#Colombia El modelo de impunidad de las élites

Generalmente, el fenómeno de la impunidad está asociado con la ausencia de sanción o investigación; para los organismos internacionales existe impunidad cuando el aparato judicial no actúa o cuando se expiden normas tendientes a sustraer de la acción judicial a los responsables. Sin embargo, esta impunidad puede llegar a ser de carácter político, como en el caso de la élite política colombiana que a propósito de la JEP, tomó la decisión de realizar un pacto para no rendir cuentas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Negar las reformas económicas y políticas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz, haciéndolas “trizas”, son también una forma de profundización de la injusticia social, es decir de la impunidad.En la opinión pública, solo se ha advertido la modificación de lo acordado en los temas de justicia, lo cual tal vez se deba a la herencia santanderista, al fetiche de la norma para resolver los conflictos. Sin embargo, es preciso señalar que de las 34 medidas prioritarias dispuestas en el Acuerdo durante el primer año, solo se han cumplido 12. Significa que menos de un 30% de las medidas tempranas que debieron realizarse se han ejecutado. A ese ritmo, no alcanzarán los tres periodos presidenciales previstos para implementar. En síntesis, los avances en la implementación del Acuerdo Final fueron más contundentes con relación a la “terminación del conflicto armado” y la dejación de armas por parte de las FARC que la contribución del gobierno a la “construcción de una paz estable y duradera”. Pese al panorama, es ese 30% de implementación temprana el que tendremos que defender en esta nueva etapa, a través de la movilización ciudadana y la acción parlamentaria. En esta última etapa del gobierno saliente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación le apuntó a la aprobación en el Congreso dela República, de normas clave, a saber: la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para campesinos cultivadores, medidas de tratamiento penal diferencial para mujeres, la reforma a la Ley 152 necesaria para la financiación de la Paz, y finalmente, las normas procesales de la JEP. Por lo visto, el Congreso y los partidos políticos no le cumplieron al país y a la historia.
Hacer trizas el Acuerdo no es pasarlo por una trituradora de papel. Es el modus operandi de la no implementación y dilación de los aspectos nodales requeridos en el Plan Marco de Implementación diseñado por las partes; es la utilización del Congreso para realizar modificaciones vía normativa que desvirtúan lo pactado en La Habana; es la aplicación de un Acuerdo Político entre élites para no implementar y mantener el statu quo de su impunidad. Este será el combustible de un nuevo ciclo de la acción social, no conocida en Colombia
Las normas procesales de la JEP en su versión actual y la intención de que sean discutidas en una nueva legislatura son un plan sistemático para acabar con el Acuerdo de Paz. Se retardará su trámite para exigir con la nueva correlación en el Congreso los cambios que el Centro Democrático propuso. Por esta razón, no basta con que se aprueben las normas procesales, sino que se debe respetar el contenido esencial de lo acordado. Los objetivos del uribismo para iniciar el desmonte de la JEP con sus nuevos mejores amigos son claros: introducir modificaciones al modelo de otorgamiento de verdad y responsabilidad; limitar el sometimiento de los mal llamados terceros; profundizar la idea de un tribunal únicamente para las FARC; eternizar los procedimientos en contra de los derechos de las víctimas. En síntesis, realizar una copia del fallido procedimiento de Justicia y Paz.
Nuevamente las elites políticas no rendirán cuentas quienes nunca han respondido y mayor responsabilidad tienen en este conflicto.
http://semanariovoz.com/modelo-impunidad-las-elites/

#Colombia: ¿Gaseosas Postobón experimenta con niños?  

