#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

 
 
Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.
 
Rubiel Vargas Quintero
El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.
El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.
La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.
El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.
En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.
La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.
Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.
Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.
El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.

Poder corporativo, libre comercio y fraude fiscal: una sola ecuación

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La lucha contra el paradigma del libre comercio es fundamental. América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica, que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal. La Alianza del Pacífico gana espacios. Un necesario debate

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos

Desde mediados de la década del noventa, el movimiento social a nivel global comenzó a colocar como prioridad en sus agendas de lucha el tema comercial, dándole especial énfasis a una crítica completa al paradigma del libre comercio, que se colocó como premisa teórica de la puesta en marcha de la globalización neoliberal.

El primer escenario de la batalla contra el paradigma del libre comercio fue la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se avanzó creando un entramado jurídico global de carácter obligante que profundizó la lógica de la desregulación comercial: agresivas desgravaciones arancelarias; eliminación de marcos regulatorios al capital financiero; y fortalecimiento de la protección unilateral a las inversiones externas.

Los efectos no se hicieron esperar en los denominados países del tercer mundo, que empezaron a sufrir las consecuencias de esta lógica del libre comercio. Y por tanto, se empezó una “rebelión” al interior de la OMC, liderada principalmente por quienes luego formarían el bloque de los Brics a fin de detener, en alguna medida, esta ofensiva libre cambista, llevando a lo que muchos llaman al “fracaso de la Ronda de Doha” o lo que es lo mismo, que los promotores del libre comercio no pudiesen terminar su labor al estancarse en los llamados “cuatro temas de Singapur”: 1) libre competencia, 2) facilitación del comercio, 3) protección de inversiones y 4) compras del sector público. La condición fue que se resolviera en el seno de la OMC el tema de los subsidios al sector agrícola en el norte (léase Estados Unidos y Europa, principalmente), para luego abordarse los temas de Singapur.

Ante el fracaso de la Ronda de Doha, la estrategia neoliberal acentuó la promoción de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el caso de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron la ofensiva del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fracasó por la alianza entre los recién llegados gobiernos progresistas y el movimiento social. Ante ello, Estados Unidos continuó con el impulso bilateral de TLC.

En efecto, la mitad de América Latina y el Caribe (México, Centroamérica, Caricom, Perú, Colombia, Chile) está constituida por economías que se rigen por el paradigma del libre comercio, con TLC entre ellas y con tratados con países de fuera de la región. Sólo se mantienen fuera de la lógica de los TLC el Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela) además de Ecuador y Bolivia.

Aparejado a la existencia de los TLCs, se fue profundizando esta institucionalidad neoliberal con el impulso que se dio a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (también conocidos como TBI). De forma que se liberalizó el comercio vía TLC y se le dio una protección privilegiada a la inversión extranjera vía TBI.

La dimensión fiscal

Una dimensión que no se había considerado en el ataque al libre comercio fue la fiscal, es decir los impactos provocados por dichos acuerdos en la recaudación tributaria. Gracias al movimiento global por la justicia fiscal se empieza a hacer una correlación de factores que obligan a hacer los vínculos de la desregulación comercial y de inversiones, con la opacidad, la evasión, la elusión y el fraude fiscal.

Estos vínculos, empiezan a relacionar cómo la desgravación arancelaria impacta las cuentas nacionales en términos de los impuestos que dejan de cobrarse a las importaciones. Asimismo, cómo los procesos de desregulación financiera y el libre tránsito de capitales impactan en las cuentas de capital de los Estados. De igual forma, cómo los principios de Trato Nacional (TN) y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren portillos para la elusión de las transnacionales y también cómo las políticas de atracción de inversiones basadas en exoneraciones o privilegios fiscales van provocando inmensos costos en términos de gasto tributario para los países.

Asimismo, se ha observado que luego de la suscripción de un TLC, normalmente sigue la suscripción de un acuerdo de doble tributación, ventajoso para los países de donde proviene la inversión transnacional en el pago del impuesto a la renta. Es que el principio que rige la tributación en estos acuerdos es el de “residencia” y no el de “fuente”. De esta manera, una empresa extranjera no tributa ni en el país donde extrae la renta, ni en el de donde proviene, sino donde estratégicamente ha puesto su sede: Gran Caimán, Delaware, Islas Vírgenes y otras jurisdicciones opacas.

Finalmente, toda esta maraña de acuerdos de inversiones, libre comercio y doble tributación facilita la planificación tributaria, desarrollada por grandes estudios jurídicos que saben muy bien cómo y dónde constituir sociedades comerciales para no pagar impuestos. El escándalo de los Panamá Papers es una clara muestra de ello.

Crisis del posneoliberalismo

Hoy América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal heredada de las décadas de los ochenta y los noventa. La irrupción de la derecha en Argentina, el golpe de estado en Paraguay, el golpe de estado en curso en Brasil y la victoria de la derecha en el parlamento venezolano, han posicionado de nuevo al paradigma del libre comercio en esta subregión latinoamericana.

