CAUCA (COLOMBIA): ASESINAN A UN DEFENSOR DEL TERRITORIO Y DE LA NATURALEZA

 

 
 
Asesinan a un defensor del territorio y de la naturaleza en el Cauca - Colombia
Jueves, 04 Octubre 2012
 
Selatiel Méndez Secue, nació un día 12 de septiembre, acababa de cumplir 40 años. En el recorrido de su vida siempre estuvo trabajando en “defensa de la naturaleza”, desde la vereda el Tablazo del resguardo y municipio de Toribío, de donde él era. Ahí desarrolló muchos proyectos productivos, entre ellos: fortalecer las huertas Tul, artesanías, cultivo de truchas, proyectos de reforestación en la cuenca del río Isabelilla y el liderazgo en el resguardo.
 
Como olvidar las acciones de control territorial que hizo la comunidad del norte del Cauca para defender y proteger el Cerro Berlín – Toribío, ahí se representó la dignidad, la fuerza y la unidad de la comunidad Nasa. Muchas y muchos participaron en esos días, llegaron muchos periodistas a cubrir las noticias y muchos desinformaron a Colombia. Las autoridades indígenas, la Guardia Indígena y la comunidad en general decidieron sacar a la guerrilla de las farc, a la policía y al ejército colombiano para exigir respeto a Mama Kiwe porque ningún grupo armado defiende a los pueblos. Pero envés de retirarse del territorio se militarizó más el norte del Cauca, después de las acciones de liberar a la Madre Tierra de los grupos armados empezaron las amenazas, señalamientos, asesinatos, hoy la vida se encuentra amenazada.
 
“Mataron a un hijo de la naturaleza“
 
La comunidad de Toribío en varias ocasiones le propuso a Selatiel Méndez que fuera gobernador indígena pero él no aceptó, siempre quiso estar de cerca a su vereda y a su familia, trabajando el tema ambiental y fortaleciendo a la Guardia Indígena. Él hizo una experiencia demostrativa de proyectos productivos en la vereda el Tablazo – Toribío, se desempeñó como concejal del municipio de Toribio, en los años 2004 -2007. 
 
Selatiel siempre “habló duro”, él venía analizando el trabajo de la Guardia Indígena y por eso hacia muchas orientaciones, él hablaba de “los defensores del territorio”, él decía que había que meterse al proceso comunitario, al cabildo y a trabajar por el Plan de Vida. Por su gran liderazgo empezó a ser amenazado y cuestionado en su comunidad hasta que el odio acabó con su vida el día 3 de octubre del 2012, en la vereda Los Chorros – Caloto cuando se dirigía a Santander de Quilichao con su compañera. 
 
Tres milicianos de las farc que iban en una moto lo alcanzaron en la vereda Los Chorros – Caloto, Selatiel se bajó de su moto porque tenía fallas mecánicas, pero nunca se imaginó que lo estaban siguiendo, lo sorprendió la muerte. Los armados huyeron cobardemente a esconderse. Estos terribles hechos de violencia desequilibran y desarmonizan a nuestra comunidad porque le  arrebatan un hijo a nuestra Mama Kiwe. 
 
 
“Solo los espíritus de la naturaleza serán los que nos seguirá fortaleciendo”
 
Selatiel deja a su esposa y a sus tres hijos, y deja un gran trabajo de liderazgo en el tema ambiental para reencontrarse con los suyos y con los espíritus de Mama Kiwe. Él siempre invitaba a que estuvieran en equilibrio con la Madre naturaleza. Hablaba de la defensa del agua, de proteger los ojos de agua, del respeto a la Guardia Indígena y al territorio. Proteger la vida es una tarea de todas y todos.    
 
Las autoridades indígenas del norte del Cauca, han dicho que hay que seguir haciendo control territorial, todas las comunidades deben comprometerse con esto porque la amenaza ya está en los territorios indígenas. Esta guerra está cumpliendo su objetivo. Por medio de la muerte y el miedo está sacando a la gente, está corriendo a las comunidades de sus lugares de origen. “Pero si no nos ponemos las pilas lo van a lograr, vamos a seguir con la propuesta de hacer resistencia sin armas y no vamos a dejar el territorio abandonado”, expresó una autoridad indígena del Resguardo de López Adentro – Corinto.
 
La guerra que están implementando en los territorios del norte del Cauca y de Colombia es para acabar con el movimiento indígena, con pueblos y comunidades que han luchado milenariamente por la autonomía y por su liberación.
 
Exigimos a todos los armados que se mantengan fuera de la Yat Wala – Casa Grande,  para estar en equilibrio con Mama Kiwe. Como decía Selatiel Méndez, también se tienen que ir las multinacionales que quieren destruir a Mama Kiwe, multinacionales que han llegado con la ayuda de políticas que se implementan en el gobierno, por eso “Para que haya paz se tienen ir las transnacionales”.
 
Video: Se nos acabó la parte humana a muchas personas http://www.youtube.com/watch?v=wCE5nn6YPNo
 
Tejido de Comunicación – ACIN
tejidocomunicacion@gmail.com
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COLOMBIA: LA NUEVA GUERRA DEL ORO

 

foto via internet
Por JUAN JOSÉ HOYOS
A las guerras que vive Colombia, hay que sumarle una más: la guerra del oro. Ella está provocando la muerte de trabajadores, dirigentes sindicales, pequeños mineros y líderes de las regiones que se oponen a los atentados contra el hombre y la naturaleza cometidos por los mineros ilegales y hasta por algunas compañías multinacionales.
Antioquia, por desgracia, es uno de los epicentros del conflicto. El viernes 27 de julio, a pocos pasos de la mina Providencia, en Remedios, fueron atacados a balazos los trabajadores Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid Jaminson. El primero murió horas más tarde en una clínica de Medellín. El hecho sucedió en momentos en que setenta trabajadores de una empresa contratista de Gran Colombia Gold están en paro protestando por lo que califican como un despido colectivo. Gran Colombia Gold es el consorcio minero que administra las más grandes minas de la antigua Frontino Gold Mines, liquidada por el gobierno hace dos años contra la voluntad de sus trabajadores activos y jubilados. La llegada a Segovia de la multinacional en 2010 desató un paro cívico en protesta por el despido de más de 1.400 mineros.
Después del atentado del viernes, varios trabajadores sobrevivientes se vieron obligados a huir de la región para salvar sus vidas, según informaron los directivos del sindicato Sintramienergética Nacional, que agrupa a los mineros.
Los dos trabajadores víctimas del atentado participaron el 25 de julio en un programa difundido por el canal regional Teleantioquia en el que hablaron del conflicto entre los trabajadores y la empresa contratista que opera la mina Providencia.
Este no es el primer episodio de la nueva guerra del oro en Antioquia. El 26 de julio de 2011 fue asesinado Rafael Tobón, uno de los fundadores del sindicato de los mineros de Segovia. Tobón era uno de los líderes más reconocidos de los pequeños mineros. El 5 de junio de 2010, también en Segovia, fue herido a balazos el dirigente sindical John Jairo Zapata Marulanda, quien trabajó durante más de 15 años en la Frontino Gold Mines. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros en el lugar del atentado y luego trasladado a un hospital de Medellín, donde los médicos lograron salvarle la vida.

