Fiscalía tuvo que salir a hacer salvedad sobre el caso de “Los terroristas de Bogotá”

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A pesar de que todos los detenidos el pasado jueves fueron señalados de ser los autores de las últimas atentados acaecidos en Bogotá, la Fiscalía hizo una revelación en la que casi debió recular sobre los juicios generalizados sobre estas personas: diez de los trece capturados solo están siendo investigados por los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Es decir que no están siendo involucrados en los atentados terroristas como los del pasado 2 de julio donde se presentaron ocho heridos y con los cuales muchos personajes del uribismo asociaron en sus redes sociales.

En ese sentido, según las propias autoridades, los nombres de los siguientes

detenidos no pueden ser relacionados como miembros del ELN: Paola Salgado Piedrahita,  Andrés Felipe Rodríguez Parra, John Acosta, Estefany Lorena Romo, Sergio Esteban Segura, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Daniel Eduardo Muñoz, Lizeth Johana Acosta y Félix Gutiérrez Díaz.

Ejemplos de Acumulación por Desposesión-DESALOJO HABITANTES JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL

 
 
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia – trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
 
 
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
“Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar”. Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón – las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
 
 

Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.

Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.

El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.

En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.




Desalojo Jarillón Venecia

En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
 
 

tomado de: http://calihoy.blogspot.com/2015/06/desalojo-de-habitantes-del-jarillon-en.html?spref=fb

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

Sabemos que Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN (por nombrar algunos) mantienen una incesante campaña mediática desde Colombia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. La matriz derrocha tinta y baba cotidianamente contra el país mientras hace caso omiso de los problemas internos colombianos (que, por fuerza, se han impuesto por actores foráneos).
Atacan a Venezuela Bolivariana en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Sin embargo, los dardos esta vez han sido devueltos por el presidente Nicolás Maduro, no para socavar la herida de la gente que siente el yugo del neoliberalismo sobre su hombro, sino para frentear a la oligarquía mediática en un debate que el propio Maduro puso sobre la mesa.
En la noche del domingo 22 de febrero, el presidente Maduro tuiteó cifras sobre los emigrantes colombiana en Venezuela. La cantidad ronda los 5 millones de neogranadinos, de los cuales 800.000 emigraron en 2014. Añadió que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000; en 2014, otros 144.000; mientras que en enero de 2015 arribaron 12.000 al país. Cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece.
Para culminar, Maduro concedió “muchas más cifras de la verdad. Cifras oficiales de Colombia señalan que emigraron a USA (Estados Unidos) 1.600.000 y a España 1.200.000 ¿Por qué será?”.

La violencia: procurador general de la emigración colombiana

La historia colombiana ofrece los primeros datos: desde 1948, la violencia en el hermano país ha minado en el cuerpo social como el cáncer en la sangre humana. Con el llamado Bogotazo empezó una época denominada por los académicos como La Violencia, que determinó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en un país que alcanzaba a tener una población total de 11 millones de habitantes. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo “El desplazamiento forzado y la pacificación del país”, identifica tres oleadas de emigración forzada por desplazamiento del conflicto bélico que ha arreciado en Colombia.
“Los desplazados de países como Ruanda, Burundi y Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000: prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra)”, dice Rueda Bedoya. En este momento, el hermano país, según cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), no sólo es el que cuenta con más emigrantes en la región sino con más desplazados en el mundo con un estimado de 4.9 y 5.9 millones.
La Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela maneja otra cifra: los desplazados llegan a la cantidad de 8.300.000. Dice Juan Carlos Tanus, investigador de la institución, que el Gobierno de su país no se sincera con esta realidad “por razones políticas”.
A esto hay que agregarle agentes y factores como el paramilitarismo, el ejército, el conflicto con las guerrillas revolucionarias y la emigración económica: el colombiano que busca cierto bienestar que el Estado de su nación le niega por transar en las últimas décadas 11 Tratados de Libre Comercio con los poderes hegemónicos del Norte.
La violencia no sólo se manifiesta cotidianamente a punta de cañón, sino en la economía y el trabajo del colombiano de a pie.