La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos en la región, los gobiernos del Mercosur inician la presión para que finalmente este proceso modifique su carta constitutiva que inhibe la firma de Tratados de Libre Comercio, esos mismos gobiernos se animan a reanudar la negociación para la firma de un TLC entre la Unión Europea y Mercosur, que se uniría a los que ya tiene la Unión Europea en vigencia con Centroamérica, México, Chile y Perú/Colombia.

Diversos países de América Latina están participando a fondo en las negociaciones del TISA, que abre sectores fundamentales (educación, salud, agua, servicios municipales, correos, transporte, etc.) a la participación privada de transnacionales. México, Perú y Chile participan activamente en el ya suscrito Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés como TPP).

El poder corporativo transnacional tiende a fortalecerse por medio del impulso de diversos tratados o de inversiones, que se orientan a profundizar la desregulación de los grandes capitales, y que constituyen verdaderos candados jurídicos a políticas reformistas orientadas al bien común.

Visibilizar esta situación, abrir el debate para comprender en toda su dimensión las características del fenómeno y generar nuevas articulaciones de denuncia, resistencia y propuestas de cambio, son tareas urgentes para el movimiento social de América Latina.

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) trabaja desde hace más de quince años en toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera, deuda y nuevas economías.

www.latindadd.org, www.facebook.com/latindadd, www.twitter.com/latindadd

Artículo introductorio de la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimientotitulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd. http://www.alainet.org/es/revistas/51

 

tomado de: https://www.semanariovoz.com/2016/08/19/poder-corporativo-libre-comercio-y-fraude-fiscal-una-sola-ecuacion/

#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA: Clacso se solidarizó con el profesor Miguel Ángel Beltrán

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En una serie de declaratorias aprobadas al finalizar la XXV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Medellín este 9 de noviembre, Clacso expresó su solidaridad con el docente colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, condenado a cien meses de prisión por el delito de rebelión.

El fallo contra el profesor fue emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá que, en diciembre de 2014, revocó la decisión de la Jueza Cuarta Penal Especializada de esa ciudad quien había absuelto al catedrático, detenido desde el 21 de mayo de 2009.

Refiriéndose a la persecución y criminalización del pensamiento crítico, la declaratoria de Clacso por la libertad del doctor Miguel Ángel Beltrán, expresó su preocupación por la detención del docente máxime cuando en el país se adelanta un proceso político de paz.

De igual forma, recordó que el docente e investigador colombiano desarrollaba un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde “mostró una total dedicación a la vida académica y al pensamiento crítico.”

Beltrán Villegas es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México, y Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Guajira colombiana es gobernada por una narcodinastía