 
 
Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra” Lucho Gómez

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

Desde el año pasado, cuando se conoció el interés desde la empresa de bebidas Postobón por suministrar una bebida a 3.130 niños y niñas en La Guajira, que no contaba con las exigencias del Ministerio de Salud, las ambigüedades de la empresa sobre el contenido del producto y su verdadero interés en suministrarlo a los niños, abrió la polémica por los verdaderos intereses de esta empresa.
Algunas entidades y organismos de vigilancia indicaron que las bebidas podrían ser nocivas para la salud de los menores, y contrario a lo que afirmaba la empresa, estas no contenían ningún suplemento nutricional que ayudara a la salud de los infantes.
La Liga Contra el Silencio, el colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación adelantaron una investigación que se pubicó en Vice Colombia. Allí señalan que la bebida Kufu, llegó a La Guajira desde el 7 de julio del 2017, en el marco de un evento de “estrategia social” en la institución etnoeducativa Laachón-Mayapo. En este espacio hizo presencia la junta directiva de Postobón en cabeza de su presidente, Miguel Fernando Escobar Penagos.
También se informó que en el marco de este evento, la empresa señaló que 3.130 menores en condición de vulnerabilidad de Nazareth, Uribia, Manaure y Riohacha, recibirían esta bebida de forma gratuita durante seis meses, “como parte de su dieta diaria, dos unidades de Kufu que complementarían sus planes alimentarios” con el objetivo aparente de atacar el hambre oculta.
Sin embargo, para septiembre del año pasado, por medio de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría advirtió que dichas bebidas, a pesar de tener algunos nutrientes, no contienen ninguno que mejorara la nutrición de las niñas y niños. Es decir, carece de elementos como el calcio, el hierro, las proteínas o calorías. También mostraron su preocupación por los exámenes que se le adelantaron a los niños con el fin de evaluar efectos de dichos líquidos.
¿Qué está detrás de las bebidas Kufu?
Según denunció el médico pediatra, Lucho Gómez, el escándalo se conoce gracias al comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría, difundido a través de redes, y el activismo de la médica Esperanza Cerón, quien ha sido amenazada por sus denuncias sobre los riesgos de bebidas azucaradas.
Lucho, quien es un líder social de la región, y ejerce un papel importante con las comunidades para la protección de sus derechos en salud, en diálogo con VOZ, señala que este producto contiene selenio y cinc, elementos que al consumirlos en grandes cantidades afectan la salud. “El selenio incrementa la incidencia de caries y altera la síntesis de proteínas, causando graves síntomas nutritivos, y el cinc trastornos gastrointestinales”, afirma el pediatra y alerta que es imposible que las entidades de salud y educación tanto departamentales como regionales de Manaure no conocieran “que más de 3.000 niños estaban consumiendo Kufu, dos veces al día durante seis meses. Además que, a excepción de Uniguajira Stereo, los demás medios del Caribe han ocultado la información”.
Para este pediatra que ha estado vinculado a diversas investigaciones sobre temas de salud y nutrición, es inconcebible que sucedan estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los menores en medio de un silencio cómplice desde las instituciones de la región.
Experimentación con humanos
Lucho asegura que este procedimiento con niños, cobijado con un falso programa social, es “gravísimo porque antes de adicionar oligoelementos a bebidas y comidas debe cuantificarse su contenido en agua y suelos para evitar excesos, y el suministro y/o aplicación de un elemento a niños y la observación, cuantificación o valoración de sus efectos, se llama experimentación en humanos”.
También afirma que es necesario denunciarlo ante la comunidad internacional. “Las denuncias se puede instaurar ante organismos internacionales, que protejan poblaciones indígenas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra.
Desde diversos espacios que instan al cuidado y la protección de los niños y niñas, se exige una investigación exhaustiva en contra de la empresa Postobón, y las instituciones regionales que conociendo la situación, no actuaron y por el contrario, a pesar de los escándalos generados por algunos medios nacionales gracias a las indagaciones hechas por terceros y la comunicación de la Federación Colombiana de Pediatría, desde el año pasado, el silencio reina en la región.