Factores de la migración, destino Venezuela

Félix de Alcázar, presidente de la organización antes mencionada, refiere cuatro factores fundamentales que devienen del relato de la violencia histórica para entender la migración colombiana:
-Económico: el sueldo básico de un trabajador promedio (de 644.000 pesos por mes) no alcanza para sostenerse a sí mismo ni a su familia debido a la alta tasa de inflación y el alto costo de los bienes y servicios. En Venezuela, por el contrario, dice de Alcázar, “se le defienden sus derechos laborales al trabajador con cestatickets, seguro social y médico, además de las pensiones y jubilaciones; se le explota menos que en un país neoliberal como Colombia”.
-Político: Tanus alega que en Colombia “el Estado no se preocupa por que la gente viva con todos los derechos básicos del ciudadano; en Venezuela sí hay un Estado de derecho constituido por una revolución”.
-Social: “El problema social deriva directamente del político, porque quien no tiene para comer es porque no consigue trabajo o no le alcanza el dinero. Y aquí el colombiano, sea por vía ilegal como el contrabando, por vía comercial o por otras, consigue incluso triplicar el sueldo mínimo de acá”, declara el presidente de la organización.
-Judicial: la violencia en Colombia goza de impunidad debido a las instituciones signadas bajo el influjo narcoparaco que las sostiene. Los poderes judiciales no amparan al campesino que se cruza entre las balas ni al proletario empobrecido hasta la pauperización que duerme en las plazas públicas de Bogotá. El tema de derechos humanos en el hermano país, además, tiene eslabones perdidos. Tanus, exiliado político en Venezuela Bolivariana, víctima de dos intentos de asesinato cuando residía en su país (1993 y 1996), sabe de eso.
Como trágica cereza sobre el pastel, para el año 2008, aproximadamente 230 colombianos cruzaban diariamente la frontera hasta suelo venezolano. Para este año se calculan alrededor de 300, según datos recogidos por la asociación. Algunos cruzan de forma legal, otros “por caminos verdes, atravesando ríos”, refiere Tanus.

Metodología para la investigación

Gustavo Rodríguez, quien es el responsable de la organización en el estado Lara, dice que “tenemos años recorriendo el país para suministrarnos de información. Los colombianos que están aquí convergen entre cuatro identificaciones, o no identificaciones: los irregulares, los que transitan la frontera diariamente, los que están incluso nacionalizados, y los que nacieron acá de padres colombianos”.
Desde la asociación creen que los parámetros para medir en estadística a los emigrados desde Colombia no toman en cuenta sino el factor de vivienda: “Faltan otras medidas como la situación económica, la ilegalidad de nuestros compatriotas, en qué área de producción trabajan, incluso la situación de emigración en que llegan a este país”, recalca Rodríguez. Tendría razón, porque como acota Tanus: “El origen de la migración colombiana es rural debido a la violencia”, cuestión que se silencia en el relato de la oligarquía colombiana. Y resalta que “nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por recabar esta información que el compañero Maduro tiene”.
En este caso, la metodología para la cuantificación, la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela ha hecho un trabajo de hormiga, ya que las fuentes oficiales no ofrecen esta rigurosidad. Las decenas de cajas llenas de archivos, encuestas y papeles de todo tipo y color (en proceso de digitalización) demuestran su testimonio.

Reconocimientos y desconocimientos

Las cifras que lanzó el presidente Maduro coinciden plenamente con los indicadores investigados por la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela. Mas estas cifras no se conocen oficialmente sino por medio del presidente, del cual varios medios se han hecho eco.
El trabajo de esta institución consiste no sólo en dar a conocer datos y estadísticas sobre la realidad de sus compatriotas en suelo venezolano, sino también darle un signo político: “Que el colombiano conozca las causas y los factores fundamentales de su emigración” para así poder pensar a Colombia “desde otra realidad que no fuera la de la violencia sino desde el bienestar”, dice Tanus.
Un dato que destaca desde la asociación civil son las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuando entregaron a la justicia venezolana al naziconspirador Lorent Gómez Saleh. Dijo que “las buenas relaciones (entre Venezuela y Colombia) son en beneficio de ambos países en particular de más de 4 millones de colombianos que viven en territorio venezolano”, lo que significa que el primer mandatario colombiano reconoce “de alguna forma”, dice Tanus, el problema de la migración.
Según de Alcázar, la apertura política que significaría una negociación sensata entre el gobierno de Santos y las guerrillas traería, en cuanto al cese de la violencia, un buen augurio para que la sociedad colombiana asumiera el debate de la migración y, por ende, “la de todos los renglones del país”, además de “garantías electorales” para que un frente distinto llegue al palacio Nariño.
Este sería el escenario adecuado, como refieren los de la organización de colombianos en Venezuela, para regresar a casa.
RNV