Colombia, neoliberales en acción: Prórroga al contrato de Cerro Matoso dejaría perdidas por 9 millones de dólares semestrales

La renovación del contrato de CERRO MATOSO hasta el año 2029, como señaló recién el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, desconoce los llamados de atención de la Contraloría General de la Nación y las conclusiones de varias consultorías contratadas entre el 2008 y 2010 por Ingeominas, en el sentido de que su prorroga es altamente inconveniente para los intereses de la Nación.
El anuncio fue hecho durante un evento organizado por la Presidencia de la República, “Vuelta a Colombia”, el 24 de julio de 2012 en la ciudad de Cartagena, según el cual BHP Billinton, propietaria de la firma CERRO MATOSO S.A., tiene asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta el 2029, gracias a un acuerdo suscrito en 1996, e incluso la operación podría ir hasta el 2044.
CERRO MATOSO S.A., (CMSA), suscribió en 1996 el contrato 051-96M con el entonces ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, el cual contiene cláusulas que benefician exclusivamente los intereses de dicha compañía.
Varias cláusulas van más allá de lo que las normas mineras permiten, pero en particular dos de ellas son altamente inconvenientes para el país y lesivas para el fisco nacional, pues amarraron al Estado y lo dejaron sin ninguna posibilidad de disponer libremente de sus recursos naturales no renovables y a obtener mejores beneficios en nuevas alternativas de desarrollo minero.
Se trata de la cláusula que ordena que al vencimiento de los contratos 0866 de 1963 y 1727 de 1971, sus áreas pasaban automáticamente al nuevo contrato de aporte minero 051 suscrito en 1996, modificando las condiciones en que originalmente fueron suscritos.
El periodo original de los contratos 0866 y 1727 es de 30 años y vence el 30 de septiembre de 2012. No es exacto señalar que CMSA tiene derechos hasta el 2026, pues ni la normatividad vigente a la fecha de la firma de los contratos lo permite y la empresa misma, conocedora de esta circunstancia, solicitó el 10 de diciembre de 2007 a Ingeominas formalizar una nueva prórroga. Luego la compañía sí está esperando que la autoridad minera prorrogue estos contratos.
La otra clausula establece que los bienes que revierten a la Nación el 30 de septiembre de 2012, serán arrendados inmediatamente a CMSA a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos, obtenida por esta compañía. Se trata de un porcentaje mínimo, amarrado a la incertidumbre de las ganancias de la compañía y al riesgo moral de unos estados financieros que el gobierno no puede verificar, y que equivale apenas al 0,83% de las ganancias netas antes de impuestos.
En otras palabras, hace 16 años se tomaron las decisiones más importantes del contrato que ahora el ministro Cárdenas dice va hasta el 2026, sin que medie ningún estudio sobre la conveniencia técnica y económica de contratar nuevamente con el mismo concesionario.
Llama la atención que el Ministro, desconociendo conceptos y estudios contratados por Ingeominas, haga este tipo de pronunciamientos, aferrándose a la letra de un contrato lesivo que satisface en cada clausula el interés particular de CMSA y que no refleja el interés general de la Nación, más allá de tener unos ingresos por regalías e impuestos.
Un análisis interno de Ingeominas, consignado en el acta 04 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 2008, señala que el Estado no está en la obligación de conceder la prórroga del contrato minero, pues si bien CMSA puede solicitarla, la autoridad minera debe estudiar la viabilidad y conveniencia de la misma.
Agrega que “dado que el contrato 866 prevé la reversión gratuita de todos los bienes en el año 2012 y su entrega en comodato a CERRO MATOSO S.A., por un canon estipulado contractualmente, con la prorroga se estarían vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año por un valor aproximado a los nueve millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prorroga solicitada”.
Varias consultorías contratadas por Ingeominas entre el 2008 y 2010, entre ellas una con el actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, expresan la inconveniencia para el país de prorrogar las concesiones con CERRO MATOSO S.A.
Analizadas las consecuencias de la prórroga, el Procurador advierte que el “concedente debe ponderar las circunstancias técnicas y económicas en que se daría la prorroga evitando cualquier efecto económico negativo para el estado”.
El estudio de Luis Jorge Ferro Casas concluye que “no es conveniente para la Nación proceder a una prorroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”, y hace un llamado para redefinir el canon de arrendamiento de los bienes revertidos a la Nación, pues una tasa de 1,25% apenas cubre las expectativas de inflación.
También la consultoría contratada con Carlos Antonio Espinosa Pérez concluye que las modificaciones hechas a los contratos 866 y 1727 de CMSA son altamente inconvenientes para el Estado ya que las mismas entran en contravía con la normatividad existente y aplicable. En el mismo sentido y en diversas oportunidades, la Contraloría General de la Nación ha llamado la atención sobre el grave daño que se causaría a la Nación la prórroga de este contrato en las condiciones establecidas en 1996.
La organización Colombia Punto Medio convoca a la autoridad minera para que presente públicamente los análisis y estudios que soportan la prorroga a los contratos de concesión 866 de 1963 y 1727 de 1971, y a que abra al país una discusión que hasta ahora se ha adelantado a puerta cerrada.
Igualmente, invita a estudiar otras alternativas para el uso y aprovechamiento de la única mina de níquel del país, lo que la hace estratégica para el desarrollo de la industria nacional y el manejo soberano de los RNNR.
Dado que no es obligación del Estado renovar el contrato con BHP Billinton / CMSA, existen otras posibilidades, como operarla mediante un contrato de operación con terceros, sacarla a licitación pública para maximizar los ingresos de la Nación e incluso renegociar el contrato lesivo con el actual concesionario, mejorando radicalmente las condiciones económicas para el país.
 

