El aporte del Manifiesto a la teoría de las clases

Ámanifestolvaro Oviedo

El aporte teórico de Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista a la teoría de las clases sociales, no es el reconocimiento de su existencia, ni su expresión mediante la lucha. Ni mucho menos como se afirma desde la derecha, que la lucha de clases sea una invención de ellos y los marxistas. El concepto de clases sociales ya es planteado por J.B. Vico en el siglo XVIII, y se había posesionado en el pensamiento social del siglo XIX, y la expresión misma de lucha de clases ya era reconocida por otros historiadores y pensadores sociales antes y contemporáneamente de Marx.

Lo que ellos aportan es la afirmación rotunda de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, luego aclararían a pie de página, desde la superación de la sociedad comunista primitiva, privilegiando los actores colectivos como gestores de la historia, a diferencia de la corriente que concibe la historia como obra de los grandes hombres. Y después de ilustrar cómo se han desarrollado en diferentes formaciones económicas sociales las luchas de clases, entre esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, siervos y señores feudales, entre burgueses y proletarios. Establecen que esta lucha ha llegado a un momento en que la clase oprimida, el proletariado, no puede liberarse sin liberar a las demás.

El proletariado, fuerza social decisiva en los cambios revolucionarios

El proletariado es una clase que se caracteriza por solo poseer su fuerza de trabajo, la cual se ve obligado a vender para poder subsistir con su familia, ha sido desposeído de la propiedad sobre los medios de producción (fábricas, minas, tierra, etc.), para liberarse de la explotación debe abolir la propiedad privada sobre los medios de producción. La explotación, en las diferentes formaciones económicas sociales que conoce la historia, consiste en apropiarse del producto del trabajo de los demás, con base en la propiedad privada de los medios de producción. Al desaparecer esta, desaparece toda posibilidad de reclamar el producto del trabajo de los demás con el argumento de ser los dueños de los medios de producción. Así el proletariado al liberarse, libera a los demás.

Y para ello debe establecer la dictadura del proletariado, su dominación de clase, organizarse en el Estado, y reorganizar las relaciones de producción y con ello a la sociedad, en la dirección de abolir la explotación. Cuando Marx en otro texto alude a Suiza como la democracia más avanzada y afirma que solo expresa la dictadura de la burguesía, nos llama a la reflexión en el sentido que el trasfondo de su conceptualización alude ineludiblemente a la dominación de clase, tome la forma que tome, dictadura o democracia, lo esencial es la clase que asume el control del Estado.

Superar la etapa actual en la que el móvil de la producción es la ganancia, y colocarla sobre el eje de la satisfacción de las necesidades que, según su propia opinión, son crecientes, demanda un aparato productivo altamente eficiente. Este objetivo del comunismo, la satisfacción plena de las necesidades de toda la población, es la lucha por alcanzar la igualdad real, que descansa en la igualdad de posibilidades para satisfacer necesidades, que además son distintas, a diferencia de la igualdad formal, expresada en la igualdad frente a la ley, que solo sirve para enmascarar la desigualdad social, frente a las posibilidades reales de satisfacción de las necesidades. Lo cual supone la producción suficiente de bienes de uso.

Teoría revolucionaria

Esto es lo que hace del marxismo una teoría revolucionaria, una teoría que no plantea el mejoramiento de las condiciones en que se realiza la explotación sino la abolición de la misma. La necesidad de reorganizar la sociedad de una manera cualitativamente nueva. Que permita la abolición de las clases, y con ellas la extinción del Estado como organización de una clase para la defensa de sus intereses.

Así pues, que no solo no es cierto que los marxistas se hayan inventado la lucha de clases, estas existían siglos antes de la aparición en escena de los marxistas, sino que la lucha de los marxistas es por abolirlas y con ellas al Estado, en función de la satisfacción plena de necesidades crecientes, que garanticen el pleno desarrollo del ser humano, en armonía con la naturaleza de la cual forma parte. Ni el papel de los marxistas es el de expropiar casas, carros, muebles, vestidos, alimentos, es decir bienes de uso, su lucha es por garantizarlos para la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la organización de la producción, distribución y consumo.

Los que arrebatan casas y ahorros con la modalidad de “dación en pago” son los grupos financieros, los que empujan a cada vez más amplios sectores de la población a condiciones de miseria, son los capitalistas para aumentar sus tasas de acumulación, los que arrebatan tierras son los beneficiarios de la acumulación por despojo.