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: TESTIMONIOS DE HABITANTES DE LA VEREDA “LA ESPERANZA” EN CAUCA DESMIENTEN VERSIÓN OFICIAL  

 
 
La versión de los habitantes de la vereda “La Esperanza”, lugar en el que se registró la muerte de 11 soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo de las FFMM, es muy diferente a la que se ha conocido como la versión oficial.
Según la verificación realizada por el Frente Amplio por la Paz, cerca de 300 habitantes del caserío, denunciaron que los militares se habían apostado en el polideportivo del caserío desde el pasado 19 de Marzo y no se retiraron de allí, pese a los reclamos de los habitantes, argumentando que “tenían una orden superior” para permanecer en el centro urbano.

Según los testimonios entregados por los habitantes de la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, los disparos comenzaron a escucharse hacia las 11:30 de la noche del martes y solo terminaron entre las 5 am y la 6 am del miércoles 15 de abril, este testimonio deja claridad en el hecho de que si hubo combates entre el Ejercito y la Guerrilla, y no un ataque unilateral, como han afirmado los medios.
En cuanto a las afirmaciones de oficiales militares, en torno a que los militares estaban en el polideportivo para resguardarse de la lluvia, y solamente desde la misma noche del enfrentamiento, la comunidad afirma que cuando comenzaron los combates no estaba lloviendo y que sólo después de varias horas de comenzados los enfrentamientos fue que el clima comenzó a arreciar.
Según Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, los habitantes de la vereda La Esperanza, solicitaron a los militares que se retiraran del Polideportivo puesto que es un espacio para la población civil y se encuentra a tan solo 50 metros del sector poblado, los militares se retiraron durante 4 días pero volvieron y se asentaron allí, instalando una base militar desde el 11 de Abril, es decir, 5 días antes del hecho que dejó un saldo de 11 militares muertos. Esta evidencia dejaría claro que los militares, asentados en la base si tuvieron las condiciones para defenderse siguiendo los protocolos de seguridad para la instalación de una base militar.
Adicionalmente los habitantes denunciaron, ante la delegación del Frente Amplio, que en la cocina de una de las casas del sector poblado, se encontró el cuerpo sin vida de uno de los militares, lo cual evidenciaría que hubo clara infracción del Derecho Internacional Humanitario, al usar el polideportivo como base militar, pero también al buscar las casas de los civiles para resguardarse en medio de un combate y en una zona de alta confrontación.
Así las cosas, la versión entregada por militares y reproducida por diversos medios de información quedaría desmentida por los habitantes de la vereda, quienes son los testigos directos del lamentable hecho.

A LAS MUJERES* MARIA CANO

A LAS MUJERES*

MARIA   CANO

Pronto hará cuarenta años que fui traída por las masas trabajadoras del país en cuya amable compañía estuve mientras se consideró que podría serles de alguna utilidad. Y fui a confundirme con la gran marea popular -desde mi modesta posición de escritora de periódicos y revistas-, porque tenía la convicción entonces, como la tengo ahora, de las razones justas que impulsaban al pueblo trabajador a luchar por sus legítimos e intereses, y de la necesidad que tenía y tiene todavía la Nación de una nueva fuerza social que, unida y poderosa, la redima de la miseria y la ignorancia. Agitadora de las ideas comunes a toda noble aspiración de la gente que trabaja, clamé con mi voz encendida de fervor fraternal por la unidad de las masas en sus organizaciones y en sus luchas. Hice mi primera gira por la región minera de Segovia, en Antioquia, y después recorrí como una bandera todo el país. Desde Buenaventura, en el mar del Pacífico, hasta Santa Marta en el mar del Atlántico, mi voz de mujer estimulo las multitudes. Porque fueron multitudes como grandes ríos las que afluyeron a los teatros y plazas públicas a oír el mensaje de lucha que les llevaba. Extraño pero más interesante, el hecho de que fuera una mujer la que sembrara esa llama de inquietud revolucionaria por los caminos de la patria. Extraño pero lógico porque ya la mujer no estaba solamente en la casa, en el pequeño taller y en el campo de cultivo, sino también en las grandes fábricas, en el amplio comercio, en oficinas e instituciones. ¿No es lógico igualmente que la mujer esté, con los mismos derechos del hombre, en todos los frentes de la actividad económica, social y política de la, nación? Desde luego, era más estrecho el tiempo en que yo actué como agitadora de ideas por medio de mi palabra y mis escritos. No existían ciertas libertades y derechos que ahora se reconocen en la mujer. Pero entonces como ahora, lo esencial era y sigue siendo movilizar a la gente; despertarla del marasmo; alinearla y poner en sus manos las banderas de sus tareas concretas. ¡Y que las mujeres ocupen su lugar! En esta fecha, 8 de marzo de 1960, en que conmemoráis el Día Internacional de la Mujer, aceptad este mensaje de quien llevó por un tiempo en sus manos esa llama de inquietud que ahora desea ver en las vuestras