EL DESPROPÓSITO MEDIÁTICO DEL RÉGIMEN COLOMBIANO CUÁL ES EL VALOR DE LA SOBERANIA DEL PUEBLO AL INTERIOR DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA?…

Juan Manuel Santos Calderón, el Presidente de los colombianos, manifestó en su alocución del pasado 20 de Julio de 2012, en donde se habría de conmemorar una nueva fecha de la independencia de la nación, frente al yugo del imperio español, hace ya más de 200 años, y de lo cual, no parece haber cesado. De igual manera para ratificar una institución altamente permeada por la corrupción, por el favorecimiento al capital privado extranjero, y por ser una guarida de delincuentes de cuello blanco, provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo, que dicho sea de paso, ya la clase popular está asteada de tanta infamia e ingobernabilidad desde esa instancia de poder legislativo.
 “…Que el país, no se explicaba el por qué del maltrato de los integrantes del movimiento indígena, frente a los soldados de la patria, que lo único que hacían era defender la democracia en Colombia, que tanta humillación no era pertinente para con quienes lo han dado por la paz, la seguridad y el bienestar de los colombianos…”
 Lo anterior, refiriéndose a las escenas manipuladas por los grandes medios de desinformación y que el mismo régimen controla, cercenando una vez más, al pueblo colombiano del derecho a ser informado de manera clara e imparcial, pero claro, con esa maniobra se logran afianzar varios intereses de parte de la oligarquía nacional e internacional.
 Primero, intencionalmente se oculta la verdad bajo la perspectiva de mantenerse incólumes en el poder social y político, o como ellos mismos lo califican, “es la democracia más antigua del continente”, y desde ya les pregunto, eso si será cierto?.
 Segundo, invisibilizar las acciones de resistencia de un sector social amplio e influyente, como lo es el indígena, y con ello, poner una venda sobre los ojos de los colombianos, sobre la realidad agraria, económica, campesina, cultural, educativa, laboral, de salud, saneamiento básico, vivienda urbana y rural; que no son más, que el producto de la aplicación de políticas capitalistas a favor de la clase dominante, a través del “Congreso de la República” –que ironía, bajo el sofisma de democracia- y que han venido de manera paulatina pero segura, despojando de bienes, derechos, garantías y pertenencias a la clase popular.
 Tercero, impera desde el régimen un sentimiento de valor y respeto a la patria, los héroes –soldados- de la patria; pero cabe preguntarnos, ¿la patria de quiénes y para quiénes?, porque los que estamos bajo el rasero infame de sobrevivir con menos de los escuetos tres salarios mínimos legales mensuales, no tenemos el poder adquisitivo para adquirir alimentos, pagar arriendo, estudio de nuestros hijos ni para superación profesional personal; mucho menos, para movilizarnos en sistemas transportes masivos de carácter privados. En este orden de ideas, ni que decir, de aquellos colombianos considerados por el DANE como los pobres y en condición de pobreza absoluta o extrema, ellos si deben ser catalogados como verdaderos “héroes” puesto que están obligados a sobrevivir con menos de 400 mil pesos mensuales, de los cuales deben pagar arriendo en cinturones de miseria, alimentación, transporte, educación y lo hacen con grandes dificultades.
 Frente a otros que se ganan más de 25 millones de pesos mensuales, y no tienen con qué pagar el tanqueo de combustible de su carro, o de otros que a pesar de ganar millonarias sumas, reciben pensiones, auxilios y otras dadivas por parte del Estado, personalidades que se pensionan con montos estrafalarios que no se compadecen con el valor de la pensión mínima para más del 65% de los colombianos que actualmente están laborando y aportando al sistema general de seguridad social en pensiones, eso, si la alcanzan o se hacen merecedores de ella, con el requerimiento de la edad, tasada por el actual modelo pensional.
 Cuarto, los grandes terratenientes que han forjado su patrimonio con el desplazamiento forzado de los pequeños propietarios colindantes, con fraudes de escrituras públicas ante las notarias, por el desarrollo de mega proyectos u obras civiles que se trazan pero no se ejecutan, con el auspicio del narcotráfico y paramilitarismo quienes siembran terror en territorios y luego inciden para la proliferación de monocultivos que no se compadecen de la crisis alimentaria y nutricional por la que está atravesando la nación colombiana, con tal de que a ellos, eso si, a unos pocos, esos “negocios o inversiones” les den rendimientos económicos, status social y político en cada región del país.
 Quinto, la guerra es un verdadero negocio, que deja inmensas ganancias a los que participan activamente del tráfico de armas, los datos oficiales sobrepasan los 3.5 billones de pesos anuales en el mercado negro de la guerra, y por tal motivo, la paz no le conviene a estos personajes siniestros y lo más patético es que el modelo que todos los gobernantes quieren imitar –norteamericano- es el que aporta el mayor número de armas ilegales en el actual conflicto interno que se desata en Colombia. Los planes de expansión y control del hemisferio por parte del consenso de Washington, Congreso estadounidense, el Pentágono, CIA, FBI, DEA entre otras agencias que disponen de millones de dólares en los proyectos conocidos como: Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, Plan Patriota, e incluso el TLC; que no son más que el escalonamiento de conflictos bajo la perspectiva de la guerra prolongada, de baja intensidad, o de cuarta generación que incita a la delación, al sapeo entre la clase popular para combatir supuestamente al enemigo interno u oculto como se le denomina militarmente.
 De este último factor, se desprenden entonces las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez al consolidar como efectivamente lo hizo bajo sus mandatos como gobernador en Antioquia y presidente de Colombia, al espectro paramilitar, cuya misión esencial no era como se ha afirmado ante la comunidad internacional, de una propuesta anti subversiva, sino que por el contrario, se proponen controlar militar, social y políticamente zonas geográficas en donde se presenten vestigios de resistencia social frente a las políticas antipopulares de parte del Establecimiento, y en el mejor de los casos, posicionarse en tierras apetecidas por el capital transnacional para la implementación de sus inversiones que se traducen en despojo integral para la clase popular, viabilizando a través del terror, lograr el desplazamiento de grandes capas humanas desde el campo colombiano hacia los cinturones de miseria en las medianas y grandes ciudades. En fin se trata ante todo de “Eliminar resistencias, a como de lugar”.
 Pero a quien le cumple ordenes, este “pacificador”, el mayor mercenario con que cuenta la historia criminal de Colombia – Uribe Vélez, pues justamente, es a ese capital transnacional extractivo de nuestras riquezas naturales –agua, hidrocarburos, maderables y minerales; a aquellos pulpos económicos que se benefician de los créditos hipotecarios, de los empréstitos públicos y privados, de la privatización de los servicios públicos esenciales como la educación, salud, servicios domiciliarios, telefonía fija y móvil, de la tercerización y precarización laboral y prestacional.
