#Colombia #Bogota Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

 

Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

En un video quedó en evidencia cómo los conducidos a las Unidades Permanentes de Justicia reciben tratos decadentes que dan cuenta de violación de derechos humanos.
Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian.

Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.

Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación.

Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.

Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.

El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.

Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.

Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.

El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. “Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería”.

El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. “La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo”.

Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.

texto: semana http://www.semana.com/nacion/multimedia/denuncia-a-la-policia-de-bogota-por-tratos-inhumanos-en-la-upj/471205

video: el espectador https://www.youtube.com/watch?v=vO_mbwg5YFs

PRESOS POLITICOS EN COLOMBIA: Clacso se solidarizó con el profesor Miguel Ángel Beltrán

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En una serie de declaratorias aprobadas al finalizar la XXV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizada en Medellín este 9 de noviembre, Clacso expresó su solidaridad con el docente colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, condenado a cien meses de prisión por el delito de rebelión.

El fallo contra el profesor fue emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá que, en diciembre de 2014, revocó la decisión de la Jueza Cuarta Penal Especializada de esa ciudad quien había absuelto al catedrático, detenido desde el 21 de mayo de 2009.

Refiriéndose a la persecución y criminalización del pensamiento crítico, la declaratoria de Clacso por la libertad del doctor Miguel Ángel Beltrán, expresó su preocupación por la detención del docente máxime cuando en el país se adelanta un proceso político de paz.

De igual forma, recordó que el docente e investigador colombiano desarrollaba un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde “mostró una total dedicación a la vida académica y al pensamiento crítico.”

Beltrán Villegas es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en México, y Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Guajira colombiana es gobernada por una narcodinastía

Kiko Gomes y Juan Manuel Santos
La parapolítica y el narcotráfico han venido reforzando su progresiva institucionalización en el tejido político y social de La Guajira colombiana desde hace aproximadamente 25 años. Nada fuera de lo común en un país como Colombia, donde el ya regularizado ejercicio formal de la política es la síntesis final de la lucha intestina (y permanente) entre grupos criminales dedicados a la paraeconomía en toda su amplia gama de actividades y al financiamiento del aparato de seguridad paramilitar tan indispensable para que el primero pueda funcionar y desarrollarse en amplias longitudes territoriales.
Es quizás en La Guajira colombiana, por su condición geoestratégica fundamentalmente, que el advenimiento de narcodinastías empotradas desde hace décadas en la dirección estadal en este departamento fronterizo puede observarse con una mayor claridad en la actualidad.
La exposición que exhibe el departamento de la Guajira colombiana con el Océano Atlántico constituye un canal marítimo y aéreo privilegiado para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, como también lo es el amplio nexo territorial fronterizo con Venezuela en la consumación de redes mafiosas de contrabando ininterrumpido de combustible y mercancías de distinto tipo.
Ambas facultades geográficas representan un circuito de acumulación paraeconómica inmensamente rentable.
Es gracias a este posicionamiento territorial que la narcodinastía de los Ballesteros-Bernier se han apoderado política y económicamente del departamento, mediante sus estrechísimas relaciones con el paramilitarismo, con el lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional y con el contrabando de combustible y otros productos desde Venezuela.
Jorge Ballesteros, ex senador de La Guajira por el partido de Juan Manuel Santos (el Partido de la U), es el padre del actual gobernador de dicha entidad, José María Ballesteros. Ballesteros padre fue el primer gobernador electo en el año 1992.
Jorge Ballesteros es hermano del famoso “Hombre Marlboro”, Samuel Santander Lopesierra, quien en el año 1986 figuró como concejal de Maicao y dos años después como diputado nacional por el departamento de La Guajira. Fue uno de los operadores más importantes del narcotráfico y el contrabando de la zona mediante las conexiones que sostuvo durante años con la poderosa familia Mansur, radicada en Aruba y Miami, la cual ostentaba los derechos de distribución de cigarrillos de la multinacional British American Tobacco.
Ese carácter de exclusividad en cuanto a relaciones públicas mafiosas le permitió a Samuel Santander Lopesierra ingresar vía contrabando ingentes cantidades de cigarrillos, licores y electrodomésticos a La Guajira desde Aruba. Lopesierra, por su parte, pagaba los favores con el envío de cocaína hacia los predios de la familia Mansur, quienes a su vez (re)invertirían ese capital en redes de hoteles y casinos en la ciudad de Miami entregándole una importante comisión en dinero limpio al exportador de origen.Lopesierra, además, fue el artífice fundamental en la inserción del paramilitarismo en La Guajira mediante sus nexos con Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Carlos Castaño durante la década de los 90, potenciando las capacidades operativas de las redes del contrabando de gasolina desde Venezuela, como también de la pujante industria del narcotráfico que, como el agua, busca la salida más fácil, sólo que es agua tóxica y lo bastante disolvente como para apropiarse a fuego lento del borde donde ejerce soberanía territorial, energética y agroalimentaria el que tiene al lado
Los wayúu desplazados y la apropiación indiscriminada de tierras en beneficio de trasnacionales y élites paraeconómicas que generó esta política de Estado, es sólo la confirmación de que la narcodinastía de la que hablamos también supo sacarle provecho a su mina de esclavos, todos empujados al trágico azar de la violencia, el narcotráfico y el contrabando.
Y todo esto comenzó a agarrar cuerpo cuando el hermano de Lopesierra fungía como gobernador, el cual aparte de otorgarle facilidades y condescendencias extremas también se beneficiaba del genio paraeconómico del hermano.
Del vientre político de Lopesierra y Jorge Ballesteros nació el último gobernador de La Guajira, el famoso “Kiko” Gómez Cerchar. Aprovechando los consejos de sus mentores políticos, basó su dominio gubernamental a partir de la vinculación con el jefe paramilitar alias “Marquitos”, y con las redes de contrabando y narcotráfico que ya se habían labrado 18 años antes. Durante ese lapso de tiempo, “Kiko” Gómez estaba dando sus primeros pasos como actor de segunda en el tráfico de armas, drogas y gasolina venezolana.
A “Kiko” Gómez se le relaciona directamente, en medio de su mandato como gobernador del departamento, con 131 asesinatos políticos perpetrados a concejales, procuradores, exministros y líderes wayúu.
En la portada de esta nota pueden ver a Juan Manuel Santos riéndose con “Kiko” Gómez.
El delfín de la narcodinastía y actual gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, bebió políticamente de “Kiko” Gómez aprovechando las alianzas que le había dejado a través de este oscuro personaje su querido tío, Samuel Lopesierra, con el narcoparamilitarismo y el blindado sistema paraeconómico regional que subsiste gracias al ataque sistemático a la soberanía venezolana.
Vale la pena destacar que Gómez es nieto de un coronel, hacendado y miembro del Partido Liberal, Mario Catalino Gómez, quien participó en la Guerra de los Mil Días, y que su esposa es Bibiana Bacci García, prima hermana del jefe paramilitar alias “Marquitos”.
En la endogamia parapolítica no hay espacio para las casualidades.
El cierre fronterizo supone, en términos políticos generales, una actitud proclive al diálogo binacional. Sin embargo esa capacidad de diálogo se ve vilipendiada cuando del otro lado no hay políticos, sino lacras de cuello blanco.