* Tomado de: Iván Marín, María Cano en el amanecer de lo clase obrera, Bogotá, Instituto María Cano, ISMAC. 1985.

EL COSTO DE SER TRABAJADOR INDEPENDIENTE ( POR CONTRATO) EN COLOMBIA: COSAS DEL NEOLIBERALISMO

El costo de ser trabajador independiente.

El costo de ser trabajador independiente

Antes de aceptar un contrato de prestación de servicios, haga sus cálculos. Sabía que un trabajador independiente necesita ganar 60% más que un asalariado para tener el mismo nivel de ingresos. Conozca las diferencias entre ambos contratos.

 
Una persona con contrato laboral, cuando no se ha pactado salario integral, recibe 12 sueldos al año, prima, cesantía, 12% de intereses sobre las cesantías, 15 días de vacaciones al año, pensión, EPS, riesgos profesionales y caja de compensación familiar.
Por prestación de servicios, la persona recibe únicamente el monto pactado, al que debe descontarle el 11% de retención en la fuente, sin importar cuál sea el valor del contrato. Se acaban las vacaciones remuneradas y usted será el encargado de pagarse su salud y hacer su plan para pensionarse.
Así, que si usted es trabajador independiente, va a necesitar ganar más dinero para poder tener el mismo ingreso neto que si estuviera contratado como asalariado.
ontrato laboral vs. prestación de servicios
El contrato por prestación de servicios es muy diferente al contrato laboral, ya sea a término fijo o a término indefinido. Para empezar, el contrato de prestación de servicios está regulado por los códigos Civil o de Comercio, según sea la actividad, mientras que el contrato laboral está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. La legislación laboral de Colombia establece que hay tres elementos esenciales que determinan que hay contrato laboral: remuneración, subordinación y prestación personal del servicio. No importa que no se firme un contrato, cuando se cumplen estos tres elementos, el contrato existe. En la prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el trabajador no debe tener un horario fijo, ni acatar órdenes permanentes, únicamente debe cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado, en el plazo acordado.
Contrato laboral: ¿cuáles son los beneficios de los trabajadores y los costos para las empresas?
Cuando una empresa contrata a un trabajador debe pagar por sus servicios mucho más que el sueldo que le consigna mes a mes, ya que debe cubrir cargas prestacionales, parafiscales y aportes a seguridad social. A la empresa le cuesta tener a un empleado con el sueldo mínimo más de 1,7 veces el sueldo que recibe. Las cargas prestacionales son: la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y las vacaciones. Todas las empresas deben pagar a los empleados que no tienen un salario integral, un salario mensual extra al año del cual la mitad se paga el último día de junio y la otra mitad el 20 de diciembre. Esta prima se calcula sumando el salario básico más los pagos por horas extra, comisiones y auxilio de transporte.
Prima de servicios = (Salario mensual) x días trabajados semestre
 ———————————————————–
              360
Las cesantías son un salario mensual que recibe el empleado por cada año de trabajo. Se consignan en la cuenta individual del fondo que el trabajador elija, a más tardar el 14 de febrero.
 Cesantías = (Salario mensual) x días trabajados
                       —————————————————-
360
Los intereses se pagan en el mes de enero. Se deben dar 15 días hábiles de vacaciones al año, remunerados.
Intereses sobre cesantías = Cesantías x días trabajados x 0,12
                                                       ————————————————
                                                   360
Los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado equivalente a quince días hábiles por cada año trabajado.
Vacaciones = Salario mensual básico x días trabajados
                            ——————————————————-
             720
Los pagos parafiscales –aportes al ICBF, al Sena y a las cajas de compensación familiar– le cuestan a la empresa el 9% del sueldo de cada empleado al mes. Las cajas de compensación ofrecen servicios de recreación turística, como hoteles y clubes y si la persona gana hasta cuatro salarios mínimos recibe un auxilio económico por cada hijo que esté estudiando.
Los aportes a seguridad social son pensiones, EPS y riesgos profesionales. El costo de estos últimos va 100% a cargo del empleador. Los aportes por pensión son, a partir de este año, el 16% del salario (4% a cargo del empleado y 12% del empleador). Por salud, se debe pagar el 12,5% del salario, del cual el 8,5% lo asume la empresa y el otro 4% el trabajador.
Los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos tienen derecho a tres juegos de dotación, es decir, un par de zapatos y un vestido cada 4 meses. Las fechas en las que se debe entregar la dotación son abril 30, agosto 31 y diciembre 20. En caso de que el empleado muera, la empresa tiene la obligación de pagar una suma igual al último mes de salario por gastos de entierro.