 Empresas o grupos como: Morgan PG, Citigroup, Glencore, Drummond, Oxi, BP, MPX, Nestlé, Xtrata, Anglogold Ashanti, Chiquita Brands, Pacific Rubiales, Cosego Resources, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Oro Cauca – Greystar, Coca Cola, Colgate Palmolive, Kraft Foods – Cadbury Adams, Emgesa, Endesa, Gerdau, Unión Fenosa, Gas Natural, Argos, Grupo Económico Antioqueño, Ardila Lule, Grupo Santodomingo, Sarmiento Angulo, son las personas jurídicas económicas que de una u otra forma han auspiciado desde hace muchos años, la desigualdad social y por ende el escalonamiento sistemático del conflicto social y armado en Colombia; y de las cuales el anterior mandatario obedecía al pie de la letra todas sus imposiciones de flexibilización legislativa para poder venir o continuar invirtiendo en nuestro país, aún en contra de la Carta Política de 1991, justamente por ello, es su brutal arremetida reformista en contra del modelo constitucional colombiano, por ser considerado excesivamente proteccionista.
 Ahora los iconos de la democracia, a los que le brindan todo el despliegue desinformativo a nivel nacional e internacional, son los militares “llorones”, que vergüenza, si, claro, porque son los mismos que han atropellado a la población colombiana de manera constante y permanentemente con requisas que violentan la intimidad personal principalmente de las mujeres en todas las carreteras y vías del país; los mismos que primero disparan y luego preguntan de quién se trata o para dónde se dirige; aquellos que limitan adrede la libre locomoción de los colombianos; pero por supuesto, hablamos es de esos uniformados oficiales que protegen y vigilan las instalaciones e infraestructura del gran capital.
 Pero en gracia de discusión, por qué llora el sargento segundo Rodrigo García Amaya adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 8, será porque salió derrotado por una masa popular sin armas, que solo la acompañaba el sentimiento ancestral de administración y control territorial contemplado en el Derecho Mayor y, el afán incansable, de ubicar caminos prácticos para la paz entre los colombianos; óigase bien, ambos preceptos no son ajenos a la vida democrática de Colombia, puesto que se encuentran contemplados en la Constitución de 1991.
 Llora a pulmón rajado García Amaya, porque lo sacaron del Cerro Berlín, un cerro estratégico para el ejército nacional, pero que es escarpado, sin agua, sin vegetación en su falda y donde estaban era para proteger justamente las dos antenas de empresas multinacionales de comunicación o telefonía móvil, que berraquera, que chimba de héroes. Ellos nunca protegieron a la población de Toribio de la amenaza subversiva, para las fuerzas castrenses y el gobierno nacional, no habían compatriotas en esa región del país, solo unas torres de metal y tornillos; en tal virtud, les preguntamos a los lectores, será esa, la verdadera función de las fuerzas militares en Colombia?.
 Si la función constitucional es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, por qué entonces construyen fortificaciones militares en zonas de conflicto al pie de los bienes públicos como escuelas o colegios, iglesias, puesto de salud u hospitales, de la plaza de mercado, o en el parque central de la población, será para protegerse con escudos humanos del enemigo, o por qué en su recorridos de control territorial utilizan las escuelas y viviendas de las comunidades como bases temporales, determinando de contera, una suspensión arbitraria de clases para los niños y jóvenes rurales de toda Colombia, quebrantando el principio del DIH del principio de distinción al interior del conflicto, para no involucrar a la población civil en la dinámica de la guerra. Por qué los batallones de alta montaña se ubican en inmediaciones de los predios de los mega proyectos orientados por el gobierno y la burguesía internacional?.
 O será que berreaba el suboficial, porque ya no cobraría un salario de guerra al ser sacado de la región catalogada como “zona roja” o de “alto conflicto” y que le generaba un considerable incremento económico sobre su mesada ordinaria, para él y su grupo familiar en aras de vivir dignamente.
 Pero entonces nos angustian otras preguntas tan simples y populares, como las siguientes: Por qué el establecimiento si se conduele de un miembro de la fuerza pública que está y debe estar, habituado al fragor de la guerra, de las consecuencias que de por sí, un enfrentamiento generan en la humanidad del combatiente como la amputación de sus miembros o extirpación de órganos, e incluso pérdida de un amigo o compañero.
 Más, no lo hace cuando las madres de los jóvenes que fueron asesinados por los “héroes” de la patria, suplicaban justicia frente a los que les colocaron prendas militares y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate, en los mal llamados “falsos positivos”. O las lagrimas de los familiares de los menores ultrajados, abusados sexualmente en Arauca, Choco y Nariño por parte de estos mismos “héroes”; y de manera extraña, esos famosos medios de desinformación tampoco hacen una remembranza de las injusticias y vejámenes que cometen a diario los miembros de las fuerzas castrenses, ni siquiera el Estado se acoge los fallos de la justicia ordinaria, sino que defiende a ultranza lo indefendible, por el simple hecho de tratarse de un uniformado oficial.
 Iguales o peores son los crímenes de estado, auspiciados y apoyados por los mega héroes de la patria, los altos mandos del ejercito y la policía nacional, que han brindado colaboración eficaz y efectiva al espectro paramilitar en todo el territorio nacional, para que le den rienda suelta a toda su demencial barbarie plasmada en asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y torturas.
 Valga la pena advertir que todos los sectores sociales que estamos realizando oposición política al régimen oligárquico colombiano, justamente por el desequilibrio social y político direccionado desde él mismo, entre los que nos encontramos: obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, comunidades negras, sectores populares; hemos sido victimas de la guerra sucia existente en Colombia, impuesta a través de amenazas escritas, telefónicas, mensajes de texto, desplazamiento, hostigamientos, persecuciones. Pero también, hemos sido victimas del conflicto en si mismo, ante la muerte selectiva y masacres a manos de miembros de la fuerza pública y de hordas paramilitares a las que se les suministro información precisa de líderes y dirigentes por parte del DAS particularmente, fuerzas paramilitares a las que de manera extraña el establecimiento desconoce como tal, por el contrario las invisibiliza y minimiza su accionar, no solo considerándolas sino que las presenta ante la comunidad nacional e internacional, como grupos emergentes o bandas criminales.
 Todo lo anterior en el ánimo de desenmascarar a los autores intelectuales de todos los crímenes cometidos por el establecimiento colombiano y sus agentes o aliados, en más de sesenta (60) años de guerra fratricida, que lo único que ha logrado es el desangre inmisericorde de miles hogares colombianos, representado en: muertos, viudas, huérfanos, discapacitados, secuestros, retenciones, torturas,  tratos crueles, prisioneros, deserción escolar y demás.