Vigencia del legado del Manifiesto

La vigencia del Manifiesto se expresa con más fuerza hoy, cuando el móvil de la ganancia empuja la crisis ecológica que afronta la humanidad, cuando la defensa de la maximización de las ganancias ha colocado a la mitad de la sociedad ante el hecho de no poder satisfacer sus necesidades básicas, y coloca al conjunto de la población ante la posibilidad de ser destruida mediante la guerra. La reorganización de las relaciones de producción son hoy una necesidad de supervivencia de la sociedad en su conjunto, que entra en contradicción creciente con los sectores más expoliadores y agresivos del gran capital financiero.

No es marxista quien simplemente reconoce que hay clases, incluso quienes reconocen que la forma actual de existencia de la sociedad es la de estar dividida en clases y que estas están en lucha, esto lo reconocían antes y después de Marx varios autores, ser marxista es reconocer que la lucha de clases lleva a la dominación del proletariado y que esta es necesaria para la abolición de las clases mismas, y con ellas del Estado.

tomado de: http://semanariovoz.com/aporte-del-manifiesto-la-teoria-las-clases/

Anuncios

#Colombia : El latifundio y los problemas sociales

José Ramón Llanos

El problema agrario, sin lugar a dudas, constituye el elemento generador de los conflictos sociales del país a lo largo de la historia republicana. Dada la forma como el Gobierno ha afrontado el desarrollo del primer punto del Acuerdo Final de Paz, las dilaciones, las interpretaciones discutibles y las expresiones normativas como la ley que crea las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural (Zidres), hemos considerado necesario elaborar algunas reflexiones sobre esta cuestión.
El Acuerdo Final de Paz, a pesar de que considera que la solución de los problemas del sector rural es la base para lograr una “paz estable y duradera”, no vemos la voluntad del gobierno para afrontar las soluciones o acciones que conduzcan a resolver la alta concentración de la tierra y los problemas de exclusión y extrema pobreza del campo colombiano. El Gobierno está comprometido porque incluso caracterizó la problemática rural, la transformación del campo y su importancia para garantizar la paz, así: “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.” Pero pasado más de un año de la firma del documento, no se ven las políticas adecuadas para “la transformación del campo”.
Los opositores a las reformas
En parte, las indecisiones para desarrollar la normativa que inicie la aplicación del contenido de los acuerdos pactados con la insurgencia, están determinados por el saboteo legislativo y las amenazas de los expropiadores de la tierra con el uso de la violencia paramilitar para evitar la restitución de las propiedades a los campesinos desplazados.
También está la influencia de los inversionistas rurales que pretenden apropiarse de baldíos o mantener los ya apropiados, para incrementar la explotación del campo. No desean que haya medianas y pequeñas unidades de producción campesina, sino expropiados campesinos, convertidos en asalariados explotados. Como se ve, la cuestión es de cobardía frente a los latifundistas y complacencia con los inversionistas rurales: azucareros, palmeros, ganaderos, etc.
Recordemos que ya desde los años veinte del siglo XX, los sectores progresistas, la academia y liberales como Jorge Eliécer Gaitán, habían identificado la tenencia de la tierra, el latifundio ocioso y su consecuente el minifundio improductivo, no solo como una cuestión injustificable, económicamente, factor de atraso, sino algo peor, causa de la violencia. Eso explica por qué desde esa época se introdujo en el lenguaje político-social y en las propuestas de los movimientos progresistas la concepción de reforma agraria.
A lo largo del siglo pasado es tal vez la propuesta más discutida, tanto entre los partidarios de la reforma, como entre sus opositores. Incluso a raíz de la Revolución Cubana, por el temor a que efectivamente la Sierra Maestra se extendiera por los Andes latinoamericanos, hasta los Estados Unidos, impusieron a los gobiernos continentales sumisos reformas agrarias de pacotilla.
Latifundio y rémora social
No es que las dilaciones, vueltas y revueltas del presidente Juan Manuel Santos, están justificadas porque la situación inequitativa e irracional del campo ha cambiado positivamente de súbito. Acudamos a los datos del reciente Censo Agropecuario Nacional, pero veamos no solo las cifras sobre tenencia de la tierra. Examinemos también las secuelas de ese reparto excluyente de la propiedad del suelo y de las consecuentes formas del gobierno local y la ausencia de la aplicación regional de algunas políticas nacionales positivas para corregir los entuertos del latifundismo y la omnipotente oposición de los barones de la tierra, quienes impiden a sangre y fuego, por ejemplo, la legal restitución de las tierras expropiadas.
Los datos del Censo Nacional Agropecuario
Los resultados del reciente Censo agropecuario 2016, muestran los datos de la concentración del suelo rural: propiedades de mil hectáreas o más son el 0,2 por ciento del total y concentran el 73.8 por ciento del total área rural. Las propiedades que tienen menos de 5 hectáreas, son un millón 669.287 unidades, poseen apenas el dos por ciento del área rural. Esta concentración de la tierra, no solo tiene consecuencias económicas, sino también condiciona el malestar social, el mal vivir.
Es absurdo, por ejemplo que en el siglo XXI haya en las zonas minifundistas un 16,1 por ciento de analfabetismo; un 94 por ciento de las zonas residenciales carezcan de alcantarillado; el 17,1 por ciento de las viviendas carezcan de electricidad el 57,5 de los habitantes de estas zonas usan agua impotable, con las consecuentes altas tasas de morbilidad producto de ese consumo de agua insana. Tan deplorable como la calidad de los servicios públicos, son la naturaleza y los materiales utilizados en la construcción de sus viviendas: solo el 49,1 por ciento de las viviendas censadas tienen paredes y pisos de materiales adecuadas, el resto tienen paredes y pisos como guaduas, madera burda, tablón, cartón, bahareque y vegetales, incluso un 3,1 por ciento, sus paredes son de latas, plásticos y algunas carecen de paredes.
Siendo esa la deplorable y dolorosa situación del campo colombiano y existiendo unas pautas y compromiso en el Acuerdo de La Habana para resolver ese problema, una vez más por encima de la solidaridad y las razones de humanidad, infortunadamente se imponen los interes clasistas del Gobierno nacional.
Fuente:

