protesta social y cualquiera diría que es fácil para nosotros como abogados pedir la revocatoria de una medida de aseguramiento, pero por ejemplo este es el momento en que ni siquiera conocemos quién es el juez de conocimiento, no conocemos ni siquiera cuál es la decisión del juez de segunda instancia en cuanto a la solicitud de apelación de la medida de aseguramiento que se impuso.
Entonces claro, a uno como abogado se le dificulta cada vez más la situación, porque cuando fuimos a presentar la solicitud de revocatoria acá en Tuluá, donde ocurrieron los hechos, donde naturalmente tiene que hacerse la solicitud, los jueces dicen que se declaran impedidos para conocer de esto en razón de que fueron afectados por el daño, entonces que ellos no están en capacidad de ser neutrales y ecuánimes para tomar alguna decisión al respecto.
–¿Y ante esa flagrante violación del debido proceso no cabe una tutela?
–Si claro, lo que pasa es que para la acción de tutela tendríamos nosotros que primero solicitar la revocatoria de la medida y que se nos niegue esta medida y que adicionalmente nosotros apelemos y se retarden, como se ha retardado la apelación que hicimos respecto al día de la imputación y legalización de la captura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos recaudando los elementos, estamos terminando todo el trabajo investigativo.
Uno de los puntos del Palacio de Justicia de Tuluá atacados por los pirómanos el 25 de mayo fue su área de Archivos Judiciales. ¿Qué querían hacer desaparecer? (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
“ESTO ES UN ATAQUE CONTRA LA JUVENTUD QUE PROTESTA”
–¿Qué puede haber detrás de este episodio?
–Yo estoy seguro de que esto es un falso positivo, y lo es con la única intención de generar desazón y miedo dentro de la juventud, porque esto es un ataque directo contra la juventud que protesta, esto es un ataque directo contra la juventud inconforme en el país, y especialmente es un ataque directo contra la posibilidad que tienen los muchachos de la participación en esta protesta pacífica.
¿Por qué razón? Porque con esto cualquier muchacho que ve esta vulneración de derechos humanos, pues inmediatamente teme. Ahí, en medio de la protesta, también fue asesinado un muchacho, fue sicariado un joven estudiante de derecho, eso no hace sino generar miedo, ¿y de ese miedo quién se beneficia? Indudablemente el beneficio es político.
No conozco el primer funcionario, juez o fiscal que de verdad pague con su patrimonio estas violaciones de los derechos humanos y de la libertad, no conozco, para ellos esto no importa, va y viene, no importa, porque el último que de verdad paga estas indemnizaciones y este daño es el Estado, lo pagamos todos. Entonces, como a ningún juez ni a ningún fiscal le quitan su patrimonio por estas violaciones de derechos humanos, pues indudablemente esto va a seguir pasando, como ha venido pasando hace muchos años en Colombia.
–Todo indica que a los seis jóvenes detenidos les están cobrando un delito que no cometieron.
–Estos jóvenes son chivos expiatorios, ni siquiera pensaría uno que les están cobrando el incendio del Palacio, les están cobrando es que estuvieron veintitantos días en protesta pacífica, que estuvieron respetando a las autoridades porque aquí nunca se había lanzado una piedra, aquí lo único que se intentó fue desprestigiar la protesta social.
–¿Quiénes están detrás del incendio del Palacio?
–A uno le queda muy difícil decir quién está detrás del incendio del Palacio de Justicia, pero pensemos en esta reflexión: yo llevo 28 días en protesta social, he hecho dos o tres marchas por semana en una ciudad como Tuluá, y solamente el día que aparece el Esmad y la Policía a confrontar a los muchachos hay un incendio y hay casi actos de vandalismo y terrorismo en esta ciudad.
Aquí no hay ninguna posibilidad de asignarle a los muchachos la responsabilidad de ese vandalismo, porque es imposible que usted sea vándalo un día y 28 días anteriores en medio de la protesta social tomándose las calles, caminando la ciudad, no haya ni siquiera lanzado una piedra.
–¿Cuál es la salida jurídica?