 Finalmente, el Departamento de Lucha Contra Empresas Transnacionales y Solidaridad de la Subdirectiva Valle del Cauca, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, sostiene, que si el Estado y la burguesía colombiana, quieren terminar la guerra, deberán mínimamente implementar políticas de bienestar general para los colombianos, o de lo contario es continuar posando ante la comunidad nacional e internacional como los pastorcitos mentirosos, o con buenas intenciones, pero sin la voluntad política de efectuarlas; por lo tanto propone el siguiente temario para ser tenido en cuenta, en la eventualidad de habilitar algún escenario de paz en el suelo colombiano o porque no fuera del país, jalonado por organismos multilaterales:
 A). En lo laboral: Abrir empresas y puestos de empleo para las personas en edad de producir, recuperar las empresas entregadas vilmente por debajo del precio real al capital privado, derogar la legislación sobre seguridad social, derogar el actual sistema pensional,
B). En lo minero energético: Nacionalizar los recursos minerales e hidrocarburos, elevar el agua como derecho fundamental para la humanidad, derogar todas las licencias o concesiones mineras otorgadas desde el 2002 por el anti gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
C). En lo Agrario: Reverdecer nuevamente el campo colombiano con una reforma agraria que albergue la problemática de la tenencia, propiedad, uso de suelos, seguridad alimentaria, acompañada con políticas de créditos, abonos, semillas, insumos y herramientas, sustitución de cultivos,
D). En lo Educativo: Recuperar como función pública y de carácter estatal la educación, eliminando la política de cobertura que ha demostrado ser ineficaz y foco de corrupción en el sector, ratificar la gratuidad y universalidad de la educación en todo el territorio nacional y en todos los niveles educativos, cubrir los pasivos de la universidades públicas y ampliar sus programas que redunden en la investigación, informática, y demás ciencias del conocimiento.
E). En la salud: Recuperar el Seguro Social y las redes públicas departamentales y municipales de salud, cumplir los pasivos financieros de los hospitales, dotar los centros y puestos de salud asi como los hospitales con instrumentos y equipos modernos de alta tecnología que beneficien el estado de salud de los colombianos y compitan con las instituciones privadas en igualdad de condiciones.
F). En Vivienda: Brindar verdaderas soluciones de viviendas tanto en lo urbano como en lo rural, habilitar los bancos de tierras en los entes territoriales para beneficiar a la vivienda de interés prioritario y/o de interés social, recuperar del sector privado la política de vivienda oficial.
G). Servicios Públicos: Nacionalizar nuevamente las empresas prestadoras de servicios públicos, cubrir todos los municipios del país con servicios domiciliarios óptimos y de calidad, implementar nuevamente el subsidio de los estratos altos para con los bajos.
H). Endeudamiento: Decretar la moratoria sobre los intereses de la deuda externa, y por ende el congelamiento de pago hasta por un período de 20 0 30 años. Colombia es el único país que paga puntualmente este concepto ante la banca multilateral. Los endeudamientos que se adquieran deben propender por beneficiar a la población y no para obras de infraestructura, cesar la política de concesión en obras civiles.
I). En lo Comercial: Derogar los tratados de libre comercio en donde Colombia no tenga oportunidad de competir con los volúmenes de mercaderías provenientes de las potencias industriales y comerciales del mundo, debe imperar un comercio justo y equilibrado entre las partes.
 Finalmente recordarle al gobierno nacional, al establecimiento en general, que la paz es un derecho fundamental de rango constitucional, por demás consagrado en la carta de 1991 y convenios internacionales de los cuales Colombia es estado parte, y por ende, el presidente de la república, no se puede abrogarse per se, la facultad de ser el único animador de la paz en Colombia, esa llave de la cual habla, debe ser entregada a las organizaciones de los sectores sociales que interactúan jurídica y válidamente en el país, para que la propuesta sea discutida desde la soberanía popular – constituyente primario, y luego ser presentada ante el Estado y las partes entreveradas en el conflicto.
 Pero de igual manera, precisamos que los empresarios o sus agremiaciones –Fenalco, Andi, Fedegan, ministros, entre muchos otros- no pueden posar de representantes legítimos del pueblo, en virtud a que ellos, han sido en gran parte, los generadores de las desigualdades con las que se ha agitado el mismo conflicto durante más de seis décadas, por tanto serán o deben ser considerados como aliados del establecimiento, como en idéntica categoría ha de mirarse a  las hordas paramilitares que han sido financiadas por unos y otros.
 En este orden de ideas, considero que en la gran mesa nacional de la paz, deben estar sentados por un lado: Gobierno y empresarios, la insurgencia, la clase popular representada en organizaciones sociales y delegados de organismos internacionales a título de veedores del proceso.
 De igual manera, somos del criterio que la paz no se puede pactar con el tableteo constante de las balas, no estamos propendiendo por despejes territoriales de zonas determinadas, sino que estos escenarios se hagan de manera abierta y de cara al país, en la plaza pública, con la utilización de medios virtuales para aquellos actores que no consideren el pleno de sus garantías de seguridad y permanencia para discutir frente a su adversario. Entonces se propone:
  • En primer lugar debe pactarse un cese al fuego y de hostilidades por las partes combatientes,
  • Designación de los compromisarios por las partes,
  • Frecuencia y disponibilidad de Skipe para aquellos que no puedan llegar al escenario de manera presencial o puntual,
  • La designación y ubicación de unas mesas regionales que permitan recoger las expectativas de gran parte del pueblo colombiano y luego si, serán objeto de  análisis, discusión y desarrollo por una mesa nacional,
  • Se deben colocar o fijar tiempos para el desarrollo metodológico y programático de la propuesta.
  • Con los veedores, fijar unos términos prudenciales para el seguimiento y verificación de lo pactado antes, durante y después de la mesa nacional de la paz.
 Finalmente, expresarles que si el establecimiento no quiere asumir su papel constitucional y legal de explorar escenarios de paz, hacemos una convocatoria a todas las organizaciones sindicales y sociales a nivel nacional para que desde abajo, iniciemos este ejercicio, estructuremos los documentos pertinentes y posteriormente hagamos uso de las herramientas jurídicas para obligar al Estado a actuar, frente al tema de la paz de los colombianos.
 Abrazo revolucionario,
 (Firmado original)
DIEGO ESCOBAR CUELLAR
DPTO. LUCHA CONTRA ETN’s Y SOLIDARIDAD
SUBDIRECTIVA CUT – VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA, RESISTENCIA INDIGENA EN 5 NOTAS PERIODISTICAS