#Colombia: El enemigo de los trabajadores y el pueblo

#Colombia el enemigo de los trabajadores….de sus derechos…..el y su títere y todos los que compartan sus ideas y les voten.

aumento en la edad de pensión para favorecer a los fondos de pensiones…modelo neoliberal en su maxima expresion

video tomado de redes sociales

fuente: https://youtu.be/Yusm5zopm9s Sigue leyendo

#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

 
 
Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.
 
Rubiel Vargas Quintero
El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.
El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.
La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.
El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.
En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.
La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.
Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.
Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.
El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.

Poder corporativo, libre comercio y fraude fiscal: una sola ecuación

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La lucha contra el paradigma del libre comercio es fundamental. América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica, que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal. La Alianza del Pacífico gana espacios. Un necesario debate

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos

Desde mediados de la década del noventa, el movimiento social a nivel global comenzó a colocar como prioridad en sus agendas de lucha el tema comercial, dándole especial énfasis a una crítica completa al paradigma del libre comercio, que se colocó como premisa teórica de la puesta en marcha de la globalización neoliberal.

El primer escenario de la batalla contra el paradigma del libre comercio fue la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se avanzó creando un entramado jurídico global de carácter obligante que profundizó la lógica de la desregulación comercial: agresivas desgravaciones arancelarias; eliminación de marcos regulatorios al capital financiero; y fortalecimiento de la protección unilateral a las inversiones externas.

Los efectos no se hicieron esperar en los denominados países del tercer mundo, que empezaron a sufrir las consecuencias de esta lógica del libre comercio. Y por tanto, se empezó una “rebelión” al interior de la OMC, liderada principalmente por quienes luego formarían el bloque de los Brics a fin de detener, en alguna medida, esta ofensiva libre cambista, llevando a lo que muchos llaman al “fracaso de la Ronda de Doha” o lo que es lo mismo, que los promotores del libre comercio no pudiesen terminar su labor al estancarse en los llamados “cuatro temas de Singapur”: 1) libre competencia, 2) facilitación del comercio, 3) protección de inversiones y 4) compras del sector público. La condición fue que se resolviera en el seno de la OMC el tema de los subsidios al sector agrícola en el norte (léase Estados Unidos y Europa, principalmente), para luego abordarse los temas de Singapur.

Ante el fracaso de la Ronda de Doha, la estrategia neoliberal acentuó la promoción de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el caso de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron la ofensiva del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fracasó por la alianza entre los recién llegados gobiernos progresistas y el movimiento social. Ante ello, Estados Unidos continuó con el impulso bilateral de TLC.

En efecto, la mitad de América Latina y el Caribe (México, Centroamérica, Caricom, Perú, Colombia, Chile) está constituida por economías que se rigen por el paradigma del libre comercio, con TLC entre ellas y con tratados con países de fuera de la región. Sólo se mantienen fuera de la lógica de los TLC el Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela) además de Ecuador y Bolivia.

Aparejado a la existencia de los TLCs, se fue profundizando esta institucionalidad neoliberal con el impulso que se dio a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (también conocidos como TBI). De forma que se liberalizó el comercio vía TLC y se le dio una protección privilegiada a la inversión extranjera vía TBI.

La dimensión fiscal

Una dimensión que no se había considerado en el ataque al libre comercio fue la fiscal, es decir los impactos provocados por dichos acuerdos en la recaudación tributaria. Gracias al movimiento global por la justicia fiscal se empieza a hacer una correlación de factores que obligan a hacer los vínculos de la desregulación comercial y de inversiones, con la opacidad, la evasión, la elusión y el fraude fiscal.

Estos vínculos, empiezan a relacionar cómo la desgravación arancelaria impacta las cuentas nacionales en términos de los impuestos que dejan de cobrarse a las importaciones. Asimismo, cómo los procesos de desregulación financiera y el libre tránsito de capitales impactan en las cuentas de capital de los Estados. De igual forma, cómo los principios de Trato Nacional (TN) y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren portillos para la elusión de las transnacionales y también cómo las políticas de atracción de inversiones basadas en exoneraciones o privilegios fiscales van provocando inmensos costos en términos de gasto tributario para los países.