Con contrato laboral, los empleados tienen derecho a la liquidación legal de sus prestaciones sociales cuando se termina el contrato. En caso que se presente una incapacidad, ésta deberá ser remunerada, al igual que la licencia de maternidad. Si se despide a un trabajador sin justa causa, la empresa debe pagarle una indemnización equivalente a 30 días de salario por el primer año de trabajo.
Prestación de servicios: ¿Qué descuentos aplican?
En este caso la empresa únicamente paga el valor acordado por el servicio. No paga ni licencias de maternidad, ni incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni vacaciones. Además, el contrato de servicios al no estar regulado por el código del trabajo no está sometido al salario mínimo, motivo por el que puede hacerse por el monto que se desee.
Al contratista le hacen una retención por honorarios que es del 10% para las personas no declarantes y del 11% paras las declarantes y le descuentan un 1% adicional para el impuesto de Industria y Comercio Agregado (ICA).
Los trabajadores independientes también deben pagar su totalidad pensión y salud. Por pensión debe pagar el 16% sobre el 40% del valor bruto facturado (es decir el 6,4% sobre el valor total del contrato sin descontar la retención) y por salud, el 12,5% sobre el 40%, (esto es, el 5% sobre el total del contrato).
En este tipo de vinculación, las personas no tienen que cumplir un horario y por lo tanto, puede administrar su tiempo como desee y tener tantos contratos como su capacidad y su tiempo lo permitan.
El trabajador independiente debe recibir un 60% de más que el asalariado
Pongamos el caso de dos personas. La persona A gana $1’000.000 por contrato laboral y la B $1’000.000 por prestación de servicios.
A recibe como salario neto $981.500 (que se obtienen de sumarle el subsidio de transporte de $61.500 y restarle los $80.000 que le descontaron por aportes a salud y pensión). Hay que tener en cuenta que por prestaciones sociales, el asalariado recibe un 22% más de su salario cada mes, por lo que A recibirá en promedio $1’210.623. Y si se le suma la dotación que constituye salario en especie, su ingreso neto mensual será de $1’236.623.
Por su parte, B debe pagar $110.000 por retefuente e ICA y hacer aportes a Salud y Pensión por $114.000, por lo que su ingreso neto será de $776.000. A recibe todos los meses $460.623 más que B.
Para que ambos empleados tuvieran el mismo ingreso neto sería necesario que B ganará un básico de $1’593.200. Esto quiere decir, que B debería ganar un 59,3% más que A para que ambos mantuvieran el mismo nivel de vida.
Escenario 1: A gana $460.623 más que B
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Escenario 2: A y B tienen el mismo ingreso neto
salarios#1

 

La bananera de EEUU armó a los paramilitares colombianos

 

 

La Fiscalía de Colombia pedirá la extradición de los directivos de Chiquita, la antigua United Fruit Co. La Justicia acusa a la multinacional de financiar una red que perpetró 11.000 asesinatos

 
La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin antes de que acabe el año. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacres y apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo, que ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.
La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por “concierto para delinquir agravado”. El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la “protección” de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.
Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto esta-dounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, “es el caso más grande de terrorismo de la historia reciente, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York”. Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Alburquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.
“República bananera” ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruteras estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 aniversario de la “matanza de las bananeras” perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central enCien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.
Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. La declaraciones voluntarias de los jefes paras, en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”, que les garantiza impunidad a cambio de la “verdad” y de una improbable “reparación” a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores los de derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el protagonismo de “bandas emergentes”, como las Águilas Negras.
Confesiones de paramilitares
Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcacionesChiquita Bremen y Chiquita Belgie embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.
Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los paras por su “protección”. Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.
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