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Cuando las cartas que proponen paz se responden con gases

http://elturbion.com/?p=4447

Guardia indígena nasa - Foto: PlaxyPor: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012
En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.
El contenido de las cartas enviadas al presidente Santos y al comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), Timoleón Jiménez, se traduce en una referencia intachable a los argumentos de las poblaciones indígenas sobre su política de resistencia civil y pacífica frente a todos los ejércitos enfrentados en el conflicto colombiano. Son comunicaciones públicas y directas, sin intermediarios ni sofismas que desorienten a los lectores.
“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ‘Cxhab Wala Kiwe’ (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su posición de “paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz”.
En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, retomando en su justificación varios instrumentos jurídicos internacionales, aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.
Recalcan los indígenas que sus peticiones de autonomía molestan tanto al Estado como a la insurgencia “pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros”, por eso, concluyen, “la estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Los indígenas asumen el conflicto armado como “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda suerte de estrategias militares, fallidas en su totalidad.
La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la población y a las organizaciones indígenas de proteger a la guerrilla, desconociendo, de esta manera, a todos los indígenas integrantes de las comunidades que han resultado víctimas dentro de las comunidades asesinados en medio del conflicto: más de 60 muertos en los últimos tres años y casi 600 damnificados son el saldo dejado por un conflicto que no es de ellos. “Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta.
Una de las propuestas presentadas por los indígenas al Gobierno Nacional es el “respeto a los diálogos humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados”. Esta propuesta surge de propia experiencia de los pueblos indígenas, que les ha demostrado que las operaciones militares desplegadas por diferentes gobiernos no han servido para proteger su vida e integridad sino que han terminado vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que para ellos resulta más efectivo adelantar conversaciones directamente con los actores armados que operan en sus territorios. Las principales exigencias que hacen a todos los actores armados –Fuerza Pública, guerrilla, paramilitares y crimen organizado– son: no reclutar menores; no ejercer violencia sexual contra las mujeres; no utilizar armas de efecto indiscriminado, tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena las organizaciones indígenas y sus formas propias de gobierno y justicia.
Concluyen su comunicación a Juan Manuel Santos recordándole que en 2011 pidieron al gobierno que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono “fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar”. A pesar de la claridad de esta petición, importantes zonas de estas poblaciones siguen destruidas o bajo constante intervención militar en la cotidianidad civil, creando un ambiente de riesgo para los habitantes de esos municipios. “La respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional”, afirman los indígenas.
Sobre el conflicto armado, la interpretación hecha por las autoridades indígenas es contundente: “resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.
“No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros”
Las autoridades indígenas del norte del Cauca también enviaron una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y que sus acciones son cuidadosas para no darle ninguna ventaja militar a ninguno de los actores armados. Así, los indígenas garantizan su estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.
De la misma manera, le recuerdan al comandante de las FARC que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, las organizaciones indígenas afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas. “No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la Conquista española nos las han venido robando”.
La presencia de las fuerzas guerrilleras es considerada como un factor innecesario que, además, genera intranquilidad e inseguridad para la comunidad pues “la guerrilla no nos protege de los atropellos de la Fuerza Pública: cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales, [pues] para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”.
Las peticiones son claras: “salgan de los territorios indígenas del Cauca, aléjense de los sitios poblados y de vivienda, no ataquen más a la población civil, no realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar sólo a la Fuerza Pública, no usen armas de efecto indiscriminado como los llamados tatucos o las minas antipersonales, no se atrincheren en las casas, díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.
Concluyen esta comunicación de la misma manera en que lo hicieron en la carta enviada a Juan Manuel Santos: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.
 

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Campesinos de Miranda: ejemplo de resistencia a la guerra