–La salida jurídica son los elementos materiales probatorios que recaudemos y contrarrestemos la evidencia precaria que ha presentado la Fiscalía. Esto indudablemente tendrá que llevar alguna consecuencia, esto no puede quedarse así simplemente, porque en algún momento alguien con sentido común tendrá que revisar.
–Mientras tanto, hemos visto a unas madres, a unas hermanas, a unos familiares que están sufriendo intensamente.
–El daño está hecho, el daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron, y no quedando contestos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy privados de la libertad.
–¿Cuáles son los otros casos de violación de derechos humanos en Tuluá?
–Hay una situación particular: uno no puede desconocer la situación política y social de Tuluá específicamente y del centro del Valle. Esta es una zona que ha sido violenta históricamente. Esta es una ciudad con 180, 200 homicidios al año, no es una situación sencilla. Entonces, claro, disfrazar un homicidio político, represivo con un señalamiento a las bandas criminales es muy sencillo, como viceversa: las bandas criminales se podrían amparar en la situación política con cualquier homicidio que ocurra en el marco de esa protesta social.
Atreverse a decir que tal o cual homicidio es asignado a las fuerzas de represión del Estado a uno le quedaría muy difícil, porque nadie anda uniformado disparando a otro. De hecho, sobre el caso del joven Camilo Arango, que murió el 25 de mayo en Tuluá, nadie se atreve a denunciar porque eso fue en presencia de todo el mundo, eso no fue un homicidio por la espalda ni oculto, fue delante de todo mundo: dos personas en una moto le disparan a ese joven y lo asesinan delante de todos los ciudadanos, pero: ¿quién se atreve a denunciar y no corra el riesgo de sufrir el mismo daño?
Le voy a contar una historia. Dos o tres días antes, una ambulancia prende sus sirenas para anunciar que le abran el corredor humanitario en el puente norte de la ciudad. Cuando los muchachos se acercan y le abren la barricada, desde un vehículo automóvil atrás les disparan y asesinan a dos.
–Este caso es de los que se han denominado en Cali paramilitarismo urbano, civiles armados disparando contra quienes participaban en el paro.
–Claro, y es lo que nosotros hemos referido y es la razón por la cual nosotros buscamos una mesa de concertación y de diálogo con los jóvenes del bloqueo, porque teníamos información de que algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre.
Otro ángulo de la Sección de Archivo del Palacio de Justicia de Tuluá incinerado. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
“EL DÍA QUE HUBO PRESENCIA DEL ESMAD EMPEZÓ LA VIOLENCIA”
–¿Qué papel se jugó ahí por parte de empresarios como instigadores?
–Lo que pasa es que esta es una región altamente marcada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces atreverse uno a señalar a ciertos grupos, a ciertos sectores es casi como ponerse una lápida en el cuello.
–Pero, ¿hubo instigación?
–Claro y, adicionalmente, en las redes sociales hay exalcaldes pidiendo el uso de la fuerza para el levantamiento del bloqueo, eso no tenía ningún otro final que el que se presentó en la ciudad de Tuluá, un hecho de violencia, de muerte, de sangre, y especialmente de dolor para muchas familias.
–Es decir que la clase dirigente de Tuluá también ha estado comprometida.
–Debe haber algún sector de la clase dirigente en eso, porque aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días. El día que hubo presencia empezó la violencia en Tuluá.
–Finalmente, doctor Herrera García: ¿qué va a pasar con toda esta violación de derechos humanos que hasta ahora queda en la impunidad?
–Desde mi punto de vista creo que en Colombia esto ha sido toda la vida, esa ha sido la acción recurrente del Estado en contra de la protesta social y de los grupos minoritarios: la violación de los derechos humanos, la persecución política, la segregación social, casi que el abandono del Estado. Cualquiera que se permita enfrentar a esos grupos políticos que se han enquistado en los poderes municipales, es indudablemente señalado, macartizado e, incluso, asesinado. Por eso usted observa que estas ciudades que tienen un alto grado de marcación política conservadora, de extrema derecha, ha tenido mucha influencia de grupos paramilitares y especialmente de grupos del narcotráfico. Un tema casi que cultural es la acción violenta contra los ciudadanos. Esta es una ciudad con 190 mil habitantes con 180 homicidios al año, qué más puede uno referir como una violación de derechos humanos. No hay otra forma de actuar del Estado, hay una desatención del Estado, especialmente a esa población vulnerable que llama la atención para que se haga inversión social.