Fiscalía tuvo que salir a hacer salvedad sobre el caso de “Los terroristas de Bogotá”

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A pesar de que todos los detenidos el pasado jueves fueron señalados de ser los autores de las últimas atentados acaecidos en Bogotá, la Fiscalía hizo una revelación en la que casi debió recular sobre los juicios generalizados sobre estas personas: diez de los trece capturados solo están siendo investigados por los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Es decir que no están siendo involucrados en los atentados terroristas como los del pasado 2 de julio donde se presentaron ocho heridos y con los cuales muchos personajes del uribismo asociaron en sus redes sociales.

En ese sentido, según las propias autoridades, los nombres de los siguientes

detenidos no pueden ser relacionados como miembros del ELN: Paola Salgado Piedrahita,  Andrés Felipe Rodríguez Parra, John Acosta, Estefany Lorena Romo, Sergio Esteban Segura, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Luis Daniel Jiménez, Daniel Eduardo Muñoz, Lizeth Johana Acosta y Félix Gutiérrez Díaz.

Ejemplos de Acumulación por Desposesión-DESALOJO HABITANTES JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL

 
 
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia – trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
 
 
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
“Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar”. Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón – las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
 
 

Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.

Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.

El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.

En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.




Desalojo Jarillón Venecia

En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
 
 

tomado de: http://calihoy.blogspot.com/2015/06/desalojo-de-habitantes-del-jarillon-en.html?spref=fb

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

5 MILLONES DE COLOMBIANOS HAN HUIDO HACIA VENEZUELA, QUÉ VAN A HACER A ESE “INFIERNO”?

Sabemos que Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN (por nombrar algunos) mantienen una incesante campaña mediática desde Colombia contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. La matriz derrocha tinta y baba cotidianamente contra el país mientras hace caso omiso de los problemas internos colombianos (que, por fuerza, se han impuesto por actores foráneos).
Atacan a Venezuela Bolivariana en detrimento de los intereses del pueblo colombiano. Sin embargo, los dardos esta vez han sido devueltos por el presidente Nicolás Maduro, no para socavar la herida de la gente que siente el yugo del neoliberalismo sobre su hombro, sino para frentear a la oligarquía mediática en un debate que el propio Maduro puso sobre la mesa.
En la noche del domingo 22 de febrero, el presidente Maduro tuiteó cifras sobre los emigrantes colombiana en Venezuela. La cantidad ronda los 5 millones de neogranadinos, de los cuales 800.000 emigraron en 2014. Añadió que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000; en 2014, otros 144.000; mientras que en enero de 2015 arribaron 12.000 al país. Cifras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece.
Para culminar, Maduro concedió “muchas más cifras de la verdad. Cifras oficiales de Colombia señalan que emigraron a USA (Estados Unidos) 1.600.000 y a España 1.200.000 ¿Por qué será?”.