Jornada de solidaridad con 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca- Foto Ernesto Che Mercado Jones
Por: Luis Alfonso Mena S. * Julio 12 de 2012
La defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, lideró el jueves 28 de junio una nutrida y emotiva jornada de solidaridad con los 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca, que exigen el retiro de tropas del ejército ubicadas en el cerro Calandaima, al considerar que su presencia pone en riesgo las vidas de los pobladores de áreas agrícolas cercanas afectadas por la guerra que se libra en la zona.
Más de 500 personas procedentes del Valle, Bogotá y el Cauca llegaron hasta el sitio con víveres y ayuda para la comunidad, en el marco de la Caravana por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz, promovida por el Movimiento Político Marcha Patriótica.
Al intervenir en la masiva asamblea llevada a cabo en lo alto de la montaña, donde los campesinos resisten desde el 23 de mayo y obligaron al repliegue de las tropas, Piedad Córdoba anunció que la Marcha Patriótica seguirá solidaria con los labriegos y las comunidades indígenas en el norte del Cauca, el sur del Valle y en todo el país.
“Este territorio lo vamos defender cueste lo que cueste, porque esta es la voz del pueblo, no vamos a dejar que lo ocupen, vamos a resistir”, dijo la dirigente popular. “Tenemos la fuerza moral, y nos van a tener que oír. Si nos toca venir a dormir aquí, lo vamos hacer: que se enfrenten con el poder del pueblo”, agregó.
Según Piedad Córdoba, “estamos en resistencia contra la locomotora de la muerte, no vamos a permitir que se sigan robando el territorio. Está en firme el plan de consolidación popular con Marcha Patriótica”.
De igual manera, reveló que este movimiento lanzará una gran campaña por la revocatoria del Congreso de la República, como mecanismo para enfrentar de manera radical la crisis de esta desprestigiada institución.
Asimismo, señaló que Marcha Patriótica avanza en acercamientos con otros movimientos sociales, como Congreso de los Pueblos y Minga Indígena, en la perspectiva de desarrollar jornadas conjuntas de luchas populares.
La jornada, cumplida con pleno éxito, contó con la presencia de dirigentes populares del norte del departamento del Cauca y de líderes estudiantiles, sindicales, campesinos, culturales y sociales de diferentes regiones del país.
“No aceptamos el plan de guerra”
Cristóbal Guamanga, coordinador del Comité Departamental de Organizaciones Populares del Cauca, explicó ante los presente en la asamblea la lucha de la población de la región y dijo en tono enfático: “Rechazamos el plan de consolidación del gobierno por ser lesivo para las comunidades, no aceptamos ese plan de guerra”.
El dirigente campesino sostuvo igualmente que sólo “cuando la zona quede libre de militares la gente podrá volver tranquila a sus parcelas”, al tiempo que denunció que los labriegos son objeto de hostigamientos. “No más guerra aquí, una base militar es muy peligrosa”, agregó.
Guamanga destacó la solidaridad recibida de las alcaldías de los municipios de la zona y puntalizó: “No aflojaremos, porque si lo hacemos no solo perdemos aquí sino que pierde todo el país”.
Por su parte, un vocero de la Red de Derechos Humanos, Isaías Gutiérrez, denunció el asesinato del líder popular de Caloto, Gustavo Londoño, en tanto que un dirigente del Sindicato Unitario de Educadores del Cauca, Sutec, reveló que desde hace quince días los 3.500 estudiantes del colegio Fernández Guerra soportan la presencia de 300 agentes policiales acantonados en el establecimiento educativo.
Un vocero de la comunidad de Pradera recordó que son siete los municipios de la llamada zona de consolidación decretada por el gobierno de Juan Manuel Santos en su guerra contra la insurgencia, y reclamó la desmilitarización del área, que incluye los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Padilla, Toribio, Florida, y Pradera.
Carlos Cuadros, otro de los líderes sociales presentes, aseveró: “La guerra no puede ser nuestro futuro, la paz no es una concesión de la oligarquía sino una construcción de nuestra lucha. El Cauca no está solo. Forjaremos la paz con más pueblo”.
En similares términos se pronunciaron voceros de las comunidades de Florida y Caloto, mientras que un portavoz de la Asociación Indígena Avelino Ul de Toribio, reveló que desde hace tres semanas a diario hay confrontaciones armadas en el casco urbano de su municipio, con el agravante de que los militares se atrincheran en el colegio y en la escuela del municipio.
Durante la masiva asamblea hicieron uso de la palabra para expresar su solidaridad con los campesinos de Calandaima y denunciar las vicisitudes que afrontan Fredy Chate, presidente de la Asociación Campesina de Miranda, una dirigente viviendista de Popayán y un vocero de Sintraimey.
La presencia estudiantil y juvenil
Fue destacada la presencia de un numeroso grupo de estudiantes de Bogotá, el Cauca y Valle del Cauca pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, la Universidad del Valle y el Proceso de Unidad del Sur Occidente Colombiano.
Con cánticos, alegría y un solidario aporte económico recaudado entre el estudiantado expresaron su respaldo a la lucha de los pobladores de Calandaima.
A lo largo de la jornada, una brigada de salud del Movimiento Marcha Patriótica otorgó asistencia médica a los pobladores del cerro, de manera especial a los niños.
Al final, la Compañía El Teatro Vive brindó un acto cultural, un grupo musical de la región interpretó varias canciones y los asistentes disfrutaron de una gran olla comunitaria.
La jornada, iniciada a las 8:00 a.m., culminó poco antes de las 5:00 p.m., cuando los participantes de la caravana descendieron del pico de la montaña para retornar en las ‘chivas’ y buses en que se habían transportado.
En Calandaima, entre tanto, la comunidad continúa resistiendo, dando un ejemplo inédito de rechazo a la guerra, ejemplo que toda Colombia debe conocer, por encima del silencio de los grandes medios de comunicación.
¡Compartir también es crear un mundo nuevo!
 

Colombia: Resistencia indígena, “Que se vayan a hacer su guerra a otra parte”

Guardia indígena - Foto: Simone BrunoPor: Omar Vera – julio 18 de 2012
Rafael Coicué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), explica las razones que llevaron a las comunidades indígenas a movilizarse exigir la salida de los actores armados de sus territorios y a desmontar el puesto de avanzada militar del cerro de las torres de la vereda Berlín del municipio de Toribío (Cauca). Asegura que su intención no es crear una ‘república paralela’, ‘agredir a la Fuerza Pública’ o servir a los propósitos de la guerrilla, como aseguran de forma malintencionada el presidente Santos y el ministro de Defensa, sino el respeto por la Constitución y los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas, que exigen que sus territorios ancestrales no sean objeto de operativos militares y que la instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte del Estado cuente con consulta previa. Llamó a los colombianos a no condenar los procesos de los indígenas sin concer la verdad sobre lo que ocurre con los pueblos que habitan el departamento y a solidarizarse ante unas acciones gubernamentales que pueden desencadenar una violencia sin precedentes en su contra.
 

Colombia: resistencia indigena, ¿Qué es lo que más te indigna?

Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012
Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.
Como es sabido, los pueblos indígenas sólo portamos bastones de mando, que representan nuestra autoridad y resistencia civil, siendo totalmente desproporcionada la acción de la Fuerza Pública, que nos ataca con fusiles, granadas de gas y explosivos, siendo obvia la inexistencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada legítima defensa.
Como consecuencia de las órdenes del gobierno colombiano, hombres de la Brigada XXIX del Ejército Nacional, el día 18 de julio de 2012 en horas de la mañana, asesinaron al comunero Eduar Fabián Guetio Basto, perteneciente al Cabildo Indígena de la Laguna Siberia, cuando transitaba por su territorio cerca a su residencia en la vereda Crucero El Rosario.
Con indignación y dolor, vemos como en los medios de comunicación se publican, de manera insistente, imágenes de un militar llorando indignado por que le echaron tierra y lo empujaron, pero no se muestra el rostro desfigurado del comunero asesinado por el Ejército colombiano ni, mucho menos, el dolor de su familia y de su comunidad por la magnitud de este hecho repudiable.
El accionar legitimo de los pueblos indígenas del Cauca está soportado por las leyes nacionales e internacionales; por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991; por la sentencia T-025 y el Auto 004 de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, que reconocen los derechos que el gobierno pretende desconocer, con lo cual existe un estado de necesidad total que obliga a las comunidades indígenas a salvaguardar la vida y la pervivencia como pueblos.
 