Kiko Gomes y Juan Manuel Santos
La parapolítica y el narcotráfico han venido reforzando su progresiva institucionalización en el tejido político y social de La Guajira colombiana desde hace aproximadamente 25 años. Nada fuera de lo común en un país como Colombia, donde el ya regularizado ejercicio formal de la política es la síntesis final de la lucha intestina (y permanente) entre grupos criminales dedicados a la paraeconomía en toda su amplia gama de actividades y al financiamiento del aparato de seguridad paramilitar tan indispensable para que el primero pueda funcionar y desarrollarse en amplias longitudes territoriales.
Es quizás en La Guajira colombiana, por su condición geoestratégica fundamentalmente, que el advenimiento de narcodinastías empotradas desde hace décadas en la dirección estadal en este departamento fronterizo puede observarse con una mayor claridad en la actualidad.
La exposición que exhibe el departamento de la Guajira colombiana con el Océano Atlántico constituye un canal marítimo y aéreo privilegiado para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, como también lo es el amplio nexo territorial fronterizo con Venezuela en la consumación de redes mafiosas de contrabando ininterrumpido de combustible y mercancías de distinto tipo.
Ambas facultades geográficas representan un circuito de acumulación paraeconómica inmensamente rentable.
Es gracias a este posicionamiento territorial que la narcodinastía de los Ballesteros-Bernier se han apoderado política y económicamente del departamento, mediante sus estrechísimas relaciones con el paramilitarismo, con el lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional y con el contrabando de combustible y otros productos desde Venezuela.
Jorge Ballesteros, ex senador de La Guajira por el partido de Juan Manuel Santos (el Partido de la U), es el padre del actual gobernador de dicha entidad, José María Ballesteros. Ballesteros padre fue el primer gobernador electo en el año 1992.
Jorge Ballesteros es hermano del famoso “Hombre Marlboro”, Samuel Santander Lopesierra, quien en el año 1986 figuró como concejal de Maicao y dos años después como diputado nacional por el departamento de La Guajira. Fue uno de los operadores más importantes del narcotráfico y el contrabando de la zona mediante las conexiones que sostuvo durante años con la poderosa familia Mansur, radicada en Aruba y Miami, la cual ostentaba los derechos de distribución de cigarrillos de la multinacional British American Tobacco.
Ese carácter de exclusividad en cuanto a relaciones públicas mafiosas le permitió a Samuel Santander Lopesierra ingresar vía contrabando ingentes cantidades de cigarrillos, licores y electrodomésticos a La Guajira desde Aruba. Lopesierra, por su parte, pagaba los favores con el envío de cocaína hacia los predios de la familia Mansur, quienes a su vez (re)invertirían ese capital en redes de hoteles y casinos en la ciudad de Miami entregándole una importante comisión en dinero limpio al exportador de origen.Lopesierra, además, fue el artífice fundamental en la inserción del paramilitarismo en La Guajira mediante sus nexos con Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Carlos Castaño durante la década de los 90, potenciando las capacidades operativas de las redes del contrabando de gasolina desde Venezuela, como también de la pujante industria del narcotráfico que, como el agua, busca la salida más fácil, sólo que es agua tóxica y lo bastante disolvente como para apropiarse a fuego lento del borde donde ejerce soberanía territorial, energética y agroalimentaria el que tiene al lado
Los wayúu desplazados y la apropiación indiscriminada de tierras en beneficio de trasnacionales y élites paraeconómicas que generó esta política de Estado, es sólo la confirmación de que la narcodinastía de la que hablamos también supo sacarle provecho a su mina de esclavos, todos empujados al trágico azar de la violencia, el narcotráfico y el contrabando.
Y todo esto comenzó a agarrar cuerpo cuando el hermano de Lopesierra fungía como gobernador, el cual aparte de otorgarle facilidades y condescendencias extremas también se beneficiaba del genio paraeconómico del hermano.
Del vientre político de Lopesierra y Jorge Ballesteros nació el último gobernador de La Guajira, el famoso “Kiko” Gómez Cerchar. Aprovechando los consejos de sus mentores políticos, basó su dominio gubernamental a partir de la vinculación con el jefe paramilitar alias “Marquitos”, y con las redes de contrabando y narcotráfico que ya se habían labrado 18 años antes. Durante ese lapso de tiempo, “Kiko” Gómez estaba dando sus primeros pasos como actor de segunda en el tráfico de armas, drogas y gasolina venezolana.
A “Kiko” Gómez se le relaciona directamente, en medio de su mandato como gobernador del departamento, con 131 asesinatos políticos perpetrados a concejales, procuradores, exministros y líderes wayúu.
En la portada de esta nota pueden ver a Juan Manuel Santos riéndose con “Kiko” Gómez.
El delfín de la narcodinastía y actual gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, bebió políticamente de “Kiko” Gómez aprovechando las alianzas que le había dejado a través de este oscuro personaje su querido tío, Samuel Lopesierra, con el narcoparamilitarismo y el blindado sistema paraeconómico regional que subsiste gracias al ataque sistemático a la soberanía venezolana.
Vale la pena destacar que Gómez es nieto de un coronel, hacendado y miembro del Partido Liberal, Mario Catalino Gómez, quien participó en la Guerra de los Mil Días, y que su esposa es Bibiana Bacci García, prima hermana del jefe paramilitar alias “Marquitos”.
En la endogamia parapolítica no hay espacio para las casualidades.
El cierre fronterizo supone, en términos políticos generales, una actitud proclive al diálogo binacional. Sin embargo esa capacidad de diálogo se ve vilipendiada cuando del otro lado no hay políticos, sino lacras de cuello blanco.

Fiscalía tuvo que salir a hacer salvedad sobre el caso de “Los terroristas de Bogotá”

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A pesar de que todos los detenidos el pasado jueves fueron señalados de ser los autores de las últimas atentados acaecidos en Bogotá, la Fiscalía hizo una revelación en la que casi debió recular sobre los juicios generalizados sobre estas personas: diez de los trece capturados solo están siendo investigados por los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Es decir que no están siendo involucrados en los atentados terroristas como los del pasado 2 de julio donde se presentaron ocho heridos y con los cuales muchos personajes del uribismo asociaron en sus redes sociales.

En ese sentido, según las propias autoridades, los nombres de los siguientes

detenidos no pueden ser relacionados como miembros del ELN: Paola Salgado Piedrahita,  Andrés Felipe Rodríguez Parra, John Acosta, Estefany Lorena Romo, Sergio Esteban Segura, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Daniel Eduardo Muñoz, Lizeth Johana Acosta y Félix Gutiérrez Díaz.

Ejemplos de Acumulación por Desposesión-DESALOJO HABITANTES JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL

 
 
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia – trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
 
 
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
“Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar”. Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón – las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
 
 

Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.

Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.

El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.

En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.




Desalojo Jarillón Venecia

En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
 
 

tomado de: http://calihoy.blogspot.com/2015/06/desalojo-de-habitantes-del-jarillon-en.html?spref=fb

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