Asimismo, se ha observado que luego de la suscripción de un TLC, normalmente sigue la suscripción de un acuerdo de doble tributación, ventajoso para los países de donde proviene la inversión transnacional en el pago del impuesto a la renta. Es que el principio que rige la tributación en estos acuerdos es el de “residencia” y no el de “fuente”. De esta manera, una empresa extranjera no tributa ni en el país donde extrae la renta, ni en el de donde proviene, sino donde estratégicamente ha puesto su sede: Gran Caimán, Delaware, Islas Vírgenes y otras jurisdicciones opacas.

Finalmente, toda esta maraña de acuerdos de inversiones, libre comercio y doble tributación facilita la planificación tributaria, desarrollada por grandes estudios jurídicos que saben muy bien cómo y dónde constituir sociedades comerciales para no pagar impuestos. El escándalo de los Panamá Papers es una clara muestra de ello.

Crisis del posneoliberalismo

Hoy América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal heredada de las décadas de los ochenta y los noventa. La irrupción de la derecha en Argentina, el golpe de estado en Paraguay, el golpe de estado en curso en Brasil y la victoria de la derecha en el parlamento venezolano, han posicionado de nuevo al paradigma del libre comercio en esta subregión latinoamericana.

La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos en la región, los gobiernos del Mercosur inician la presión para que finalmente este proceso modifique su carta constitutiva que inhibe la firma de Tratados de Libre Comercio, esos mismos gobiernos se animan a reanudar la negociación para la firma de un TLC entre la Unión Europea y Mercosur, que se uniría a los que ya tiene la Unión Europea en vigencia con Centroamérica, México, Chile y Perú/Colombia.

Diversos países de América Latina están participando a fondo en las negociaciones del TISA, que abre sectores fundamentales (educación, salud, agua, servicios municipales, correos, transporte, etc.) a la participación privada de transnacionales. México, Perú y Chile participan activamente en el ya suscrito Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés como TPP).

El poder corporativo transnacional tiende a fortalecerse por medio del impulso de diversos tratados o de inversiones, que se orientan a profundizar la desregulación de los grandes capitales, y que constituyen verdaderos candados jurídicos a políticas reformistas orientadas al bien común.

Visibilizar esta situación, abrir el debate para comprender en toda su dimensión las características del fenómeno y generar nuevas articulaciones de denuncia, resistencia y propuestas de cambio, son tareas urgentes para el movimiento social de América Latina.

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) trabaja desde hace más de quince años en toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera, deuda y nuevas economías.

www.latindadd.org, www.facebook.com/latindadd, www.twitter.com/latindadd

Artículo introductorio de la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimientotitulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd. http://www.alainet.org/es/revistas/51

 

tomado de: https://www.semanariovoz.com/2016/08/19/poder-corporativo-libre-comercio-y-fraude-fiscal-una-sola-ecuacion/

#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA: Clacso se solidarizó con el profesor Miguel Ángel Beltrán

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En una serie de declaratorias aprobadas al finalizar la XXV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Medellín este 9 de noviembre, Clacso expresó su solidaridad con el docente colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, condenado a cien meses de prisión por el delito de rebelión.

El fallo contra el profesor fue emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá que, en diciembre de 2014, revocó la decisión de la Jueza Cuarta Penal Especializada de esa ciudad quien había absuelto al catedrático, detenido desde el 21 de mayo de 2009.

Refiriéndose a la persecución y criminalización del pensamiento crítico, la declaratoria de Clacso por la libertad del doctor Miguel Ángel Beltrán, expresó su preocupación por la detención del docente máxime cuando en el país se adelanta un proceso político de paz.

De igual forma, recordó que el docente e investigador colombiano desarrollaba un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde “mostró una total dedicación a la vida académica y al pensamiento crítico.”

Beltrán Villegas es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México, y Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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