La clase vulnerable es casi el 90% de la población de este país, porque aquí los grupos económicos manejan sectorialmente los municipios, las mañas políticas manejan desde Bogotá estos municipios y es muy complicado para uno hacer activismo político, hacer activismo social y especialmente participar en esa protesta social política con la que uno quiere construir un país mejor. Es muy complicado en un país como Colombia, es muy complicado en una población como esta, enmarcado en la violencia.
(Entrevista realizada el sábado 17 de julio de 2021 y publicada el sábado 31 de julio de 2021).
PERIODISMO LIBRE CALI.
El sábado 17 de julio de 2021, familiares de los jóvenes capturados en Tuluá, se reunieron en la Plaza Céspedes para exigir la libertad de sus seres queridos. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).
Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.
La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.
En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.
Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Transito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.
El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la Loma de la dignidad, donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).
Paso del aguante Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicolás Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percató de la presencia de personas desconocidas, según nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicolás Guerrero –asesinado en el mes de mayo–, “entre esas personas, dicen, que uno sacó un arma y le disparó a la policía, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo quedó nublado, nadie veía nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qué la policía no cogió a la persona que les disparó de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pasó en la calle corriendo de los gases”.
Según Laura, el actuar de la “fuerza pública” era completamente arbitrario, así como agresivo, pues en ningún momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediación de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuraduría, defensores de derechos humanos y la ONU), que los policías y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando había pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvió con más fuerza.
“Cuando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permitían acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqué como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrimé como la mamá de Nicolás y me planté en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situación me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qué era, se empezó a reír y no dieron ninguna explicación.
Al final llegó a mediar el secretario de educación e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la policía, el secretario de educación y chicos de la primera línea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos”.
Noche de terror Los ánimos estaban caldeados desde la incursión a la biblioteca Nicolás Guerrero. En el barrio Alcázares, junto al cementerio del norte, los jóvenes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos después de la agresión contra el espacio comunitario que genero indignación y rabia. Mundo, un joven primera línea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que llegó la noche la situación empezó a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los jóvenes:
“Heridos de fusil hasta donde conté y pude cargar fueron cuatro, pero sé que fueron muchos más, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo más impresionante que vi fue cuando llevábamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, teníamos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos más, nos tocó dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ahí nos empezaron a dar más bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, habían heridos por todo lado.
Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la policía. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grabé donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegué a las 2:30 de la mañana, hasta esa hora ellos seguían con el cuerpo, ahí cometí el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empezó el paro me echaron de la casa”.
*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur
Las organizaciones responsabilizan a la fuerza pública de causar asesinatos, cientos de desapariciones y detenciones arbitrarias en medio del paro.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembro del Grupo NGO-LAC en Ginebra, hicieron un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que condene la “brutal represión” de la fuerza pública colombiana a los manifestantes.
La organización, respaldada por más de 150 organizaciones a nivel global, entregará un informe a la ONU en el que denuncia que entre 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, 327 personas desaparecidas y cerca de 3200 detenciones arbitrarias
En su informe se señala que el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad) es responsable de 27 fallecimientos y que las otras muertes reportadas han sido provocadas por «civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado».
En el documento también se indica que la sociedad civil que documenta las violaciones de derechos humanos ha sido víctima de “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación” por parte de la fuerza pública.
La denuncia también resalta que la desaparición forzada se ha vuelto una “práctica” recurrente en la que se llevan personas detenidas a centros irregulares de detención que permanecen incomunicadas hasta 36 horas y que, actualmente, las autoridades niegan estar involucradas en estos hechos
Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en representación del Grupo NGO-LAC, concluye que el gobierno en vez de buscar una solución, ha negado la mayor parte de los abusos “y se ha centrado en deslegitimar a los manifestantes, incluso comparándolos con terroristas. Esto, junto con la militarización de la respuesta y la participación de civiles armados, recuerda las horas más difíciles del conflicto en Colombia”.