RESISTENCIA INDIGENA: “Cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”

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Las comunidades indígenas del norte del Cauca exigen la salida de los actores armados de sus territorios y plantean diálogos regionales de paz para preservar la vida de las comunidades y su integridad cultural - Foto: Omar VeraPor: Christian Peñuela – julio 25 de 2012
Los indígenas del norte del Cauca, agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hicieron un llamado al país para que acompañe su exigencia de que los actores armados salgan de sus territorios, pues su presencia y la instalación de bases y campamentos no sólo los pone en riesgo permanente sino que vulnera su autonomía y va en contra del Derecho Internacional Humanitario.
Los pueblos indígenas resisten a la guerra
Actualmente, el Cauca cuenta con el patrullaje constante de aproximadamente 14.000 militares y un número desconocido de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que han concentrado su confrontación en los municipios del norte del departamento. Luego de los combates en Toribío; del desmonte de una base militar en Miranda, a manos de campesinos, y de otra en Toribío, por parte de la guardia indígena; y del asesinato de tres jóvenes indígenas por disparos de fusil al parecer provenientes de los militares, un sinnúmero de periodistas nacionales y extranjeros está a la expectativa del desenlace de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y manifestada por la resistencia indígena en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldono, Caloto y Miranda.
Las organizaciones indígenas expresaron su rechazo por el asesinato del comunero indígena Eduar Fabián Guetio Bastos, joven de 20 años que fue víctima de disparos originados en un retén del Ejército Nacional ubicado en cercanías del resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, el pasado 18 de julio en horas de madrugada. Esta situación motivó a la comunidad y a la guardia indígena a retener a 36 militares, los cuales fueron conducidos desde el lugar de los hechos hasta la plaza central de Caldono, donde los familiares de la víctima y las autoridades indígenas realizaronun acto simbólico de castigo a los soldados, y finalmente los entregaron a la Defensoría del Pueblo del Cauca.
De igual manera, los líderes indígenas insistieron en que la posición que han asumido las comunidades es de neutralidad en la confrontación armada y que miente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que los indígenas del norte del Cauca han desalojado a los militares de la base de Berlín en Toribío para colaborar con las acciones armadas de la insurgencia. En este sentido, destacaron el desalojo de guerrilleros en varios puntos del territorio indígena por parte de la guardia y el proceso, según su justicia tradicional, en contra de tres milicianos retenidos en el marco de la jurisdicción especial indígena, en la vereda Belén del municipio de Tacueyó, a quienes se aplicaron castigos de cepo y fuete en público por realizar actividades militares en sus territorios.
Respecto al anuncio del gobierno y de la Fiscalía sobre su intención de abrir procesos penales contra varios líderes indígenas, Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que “le queremos decir a la sociedad colombiana que un acto de judicialización arbitraria contra los dirigentes indígenas del norte del Cauca es un acto ilegal y, por supuesto, de discriminación institucional en cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente […] cuando la guardia indígena hace control territorial está contribuyendo a la construcción de un Estado democrático por la vía civil”.
En este sentido, las organizaciones indígenas aseguran que el gobierno viene incumpliendo las leyes nacionales e internacionales al desconocer la legitimidad propia de la autonomía indígena en sus territorios. Para las comunidades, se viene haciendo caso omiso de que el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional advirtió claramente que el conflicto armado en Colombia ha promovido el exterminio físico y cultural de los 87 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, de los cuales 34 están en riesgo de extinción étnica. Siete de los pueblos indígenas en mayor peligro se encuentran en el departamento del Cauca.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional consideró indispensable la realización inmediata de planes de salvaguarda y protección por parte del Estado dirigidos a estas comunidades indígenas, lo cual no ha sido implementado hasta la fecha. De acuerdo con Armando Valbuena, expresidente de la ONIC, “detrás de la agudización del conflicto armado están los intereses económicos de [empresas] multinacionales, agentes nacionales y grupos ilegales […] porque la minería se ha convertido en uno de los combustibles de los actores del conflicto armado”.
De igual forma, el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo… exige que se consulte a las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar en sus territorios, lo que nunca se ha hecho con los nasa del norte del Cauca.
Por estas razones, las organizaciones indígenas exigen una visita extraordinaria del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que la crisis humanitaria del Cauca pueda ser verificada directamente por el ente internacional. Adicionalmente, exigen una audiencia extraordinaria para la evaluación e implementación de lo dispuesto en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Crisis humanitaria y propuestas de paz
Según un estimado de la Consejería Mayor del CRIC, en tan sólo 18 meses se han presenciado 600 acciones armadas en territorios indígenas del norte del Cauca, cobrando la vida de centenares de indígenas entre las aproximadamente 2.500 víctimas civiles.
Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, afirma que es entendible la postura de los indígenas, dada la situación de los municipios del norte del Cauca, y que las comunidades en Toribío han presenciado más de 400 combates durante los últimos diez años y que, por esto, “deben sentir que no es eficaz la acción de la Fuerza Pública y que el Estado no los está defendiendo”.
Por su parte, Ana Deida Secué, gobernadora del resguardo Huellas de Caloto, afirma que la confrontación entre actores armados en los territorios indígenas ha puesto en grave riesgo a las comunidades. En este sentido, relata que “tenemos unos sitios de asamblea permanente dentro de las comunidades, como son las escuelas y los puestos de salud, y es ahí donde caen explosivos, como sucedió con la misión médica de la IPS en Toribío, con una enfermera y 12 niños heridos”, indicando en que en esta zona del departamento del Cauca la guerra “está desplazando en tan sólo un día a más de 300 familias y están dejando de ir a clases más de 4.500 niños, los cuales pierden una semana de clases por enfrentamiento”.
Debido a la situación de extremo riesgo que afrontan las comunidades indígenas por la intensificación del conflicto armado, diferentes organizaciones han asumido la necesidad de buscar a los distintos actores armados e impulsar diálogos regionales de paz, a pesar de que actualmente la Ley establezca que el presidente de la República es el único con autoridad para implementar procesos de negociación. La emergencia impuesta por los combates en Toribío del 7 de  julio, que llevaron a que la enfermera de la IPS indígena perdiera una de sus piernas, dejaron 14 heridos, 40 viviendas afectadas y unos 800 desplazados, llevó a que la ACIN enviara una nueva carta a la guerrilla de las FARC, exigiendo la salida de sus combatientes de los territorios ancestrales, y a que la guardia indígenase lanzara al desalojo de campamentos guerrilleros y de puestos de avanzada militares ubicados en las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios
Ambas acciones de resistencia se sustentan en la búsqueda de pactos locales que permitan mantener a la población civil, a los no combatientes, fuera de la confrontación de los actores armados para defender la vida e integridad de las comunidades. A pesar de los señalamientos por parte del gobierno y de la fuerte represión que la Policía y el Ejército han desatado en el norte del Cauca, las organizaciones indígenas recuerdan a quienes se enfrentan en sus territorios que no son bienvenidos allí y que, como afirma Ana Deida Secué afirma, “cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”.