La violencia: procurador general de la emigración colombiana

La historia colombiana ofrece los primeros datos: desde 1948, la violencia en el hermano país ha minado en el cuerpo social como el cáncer en la sangre humana. Con el llamado Bogotazo empezó una época denominada por los académicos como La Violencia, que determinó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en un país que alcanzaba a tener una población total de 11 millones de habitantes. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo “El desplazamiento forzado y la pacificación del país”, identifica tres oleadas de emigración forzada por desplazamiento del conflicto bélico que ha arreciado en Colombia.
“Los desplazados de países como Ruanda, Burundi y Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000: prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra)”, dice Rueda Bedoya. En este momento, el hermano país, según cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), no sólo es el que cuenta con más emigrantes en la región sino con más desplazados en el mundo con un estimado de 4.9 y 5.9 millones.
La Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela maneja otra cifra: los desplazados llegan a la cantidad de 8.300.000. Dice Juan Carlos Tanus, investigador de la institución, que el Gobierno de su país no se sincera con esta realidad “por razones políticas”.
A esto hay que agregarle agentes y factores como el paramilitarismo, el ejército, el conflicto con las guerrillas revolucionarias y la emigración económica: el colombiano que busca cierto bienestar que el Estado de su nación le niega por transar en las últimas décadas 11 Tratados de Libre Comercio con los poderes hegemónicos del Norte.
La violencia no sólo se manifiesta cotidianamente a punta de cañón, sino en la economía y el trabajo del colombiano de a pie.

Factores de la migración, destino Venezuela

Félix de Alcázar, presidente de la organización antes mencionada, refiere cuatro factores fundamentales que devienen del relato de la violencia histórica para entender la migración colombiana:
-Económico: el sueldo básico de un trabajador promedio (de 644.000 pesos por mes) no alcanza para sostenerse a sí mismo ni a su familia debido a la alta tasa de inflación y el alto costo de los bienes y servicios. En Venezuela, por el contrario, dice de Alcázar, “se le defienden sus derechos laborales al trabajador con cestatickets, seguro social y médico, además de las pensiones y jubilaciones; se le explota menos que en un país neoliberal como Colombia”.
-Político: Tanus alega que en Colombia “el Estado no se preocupa por que la gente viva con todos los derechos básicos del ciudadano; en Venezuela sí hay un Estado de derecho constituido por una revolución”.
-Social: “El problema social deriva directamente del político, porque quien no tiene para comer es porque no consigue trabajo o no le alcanza el dinero. Y aquí el colombiano, sea por vía ilegal como el contrabando, por vía comercial o por otras, consigue incluso triplicar el sueldo mínimo de acá”, declara el presidente de la organización.
-Judicial: la violencia en Colombia goza de impunidad debido a las instituciones signadas bajo el influjo narcoparaco que las sostiene. Los poderes judiciales no amparan al campesino que se cruza entre las balas ni al proletario empobrecido hasta la pauperización que duerme en las plazas públicas de Bogotá. El tema de derechos humanos en el hermano país, además, tiene eslabones perdidos. Tanus, exiliado político en Venezuela Bolivariana, víctima de dos intentos de asesinato cuando residía en su país (1993 y 1996), sabe de eso.
Como trágica cereza sobre el pastel, para el año 2008, aproximadamente 230 colombianos cruzaban diariamente la frontera hasta suelo venezolano. Para este año se calculan alrededor de 300, según datos recogidos por la asociación. Algunos cruzan de forma legal, otros “por caminos verdes, atravesando ríos”, refiere Tanus.