25 de mayo de 2021 Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.
La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.
Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño.
A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.
Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.
Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.
La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.
En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación.
La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados.
En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez , y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.
El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar.
Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica.
En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza.
Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales.
En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de a personal e insumos médicos
Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género.
La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.
Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.
La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.
Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
En estos días, en Noticias Caracol, decía un presentador a propósito de un civil víctima del Esmad en una manifestación: “Le cayó algo encima y murió”. ¿Qué sería ese “algo”? ¿Un andamio, una caja fuerte, un suicida? Una reportera de CM&, mostrando un lugar rodeado de cintas amarillas donde cayó muerto de un tiro un joven civil que participaba en una marcha, dijo, señalando la mancha de sangre en la cuneta: “Aquí falleció el joven [fulano de tal]”. Por simple gramática, esos asesinatos no tienen por qué ser llamados “fallecimientos”, como si los hubiera tumbado un infarto. De resto, tendría que cambiarse la redacción de la historia: Gaitán, en efecto, “falleció” en la clínica, pero unos minutos después de haber sido asesinado en la séptima con Jiménez. Un general de la Policía, refiriéndose a las víctimas uniformadas en el transcurso de las manifestaciones, dijo: “Hemos tenido 1.350 víctimas, 12 de ellas con heridas graves”. ¿Se pueden, acaso, considerar “víctimas” a unos policías (hice la resta y me dan 1.338, descontando los 12) a quienes luego del enfrentamiento les quedó un raspón?
La noticia de CM& sobre el civil infiltrado del CTI que mató a dos jóvenes (consta en videos), y al que los testigos del crimen atraparon y lincharon a patadas, ¿puede darse con esta redacción? “El miembro del CTI fue atacado por manifestantes y a causa de eso disparó a dos de ellos”(¿?). Horrible lo del linchamiento, pero la cronología fue al revés. A estas horas, en Colombia 81 muchachos tienen sendos ojos menos (dato de Temblores, Indepaz y Uniandes). Y la senadora Paola Holguín encuentra eso inspirador para una alusión canalla: “Dejen de llorar por un solo ojo”.
Cuando las cifras de muertos —este fin de semana— suben a 75 (Indepaz), el mininterior habla de 20. En cuanto a los desaparecidos (770, según Movice hasta el 9 de junio), el Gobierno se refiere con elegancia a personas que “todavía no regresan a casa”, mientras en ríos y parques aparecen cabezas y piernas.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo esta semana que las vacunas adquiridas por los empresarios para sus trabajadores serán gratuitas, pero que no serán extensivas a sus familias. Es decir, que habrá un miembro VIP en la casa, muy Pfizer, rodeado de su cónyuge e hijos, o padres y madres, no solo expuestos al contagio de terceros, sino con posibilidades de contagiar al recién vacunado. ¡Qué gratuidad tan inútil esa! Sobre todo, si vamos de terceros en muertos, pisándoles los talones a India y Brasil.
También va mal la aritmética en Providencia: de 130 casas nuevas que les prometió Duque, apenas van dos construidas. Y aun así tuvo el descaro de ir a esa isla, de donde ahí mismo lo treparon al avión presidencial de vuelta. Lo embutieron como a pasajero del metro de Tokio. A tiempo, pues el próximo huracán ya está anunciado.
Este país es un relato de terror. Por ejemplo: ¿todavía no hay orden de captura contra Christian Garcés y el Rambo aquel de gimnasio llamado Andrés Escobar? ¿Qué espera la justicia para sacar de circulación a ese par de peligros para la sociedad? ¿Tocará esperar a que los indígenas —12 de los cuales fueron heridos el 9 de mayo por el bloque paramilitar Ciudad Jardín— les apliquen la pena de los fuetazos? Sería muy poco. 👁️
El QUE PIENSA, GANA 