https://desarrolloinclusivo.com/2015/01/03/campo-colombiano/

#Colombia: ¿Gaseosas Postobón experimenta con niños?  

 
 
Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra” Lucho Gómez

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

Desde el año pasado, cuando se conoció el interés desde la empresa de bebidas Postobón por suministrar una bebida a 3.130 niños y niñas en La Guajira, que no contaba con las exigencias del Ministerio de Salud, las ambigüedades de la empresa sobre el contenido del producto y su verdadero interés en suministrarlo a los niños, abrió la polémica por los verdaderos intereses de esta empresa.
Algunas entidades y organismos de vigilancia indicaron que las bebidas podrían ser nocivas para la salud de los menores, y contrario a lo que afirmaba la empresa, estas no contenían ningún suplemento nutricional que ayudara a la salud de los infantes.
La Liga Contra el Silencio, el colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación adelantaron una investigación que se pubicó en Vice Colombia. Allí señalan que la bebida Kufu, llegó a La Guajira desde el 7 de julio del 2017, en el marco de un evento de “estrategia social” en la institución etnoeducativa Laachón-Mayapo. En este espacio hizo presencia la junta directiva de Postobón en cabeza de su presidente, Miguel Fernando Escobar Penagos.
También se informó que en el marco de este evento, la empresa señaló que 3.130 menores en condición de vulnerabilidad de Nazareth, Uribia, Manaure y Riohacha, recibirían esta bebida de forma gratuita durante seis meses, “como parte de su dieta diaria, dos unidades de Kufu que complementarían sus planes alimentarios” con el objetivo aparente de atacar el hambre oculta.
Sin embargo, para septiembre del año pasado, por medio de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría advirtió que dichas bebidas, a pesar de tener algunos nutrientes, no contienen ninguno que mejorara la nutrición de las niñas y niños. Es decir, carece de elementos como el calcio, el hierro, las proteínas o calorías. También mostraron su preocupación por los exámenes que se le adelantaron a los niños con el fin de evaluar efectos de dichos líquidos.
¿Qué está detrás de las bebidas Kufu?
Según denunció el médico pediatra, Lucho Gómez, el escándalo se conoce gracias al comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría, difundido a través de redes, y el activismo de la médica Esperanza Cerón, quien ha sido amenazada por sus denuncias sobre los riesgos de bebidas azucaradas.
Lucho, quien es un líder social de la región, y ejerce un papel importante con las comunidades para la protección de sus derechos en salud, en diálogo con VOZ, señala que este producto contiene selenio y cinc, elementos que al consumirlos en grandes cantidades afectan la salud. “El selenio incrementa la incidencia de caries y altera la síntesis de proteínas, causando graves síntomas nutritivos, y el cinc trastornos gastrointestinales”, afirma el pediatra y alerta que es imposible que las entidades de salud y educación tanto departamentales como regionales de Manaure no conocieran “que más de 3.000 niños estaban consumiendo Kufu, dos veces al día durante seis meses. Además que, a excepción de Uniguajira Stereo, los demás medios del Caribe han ocultado la información”.
Para este pediatra que ha estado vinculado a diversas investigaciones sobre temas de salud y nutrición, es inconcebible que sucedan estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los menores en medio de un silencio cómplice desde las instituciones de la región.
Experimentación con humanos
Lucho asegura que este procedimiento con niños, cobijado con un falso programa social, es “gravísimo porque antes de adicionar oligoelementos a bebidas y comidas debe cuantificarse su contenido en agua y suelos para evitar excesos, y el suministro y/o aplicación de un elemento a niños y la observación, cuantificación o valoración de sus efectos, se llama experimentación en humanos”.
También afirma que es necesario denunciarlo ante la comunidad internacional. “Las denuncias se puede instaurar ante organismos internacionales, que protejan poblaciones indígenas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra.
Desde diversos espacios que instan al cuidado y la protección de los niños y niñas, se exige una investigación exhaustiva en contra de la empresa Postobón, y las instituciones regionales que conociendo la situación, no actuaron y por el contrario, a pesar de los escándalos generados por algunos medios nacionales gracias a las indagaciones hechas por terceros y la comunicación de la Federación Colombiana de Pediatría, desde el año pasado, el silencio reina en la región.