Metodología para la investigación

Gustavo Rodríguez, quien es el responsable de la organización en el estado Lara, dice que “tenemos años recorriendo el país para suministrarnos de información. Los colombianos que están aquí convergen entre cuatro identificaciones, o no identificaciones: los irregulares, los que transitan la frontera diariamente, los que están incluso nacionalizados, y los que nacieron acá de padres colombianos”.
Desde la asociación creen que los parámetros para medir en estadística a los emigrados desde Colombia no toman en cuenta sino el factor de vivienda: “Faltan otras medidas como la situación económica, la ilegalidad de nuestros compatriotas, en qué área de producción trabajan, incluso la situación de emigración en que llegan a este país”, recalca Rodríguez. Tendría razón, porque como acota Tanus: “El origen de la migración colombiana es rural debido a la violencia”, cuestión que se silencia en el relato de la oligarquía colombiana. Y resalta que “nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por recabar esta información que el compañero Maduro tiene”.
En este caso, la metodología para la cuantificación, la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela ha hecho un trabajo de hormiga, ya que las fuentes oficiales no ofrecen esta rigurosidad. Las decenas de cajas llenas de archivos, encuestas y papeles de todo tipo y color (en proceso de digitalización) demuestran su testimonio.

Reconocimientos y desconocimientos

Las cifras que lanzó el presidente Maduro coinciden plenamente con los indicadores investigados por la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela. Mas estas cifras no se conocen oficialmente sino por medio del presidente, del cual varios medios se han hecho eco.
El trabajo de esta institución consiste no sólo en dar a conocer datos y estadísticas sobre la realidad de sus compatriotas en suelo venezolano, sino también darle un signo político: “Que el colombiano conozca las causas y los factores fundamentales de su emigración” para así poder pensar a Colombia “desde otra realidad que no fuera la de la violencia sino desde el bienestar”, dice Tanus.
Un dato que destaca desde la asociación civil son las declaraciones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuando entregaron a la justicia venezolana al naziconspirador Lorent Gómez Saleh. Dijo que “las buenas relaciones (entre Venezuela y Colombia) son en beneficio de ambos países en particular de más de 4 millones de colombianos que viven en territorio venezolano”, lo que significa que el primer mandatario colombiano reconoce “de alguna forma”, dice Tanus, el problema de la migración.
Según de Alcázar, la apertura política que significaría una negociación sensata entre el gobierno de Santos y las guerrillas traería, en cuanto al cese de la violencia, un buen augurio para que la sociedad colombiana asumiera el debate de la migración y, por ende, “la de todos los renglones del país”, además de “garantías electorales” para que un frente distinto llegue al palacio Nariño.
Este sería el escenario adecuado, como refieren los de la organización de colombianos en Venezuela, para regresar a casa.
RNV

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: TESTIMONIOS DE HABITANTES DE LA VEREDA “LA ESPERANZA” EN CAUCA DESMIENTEN VERSIÓN OFICIAL  

 
 
La versión de los habitantes de la vereda “La Esperanza”, lugar en el que se registró la muerte de 11 soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo de las FFMM, es muy diferente a la que se ha conocido como la versión oficial.
Según la verificación realizada por el Frente Amplio por la Paz, cerca de 300 habitantes del caserío, denunciaron que los militares se habían apostado en el polideportivo del caserío desde el pasado 19 de Marzo y no se retiraron de allí, pese a los reclamos de los habitantes, argumentando que “tenían una orden superior” para permanecer en el centro urbano.

Según los testimonios entregados por los habitantes de la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, los disparos comenzaron a escucharse hacia las 11:30 de la noche del martes y solo terminaron entre las 5 am y la 6 am del miércoles 15 de abril, este testimonio deja claridad en el hecho de que si hubo combates entre el Ejercito y la Guerrilla, y no un ataque unilateral, como han afirmado los medios.
En cuanto a las afirmaciones de oficiales militares, en torno a que los militares estaban en el polideportivo para resguardarse de la lluvia, y solamente desde la misma noche del enfrentamiento, la comunidad afirma que cuando comenzaron los combates no estaba lloviendo y que sólo después de varias horas de comenzados los enfrentamientos fue que el clima comenzó a arreciar.
Según Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, los habitantes de la vereda La Esperanza, solicitaron a los militares que se retiraran del Polideportivo puesto que es un espacio para la población civil y se encuentra a tan solo 50 metros del sector poblado, los militares se retiraron durante 4 días pero volvieron y se asentaron allí, instalando una base militar desde el 11 de Abril, es decir, 5 días antes del hecho que dejó un saldo de 11 militares muertos. Esta evidencia dejaría claro que los militares, asentados en la base si tuvieron las condiciones para defenderse siguiendo los protocolos de seguridad para la instalación de una base militar.
Adicionalmente los habitantes denunciaron, ante la delegación del Frente Amplio, que en la cocina de una de las casas del sector poblado, se encontró el cuerpo sin vida de uno de los militares, lo cual evidenciaría que hubo clara infracción del Derecho Internacional Humanitario, al usar el polideportivo como base militar, pero también al buscar las casas de los civiles para resguardarse en medio de un combate y en una zona de alta confrontación.
Así las cosas, la versión entregada por militares y reproducida por diversos medios de información quedaría desmentida por los habitantes de la vereda, quienes son los testigos directos del lamentable hecho.
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