#Colombia: El enemigo de los trabajadores y el pueblo

#Colombia el enemigo de los trabajadores….de sus derechos…..el y su títere y todos los que compartan sus ideas y les voten.

aumento en la edad de pensión para favorecer a los fondos de pensiones…modelo neoliberal en su maxima expresion

video tomado de redes sociales

fuente: https://youtu.be/Yusm5zopm9s Sigue leyendo

#Colombia 18 años de la #masacre de #ElSalado

18 años de la #masacre de #ElSalado
La masacre de El Salado fue una mezcla entre el terrorismo de Estado, la tergiversación de los medios de desinformación y el olvido del pueblo colombiano
En diciembre del año 1999 un helicóptero se paseó por el cielo de El Salado (Bolívar) arrojando panfletos, en los cuales decían: “Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más.

Todos se alertaron ante esta amenaza, a excepción de las autoridades y los dirigentes políticos de la región. El 16 de febrero del año 2000 paramilitares, exmilitares y militares activos rodearon El Salado para evitar que la población escapara. Más de 450 hombres armados irrumpieron al pueblo con la orden de destrozar todo lo encontraran en el camino.
El sonido de las balas a la distancia anunció la llegada de los terroristas. Cientos de personas decidieron huir y esconderse en ese momento, quienes lo hicieron, tuvieron que resistir el hambre durante la semana que duró la masacre. Aquellos que no lograron escapar fueron víctimas de la tortura y la muerte; a los sobrevivientes solo les quedó, en la memoria, el peso y la herida de un cruel recuerdo.
Expulsaron a todas las personas de sus viviendas y las obligaron a reunirse en la plaza del pueblo, frente a la iglesia. Con el sonido de las gaitas y los tambores, los paramilitares dieron inicio al que se convertiría en uno de los asesinatos masivos más grandes del siglo XXI en Colombia.
A las mujeres las ataron a los árboles e hicieron fila para violarlas, no conformándose con eso, introdujeron por sus órganos genitales distintos objetos como alambres y palos para torturarlas porque, según ellos, las mujeres del pueblo eran las amantes de los guerrilleros.
Cortaron las orejas de quien se les antojó, jugaron al ahorcado; amarrando una soga al cuello de la persona, atesando por los dos extremos. Golpearon y dispararon a quien quisieron, todo lo anterior por diversión.
Ese sangriento espectáculo lo repitieron día a día durante una semana; mientras tanto, los familiares de quienes se encontraban en el pueblo se aglomeraron en la carretera preocupados por lo que ocurría ahí, pero, el ejército les prohibió el paso, ni siquiera la Cruz Roja Internacional pudo pasar. Esto prueba la relación que hubo entre los paramilitares y sectores criminales de la fuerza pública.
Los medios de comunicación tergiversaron la noticia, ejemplo de ello fue una entrevista que realizó Darío Arizmendi a Carlos Castaño en el Programa Cara a Cara de Caracol Televisión, en la cual el paramilitar dijo que lo que había ocurrido fue un “enfrentamiento con la guerrilla” y esa fue la versión que los medios promotores del paramilitarismo difundieron. De inmediato justificaron la masacre e hicieron ver a las víctimas como “guerrilleros caídos en combate”.
Muchos sobrevivientes huyeron del pueblo, engrosando las cifras del desplazamiento. El pueblo colombiano olvidó esta masacre, prueba de ello es que los autores intelectuales y los partidos políticos involucrados continúan siendo elegidos por el voto popular para gobernar. (Álvaro Uribe Vélez )

Sigue leyendo

Estado colombiano, juzgado por “falsos positivos”

Corte Interamericana juzga nuevamente al Estado por crímenes de lesa humanidad, cometidos contra personas que habían sido presentadas ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate

Redacción DD.HH.

Los días 17 y 18 de octubre el Estado colombiano, debió acudir a la audiencia de juzgamiento citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta citación se hace durante el 58 periodo de sesiones extraordinarias en la ciudad de Panamá, y obedece a las investigaciones sobre cuatro casos de asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate, estos hechos sucedieron entre los años 1996 y 1998.

Un crimen de Estado

Los denominados por el Estado colombiano como “falsos positivos”, son categorizados a nivel mundial, como crímenes de lesa humanidad. Estas ejecuciones extrajudiciales acabaron con la vida de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.

De acuerdo con la Corte, este proceso denominado: “Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia”, no solo encontró que se violó el derecho a la vida, sino también a la honra y al buen nombre de las víctimas, entre otras violaciones previas a su ejecución. Así se lee en su resolución: “Además de la determinación de la privación arbitraria del derecho a la vida, en los casos de Gustavo Giraldo Villamizar Durán y de Elio Gelves Carrillo, la Comisión también encontró una violación del derecho a la honra y la dignidad, debido a que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales. Asimismo, en los casos de Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, la Comisión determinó que debido a que su muerte habría estado precedida de una privación de libertad en la cual pudieron prever su destino fatal, estas personas también fueron víctimas de afectación a sus derechos a la integridad y libertad personales.”

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a algunas de las víctimas de estos crímenes, en el proceso, que se llevó más de 12 años, se encontró un patrón sistemático de señalamientos y de impunidad. “Los casos fueron acumulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe de fondo presentado a la Corte, al haber encontrado la existencia de un patrón sistemático y generalizado en los cuatro casos consistente en presentarlos como guerrilleros muertos en combate y luego trasladar la investigación a la justicia penal militar, donde estuvieron. En el caso de Wilfredo Quiñonez, durante 12 años, antes de ser asumidos por la justicia ordinaria como corresponde, donde aún hoy se encuentran en la impunidad. Los casos restantes siguen siendo de conocimiento de la jurisdicción penal militar”.

Por su parte, el Estado colombiano en respuesta a la Corte Interamericana admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida, a la honra de víctimas y familiares, y al debido proceso. En este sentido y de acuerdo con lo que aseguró el Ccajar, en su comunicado frente a la actual situación, la audiencia venidera se centrará en el contexto, la tortura, la impunidad, la reparación integral, el fuero penal militar.

Colombia promueve la impunidad

También señala la organización defensora de derechos humanos que “en estos cuatro casos, la impunidad es generalizada. Por ejemplo, en los casos de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Ramírez y Albeiro Romero, el pasado mes de abril fueron condenados dos de los responsables, el soldado voluntario Luis Enrique Pineda Matallana y al entonces teniente coronel Jairo Alberto Prieto Rivera, pese a lo cual estos siguen en libertad”.

Mientras tanto, se espera que los familiares de los seis jóvenes violentados en sus derechos y posteriormente asesinados, sean escuchados durante dicha audiencia, al igual que a los representantes del Estado colombiano. En el acompañamiento de este proceso estarán las organizaciones representantes de las víctimas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Ccajar, y la organización defensora de derechos humanos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y otro abogado independiente.

http://semanariovoz.com/estado-colombiano-juzgado-falsos-positivos/